El 18 de marzo del 2011, el municipio de Cotzal en el norte del Quiché vivió una imponente militarización cuando sus comunidades fueran inundadas por 700 policías y militares fuertemente armados.  Llegaron con el objetivo de forzosamente quitar la talanquera que se habían puesto las comunidades de Cotzal en protesta por no haber sido consultadas sobre el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo de la empresa italiana ENEL.  Yo tenía un mes de estar viviendo en la región Ixhil y esta ola de militarización evocaba imágenes que yo imaginaba del conflicto armado interna de las 80`s. 
 
Poco tiempo después, conocí a líderes de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica y me invitaron participar como observador internacional de un diálogo acordado entre ENEL y las comunidades de Cotzal.  Acepté la invitación con la esperanza de que de este diálogo, sin precedentes, pudiera salir un modelo por un nuevo estilo de relaciones justas y complementarias entre corporaciones multinacionales y comunidades indígenas y campesinas afectadas por los mega-proyectos en sus territorios.
 
A pesar de que entré como observador con un fuerte optimismo en el proceso del diálogo, pronto me desilusioné.  Ahora que este diálogo se ha estancado, quisiera ofrecer algunas observaciones mías. 
 
Aunque las comunidades fueron claras desde el principio sobre su demanda principal—el 20% de las ganancias producidas por la hidroeléctrica—ENEL, a mi parecer, utilizó el diálogo como estrategia de ganar tiempo para terminar la construcción de la represa y como una herramienta para dividir a las comunidades.  De las primeras reuniones de diálogo, cinco fueron perdidos en un debate sinfín sobre la oferta de ENEL de una donación de láminas. Me parece que esta estrategia de donar láminas, lejos de ser una muestra de buena voluntad de la empresa, fue una  estrategia de ENEL de evitar enfocar el dialogo sobre las demandas concretas de las comunidades.   
 
Monseñor Ramazzini, testigo de honor de las comunidades para el diálogo, instó a los representantes de ENEL en varias ocasiones a compartir su esperada margen de ganancia del Proyecto Palo Viejo como ejemplo de transparencia y como elemento práctico para comenzar a negociar sobre las demandas de las comunidades. ENEL repetidamente negó a compartir esta información, así demostrando su decisión de mantener su “oferta” inicial de proyectos puntuales en las comunidades (láminas, escuelas, infraestructura), y rechazando negociar sobre un mecanismo justo de  repartición porcentual y anual basada en las ganancias que generará el Proyecto Palo Viejo.  Finalmente en septiembre, después de 4 meses de diálogo, ENEL expresamente rechazó las demandas de las comunidades por considerarlas “no razonables” y revirtió a su oferta original de un proyecto de una escuela vocacional; un proyecto que fue rechazado por las comunidades desde enero del 2011. 
 
La cuestión de razonabilidad fue determinante en el diálogo.  Pero, la cuestión surge: ¿Quién define lo que es razonable?  La demanda de las comunidades por un mecanismo de repartición de ganancias fue considerada “irrazonable” por ENEL.  Sin embargo, hay claras antecedentes históricas de pueblos indígenas que han entrado en Acuerdos de Impacto y Beneficio (IBA`s) con empresas mineras y energéticas que han desarrollado proyectos en sus territorios. Para nombrar solo un ejemplo entre tantos, en el 2008 el pueblo indígena Kwadacha de Canadá firmó un acuerdo con la empresa hidroeléctrica BC Hydro sobre la construcción de una hidroeléctrica en su territorio.  En el acuerdo, BC Hydro entregará un pago inicial de aproximadamente $15 millones de dólares, y pagos anuales de aproximadamente de $1.6 millones de dólares directamente al Pueblo Kwadacha.   
 
También hay claras justificaciones legales para las demandas de las comunidades.  El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, a lo cual Guatemala es un firmante, dice: “Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.” (Art. 15) Es interesante notar que en los bases de diálogo que firmaron ENEL y las comunidades de Cotzal el 2 de mayo, 2011 ante un juez, ENEL aceptó reconocer los derechos de los pueblos indígenas como estipulado en el OIT 169. 
 
Finalmente, hay una clara justificación ética atrás de las demandas de las comunidades.  En el planteamiento de las comunidades a ENEL el 30 de junio, 2011, las comunidades afirman: “Es muy cierto que el dinero vale mucho, pero también, sin nuestras montañas, bosques, y ríos, el dinero del la empresa ENEL no va a producir energía eléctrica.”
 
Yo llegué al diálogo con la esperanza de presenciar la creación de una nueva forma de relaciones entre corporaciones multinacionales y pueblos indígenas, unas relaciones que han sido históricamente explotadores e injustas. Sin embargo, quedé desilusionado al presenciar las estrategias de manipulación usada por ENEL y por la oportunidad perdida de establecer un precedente donde los derechos inherentes de los pueblos indígenas de Guatemala sean respetados.