Resumen
 
Ante el avance de proyectos alternativos de nación en Latinoamérica, se analiza lo que sugiere ser una (re)articulación de la derecha no sólo a nivel interno como oposición a gobiernos alternativos, sino de la región en general y en ocasiones con claro vínculo a intereses foráneos, especialmente estadounidenses. El fenómeno se revisa desde el caso venezolano haciendo un análisis crítico de la articulación de la oposición desde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y verificando sus vínculos externos. Se explora con antecedentes históricos el rol actual de la agencia de cooperación y de los programas de asistencia de EUA en la desestabilización de gobiernos alternativos en AL, así como en la promoción de sus intereses en alianza a grupos de poder local, todo en un contexto de clara identificación de clase. Para ello se hace una revisión crítica del discurso de la derecha venezolana que contrasta claramente con la realidad. Se concluye con una reflexión a cerca de lo que está en juego en la actual coyuntura político-económica y social de AL.
 
Palabras clave: proyectos alternativos de nación, hegemonía, asistencia, cooperación internacional, América Latina, imperialismo.
 
Summary
 
Considering the progress of alternative national governments in Latin America (LA), it’s analyzed what seems to be a (re)articulation of the right wing not only at the internal level as an opposition to alternative governments, but also at a regional level, some times with clear links with foreign interests such as those of United States. The above is reviewed considering the case of Venezuela by offering a critical approach about the articulation of the opposition -consolidated by the Mesa de Unidad Democrática (MUD)- and verifying its foreign links. With a historical perspective, it’s explored the role of the cooperation agency and the assistance programs of United States in the de-stabilization of alternative governments in LA as well as on the promotion of its interests in alliance with local power groups and within a context of clear identification of social class. It’s therefore revised the discourse of the Venezuelan right wing, clearly contrasting with reality. It is concluded with a thought on what is at stake in the current political, economical and social situation.
 
Key words: alternative national projects, hegemony, assistance, international cooperation, Latin America, imperialism.
 
La nueva derecha en América Latina: una lectura desde Venezuela.
 
Con los problemas de salud de Chávez se han abierto nuevas “expectativas” no solo para la derecha Venezolana, sino para la del Cono Sur que viene buscando la manera de recuperar la fortaleza y espacios perdidos o erosionados en la esfera política formal en las ultimas décadas[1]. Y es que la oposición venezolana, allegada a los intereses de los grupos de poder locales y foráneos, se ha reagrupado para las elecciones de 2012 en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la que forman parte diversos partidos. Uno de los candidatos con mayor probabilidad de ganar las primarias del MUD (febrero 2012) en vistas de las próximas elecciones presidenciales, es Leopoldo López del partido Voluntad Popular, egresado de Harvard y allegado a actores de la derecha hemisférica.
 
Como es de conocimiento público, López ha sido alcalde de uno de los municipios de Caracas (Chacao), pero según lo declarado por el político, el gobierno de Chávez “inventó un mecanismo administrativo” para eliminarlo de la contienda electoral del 2012. López asegura que no es la única “victima” del gobierno, sino que ya son 800 los que han sufrido el mecanismo, y que el caso se ha elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (López, 2011). Más allá de estas denuncias, López podrá presentarse como candidato a presidente en el 2012.
 
El lema de la campaña electoral de la oposición a Chávez es lograr el “asalto al futuro”, que implica dejar atrás el pasado y el presente; es decir, no buscar culpables sino mirar hacia delante (López, 2011). Es llamativo este lema considerando, entre otras cuestiones, el esfuerzo que se está realizando a nivel mundial y regional para recuperar la “memoria histórica” en tanto proceso fundamental para encarar el presente y el futuro. En los casos de las comisiones y espacios de la memoria en Argentina, Paraguay, Chile, Guatemala, etc., la idea no es buscar culpables para “vengarse” del pasado, sino para hacer justicia con las herramientas provistas por el Estado de Derecho, y sobre todo, para no olvidar lo ocurrido de tal suerte que se evite su repetición[2]. López, precisamente, elabora su discurso partiendo del recorte de las libertades y de la democracia por parte del gobierno venezolano que, según él, “abusa de su poder y recurre a la arbitrariedad” para eliminar a la oposición sistemáticamente por medio de “mecanismos administrativos” y “manipulando los circuitos electorales”. Así, al colocarse discursivamente del lado de las “víctimas de la corrupción” y la manipulación del gobierno de Chávez, se pretende reposicionar a la derecha y los intereses de las clases sociales acaudaladas que representa y defiende, mismos que ciertamente se han visto debilitados con la política relativamente redistributiva de Chávez. Olvidar la historia también implica no dar cuenta de las condiciones políticas y socioeconómicas en las que se encontraba Venezuela antes de la llegada del gobierno de Chávez y que fueron producto de décadas de explotación y de distribución altamente desigual de la riqueza de esa nación. También significa desconocer el proceso de cambio y avance y la apuesta de proyecto de nación impulsado por el gobierno de Chávez y que, con todas las críticas constructivas que se puedan hacer sobre los retos y avances todavía necesarios en materia de desigualdad socioeconómica, la derecha ahora las plantea como males, cuando en realidad se está en una situación en muchos aspectos incomparable a los años de oro de la gestión formal del poder por parte de la derecha venezolana. Como lo expresa sintéticamente Chomsky: “Hay buenas razones de parte de los poderes imperiales y sus acólitos para insistir en que debemos olvidarnos del pasado y mirar hacia delante: el conocido estribillo del ‘cambio de curso’ que se invoca de tanto en tanto” (Chomsky, 2006: 142).
 
Ahora bien, la posición de víctima y de “defensora” de los derechos constitucionales por parte de la actual derecha venezolana es poco sostenible si se recuerda que el “movimiento” Voluntad Popular (VP) fue uno de los implicados en el golpe al gobierno de Chávez en el 2002, además de ser un partido que recibe financiamiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), que ha sido identificada frecuentemente como actor que opera como el brazo derecho del aparato de seguridad de EUA, léase el Departamento de la Defensa y la CIA.
 
Tomando nota de lo anterior, lo indicado por Eva Golinger sugiere ser de relevancia en tanto que considera que los partidos de la oposición, especialmente VP, “…han hecho un negocio de la desestabilización del país y son mantenidos por las agencias de Estados Unidos. En muchos casos sus partidos viven de eso y Estados Unidos sigue intentado ayudar para fortalecer esos partidos” (2010). Este no es un dato menor si se consideran al menos dos cuestiones: el involucramiento histórico de esta agencia en procesos de desestabilización de gobiernos de América Latina y el rol de la asistencia para el desarrollo en la gestión de Obama.
 
USAID y la desestabilización de gobiernos alternativos
 
Desde inicios de los ´60, la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) fue una de las entidades encargadas del entrenamiento de la policía de las ciudades capitales de América Latina, a los fines de garantizar la “seguridad interna” (United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963, Vol XII, Doc. 90), contribuyendo a la desestabilización de gobiernos democráticos que fueron reemplazados por gobiernos militares.
 
