¿Será Peña Nieto del PRI, un presidente ilegítimo?

 
¿Anulará el Tribunal Electoral la elección del 1° de julio?
 
Ilegitimidad o anulación; esa es la disyuntiva. No hay más. Porque está más que probado, que en los comicios del pasado 1° de julio, las irregularidades desbordaron, mejor dicho atropellaron, todo atisbo de legalidad. Y de eso tienen que responder partidos y candidatos a los ciudadanos que acudieron masivamente -rompió record la participación- a las urnas a votar.
 
Tremendo paquete para la autoridad electoral en México, desde el Instituto Federal Electoral (IFE), la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE) hasta, en última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Porque en sus manos está casi todo el proceso electoral, desde la organización y el conteo, hasta la calificación y resolución judicial de las controversias que ya están fluyendo en forma de quejas y demandas.
 
La determinación está en sus manos. Y con ello el futuro del país, porque se juega con la legalidad, que va de la mano de la legitimidad para los próximos representantes populares —legisladores y gobernantes—, especialmente en lo referente a la calificación de la Presidencia de la República para el periodo 2012-2018.
 
Porque de dichas instancias federales electorales y políticas, dependerá el cómo y con qué calidad moral, salga triunfador o no (porque cabe la repetición del proceso) el próximo presidente de la República.
 
Pero es conocido que tamaña resolución final no depende sólo de las leyes y, en su caso de la interpretación que de ella hagan los juzgadores —en particular los magistrados del TEPJF—, sino del peso político y los intereses que están en juego.
 
Dicho en otros términos. ¿Pesarán más los compromisos particulares —de los oligarcas y potentados que abiertamente extienden sus cartas en estas coyunturas y las juegan con todo el poder de su firma— y pasarán por encima de las leyes que se presume rigen la convivencia democrática y el relevo del poder presidencial en México?
 
He ahí el dilema. Porque entonces tenemos, aparte de las leyes electorales, que el juzgador tiene que sopesar todo lo que entró en juego en esta elección presidencial, lo que incluye resistir y en su caso hasta someterse a la presión de dichos intereses en juego suscritos. Aunque no se diga; se asume como tal.
 
Conflicto e ilegitimidad
 
Por esta razón es que subsiste la desconfianza en la autoridad electoral; porque no es la primera vez que juzga en sentido contrario a la legalidad, y erige a funcionarios ilegítimos, sin importar el atropello contra la nación. Esto es, por un lado violando la Constitución, por el otro, violentando la voluntad popular, cuando el ciudadano acude con toda la confianza ante dicha autoridad electoral a emitir su voto con la esperanza que se lo van a contar y a contar bien.
 
Pero por algo se ha gestado, a raíz de las elecciones del pasado 1° de julio, un conflicto poselectoral con todas sus letras. No era lo deseable; más resultó posible. Porque como siempre, salieron a relucir los operativos tramposos del sistema político mexicano y de su clase política; un mecanismo lleno de artimañas gestado durante 71 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y tolerado y alentado en los últimos doce años por el Partido Acción Nacional (PAN).
 
Los antecedentes de ilegitimidad más recientes datan de dos elecciones presidenciales, las más sucias de la historia de México: las de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari se erigió como presidente de la República; y las del año 2006, donde el que surgió como ganador fue precisamente el actual titular del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa.
 
El primero cuando el PRI le arrebató la elección a Cuauhtémoc Cárdenas —quien después se supo negociaría con Salinas—, el segundo operado por el PAN y apoyado por el PRI, con Andrés Manuel López Obrador señalado como “perdedor”, pero donde todo apuntó a que le arrebataron el triunfo.
 
Además, no se olvide que el PRI se mantuvo en el poder por siete décadas gracias a que sabe operar todas las trampas para no perder, y las que no sabe las inventa. Desde los cañonazos de 50 mil pesos de Álvaro Obregón (que luego le costaría la vida su pretendida reelección), hasta la máxima de que “cuando pierde arrebata”.
 
Intereses en juego
 
Y ahora no fue la excepción. El pasado 1° de julio se orquestaron tamañas trampas electorales. En otras palabras, que todo apunta al fraude, como lo habíamos previsto en Reporte México, números 2 y 3. La más visible fue la compra masiva y con recursos millonarios, de votos en varias entidades del país.
 
Las tarjetas Soriana y Monex (¿con dinero de qué procedencia?; porque están ya las denuncias sobre el desempeño de las empresas fantasma, como parecen ser Inizzio y Epfra) son apenas la punta del iceberg. Y las evidencias forman parte de los recursos de impugnación de esta elección por parte del Movimiento Progresista, cuyo candidato afectado es también López Obrador.
 
El tema se esboza apenas, pero de las resoluciones no se sabrá hasta que se desahoguen los recursos de impugnación presentados. El caso es que el TEPJF tiene hasta el 6 de septiembre para emitir su dictamen final y dar carta al ganador.
 
