Después de veinte años de explotación privada, la valiente decisión del gobierno argentino de expropiar el 51 % de las acciones de YPF es un paso decisivo para la recuperación de la soberanía energética.
 
El proyecto del gobierno nacional declara de interés público nacional y como objetivo prioritario el “logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones” (Art. 1º). La importancia de esta definición radica en que el petróleo y el gas dejan de ser sólo mercancías o commodities, para ser bienes de interés público nacional. Ello supone que esta riqueza no puede ser abandonada a la explotación discrecional del capital privado.
 
En cuanto a la expropiación del 51 % de las acciones clase D de YPF pertenecientes a “Repsol YPF”, constituye una decisión acertada, por cuanto deja fuera de juego a la sociedad controlante de la que fuera nuestra petrolera estatal, que ha demostrado desde 1999 hasta la fecha su vocación depredadora, su corrupción e ineficiencia. Los resultados están a la vista: durante ese período la utilidad neta fue de 16.450 millones de dólares, y se llevaron 13.246 millones de dólares en concepto de dividendos. Es decir que la inversión fue inexistente.
 
Es necesario recordar también que Repsol no llegó a adquirir el control de YPF por medios lícitos. Por el contrario, lo hicieron a través del soborno y la corrupción de presidentes, ministros, funcionarios y legisladores durante los gobiernos de Menem y De la Rúa. En 20 años, gracias al control de YPF y la explotación del subsuelo argentino, pudo reinvertir las utilidades obtenidas en el Medio Oriente y otros mercados.
 
Amenazan con ir al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), “tribunal” arbitral del Banco Mundial, que carece de legitimidad alguna, ya que en forma invariable resuelven los conflictos suscitados entre Estados y corporaciones a favor de estas últimas. Es cierto que España y el Estado Nacional firmaron en 1992 un Tratado Bilateral de Inversiones, como también es cierto que las condiciones leoninas de dicho instrumento fueron impuestas a nuestro país a través de la estrecha asociación entre los personeros de Repsol y el gobierno de Menem-Cavallo-Dromi.   Pero aún ese mismo Tratado prevé la posibilidad de expropiación si la empresa se declara de interés público y se establece una “indemnización adecuada”.
 
España ha amenazado con diversas represalias, que –de acuerdo al Derecho Internacional- son inviables. Recurrir a la Unión Europea de nada le sirve. Argentina no es miembro de la misma, por lo que ni la Comisión Europea ni el Tribunal de Estrasburgo pueden imponer sanciones por la decisión soberana de un país independiente.
 
Tampoco podría ir a la Corte de La Haya, pues no existe conflicto jurídico alguno entre la Argentina y España, sino entre nuestro país y una firma privada constituida de acuerdo a nuestra Ley de Sociedades, integrada por accionistas españoles, mexicanos y de otras nacionalidades. En el caso de que España intentara recurrir a la ley internacional para tomar represalias contra la Argentina, nuestro país puede sostener como lo hiciera en 1875 don Bernardo de Irigoyen –Ministro de Avellaneda- quien enfrentó la amenaza del Banco de Londres, respaldado por el gobierno inglés de bombardear Rosario si el gobierno de Santa Fe no dejaba sin efecto la intervención del Banco de Londres. Irigoyen sostuvo que las sociedades comerciales carecen de nacionalidad y deben ajustarse a las leyes del país. El Banco de Londres entonces, y Repsol YPF hoy, no son más que sociedades constituidas en nuestro país y sujetas por lo tanto a la ley nacional. Cualquier decisión que confíe la resolución del conflicto a un tribunal internacional carece de fundamentos jurídicos y debe ser rechazada.
 
La supuesta “discriminación” alegada por Repsol carece de fundamento. El Estado tiene facultades para nacionalizar en forma total como parcial, y es evidente que la expropiación alcanza a Repsol porque es la sociedad controlante, y que su desplazamiento es necesario para recuperar el control de la compañía. No hay discriminación cuando existen razones económicas, políticas y sociales que justifican la decisión. La caída de las reservas de petróleo –que se redujeron en un 50 % desde el 2001, el desabastecimiento de combustibles, claramente acentuado durante el 2011, en el que la importación de gas y petróleo llegó a 9.397 millones de dólares, y la política deliberada de la empresa de desinversión, no exploración y no explotación, son motivos más que suficientes para considerar razonable y necesaria la expropiación. 
 
El precio del 51 % de las acciones no tiene por qué ser fijado por la firma expropiada. Carece de toda seriedad el valor de 10.400 millones de dólares reclamado por Repsol o el desvarío de su Director Brufau: “pediremos 18.000 millones y quizás más”, que revelan una total falta de seriedad en el planteo. La fuerte caída de la cotización de las acciones demuestra que su valor actual es muy inferior al valor histórico. Pero la deuda de Repsol es de 9.000 millones de dólares y también debe deducirse el costo del daño ambiental y fundamentalmente la reparación del daño causado al Estado y al pueblo argentino por el incumplimiento de sus obligaciones de invertir, explorar y explotar los yacimientos, lo que ha motivado la quita de numerosas concesiones por parte de las Provincias. En el supuesto de que exista un monto a abonar por el Estado, el mismo no será determinado por el Director de Repsol, sino por el Tribunal de Tasaciones y en última instancia por un tribunal de nuestro país.
 
Mantener la estructura de sociedad anónima no implica limitar el control estatal. Éste se garantiza a través de la exigencia de que la venta del 51 % de las acciones en manos del Estado sólo es viable con una mayoría cualificada de 2/3 de los miembros del Congreso.
 
La medida es un paso más hacia la reconstitución del Estado argentino, que había sido convertido desde los 90 en un simple instrumento de la política económica impuesta por el imperialismo y las corporaciones transnacionales. La empresa privada destruyó la estructura técnica y gerencial construida durante décadas en la petrolera estatal –con la complicidad de parte de la burocracia sindical- y convirtió a los trabajadores en un material descartable, desinteresándose por completo de su calificación y formación.
 
Con esta decisión soberana y legítima del gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, se reivindica el papel insustituible del Estado, calificado de “mal administrador” durante décadas por los defensores de los intereses de las multinacionales y el gran capital local. La idea de que lo estatal “no servía” caló muy hondo en la sociedad argentina y entre los propios trabajadores. Es por ello que la medida de renacionalización tiene un valor importante de ruptura de la hegemonía ideológica y cultural de las ideas del neoliberalismo en la sociedad.
 
Nuestra aspiración de que YPF sea íntegramente estatal requiere un proceso de formación de nuevos cuadros profesionales, el reingreso de los técnicos y trabajadores calificados que fueron víctimas de los despidos masivos de la década del 90; es un desafío que sólo puede afrontarse desde la revalorización del papel del Estado, que debe demostrar su capacidad de gestión, poniendo en marcha un plan de exploración y explotación que permita superar el déficit energético.
 
Jorge L. Elizondo
Abogado- Docente Universitario
 

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