Quienes hasta el año pasado decían que las propiedades de la PUCP debían administrarlas terceros nombrados por la Iglesia, ahora dicen que toda la PUCP es de la Iglesia, y por ello se asumen con derecho de decidir todo lo que tenga que ver con ella: desde los inmuebles hasta la línea académica y la organización institucional. Este cambio se inició en julio del año pasado, cuando empezaban a desinflarse los procesos judiciales sobre la herencia de Riva-Agüero, que habían sido irregularmente concesivos con el Arzobispado de Lima.
 
Debido a que la intervención a través del Arzobispado de Lima perdía fuerza, el cambio de estrategia para intervenir la PUCP empezó a involucrar otras instancias de la Iglesia Católica. Pero la lógica subyacente es casi siempre la misma: quienes creemos en Cristo y seguimos la fe católica debemos aceptar, sin dudas ni murmuraciones, lo que ordenen quienes deben guiarnos espiritualmente, aunque tales órdenes nada tengan que ver con lo espiritual. Así de totalitario.
 
El ahora famoso decreto que prohíbe a la PUCP usar los términos Pontificia y Católica como parte de su denominación, refleja el interés desde el Vaticano por absorber a una de las principales universidades de nuestro país.
 
La PUCP nació en 1917 por iniciativa privada mediante un decreto supremo. Fue impulsada por iniciativa privada, no por ningún funcionario oficial de la Iglesia en ejercicio de sus funciones ni con patrimonio de la Iglesia. Fue autorizada, eso sí, por el entonces Arzobispo de Lima, Monseñor Pedro García Naranjo, debido a que era una institución privada con orientación católica que reconocía la autoridad espiritual de las autoridades eclesiásticas.
 
Con estas premisas, es fácil entender que la PUCP nunca fue persona jurídica de derecho público conforme al derecho eclesiástico, como señala el decreto llegado desde El Vaticano, sino una persona de derecho privado. La diferencia tiene consecuencias claras: al ser persona de derecho privada es titular de sus bienes, estos no son de la iglesia. Es claro que si los funcionarios de la iglesia fundaran una universidad, en el marco de sus funciones y con el patrimonio de la iglesia, entonces tal universidad sería, valga la redundancia, de la iglesia. Pero ése no es el caso ni por asomo.
  
Pero toda la historia sobre las condiciones de la fundación de la PUCP queda relegada a partir de 1980, con el concordato entre El Vaticano y el Estado Peruano, y luego con la Ley Universitaria de 1983. Estas dos normas dieron un giro de 180 grados a las normas anteriores y confirmaron que la PUCP es una persona jurídica que se rige por el ordenamiento peruano y consagraron la autonomía mediante sus órganos propios de gobierno.
 
Incluso si la PUCP hubiera sido fundada por la iglesia, y como tal hubiera sido inscrita en la SUNARP y obtenido personería jurídica, la norma que regiría sería la peruana. En esto el acuerdo entre el Vaticano y el Perú es absolutamente claro pues el artículo 19 señala que los centros de enseñanza que establezca la iglesia se rigen por las normas del Perú. Ahí no hay duda posible, rige el Derecho Peruano, y el derecho eclesiástico que dicte el Vaticano vincula a las instituciones que funde (no es caso de la PUCP), pero no pude oponerse a las normas del Estado peruano.
 
El Vaticano no es solo la sede de la iglesia, sino que es, en términos jurídicos, un Estado. Por ello, el decreto en cuestión es una interferencia de un Estado en otro, que al pretender que toda la universidad sea parte de la Iglesia, implica expropiarla y quitarle su calidad de persona jurídica independiente.
 
Así, el decreto es un intento de expropiación que viene desde el extranjero. Sería más o menos lo mismo que si, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica pretendiera ordenarle al Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) que se cambie de nombre y le entregue en administración todos sus bienes. Eso sería un absurdo porque el ICPNA es una institución peruana de carácter privado. Evidentemente pueden tener un acercamiento con instituciones del gobierno estadounidense debido a las actividades culturales que realizan, pero eso no hace que dependan de tal gobierno. En el caso del Vaticano y la PUCP el intento de intromisión es todavía más grave porque se pretende ignorar completamente la autonomía universitaria consagrada en nuestra Constitución.
 
Pero algo que sí debe quedar claro es que no es un mero asunto de fieles que deben seguir a sus pastores como cierta prensa e instituciones interesadas quieren hacer creer. El Vaticano no es, como podría pensar un católico inocente, solo un lugar sagrado desde donde se concentra la más alta espiritualidad católica. No. Debido a que es un Estado y maneja un multimillonario patrimonio, es también el centro de encarnizadas luchas políticas. En efecto, en los últimos meses la prensa internacional ha venido cubriendo escandalosas luchas de poder que motivaron el robo de documentos al Papa Benedicto XVI por su mayordomo (quien acabó en la cárcel), la destitución del  Presidente del Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano, por manejos financieros irregulares. Entre estas pugnas, diversos medios destacan que se enfrentan diversas facciones y con la Secretario de Estado del Vaticano Tarcisio Bertone, que es quien firmó el cuestionable decreto para expropiar la PUCP (véase, por ejemplo, la cobertura de El País).