¿Hacia dónde apuntan las cosas? Hemos dicho que no siempre pesa lo que determinan las leyes sino lo que imponen los intereses en juego. Y los intereses de los oligarcas pesan, porque son los que al final deciden. Tan sólo léanse los intereses de la empresa más evidenciada durante este proceso. Tiempo atrás que Televisa tiene y mueve sus propias fichas. Por algo en la siguiente legislatura federal habrá telebancada, porque metió a sus propios candidatos
 
No obstante, Televisa fue evidenciada por operar con recursos millonarios procedentes del Estado de México, desde los tiempos del gobernador Enrique Peña Nieto del PRI en la entidad, con la finalidad de promoverlo y posicionarlo como candidato presidencial. Eso le valió a la televisora un escándalo internacional, cuando en las páginas del diario británico The Guardian se describieron los hechos.
 
El asunto quedó latente, porque como reconoció un lector de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola en un Twitter respecto a los convenios, todo era evidentemente cierto. Tal y como lo había denunciado en sus páginas la revista Proceso unos años atrás. En otras palabras, todavía se está en espera que se juzgue a Peña Nieto por el uso ilegal de recursos públicos del Edomex, para su promoción permanente como figura presidencial.
 
Pero no sólo es Televisa. Algunos medios de comunicación compraron al candidato de las televisoras como “el bueno” o “el mejor”. Curioso fue, al menos, que hasta las mismísimas empresas encuestadoras resultaran descubiertas. Porque sus pronósticos fueron más que desaciertos durante toda la campaña electoral. Lo peor es que siempre mantuvieron a Peña Nieto por arriba de los otros contendientes, tanto del PAN como del PRD, para colocarlo como inalcanzable. Eso ya pareció como una muestra de que el fraude se estaba preparando.
 
Incluso resultó curioso fue que poco haya dañado la imagen de Peña Nieto durante la campaña, ni tras el affaire de la Feria de Guadalajara donde no supo citar ni tres libros que marcaran su vida, como tampoco se dio tras la visita a la Universidad Iberoamericana cuyo repudio gestó el movimiento #YoSoy132. Nada le afectó, además que no asistió al encuentro de candidatos del propio movimiento. Siempre arriba en las encuestas, hasta con mítines de acarreados y abucheadores.
 
Motivos para la anulación
 
Pero además de otros potentados que le apostaron al retorno del PRI a Los Pinos para el periodo sexenal siguiente 2012-2018, la propia estructura priista le echó toda la carne al asador para nuevamente regresar a la Presidencia de la República. 
 
Bajo ese principio varios gobernadores (Estado de México y Veracruz. Pero también en Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Tabasco y Guerrero, entre otros) de dicho partido, señalados por reunirse con el candidato Peña Nieto, acordaron operar como lo hicieron. En ese contexto se inserta la “Operación Ágora”, orquestada por el SNTE que comanda Elba Esther Gordillo, quien se vende al mejor postor y además le debe el cargo al padrino que también está detrás de Peña Nieto, Salinas de Gortari.
 
De todo esto resalta la compra masiva, con inversiones millonarias, de votos a favor del PRI. Las pruebas que logre presentar el Movimiento Progresista y los propios afectados —muchos incluso priistas que todavía se quejan que los promotores del PRI no les pagaron lo que les prometieron a cambio de su voto— pondrán en jaque la legitimidad de la pasada elección.
 
Con todo y, tan sólo porque Peña Nieto y el PRI han superado en proporción de hasta seis veces los montos de tope de campaña que establece el IFE, ese sería ya motivo suficiente para, como propone la oposición que encabeza López Obrador, anular la elección.
 
Porque si para el TEPJF no contaran más que los votos al momento de decidir sobre un posible triunfador, y alegara que los votos están en las urnas tal y como lo comprobó el conteo de votos tras la apertura de casillas el propio IFE, todo el cochinero que está detrás y los infractores quedarían impunes y la elección avalada.
 
Pero eso significaría proceder injustamente y con criterios políticos más que el peso de la legalidad. Como lo estamos diciendo. Por eso mismo, tal y como lo planteó el propio dirigente de Acción Nacional, Gustavo Madero, Peña Nieto tendría un triunfo “legal pero no legítimo”. Y el país no está para soportar más ilegitimidad.
 
La situación es más que grave, no sólo en el terreno de la política sino en el de la economía, que le está dando al traste a los niveles de vida cada vez más decadente de los mexicanos. Con un modelo que se creó para contentar a Washington. Y Peña Nieto arremetería en contra de los mexicanos promoviendo —como ya amenazó que lo va a hacer—, con las reformas que le faltan al país vía del fasttrack: la laboral, energética, fiscal y política.
 
Los dos escenarios
 
I
 
Salvo que ocurra un milagro, el atropello el resultado es previsible: el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos. Porque el IFE cerró el recuento de más del 50 por ciento de los paquetes electorales que confirma la ventaja de Peña Nieto. Y el tribunal se apegue a eso sin chistar. El día 6 de septiembre estaría entregando la constancia de mayoría y de ganador de la contienda a Peña Nieto de PRI.
 
