A fines de mayo sesionó en Ciudad Juárez el Tribunal Permanente de los Pueblos –instancia internacional de gran reconocimiento ético– para escuchar y manifestarse sobre la amplia demanda colectiva planteada por cientos de organizaciones sociales, de trabajadores, migrantes, mujeres, ambientalistas, campesinas, indígenas, comunicadores, de derechos humanos, titulada Libre comercio, violencia, impunidad, y derechos de los pueblos. El eje central de la acusación planteada es el desvío de poder por parte del Estado mexicano: el uso de los instrumentos públicos  –jurídicos, económicos, políticos–, de las atribuciones y poderes del Estado para beneficiar estrechos intereses particulares, en detrimento del interés general por el que debería velar.
Me referí antes a esta primera sesión introductoria (Desviación de poder, La Jornada, 28/7/12), que no obstante haber sido compleja y con testimonios enormemente ricos y fuertes, fue apenas el comienzo de un proceso que implica decenas de preaudiencias por todo el país, siete audiencias temáticas que engloban los grandes temas y agravios que sufren los pueblos en México, y una audiencia final general en 2014.
El jurado del TPP, integrado por jueces y personalidades internacionales, realizó un dictamen a partir de los abundantes testimonios y materiales presentados ante ellos. Constatan que en México existe una vulneración permanente y sistemática de los derechos humanos –en su sentido más amplio, donde incluyen derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, así como derechos colectivos de los pueblos, como el derecho a la alimentación, al agua, al territorio, a la vida digna. Enfatizan que mientras las víctimas son aquellos que con su esfuerzo, su inteligencia y sus capacidades crean la riqueza de la nación, las violaciones son para facilitar y legalizar la apropiación de estas riquezas por una ínfima minoría local asociada y subordinada al poder económico trasnacional.
Expresan que aunque el Estado mexicano no es el único responsable de todo lo expuesto, ello no le exime de su responsabilidad (central) por acción u omisión en la definición y aplicación de las políticas que han hecho posible las violaciones y la violencia que le acompañan.
Consideran que las organizaciones demandantes deben estudiar detenidamente los mecanismos para plantear la retirada de México del TLCAN, tanto porque este acuerdo tiene vicios insanables en su celebración y aprobación, como por ser uno de los principales mecanismos institucionales para colocar candados a las políticas resultantes de la desviación de poder y como tal causante de más violencia.
Manifiestan que muchos de los episodios probados ante el tribunal constituyen actos de terrorismo de Estado, entendiendo por tal una política de  Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política y/o ideológica y/o aniquilar a la oposición armada y/o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos.
Agregan que muchos de los crímenes constatados pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad, en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tal como los casos de asesinatos, masacres, encarcelaciones arbitrarias, tortura, violaciones y desaparición forzada de personas.
El dictamen completo constituye una radiografía que desnuda el México actual y la imagen de supuesta compostura que los poderes establecidos  quieren proyectar. (Ver en www.tppmexico.org )
Una de las seis integrantes del jurado que elaboró el dictamen, la jurista Mireille Fanon-Mendès, hija del escritor, filósofo y luchador Frantz Fanon, declaró al finalizar esta primera audiencia en Ciudad Juárez, que con todo lo que le ha tocado ver en el mundo nunca había presenciado un ataque tan complejo, tan vasto y que abarcara tantos aspectos de la vida de un país y su pueblo, como el panorama construido por los testimonios vertidos en Ciudad Juárez sobre México.
El cúmulo de violencia física, asesinatos y desapariciones, la violencia de género y contra informadores, activistas, trabajadores, campesinos, la devastación ambiental, la deformación mediática, la manipulación y fraudes electorales, la represión y los despojos económicos, territoriales, los ataques al maíz en su centro de origen y a las posibilidad de producir los propios alimentos, los ataques a las culturas y lenguas diversas y muchas otras formas de vulneración de derechos, terminan siendo un estado general en donde los poderes fácticos volvieron sistemático el caos, valga el oximoron, como expresó tras escuchar a Mireille Fanon, Ramón Vera Herrera.
En su cierre, el jurado del TPP reconoce que todos los testimonios vertidos “fueron, son, actos de valor y coraje, de la solidaridad que encierra exponer la verdad de lo que está sucediendo para que otros y otras se atrevan a hacerlo (…) Cada testimonio son, han sido, una acción colectiva y personal de resistencia.  Pero también del yo al nosotros y nosotras en la denuncia (…) Cada testimonio se erige así en una acto de construcción de la memoria. Memoria de lo sufrido, sí, pero también memoria de caminos recorridos y por recorrer para construir una vida en justicia y dignidad.”
Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC