De creerle al asambleísta César Montúfar, el Estado Ecuatoriano ya no tiene capacidad alguna para regularse. Este señor, en su argumentación para pedir el archivo del proyecto de Ley de Comunicación (que hace rato, debió haber sido discutido y aprobado) dice que el Estado ha “transgredido” todas las regulaciones a las que se comprometió ante OEA (Organización de Estados Americanos) y ante su Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Más concretamente, el asambleísta de Participación Ciudadana (uno de los membretes de la NED-USAID) los y las ecuatorianas debemos sujetarnos a los criterios de la señora Ashton, que las oficia de Presidenta de la CIDH; y de la señora o señorita Catalina Botero, quien las oficia de Relatora para la Libertad de Expresión, de la misma Comisión.
 
Yo esperaba que la argumentación del susodicho asambleísta se base en disposiciones constitucionales o legales NUESTRAS. Que nos diga que esa ley transgrede tales y tales artículos constitucionales o legales; y no, que, porque en Estados Unidos de Norteamérica (USA) se ha suprimido hace años el delito que en nuestro Código Penal sanciona aún el desacato (insulto, agravio) nosotros (los súbditos) estábamos obligados a observar la misma conducta.
 
Lo que propone el susodicho asambleísta (el archivo del proyecto de ley) es consecuente con una de las consignas dadas, hace décadas (1969) por la famosa SIP, en su declaración de Chapultepec. Según esa tesis, “en comunicación social, la mejor ley es la que no existe”. Una especie de reconocimiento de una situación especial, especialísima, tanto de los dueños o accionistas de un medio comunicacional como de sus periodistas estrella: ellos no pueden ser regulados ni enjuiciados, porque aquello es un ataque (o riesgo) a la libertad de expresión (de los medios).
 
Desde luego, el asambleísta pelucón tiene una lectura de los compromisos que dice a los que el Estado ecuatoriano se ha allanado, al suscribir la carta de la OEA. Pero, en materia de lecturas (o interpretaciones) hay siempre la posibilidad, no de una sola lectura, ni siquiera de dos. Por algo, la sabiduría popular dice que donde hay dos abogados, hay por lo menos tres lecturas, de un mismo texto. Y, de creerle a la prensa sipiana (especialmente escrita) los abogados defensores del diario El Universo (sus principales y su prófugo editor de opinión) lo que se está cometiendo, en ese juicio, son barbaridades jurídicas y legales. Por supuesto, los mismos medios privados (o comerciales) publican nada o resúmenes muy sesgados, de lo que dicen los abogados de la parte contraria, el juez de primera instancia o los jueces de la segunda instancia, que ratificaron la sentencia inicial.
 
La estrategia es a nivel mundial. En lo últimos meses, como que los organismos universales han decidido actuar descaradamente, contra cualquier manifestación que no concuerde con el sistema imperante. En este escenario, los grandes medios de comunicación (que yo los llamo sipianos – de la SIP-CIA) están jugando un papel esencial ya que el gran imperio (USA) y los imperitos no confían en los viejos cuadros, que en Ecuador tienen el nombre genérico de “pelucones” Entonces, han entrado a jugar su papel los grandes medios. Pruebas al canto:
 
Con el visto bueno del organismo que se autodenomina Consejo de Seguridad, se acaba de invadir Libia y su Presidente (el coronel Mohamar el Gaddafi) fue ultimado por mercenarios que las oficiaban de rebeldes. Es decir, un crimen tras otro crimen.
 
El auto llamado Tribunal Internacional Penal, sin más, extendió una orden de captura internacional (vía Interpol) en contra de Gaddafi, mientras resistía a los llamados rebeldes. Habría que preguntarle al mismo Tribunal, ¿por qué no ha extendido órdenes de captura (vivos o muertos) contra los líderes (cabezas) del Estado de Israel, cada vez que han cometido crímenes de lesa humanidad contra los palestinos o contra quienes quieren ayudarlos?
 
Usted, yo, vosotros, ellos, no hemos conocido de órdenes de captura contra Bush hijo o contra Cheney o contra la Condolessa esa, por la invasión de IRAK, el millón de muertos “colaterales” (civiles) y los 5.000 mercenarios que ofrendaron su vida, en un país que no había dado otro motivo que tener bastante petróleo.
 
No hemos conocido que la famosa CIDH de la OEA haya organizado por lo menos una investigación o una protesta, contra Álvaro Uribe Vélez, por los crímenes de los “falsos positivos” (inocentes, que fueron asesinados para hacernos creer que eran bajas caídas en enfrentamientos con soldados del orden) y las fosas comunes.
 
¿Se ha conocido de una investigación, o por lo menos de una protesta, a nivel de la Relatora de Libertad de Expresión de la misma CIDH, por los numerosos crímenes de periodistas mexicanos o los 16 que han sido asesinados en Honduras, durante el gobierno del Sr. Lobo?
 