El Tribunal desoirá las causales de nulidad de la elección, como es el caso del rebase del tope de campañas. Y no estaría haciendo otra cosa que lo hecho también por el titular del IFE, Leonardo Valdez Zurita, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y hasta la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota: todos reconocieron a un ganador aún con las incipientes cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares(PREP)el domingo 1° por la noche.
 
Pese a la maquinación del fraude, todo quedará omisiones o en contubernio por parte de la autoridad electoral. Eso será claramente en detrimento de la democracia en México donde —ni hablar—, los ciudadanos se dejaron seducir también para prestarse a vender su voto.
 
Lo grave sería que la autoridad electoral pase por alto el causal de mayor peso para la nulidad del proceso: el excesivo gasto de campaña del PRI, que a todas luces da muestra de la inequidad de proceso. Y si el caso llega a la última instancia que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para cuando eso ocurra habrá un presidente de facto. Lo peor es que, con todo ello, México no habrá ganado sino perdido. Se habrá fraguado un relevo del PAN por el PRI, que muchos de ellos llaman ya la alternancia, legal pero ilegítimo.
 
Pero durante la pasada elección el fraude no fue sólo porque se rebasó el tope de recursos durante la campaña. Además resulta: 1) Contrario a la verdad y a la rectitud, por perjudicar aquellos contra quienes se comete. Claramente la compra de votos es en perjuicio de ciudadanos que, ingenuamente o no, aceptan hipotecar su derecho a elegir libremente y a conciencia, bien entregando los datos de su credencial de elector a un tercero, o cruzando una boleta a favor de un candidato por consigna. 2) Elude una disposición legal en perjuicio del Estado, y de terceros. La acción de rebasar el tope de campaña, de los 336 millones de pesos autorizados para el candidato del PRI, se gastaron en realidad $1,800 millones de pesos, o el equivalente a seis veces el límite fijado por el IFE. 3) El delito lo comete el encargado de vigilar los contratos públicos o privados al confabular contra los intereses del país. Ni qué decir del PRI cae en esta actitud delictiva, por ser una entidad de interés y para fines públicos. El PRI debe responder por cualquier tipo de “contratación”, así como determinar si afecta o no a los intereses del país. Y en esa tesitura caen también las implicaciones de los funcionarios de ese partido.
 
II
 
Que las autoridades electorales procedan e investiguen a fondo todas las impugnaciones del proceso del pasado 1° de julio. Buena parte de esa documentación apenas está en proceso de elaboración y resolución. Es claro que el tema no puede ni debe diluirse entre enmarañados procesos judiciales sin respuestas prontas y expeditas, porque los tiempos electorales tienen vencimiento.
 
Nunca debe quedar fuera que la demanda del país es transición democrática. Una transición que el PAN no supo asumir en su momento. Así pues, retomar la legalidad pasa por revocar una elección que rebasó los topes de campaña, aparte las demás transas perfectamente acreditadas pero en vías de solución.
 
La postura de Reporte México siempre fue: que gane el que tenga el mayor número de votos, sin importar el candidato ni el partido. Pero que triunfe bien. No con trampas. Porque eso le trae más daños al país que beneficios, tanto en la política interior como hacia el exterior.
 
Por eso insistimos, que si la legalidad se aplica, valga repetirlo, que se anule la elección. Por el bien de México, por el bien de los ciudadanos que votaron el pasado 1° de julio.
 
Ya veremos lo que sucede, si tenemos a un presidente ilegítimo o se repite el proceso electoral presidencial en aras de la legitimidad.
 
 
Anexos
 
 
Fraude
 
Del latín fraus o fraudis, del diccionario de la Real Academia Española (RAE).La palabra fraude tiene tres acepciones: 1) “Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”; 2) “Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”, y; 3) “Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos”.
 
Para la misma palabra, la sinonimia comprende los siguientes derivados: estafa, engaño, timo, falsificación, mentira, dolo, sablazo (coloquial) ychamarra (Centroamérica). Sobre la democracia, sin entrar por ahora en tamaña discusión, el mismo catálogo considera: “Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno”, y esta otra; “Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”.
 
Compraventa del voto
 
Los operativos de compra-venta del voto se armaron con promotores del propio PRI y otros activistas, habida cuenta que en 2011 el también priista Eruviel Ávila, ahora gobernador del Edomex, habría ganado con “el ensayo de la doble contabilidad en la campaña electoral”, como lo ejecutaron ahora Peña Nieto y el dinosáurico PRI para ganar la presidencial. (Ver el reportaje de Proceso N° 1982, “Votos de oferta”).
 
Visto así el problema, a los mexicanos que decidieron votar por Peña Nieto y se les convenció por unos pesos al vender su voto por la pírrica cantidad de $100.00 a $1,500.00 (se habla de hasta $5,000.00, en el peor de los casos para el PRI); o lo que es lo mismo, hipotecaron la comida de unos días a cambio de perder los siguientes seis años de su vida, y el de quienes sufragaron por otros candidatos.
 

– Salvador González Briceño