Un caso clave fue el de Brasil, donde la USAID operó en el marco de la Alianza para el Progreso para bloquear el proyecto de desarrollo del Nordeste de Brasil impulsado por el gobierno de Joao Goulart y coordinado por Celso Furtado, otorgando un enorme apoyo a las fuerzas opositoras al gobierno de turno (Fico, 2008: 29; Lowenthal, 1973: 246). También resulta paradigmática la participación de la USAID en el entrenamiento de la policía guatemalteca y su incidencia en asuntos de “seguridad interna” en general entre 1962 y 1970 (Archivo Histórico de la Policía Nacional, Guatemala, 2011). Recientemente, la USAID ha sido acusada de estar involucrada en el apoyo al sector opositor al gobierno de Evo Morales en el 2008, denuncia realizada por el presidente Boliviano, a la vez que se han publicado algunos artículos que dan cuenta de la vinculación de la USAID con los sectores que derrocaron al presidente Zelaya en Honduras (Allard, 2008 y 2010; Gollinger, 2011y 2008, Ceprid, 2011)[3].
 
Esta participación de la USAID en procesos desestabilizadores, evidencia las diversas estrategias de intervención del gobierno estadounidense en otros Estados para proteger y velar por sus intereses. El discurso que permea tales estrategias, derivado de un destino manifiesto, se pronuncia por una supuesta “democracia”, una democracia que beneficia y protege los intereses de las cúpulas de poder locales pero también foráneas y que se sustenta, entre otras cuestiones, en impulsar el libre mercado y dar mayores condiciones a la inversión extranjera directa y a la transferencia de capitales, ampliando o al menos manteniendo la brecha entre ricos y pobres e incrementando los mecanismos de represión para garantizar la seguridad interna.
 
El asunto sugiere ser tan obvio que el Congreso Venezolano aprobó a fines de 2010 una ley para restringir el financiamiento internacional a partidos políticos y Organismos no Gubernamentales, considerando el historial de la USAID y la National Endowment for Democracy en Venezuela desde que Chávez asumió la presidencia.[4] La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, tiene por objeto entonces, “…proteger el ejercicio de autodeterminación nacional de la injerencia extranjera que a través de ayudas económicas o aportes financieros destinados a organizaciones con fines políticos, organizaciones para la defensa de los derechos políticos o personas naturales que realicen actividades políticas; así como la participación de ciudadanos extranjeros que, bajo el patrocinio de estas organizaciones, puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República” (Artículo 1).[5]
 
Pax y la asistencia para el desarrollo.
 
En lo relativo al segundo aspecto arriba señalado es de notarse que la administración Obama ha planteado como eje de su política exterior el denominado “poder inteligente”, mismo que se sustenta en lo que se califica como las “Tres D” (defensa, diplomacia y desarrollo), a modo de unificar la política exterior del departamento de Defensa, el de Estado y las tareas de la USAID. La propia secretaría de Estado, Hillary Clinton (2010), al abogar por una “nueva” política exterior precisa en este tenor que:
 
…un embajador de EUA…es responsable no sólo de manejar civiles del Departamento de Estado y de la USAID, sino también de fungir como CEO de una misión multi-agencia […] Apoyándose en el talento que existe en las agencias federales de EUA y en puestos foráneos, EUA puede construir un servicio civil global del mismo calibre y flexibilidad que el Pentágono. Con miembros y expertos de una variedad de instituciones -incluyendo el Departamento de Estado, la USAID, la Millennium Challenge Corporation, el Overseas Private Investment Corporation, el Banco de Exportación-Importación, el Departamento de Justicia, del Tesoro, el de Agricultura, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los Cuerpos de Paz y muchos otros- el aparato de política exterior de EUA debe apreciar el trabajo en equipo, promover la colaboración y apoyar la rotación de personal entre las agencias […] Es momento superar el pasado y reconocer a la diplomacia y el desarrollo como prioridades de seguridad nacional e inversiones (sic) inteligentes para la seguridad y estabilidad futura de EUA.[6]
 
Resulta interesante que pese a aspirar una superación del pasado, de hecho, se pretende que la USAID vuelva a adquirir un rol protagónico como principal agencia de asistencia para promover el desarrollo, la seguridad, la democracia y la estabilidad; esta última entendida, como ya se dijo, desde los intereses de los grupos de poder locales y foráneos. Por tanto, lo que parece sugerirse es una aparente ruptura por medio de un discurso “novedoso”, que de fondo re-articula una continuidad histórica en la intervención encubierta de la mencionada agencia estadounidense en asuntos internos de los países del Hemisferio. Desde luego en contextos históricos y condiciones políticas y socioeconómicas distintas, en particular una crisis económico-política de escala mundial y que se agudiza crecientemente y un relativo declive en la fortaleza y el consenso entorno al ejercicio de la hegemonía y por tanto de la proyección de la Pax Americana.[7]
 
Ahora bien, el intervencionismo de EUA se entiende en tanto que ese país estaría interesado en friccionar y/o dividir a la región frente al avance y consolidación gradual de proyectos alternativos, sobre todo en el Cono Sur y en particular la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Y es que AL es sin duda un espacio estratégico en y para el ejercicio de la hegemonía hemisférica. Desde luego, lo antes dicho solo puede tener éxito si se cuenta con el apoyo de los grupos de poder locales, de ahí que EUA asienta e incluso promueva la identificación de intereses de clase y, por tanto, deje florecer relativa y reguladamente su poder, incluso, de ser necesario los apoya para que ése sea relanzado de cara a proyectos alternativos que abogan por una relativa redistribución de la riqueza.
 
Elites de poder, identificación de clase y el ejercicio de poder formal e informal en AL.
 
Es así que desde el discurso de una supuesta promoción de la democracia, se apuesta replantear la estructura de poder en América Latina por la vía de apoyar, financiar y proyectar a escala nacional e internacional a dirigentes políticos jóvenes, formados en EUA, que comparten los principios de política exterior y de “democracia” de ese país y que se sienten identificados como parte de esa selecta y aparentemente “clase dirigente global”.[8] El aparato de Estado estadounidense, entre otras entidades, ponen pues sobre la mesa la centralidad del rol que tales dirigentes políticos podrían cumplir en la construcción del Estado democrático que se basa, por encima de cualquier otra cuestión, en el libre mercado, esencialmente en el fluido curso de la inversión extranjera y la creciente transferencia y polarización de la distribución de la riqueza.
 
En este sentido, la crítica se centra en el atraso y la amenaza para la democracia implicada en el “populismo”, concepto que suele definir a aquellos gobiernos tendientes a redistribuir recursos y a promover un rol activo por parte del Estado. En el marco del proyecto de investigación “Liderazgo, Renovación Política y Prácticas Democráticas en América Latina”, de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires (con el financiamiento de  Foundation Open Society Institute de Washington) se realizó en España una reunión sobre “El liderazgo político en Latinoamérica” a la que  fueron invitados miembros de los partidos de la oposición (de la UCR en el caso de Argentina y de Voluntad Popular de Venezuela), quienes llegaron a la conclusión de que: “…debido a la desigualdad del ingreso en la región, el caudillismo y el populismo permanecen como las formas políticas más estables. ¿Cómo impulsar el cambio cultural y lograr que, por ejemplo, el clientelismo sea penalizado por la sociedad?” (Foreign Policy, 2011).
 
