Primero un par de preguntas al presidente electo o mejor aún a los que lo asesoran para tomar determinaciones sobre México y el extranjero.
 
¿Con qué atribuciones legales ratificó Enrique Peña los contratos suscritos entre Petróleos Mexicanos y dos astilleros gallegos para la construcción de dos barcos hoteles que costarán 380 millones de dólares? Atribuciones que, en todo caso, corresponden al Consejo de Administración de Pemex y no al titular del Ejecutivo federal, que aún lo es Felipe Calderón. Salvo la mejor respuesta.
 
¿Tiene claro Peña Nieto que con su “atípico e inaudito” gesto, como bien lo denominó el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, éste usa como principal argumento de campaña para su reelección el gesto político del mexiquense?
 
Son preguntas nada más, en busca de respuesta, aunque Miguel Ángel Granados Chapa afirmaba que quienes escribimos en medios de difusión no tenemos derecho a presentar preguntas a los lectores, sino respuestas. Valga la transgresión.
 
Vayamos al tema de hoy que es la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, promulgada ruidosamente por el general de cinco estrellas que declaró la guerra contra el crimen organizado no sólo violentando la arquitectura jurídica del país, sino también sin contar con los requerimientos jurídicos, consensos políticos y sociales, preparativos castrenses y policiacos… A lo borras, pues.
 
A 43 días de la entrega de la banda presidencial, Calderón Hinojosa y el Congreso dotaron al país de una ley contra el lavado de dinero que tardaron dos años en aprobar y, por ello, los expertos subrayan la enorme tardanza, además de que divergen en los alcances de la nueva legislación, en un país donde campea la impunidad en más de 95 por ciento de los presuntos ilícitos que se denuncian, no los que se cometen y que son incuantificables.
 
Mientras para Edgardo Buscaglia “Es una simulación y una vacilada” porque deja fuera de la penalización el 80 por ciento de los casos, al incumplir diversas recomendaciones del multinacional Grupo de Acción Financiera; para Samuel González Ruiz “va a ayudar bastante” pero reconoce una obviedad: “Perfecta no es” y advierte que será preciso reformarla dentro de tres años. Si entiendo bien, se legisló para hoy, sin visión de mediano y menos aún largo plazos.
 
González Ruiz, condiciona el diagnostico al “Siempre y cuando sea aplicada de manera correcta”, como todas las leyes que más bien engalanan ediciones y discursos oficiales que regir los destinos de los mexicanos. Por cierto, 19 entidades federativas no tienen tipificado el lavado de dinero.
 
El otrora titular fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, sentencia que mientras no “se mejore la lucha contra el lavado de dinero”, no habrá “buenos resultados” en la brega contra los grupo criminales –en los que Buscaglia observa un “crecimiento exponencial” durante el desgobierno de Calderón Hinojosa–, porque “aparte de lo que faltaba de la ley, la realidad es que ha faltado bastante voluntad política para ser aplicada”.
 
Ausencia de voluntad política que permitió, en México, el redituable negocio de HSBC al realizar presuntas operaciones de lavado de dinero por 7 mil millones de dólares con la subsidiaria en Estados Unidos de este banco inglés, y pagar 387 millones de pesos por las mil 885 multas. O el escandaloso caso de Wachovia que, según el diario The Guardian (11-V-11), “blanqueó” 378,300 millones de dólares entre el 1 de mayo 2004 y el 31 de mayo de 2007, y fue multado con 160 millones de dólares. ¡Excelente negocio!
 
Utopía 1174
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