 Así, podríamos seguir, ad infinitum, porque los casos sobran, en el mundo entero. Por decir lo menos, los medios de comunicación (grandes, medianos y pequeños) han jugado, en todos estos sucesos, al lado del imperio y de los imperitos. Para ellos, es más grave los supuestos riesgos de una “tiranía” en Ecuador que los crímenes que se han cometido y que se cometen a diario, en otros lares. Y hasta tienen sus voceros (los asambleístas pelucones, tipo Montúfar; los seudo periodistas que se alinean con Fundamedios, etc.) para decir y sostener sus “verdades”. Pero los públicos comienzan a darse cuenta del engaño. Antes, los medios de comunicación, en Ecuador, tenían alta credibilidad (junto a la Iglesia Católica, el Ejército) Hoy, según últimos sondeos, no pasan del 32 %; y van de bajada.
 
Por eso (y por mucho más) no les queda otro recurso que recurrir a “las instancias internacionales” ya que saben a ciencia cierta que allá quedan burócratas internacionales, como la Sras. Ashton o Botero, que les hacen caso. O comunidades (desde luego, bien pagadas) como Reporteros sin Fronteras, foros, la propia SIP-CIA, el Grupo de Diarios de América, etc. Razón tiene el Presidente (Rafael) Correa en sospechar de estos y otros organismos de la famosa OEA; y en proponer (la próxima reunión oficial) una revisión de estas conductas.
 
 ¿Se explican ahora el por qué de esa tendencia sipiana de recurrir a los organismos internacionales? No es por locos que fueron precisamente a Washington, a llorar sus desgracias. A propósito, ¿quién les pagó sus costosos viajes? En nuestros predios, como que ya no pegan sus mandatos y plegarias. O los jueces “dan oídos sordos” a sus mandatos y aplican la ley, aún a riesgo de que uno de estos grandotes se convierta en su enemigo. O, al fin, es una realidad aquello de que todos los habitantes del país somos iguales ante la ley.
 
Pero, hay otro asunto que va saliendo a la luz. De lo que se puede leer y oír, el problema contra El Universo no es tanto por lo de la prisión (3 años al ex editor de opinión Emilio Palacio; y a los hermanos Pérez (Barriga y Lapentti) cuanto por la multa: 40 millones de dólares. Precisamente, la señora Ashton le pidió al Gobierno de Correa que le informe de dónde han sacado esa suma, cuál el cálculo. Es decir, va reluciendo el verdadero problema: la multa. Y pretende que el Gobierno tiene algo que ver con los asuntos judiciales. ¿Es o no intervención descarada en los asuntos internos de un país? Porque una ciudadana de ese nivel no puede ignorar que, por decisión del pueblo ecuatoriano en las urnas, el problema de la función (no del poder) judicial está en manos de una comisión especial que está tratando precisamente de componer (o, por lo menos, barnizar) esa función estatal.
 
Es decir, se pretende que se traslade al país una vieja sentencia de un periodista norteamericano: en este país (USA) –decía el susodicho, mientras estuvo vivo- se puede insultar al Presidente de la República; y no pasa nada. Se puede insultar a la madre del Presidente de la República; y no pasa nada. Pero, no se puede decir de ninguna manera que se ha encontrado un bicho raro en una botella de Coca Cola. Porque da la casualidad que, en nuestro Código Penal (que ya es viejo) sigue en plena vigencia el delito que los sipianos de la Asamblea Nacional pretenden que ya ha pasado de moda. Y es sabido por todo el mundo, que las libertades ciudadanas tienen un límite insuperable: el buen nombre, el honor de los otros.
 
Si alguien tiene dudas de lo que estoy diciendo, que le pregunten al académico Dr. Rodrigo Fierro Benítez (columnista del diario El Comercio, por más señas) quien fue sentenciado por los socialcristianos, por haber dicho en su columna, algo contra quien fuera el dueño del país y sus muchachos. Y el doctor Fierro (un hombre que merece todos los respetos) tuvo que sufrir semejante humillación porque entonces no se dio el escándalo que hoy hacen tienen El Universo y sus principales. ¿Por qué no hicieron el escándalo que hoy hacen, no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente?
 
A lo que voy: a preguntar si sigue en vigencia la soberanía de los estados del mundo o hay que allanarse a las tesis y aseveraciones de quienes –me parece- han renunciado a ella. Todo es cuestión de tener el respaldo de alguna rama del gran imperio (en este caso, la CIDH de la OEA) o de los imperitos (lo que le acaba de pasar a Libia) para que los asuntos de un Estado puedan ser dilucidados y resueltos por organismos que ni siquiera se colorean por el partido que están tomando.
 
De lo contrario, ya es hora de que los países el mundo (me estoy refiriendo a los de segunda y tercera instancia) no les queda más remedio que tomar cartas en el asunto y ver si se allanan a los términos del nuevo dominio o rescatan para si el derecho a gobernarse. Por fortuna, hay una nuevo amanecer en todos nuestros países; y no está lejos el día en que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer (así sean pelucones, los que dicen que no) Por que el lobo feroz, cada día está más cerca de nosotros.
 
Quito, noviembre 16/2011
 
Alberto Maldonado S.
Periodista – Ecuador