. Lo dicho se debe a que la pelea por cierta independencia por parte de tales gobiernos alternativos se ha dado esencialmente en dos direcciones. Por un lado, en cuanto a las transformaciones interiores y por tanto entorno a las tensiones con los grupos de poder locales –pero también como producto de la diversidad del tejido social nacional. Por el otro, en el dominio de las relaciones exteriores en prácticamente todos los rubros, el económico, el político y el de seguridad.
 
En este tenor, se observa que en el rechazo a la construcción de alternativas sociales, de desarrollo integral endógeno, hay una identificación de clase, una identificación entre las clases de poder locales de diferentes países de América Latina, pero también de estos sectores con las elites de poder metropolitanas. Ello no significa que consideremos que exista una conspiración o coordinación estructurada, libre de contradicciones e intereses encontrados entre los diversos grupos de poder, ni tampoco que haya una completa subordinación entre los grupos de poder con gradaciones diversas de ejercicio concreto del poder. Esto se debe a las características políticas del capitalismo dependiente en las sociedades periféricas:
 
…la fuerte dominación externa, la apropiación dual o asociada del excedente económico, la extrema desigualdad en la distribución de la riqueza, del prestigio social y del poder, la coexistencia del crecimiento capitalista interno con el subdesarrollo ‘absoluto’ o ‘relativo’ forzando rearticulaciones constantes entre sectores ‘arcaicos’, ‘modernos’ y ‘ultramodernos’, intensa exclusión institucional de las clases destituidas, etc. (Fernandes, 1979: 50-51).
 
Así pues, cuando el sector que ocupa la esfera política formal intenta modificar algunos de estos patrones o incluso su intensidad, como sugiere ser el caso del gobierno de Chávez en Venezuela o el de Morales en Bolivia, se pone en peligro la subsistencia de algunas de las condiciones clave que han permitido históricamente la permanencia de los mencionados grupos de poder (oligárquicos), tanto en la esfera del poder formal como en el informal. Y es que no hay que olvidar que las clases de poder latinoamericanas no han dejado de tener poder, ni perdido su incidencia, pese al ascenso de gobiernos alternativos, aunque ciertamente sí se ven relativamente erosionadas.
 
Esta situación redobla la importancia de la pelea por la soberanía popular, no sólo a nivel nacional sino al mismo tiempo a escala regional.
 
Integración y soberanía frente al imperialismo y la dependencia.
 
El control por parte de los países metropolitanos sobre los flujos del comercio exterior, el éxito de imposición de esquemas de propiedad intelectual ad hoc y el monopolio creciente de los medios de transporte de mercancías, en combinación y aunados a otras cuestiones, han sido cuestiones que han logrado entorpecer o bloquear la reestructuración tecno-industrial de AL y el Caribe al tiempo que la delega a mantener su posición como importante mercado de consumo de productos metropolitanos, así como de reserva estratégica de recursos naturales y mano de obra barata. En tal sentido, el mercado común latinoamericano es sólo aceptable, desde la mirada de EUA, desde esa perspectiva y ciertamente no como un espacio de intercambio que sea instrumento, y no fin, para  lograr una cierta autonomía regional sobre la base del intercambio de iguales, compensatorio y complementario que ayude, entre otras cosas a industrializar la región y por tanto a disminuir las contradicciones existentes entre los diversos países latinoamericanos.
 
La memoria histórica es necesaria para calibrar con mayor fineza la envergadura y complejidad del reto, pero también de la urgencia, que implica la integración regional que a su vez precisa de un proceso de conformación de lo que se puede calificar como un nuevo sujeto social  latinoamericano, cada vez más consciente de la problemática y de su realidad, que en el curso de deslegitimar el actual sistema de producción y las relaciones que impone, no sólo promueva la descolonización sino que asimismo desapruebe con su actuar la cada vez más aguda crisis civilizatoria hacia  la que nos dirigimos.
 
Debe tenerse claro sin embargo que, si en efecto, el mercado común puede ser un instrumento entorpecedor o estimulador de la integración latinoamericana, dependiendo de qué tipo de mercado se esté hablando, lo que es cierto es que los mayores y más relevantes problemas asociados a la construcción de alternativas al capitalismo depredador de principios de siglo no residen en la esfera del comercio, sino más bien en la estructura socio-económica interna de la región. En relación a ello, denota el hecho de que las economías latinoamericanas se complementan mutuamente de manera muy pobre pues todas son esencialmente extractivitas y todas requieren a su vez de importaciones de maquinas-herramienta y de prácticamente los mismos productos industriales.
 
De recordarse es que parte de estas recomendaciones fueron planteadas por la CEPAL en el período 1950-1970, sobre todo lo relativo a la protección de las industrias incipientes, la complementariedad industrial y la necesidad de llegar a una “segunda etapa sustitutiva de importaciones”, que implicaba la fabricación de bienes de capital y máquinas-herramienta al interior del mercado regional, en ese entonces materializado en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio – ALALC (CEPAL, 1959; Teubal, 1970).
 
Uno de los obstáculos más claros para estas metas fue la creciente expansión de las empresas transnacionales en la región, que tendieron a (re)orientar el proceso de integración hacia la satisfacción de sus propias necesidades en el marco de la progresiva expansión del capitalismo monopólico. De esta manera, mientras se generaba la integración de las economías nacionales con la economía de las casas matrices de las empresas transnacionales (en este caso, Estados Unidos), se profundizaba la desintegración regional y la pérdida de soberanía a nivel nacional (Furtado, 1971; Sunkel, 1975).
 
Considerando estos antecedentes, la adopción de esquemas alternativos de industrialización endógena de largo plazo –fuertemente vinculados a la satisfacción de necesidades sociales a nivel nacional y regional, a la par de políticas que protejan las nacientes industrias, en especial en lo que refiere al mercado interno nacional y regional- se convierten en cuestiones de gran trascendencia para cualquier intento serio de integración alternativa.
 
Por lo dicho, y otras cuestiones, la propuesta de integración del ALBA ha llevado a que países como Venezuela, Ecuador y Bolivia se encuentren en una posición difícil, no sólo por lo que implica la integración en sí misma, sino también por lo que significan sus proyectos nacionales de cara a los impulsos subordinantes del gran capital que ve en riesgo sus intereses y predominio en la región. Es un contexto en el que además, la amenaza mayor es Venezuela, como se dijo, dada su fortaleza estratégica que se sustenta en miles de millones de barriles de petróleo. Una Venezuela que asimismo no se contiene hacia adentro de sus fronteras, sino que promueve regionalismos que pretenden no estar hegemonizados por EUA; en particular por medio de proyectos que, con todo y las críticas constructivas que merecen, no dejan de ser desestructurantes del imperialismo económico-político pero también ideológico-cultural que impera en AL. Nos referimos especialmente a los mencionados ALBA y PCT (de origen boliviano), así como a las diversas iniciativas puntuales que han emanado de ésos como lo es el Banco del Sur, el Tratado Energético del ALBA o la creación de la Televisora del Sur (Telesur). Y es que el ALBA-PCT tienen un rasgo importante y de gran valía, el hecho de que el comercio y las inversiones no se colocan como fines en sí mismos, sino como instrumentos que permitan avanzar en el desarrollo de los pueblos al tiempo que se conservan sus identidades culturales. Todo lo opuesto a los principios rectores de los acuerdos multilaterales y bilaterales que promueve EUA.
 
La otra Venezuela: “paz, bienestar y progreso”.
 
No debe sorprender que sea en y desde Venezuela, eje articulador del ALBA-PCT, que se busque el relanzamiento de la derecha abogando por “un asalto al futuro” que no puede ser entendido más que como salto hacia la entrega del país para con los intereses de grupúsculos de poder nacionales y extranjeros, pero con esmero de ausencia de memoria histórica-social y que incluye la extraordinaria transferencia de excedentes, el empobrecimiento del grueso de la población, el control social incluso por la vía policíaco-militar, etcétera. Es decir, con tal “olvido”, la derecha venezolana parece sugerir la pertinencia de borrar el hecho de que la razón del surgimiento del gobierno de Chávez fue precisamente la falta de democracia, el saqueo y despojo, la explotación de la población, y en sí, la entrega del país, en especial en lo referente a petróleo y minerales.
 
Dejando de lado tal proceso histórico y generando la idea de incapacidad de los actuales proyectos alternativos de Nación en la región -y que en efecto están viviendo fuertes retos y contradicciones políticas y socioeconómicas como parte de un proceso que procura avanzar hacia esquemas de Nación genuinamente más independientes, pero también de resistencias y disputas profundas con las clases acomodadas internas- el VP se perfila como alternativa que buscaría cambiar la situación del país mediante nuevos instrumentos pero añejas ideas neoliberales profundamente vinculadas a los intereses de clase hegemónica y que llevaron a la situación inicial de descontento social (por ejemplo, al “Caracazo”). Algunos ejemplos de estas “nuevas ideas” pueden verse en las “cien propuestas programáticas” de la MUD, publicadas en 2010. En este documento resalta la necesidad de crear un Estado eficaz y eficiente aliado al sector privado para generar empleos “a través de la consolidación y ampliación de las empresas radicadas en Venezuela” (MUD, 2010: 10). Una condición previa para lograr esto es “Asegurar los derechos constitucionales a la propiedad privada y a la libertad económica” (Ibid:10). Esta “retirada” del Estado se promueve de modo más claro aún con respecto a la tenencia de tierras: “Se garantizará la propiedad pura y simple de tierra, superando los esquemas colectivistas y las medidas arbitrarias de ocupación y estatización” (Ibid:11). Es en este punto donde aflora en su máxima expresión lo reaccionario de la oposición venezolana, imposible de ser ocultado aún bajo los más nobles deseos liberales de “paz y progreso”, pues no sólo en ese país sino en América Latina en su totalidad, uno de los problemas estructurales sobre los cuales se construyó la enorme desigualdad, ha sido y es la propiedad de la tierra, considerando que la mayoría de las economías son aún primario-exportadoras. Por otra parte, una de las características del esquema de poder de los países dependientes, es el poder político de los terratenientes y su acérrima oposición a efectuar reformas agrarias o a implementar cualquier medida tendiente a “colectivizar” la tierra. Esto se articula con el modo en que se define al gobierno de Chávez desde la MUD: “el propósito deliberado del actual gobierno [es el de] consolidar una sociedad estatista, inspirada en fracasadas experiencias colectivistas y en el culto a la personalidad y la concentración del poder, sin pluralismo y libertades, con una economía que perpetúa la pobreza y bloquea la creatividad y prosperidad” (Ibid:2)
 
También se apuesta a un cambio del mapa político a partir de cimentar un aval y apoyo de sus similares de clase en el exterior, “a través de una política internacional amplia y soberana, que promueva la convivencia amistosa con todos los países sobre la base de la confianza y beneficios mutuos, y proyecte los valores de nuestra democracia” (Ibid: 19-20). Evidentemente, los representantes del MUD desconocen las implicancias que ha tenido y tiene a nivel internacional la defensa de la soberanía nacional en el sentido de que forzosamente implica una tensión con los intereses extranjeros –sobre todo estadounidenses-, aspecto que constituyó uno de los principales problemas en la historia de las relaciones interamericanas[9]. Por lo dicho, lo indicado por el MUD entorno a la política internacional amplia y soberana sólo se entiende desde un planteamiento de tinte “liberal” y por tanto de apertura indiscriminada del país a intereses extranjeros pero eso sí, en asociación con la minoría privilegiada local, incluyendo aquella que detenta el poder político formal.
 
Desde tal noción trunca y sin memoria histórica, el VP plantea tres pilares sobre los cuales se erigiría la Venezuela del futuro: paz, bienestar y progreso.
 
            – La Paz
 
La paz, según López, está asociada a la “propuesta de seguridad ciudadana” que implica la prevención del crimen, la reforma judicial y policial y la reforma del sistema penitenciario.
 
Tal noción coincide, sin ser casualidad, con parte del proyecto de la USAID en América Latina sobre apoyo a “Iniciativas de Seguridad Ciudadana” para “construir una prevención sostenible e integrada de la violencia, en conjunto con la Iniciativa Mérida, la Iniciativa Regional de Seguridad de América Central y la Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe” (USAID, 2011). Además, para el presupuesto del año fiscal 2012 se pide para América Latina y El Caribe otorgar “prioridad” a los programas de “seguridad ciudadana” (Valenzuela, 2011). Recientemente, Estados Unidos, México y países de América Central firmaron una “Carta de Intención” para compartir información de sus bases de datos a fin de aumentar la cooperación transfronteriza y facilitar acciones conjuntas contra el crimen organizado y el tráfico internacional de mercancías en tanto que: “…con esta declaración conjunta, se busca establecer estrategias de seguridad en la región, fortaleciendo la estrategia de seguridad entre el departamento de Seguridad estadounidense y los países centroamericanos” (Infodefensa, 15 julio 2011).
 
Este tipo de acuerdos que están proliferando son arriesgados por varias razones: a) desde un inicio se plantea bajo la tutela de Estados Unidos y por consiguiente se subordina a sus necesidad e intereses de “seguridad nacional”; b) implica una red de información y ampliación del control a nivel internacional, en un contexto en que las fuerzas de seguridad plantean una clara ambigüedad con respecto a lo que significa la categoría de “crimen organizado” y que no en pocas ocasiones se extiende al ámbito de la criminalización y represión de los movimientos sociales. Sumado a esto y para cumplir las consignas de “seguridad ciudadana”, c) las funciones de la policía, pasan a ser responsabilidad de las Fuerzas Armadas con numerosas implicaciones en cuanto a violaciones de Derechos Humanos tal y como lo muestra el caso de Mexicano.[10] Todos estos cambios han sido realizados bajo la guía o el “asesoramiento” del gobierno estadounidense a los fines de combatir al “crimen organizado” en la región (Ramsey, 2011; Withers, Santos and Isaacson, 2010).
 
El tema de la “inseguridad/seguridad ciudadana” constituye pues el estandarte de la oposición al gobierno de Chávez, agrupada en la MUD, que. plantea como uno de los problemas cruciales la violencia y la inseguridad, asegurando que:
 
“…el presidente no está a la altura del problema de la inseguridad (…) Venezuela necesita un presidente que se ponga a la cabeza de un verdadero e integral plan de seguridad ciudadana que abarque de manera sistemática las áreas de prevención del delito, sanción de los criminales y la redimensión del sistema carcelario” (Ángel Medina, Diputado, 16 septiembre 2011, página web del MUD).
 
Así, en el informe del MUD sobre la inseguridad en Venezuela, se especifica que “…el Estado ha fracasado en el combate de la legitimación de capitales, el tráfico de drogas, la corrupción, el terrorismo y su financiamiento y otros delitos propios de la delincuencia organizada. No han existido políticas acertadas en esta materia” (Comisión del Alto Nivel para la Seguridad Ciudadano Mesa de la Unidad Democrática 7 septiembre, 2011, p. 5). Habría que preguntarse entonces si desde la óptica del MUD, la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia son los “modelos” a seguir, es decir, si lo que se está buscando es una mayor injerencia de actores foráneos en la toma de decisiones internas y la presencia de policía y fuerzas armadas como sinónimo de “orden” y “seguridad”, aunque en la práctica estos cuerpos orienten buena parte de sus esfuerzos a la represión interna, generando a mediano y corto plazo una mayor desestabilización. No debe olvidarse que tales modelos han servido además para subordinar tecnológica e ideológicamente a las fuerzas armadas de AL, hecho que en su momento definió que el gobierno de Chávez dejara de lado tecnología estadounidense, como los aviones F16, puesto que los pilotos requerían entrenamiento y los aviones servicio de mantenimiento por parte de EUA.
 
Ahora bien, es importante señalar también, que la “paz” definida como seguridad ciudadana y como la lucha contra el crimen organizado implica una “reforma jurídica”, que igualmente forma parte de las propuestas de la USAID para AL, al menos desde finales de la década de 1990. La idea, según la USAID, es que:
 
…un sistema judicial efectivo es esencial para el desarrollo económico y para el bienestar de la sociedad y la independencia judicial se basa en el buen funcionamiento del Poder Judicial y constituye  la piedra angular de una sociedad democrática, de mercado, basada en el imperio de la ley (Wilson, Rodríguez Cordero y Handberg, 2005: 101).
 
Es pues claro, una vez más, que el libre mercado es la precondición para el logro de la democracia. Es en consonancia con ello, que la idea de “paz” de la oposición venezolana mantiene una importante continuidad con los principales conceptos de la definición de “gobernanza” manejada por al USAID e impulsada por las Instituciones Financieras Internacionales, como el Banco Mundial y que en uno de sus informes más recientes plantea que Bolivia y Venezuela son los gobiernos con menos gobernanza de América Latina. Véase Tabla 1.
 

TABLA 1. Dimensiones de análisis que indican el gado de “gobernanza” según el Grupo para la investigación del Desarrollo del Equipo de macroeconomía y crecimiento del Banco Mundial (1998-2008)

Dimensión de Gobernanza

Países que mejoraron

Países que empeoraron
Voz y rendición de cuentas
(voice y accountability)

Perú, Afganistán, Irak

Irán, Venezuela, Singapur
Estabilidad política/ausencia de violencia

Angola, Congo, Libia, Sierra Leona

Venezuela, Bolivia, Nigeria, Líbano
Efectividad del Gobierno

Israel, China, Colombia, Irak

Italia, Bolivia, Belice, España
Calidad regulatoria

Irak, Congo, Libia, Angola

Bolivia, Argentina, Venezuela, Uruguay, Gabón
Imperio de la Ley

Albania, Rwanda, Estonia, Serbia, Georgia

Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Costa de Marfil
Control de la Corrupción

Indonesia, Albania, Hong Kong, Serbia

Grecia, Eritrea, Costa de Marfil

Fuente: Elaboración propia con datos de Kaufmann, Kray y Mastruzzi (2009: 31-35)
 
Es preciso señalar que la mayor parte de los datos para cada una de las dimensiones que se leen en la Tabla 1 (exceptuando voz y rendición de cuentas) fueron provistos por el sector de negocios, que brindó la “información comercial”. Llama también la atención la “mejora” en la gobernabilidad de algunos países. Por ejemplo, Afganistán, que está en proceso de “reconstrucción” liderado por Estados Unidos, y Colombia que aparece con mejoras en la “efectividad” del gobierno en un contexto de importantes críticas con respecto a los supuestos resultados positivos del Plan Colombia. También resulta interesante la referencia a Libia, que según este informe gozaba de estabilidad política y mejora en la calidad regulatoria. Unos meses después, esa estabilidad apreciada desde los indicadores del BM (aún cuando se apoyaba en el liderazgo de Muamar Gadafi) implicó un levantamiento en contra del gobierno casi sin precedentes en Libia, en ese contexto la “estabilidad” promovida por Gadafi fue condenada por el mundo Occidental y sancionada y castigada por la ONU y la OTAN. Por último, otro dato que llama la atención es la ausencia de México en estas estadísticas, considerando que precisamente el período abordado por dicho informe (1998-2008) se llevó a cabo un proceso de aumento de la violencia, desarticulación institucional, empobrecimiento y ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, deterioro del tejido social, debilitamiento de la democracia y militarización como respuesta al “crimen organizado” y la “narcoinsurgencia”, que sin duda darían cuenta de índices muy bajos de “gobernanza”.
 
            – El bienestar
 
Otro pilar mencionado por López, el bienestar, se refiere a la pobreza en el país pues “…mas de la mitad de los habitantes de Venezuela son pobres, gente que no tiene oportunidad de nada, que vive al día” (López, 2011). Lo mismo se afirma en los puntos programáticos del MUD: “Millones de venezolanos siguen en la más inaceptable situación de pobreza. Desde el gobierno se ofrecen principalmente paliativos, con el ánimo de obtener réditos electorales, pero no se ha impulsado una verdadera transformación” (MUD, 2010: 2).
 
 Se trata de una reflexión que demuestra que, finalmente, la elite Venezolana “percibe” ese conjunto de gente que era “invisible” hasta que apareció Chávez en la escena política. Pero, el reclamo de López por los pobres a modo de crítica al actual gobierno, carece de fortaleza y sustento sólido puesto que no reconoce los avances que se han realizado precisamente desde que Chávez asumiera la presidencia. La Tabla 2 demuestra, con datos de la CEPAL, que en efecto ésos son significativos.
 

TABLA 2. Pobreza, desigualdad y empleo en Venezuela 1990-2009

Indicador

90

94

95

96

97

98

99

02

03

04

05

06

07

08

Coeficiente brecha extrema pobreza (%)

5.11

6.15

 

 

7.25

 

10.4

9.3

 

 

7.4

3.84

3.2

3.55

Porcentaje personas en extrema pobreza

14.4

19.2

 

 

20.5

 

21.7

22.2

 

19

15.9

9.9

8.5

9.9

Población que vive con menos de 2 dólares/día

 

 

10.77

15.68

10.53

14.45

 

 

18.88

 

11.36

4.86

 

 

Población ocupada en situación de pobreza

22.92

 

 

 

 

 

 

34.14

 

 

 

17.86

 

16.14

Población ocupada en situación de indigencia

5.43

 

 

 

 

 

 

11.47

 

 

 

4.01

 

4.30

La CEPAL fue uno de los organismos que desmintió la supuesta exageración de los datos sobre desarrollo provistos por el gobierno venezolano. Según la Secretaria General de dicho organismo, Alicia Bárcena “Los datos que yo le puedo corroborar [considerando los datos oficiales venezolanos] son que la tasa de desempleo disminuyó de 11 a 7,4%, la tasa de pobreza (extrema) efectivamente fue de 25% al 8,5% hasta el 2007 (…) y la pobreza bajó de 51 a 28% (…) Yo creo que Venezuela ha puesto en marcha programas sociales que debemos evaluar. Nosotros en la CEPAL tenemos mucho interés de participar en la evaluación de su programa de misiones. Él ha dado un apoyo muy grande al gasto social, actualmente es uno de los países que destina más gasto público a su gasto social: prácticamente 14 por ciento” (Radio Mundial, 6 febrero 2009).
 
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPALSTAT, Seguimiento del Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio en América Latina.
 
Y es que incluso retomando los datos del informe de Americas Barometer (2008:128), existe una clara vinculación entre estos indicadores de mejora económica y la legitimidad del gobierno de turno. En el caso de Venezuela, los ciudadanos evaluaron el desempeño económico del gobierno de Chávez con un puntaje promedio de 40.6 (del 0 a l00). Este valor adquiere sentido cuando se lo compara con el gobierno de América del Sur mejor evaluado en su desempeño económico, el de Uruguay, con un promedio de 54.6, así como con aquel considerando como el peor gobierno evaluado en cuanto a desempeño económico, Paraguay (con el 14.4) (Americas Barometer, 2008: 22).
 
– Progreso y avance tecnocientífico
 
“Construir una sociedad productiva y de progreso” es una de las propuestas que se destacan entre los puntos programáticos del MUD. Esto implicaría un esfuerzo para la diversificación de la economía, la combinación de los recursos y capacidades del Estado y del mercado, la promoción de un ambiente de competitividad para las empresas y de un sistema de innovación que contribuya a la diversificación e industrialización, etc (MUD, 2010: 9-12)
 

Tabla 3. Gasto público y privado en investigación
y desarrollo – 2007 (países seleccionados)

País

Gasto Total (mdd corrientes)

Gasto Privado (%)

Gasto Público (%)

Cooperación internacional / otras fuentes (%)

Argentina

3,178.8
 
(2,658 en 2008)

28.4%

68.2%

3.4%

México

4,876.4
 
(5,598 en 2008)

45.1%

50.2%

4.7%

Venezuela

8,958**

94.8%

2.7%

2.5%

Brasil

26,791.6

45.5%

52.7%

1.8%

Rusia

23,408 (2008)

28.7%

64.7%

6.6%

China

121,426 (2008)

71.7%

23.6%

4.7%%

** El gasto venezolano en CyT pasó de menos de mil millones antes del 2005, a 5.3 mil millones en 2006 como resultado de la aplicación de una novedosa Ley impositiva asociada a la IyD (véase más adelante). La fuente de financiamiento antes de 2006 era publica entre un 55% y 60% y entre un 25% y un 30% de parte de las universidades (muchas de ellas también públicas). La industria sólo contribuía con entre el 10% y el 15%.
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de www.ricyt.org          
 
El problema de Venezuela, y la aparente necesidad de otra Venezuela es que, como afirma López, “…hoy el modelo venezolano va en retroceso, el Estado capitalista maneja todo (peluquerías, escuelas, el petróleo). El Estado se comió a la economía y la economía depende de los precios del petróleo y no de la capacidad de innovación o la productividad”. El argumento pese a ser relativamente correcto en el sentido de la importancia del petróleo y la debilidad científico-tecnológica de Venezuela, olvida que dicha incapacidad innovativa es esencialmente producto de la gestión de los gobiernos previos a Chávez y, por el contrario, los avances más relevantes, se observan en el gobierno actual con, por ejemplo, incrementos inusitados en el gasto en CyT y con una aportación mayoritariamente privada por la vía de un mecanismo legal del Estado que dirige una parte de los impuestos a esa actividad. Véase Tabla 3.
 
Lejos de un desinterés, se observa un claro reconocimiento a la fuerte dependencia tecnológica a la que está sujeta no sólo Venezuela sino prácticamente toda América Latina (salvo casos puntuales y extraordinarios). Muestra de ello es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela para el periodo 2005 – 2030 (MCT, 2009), mismo que emana de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación signada el 12 de julio de 2005.
 
Esa última, entre otras cuestiones, busca la apropiación social del conocimiento e impulsar el desarrollo nacional. Para su cometido, la Ley aterriza en el mencionado Plan y a su vez, de manera más concreta, en planes institucionales y operativos que buscan implementar todo un abanico de instrumentos tales como fondos de financiamiento, programas de valoración de la investigación, el establecimiento de redes nacionales y regionales de cooperación científica y tecnológica, la apertura de nuevos centros de investigación, el establecimiento de laboratorios nacionales y de otro tipo de infraestructura y equipamiento; etcétera; todo bajo un propósito común: “…contribuir con el bienestar de la humanidad, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad y los derechos humanos y la preservación del ambiente” (Artículo 5 de la mencionada Ley).
 
De gran relevancia es que la Ley logra consolidar un mecanismo tributario que, a partir del ejercicio fiscal de 2006, reflejó resultados positivos al aumentar el gasto en CyT de manera inusitada al tiempo que trasladó el grueso de dicho gasto al sector privado pues desde 2006, ése aporta más del 90% del mismo. Y es que la Ley precisa que toda empresa, pública o privada domiciliada en el país o en el extranjero con operaciones en Venezuela, debe invertir en cada ejercicio fiscal una parte de sus ingresos en formación de talento humano, transferencia de tecnología, actividades de IyD en el país o en áreas relacionadas con el objeto de su actividad, entre otras.
 
Nótese que la Ley trata de transferir parte de las ganancias de empresas extractivas al sector de IyD a modo de que ésas no se “pierdan” del todo en gasto corriente o en el pago de empréstitos. Se trata de una acción trascendental, más cuando una de las principales tensiones es invertir en IyD (cuyos ciclos se caracterizan por ser de mediano-largo plazo), en circunstancias en las que se requiere, en palabras del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030, “…encarar la deuda social que durante varios años se contrajo con el pueblo venezolano” (MCT, 2005: 36).
 
Para ello, el gobierno venezolano reclama el aporte anual en IyD en el orden del 2% de los ingresos brutos obtenidos en territorio nacional por parte de las empresas de hidrocarburos, incluida desde luego PDVSA. Lo mismo se precisa para el caso de empresas mineras y eléctricas, pero su aporte se fija en 1% de los ingresos brutos obtenidos en territorio nacional. Para el resto de actores empresariales el impuesto es del 0.5% de los ingresos brutos obtenidos en territorio nacional. Lo anterior incluye la inversión extranjera directa o los contratos a ser ejecutados en el país y para todos los rubros. Este esquema tiene un rasgo importante, vincula casi de modo directo, al sector productivo (y sus necesidades) con el aparato científico-tecnológico nacional, todo al tiempo que disminuye, en principio, burocracias innecesarias.
 
