La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Legarde, añora aquellos tiempos, todavía no tan lejanos, en que su organismo dictaba cátedras de política económica a los obedientes y sumisos alumnos latinoamericanos. La época de los Salinas de Gortari, los Ménem, los Fujimori, los Cardoso, los Pérez, los Sánchez de Losada y los Bucaram, cuando un guiño o un chistido del FMI bastaban para poner de rodillas un gobierno y comprometer la economía, las políticas sociales y la estabilidad de un país.
 
Esta vocación por la añoranza la acaba de demostrar la señora Legarde, en una conferencia de prensa en Washington –para que no queden dudas-, cuando advirtió que el FMI sacará “tarjeta roja” a Argentina “si no mejora sus estadísticas de inflación y PIB antes del 17 de diciembre”. Es decir, que si Argentina no ajusta sus indicadores de precios y de medición del PIB a los requerimientos señalados por la tecnocracia financiera, podría ser censurada y hasta expulsada del organismo internacional.
 
Más allá de las consideraciones metodológicas sobre la medición de indicadores económicos, y las discrepancias que al respecto mantienen funcionarios del gobierno argentino y del Fondo, lo cierto es que la alerta de la señora Legarde, que llega seis meses después de que la “misión técnica” organismo cerrara sus oficinas en Buenos Aires, es hipócrita y tendenciosa: nunca antes, ni siquiera en los peores momentos de crisis en Argentina, como en los meses anteriores y posteriores al colapso de diciembre del 2001, cuando el país era un consumado deudor, humillado y sometido al tutelaje financiero, se insinuó la posibilidad de la expulsión, pero en cambio ahora, cuando actúa como nación soberana, se blanden en su contra toda clase de armas de presión política.
 
Por eso hizo bien la presidenta Cristina Fernández al defender las decisiones de su gobierno y la soberanía política de Argentina, cuando declaró en la Universidad de Georgetown que “el FMI es un árbitro a favor de los países más desarrollados, que fueron los que impulsaron la crisis y que en cierta medida la están trasladando a las economías emergentes". Y plantando cara a la afrenta, agregó: “Yo veo todo lo que se está proponiendo ahora en los países de la Eurozona y es muy parecido a lo que nos propusieron a nosotros en la Argentina, previo a la debacle total”.
 
Es que este nuevo emplazamiento de la gerente del FMI a la Argentina evoca las peores prácticas del neocolonialismo financiero, propias de unos tiempos que América Latina ya no acepta más:
 
Cuando los tecnócratas y políticos al uso bendijeron la cacería de los bienes públicos; y los grandes grupos empresariales, asociados al capital transnacional, se apoderaron de los medios de comunicación y, con persistentes letanías, predicaron sin contemplaciones la ortodoxia del credo neoliberal.
 
Cuando los iluminados de la religión del mercado nos dijeron: “vamos a modernizar la economía y a liberar al Estado”, pero guardaron silencio sobre los verdaderos dogmas de su catecismo: maximizar las ganancias, incluso a costa de sacrificar el bienestar de las mayorías.
 
Cuando los consultores del FMI, del Banco Mundial y demás cofradías, vinculados política y hasta carnalmente con las élites políticas y empresariales dominantes, asesoraron el más corrupto proceso de privatización de los activos públicos latinoamericanos, a cambio de jugosas comisiones y otras prendas inconfesables.
 
Cuando los cómplices ideológicos y materiales del nuevo saqueo, el que sufrimos 500 años después de la conquista y el genocidio europeo, entregaron todo: las empresas e instituciones estatales, los servicios públicos de vocación universal, la infraestructura de transporte y comunicaciones, levantadas por los pueblos y los trabajadores a lo largo de varias décadas de trabajo, inversiones y ahorro.
 
No, señora Legarde: a esos tiempos no queremos volver.
 
Andrés Mora Ramírez / AUNA