El Plan propone lo que denomina como desarrollo endógeno integral, esto es, aquel que hace  énfasis en las comunidades, su territorio y sus condiciones concretas. Pese a la crítica que se le puede hacer, el Plan contempla acciones de gran relevancia, muchas de ellas de vanguardia en comparación con otros planes en CyT de AL. Por ejemplo, precisa: superar progresivamente la dependencia de la renta petrolera a la par del eslabonamiento de cadenas productivas desde el plano de la producción, la distribución y el consumo; el establecimiento de redes productivas (microempresas y cooperativas) de diverso tamaño y estructuras tecnológicas; el potenciamiento de las mejores opciones locales de cooperación interterritorial que alimente los procesos nacionales (lo que requiere de una planificación de una mejor ocupación del territorio); la asimilación selectiva de tecnología y el establecimiento de líneas de investigación prioritarias; la promoción de la contraloría social; así como el seguimiento de principios éticos que busquen respetar y proteger el medio ambiente y la diversidad cultural de los pueblos (MCT, 2005: 78-80, 83, 85, 90).
 
Por lo antes dicho, es clara pues la inconsistencia del argumento de López sobre el supuesto desinterés por la CyT del gobierno de Chávez, pero ciertamente es funcional para indicar que el plantear un Estado que intervenga en la economía implica retroceder. Desde tal óptica, el futuro por tanto está en el libre mercado, tal y como sostiene López, sin precisar que tal futuro sí implica operar bajo las reglas del mercado, lo que ha significado para Venezuela y en general para AL, una inserción subordinada a los intereses y dinámicas impuestas desde las economías desarrolladas y los organismos e instituciones financieras internacionales que las primeras controlan mayoritariamente.[11]
 
Liderazgo, populismo y la alianza de la derecha.
 
Uno de los integrantes del partido Voluntad Popular, participó del mencionado foro organizado por Foreign Policy en español para hacer un análisis sobre las democracias en América Latina[12]. En dicho encuentro, “el liderazgo personalista fue ampliamente criticado, especialmente por el joven venezolano,,que enfatizó la necesidad de contraponer liderazgos colectivos a los unipersonales, puntualizando que ‘un líder político debe ser, primero, líder social’” (Foreign Policy, 2011). De forma similar la mayoría de los expositores criticaron los personalismos y los excesivos presidencialismos de la región: “La relación entre los liderazgos caudillistas y clientelistas con la pobreza y la desigualdad fue analizada pero quedó, como pregunta sin respuesta, cómo combatir los dos problemas de manera simultánea. Este es un tema recurrente que lleva a afirmar que debido a la desigualdad del ingreso en la región, el caudillismo y el populismo permanecen como las formas políticas más estables” (Ibid).
 
Es curiosa la ferocidad de la crítica con respecto a lo anti-democrático del gobierno de Chávez debido a sus características “populistas”. En el ya mencionado informe de Americas Barometer (2008), un indicador que se supone importante para medir la democracia en Venezuela es que “la mayoría de los venezolanos (95,6%) prefiere la democracia ante otros sistemas de gobierno, y solo el 3.6% preferiría un líder fuerte que no tenga que ser elegido por una democracia electoral” (Ibid: 24,174). Además, el informe agrega que “Venezuela es el tercer país del continente en cuanto a qué tan democrático es percibido por sus ciudadanos” (Ibid: 187). Es decir, no quedan demasiadas dudas de que los venezolanos consideran que viven en una democracia. Los encuestados en Venezuela consideran a Chávez como un líder democrático legítimo, en tanto llegó al poder por la vía electoral y por esa misma vía se ha mantenido, y no como un líder autoritario, como lo define la oposición y los investigadores que publicaron este informe, quienes, a pesar de los resultados de “sus” propias encuestas, ponen en duda la calidad democrática en Venezuela, ello porque: “la participación activa [de Chávez] en la política regional, las medidas en pro de una democracia participativa y las acciones gubernamentales despiertan sospechas de que el país se encamina –si es que ya no lo es- a convertirse en un sistema iliberal” (Ibid, 187). Se agrega además que, “…en la medida en que el discurso populista del presidente Chávez tenga [y gane?] aceptación popular, el gobierno podrá seguir implementando medidas de ese talante que lleven a un deterioro de la calidad democrática del país” (Ibid, 188).
 
Habría que revisar entonces, cuidadosamente, si lo que se plantea desde EUA como democracia, no implica una tensión insalvable con aquellos procesos democráticos experimentados en AL vinculados a consignas nacionalistas (al menos desde fines de la Segunda Guerra Mundial), mismas que plantean obstáculos en mayor o menor medida para los intereses estadounidenses en la región. Podemos afirmar que “La democracia es algo bueno, si, y solo si, es consistente con intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos” (Chomsky, 2006:152)
 
El futuro Venezolano y sus implicaciones
 
En una entrevista publicada por el diario Reforma de México, López señala que con la enfermedad de Chávez “todos se han planteado una Venezuela sin él” (Reforma, 30 agosto 2011). Sin embargo, lo cierto es que la supuesta solidez de la derecha venezolana descansa en su unión frente a un “enemigo común”: Chávez. Habría entonces que preguntarse cuál sería el alcance de esta “unión” en tanto que interesa, no el rol aislado de López o de cualquier otro candidato de oposición, sino el modo en que la oposición puede afectar o incidir el proyecto de nación alternativo. A su vez, esto obliga plantear la interrogante a cerca de la viabilidad y continuidad de la propuesta en curso en Venezuela, con y sin Chávez, considerando los alcances y limitaciones en la formación de cuadros realmente capaces de mantener y dinamizar tal proyecto de cambio. Esto se articula también con el necesario balance acerca de la profundidad de los cambios hasta ahora impulsados y el modo en que han sido capitalizados, o no, por la izquierda y los movimientos populares.
 
Lo cierto es que con la elección de Chávez la derecha venezolana fue relegada al rol formal de “oposición”, lugar que no está dispuesta a aceptar “democráticamente”, tal como se reflejó en el Golpe de Estado del 2002. Este evento, fue solo una muestra del modo en que esta minoría privilegiada estrechó aún más sus lazos con sectores estadounidenses y foráneos afines. Y es que más allá de las críticas que pueden y deben realizarse constructivamente a la gestión chavista, lo cierto es que demuestra la posibilidad de llevar efectivamente a cabo un proyecto de nación y de integración regional alternativo de cara al implementado hasta hace unas décadas por la minoría privilegiada venezolana, coincidente con las premisas de las instituciones financieras internacionales y el capital multinacional (cuyos representantes, no debe olvidarse, expresaron inmediatamente su apoyo al entonces golpista, Pedro Carmona).
 
Lo hecho hasta el momento por el gobierno Venezolano, junto con el liderazgo de Cuba y Bolivia en el ALBA demuestra que se puede impulsar un proceso de integración no centrado en el libre comercio (es decir, en el mercado capitalista) sino, en principio, en las necesidades de los pueblos. Esto no debe ser subestimado, en tanto que ha sido posible porque también desde el gobierno venezolano se lideró la oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un proyecto largamente impulsado por EUA y que no encontró el apoyo esperado. También es un ejemplo de que no es inminente mantener “relaciones carnales” con EUA tal y como fueron catalogadas las establecidas por el gobierno de Menem (Argentina, 1989-1999) en materia de seguridad, economía y política.
 
Así como el gobierno de Chávez ha asumido parte del liderazgo en materia de políticas alternativas a nivel regional, la derecha venezolana representa también parte de la perspectiva reaccionaria y el “modo de hacer las cosas” de diversos sectores conservadores de AL que han perdido relativamente los espacios formales de poder y que consecuentemente han visto aminorado el poder que históricamente han detentado. Ante ello, pareciera que tales sectores se encuentran reorganizando sus alianzas y recurriendo a diversas estrategias para recuperar el protagonismo en la toma de decisiones y acciones. Se trata de estrategias que tienen en común el rechazo a los programas de inclusión económica y social (etiquetados como “populistas”) y por tanto de una distribución de la riqueza menos desigual, pero también al estrechamiento de los lazos con las elites de poder metropolitanas. Es en este sentido importante prestar atención a los procesos que se están llevando a cabo en AL, pues así como existen gobiernos que de una u otra forma encuentran lineamientos comunes con Venezuela (como los de Bolivia, Cuba, Argentina) también hay gobiernos que apuntan a tendencias contrarias. Colombia acaba de formalizar un TLC con EUA reforzando la estrecha relación bilateral iniciada o alimentada por el Plan Colombia y profundizando aún más la política neoliberal en ese país. México ha profundizado la militarización en el marco de la Iniciativa Mérida, pero también la paramilitarización y la creciente criminalización de la protesta social, lo que debe leerse en relación a una mayor incidencia de la inversión extranjera directa en el país. Guatemala aguarda una segunda ronda de elecciones de las cuales es probable que salga victorioso Otto Pérez Molina, ex militar entrenado en la Escuela de las Américas y acusado de genocidio. A lo dicho debe sumarse el intento de Golpe de Estado en Ecuador en el 2010 o la impunidad con la que ha permanecido en el poder un gobierno como el de Porfirio Lobo en Honduras, vinculado al Golpe de Estado a Zelaya en 2009 y quién desde entonces estrechó sus vínculos con EUA.
 
Por lo dicho y pese a que ciertamente hay una presencia importante y avance en los proyectos alternativos de nación, nos parece que ello no debe de nublar la visión sobre lo que sugiere ser una (re)articulación de la derecha, proceso riesgoso y que no descarta escenarios de profundas implicaciones sociopolíticas debido al tipo de estrategias que los grupos de poder ya vienen implementando en el esfuerzo por “retornar” a la esfera política formal. Sus lazos con actores foráneos no pueden minimizarse en tanto que AL es sin duda alguna una reserva estratégica pues significa el acceso a fuerza de trabajo  barata, a recursos naturales cada vez más escasos y preciados, pero también a un mercado nada despreciable para los actores económicos de los países centrales, en especial de EUA.
 
En este contexto, la propuesta de Chávez ha implicado un enorme giro con respecto a la Venezuela del Punto Fijo y a la América Latina de la “década perdida” (los años ochenta) y del “ajuste estructural” (los años noventa). Sentó las bases de un nuevo camino que apuesta a procesos alternativos de nación y de integración que demuestran en los hechos la posibilidad de otros rumbos para el futuro de AL, desde la cuestión energética, la seguridad, la integración regional o la conformación de medios de comunicación alternativos. Y si bien se observan avances, muchos retos ciertamente aún son patentes sobre todo aquellos asociados a la gradual ruptura con el (neo)extractivismo y sus implicaciones socioambientales, pero también con el paradigma del desarrollo aún entendido en muy buena medida como crecimiento económico (léase: Delgado, 2011).
 
El camino por recorrer, tanto en Venezuela como en el resto de AL y el Caribe, aún es considerable, contexto en el que la resistencia al cambio por parte de los grupos de poder locales y sus “socios” foráneos es sin duda potente y apunta a (re)articularse tanto desde lo formal como lo informal.
 
Ante ello, lo que se precisa no es meramente el avance de los procesos alternativos de nación en la región y su creciente articulación hacia una eventual integración regional, sino también la creciente conformación de cuadros políticos de renovación, la resolución de las contradicciones y de los retos que los gobiernos alternativos aún tienen por delante, y sobre todo, la construcción de mecanismos de consenso social y de toma de decisiones a partir de establecer y otorgar cuotas genuinas de poder social.
 
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– Silvina María Romano es Licenciada en Comunicación y en Historia y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Córdoba. Es becaria posdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) – Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Gian Carlo Delgado Ramos es Economista egresado de la UNAM. Maestro y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Investigador titular de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
 


[1] Un ejemplo del modo en que se agrupa la derecha en América Latina es la organización “UnoAmérica” (Unión de Organizaciones Democráticas de América.  También interesa la reunión organizada el 5 de junio en las instalaciones de Foreign Policy en español (Madrid) a la que asistieron “jóvenes líderes” de América Latina para hablar de “El liderazgo político en América Latina” (la mayoría de ellos, representantes de los partidos de oposición a gobiernos que plantean proyectos de redistribución de recursos y que han sido categorizados como “populistas” (ver más adelante)
[2]Existe una red latinoamericana de Sitios de Memoria, conformada por organismos de diferentes países de América Latina como Argentina, Guatemala, México, Chile, Paraguay, Uruguay  y Perú, y que se extiende a nivel mundial. Ver: www.memoriaabierta.org.ar/redlatinoamericana/redlatinoamericana/
[3] Evo Morales, el presidente boliviano, manifestó recientemente que “Bolivia necesita de cooperación, pero no acepta aquella que venga ‘para conspirar, provocar y desarrollar campañas contra la democracia, el gobierno y su programa (…) Los dirigentes y la población se dan cuenta cómo USAID usa los denominados recursos de cooperación con fines de carácter político, ideológico y geopolítico’” (La Radio del Sur, marzo 2011). Para intervención de la USAID en América Latina ver: http://www.terrorfileonline.com/es/index.php/Inicio
[4] Ver: discurso embajador Jorge Valero ante el Consejo Permanente de la OEA, 31 marzo 2004
[5]Disponible en: www.minamb.gob.ve/files/leyes-2011/No6013ledespan.pdf
[6] Para una discusión crítica al respecto, léase: Romano y Delgado Ramos Carlo (2010).
[7]Para una reflexión sobre la crisis financiera actual, léase: Bellamy Foster y Magdoff (2009).
[8]Desde luego hablar de una “clase global” puede implicar equiparar las clases de poder de los países ricos con las clases de poder de los países pobres, algo que claramente no es así. También podría referir a un tejido bien articulado de relaciones de poder en y entre naciones y por tanto prácticamente libre de contradicciones, descripción que desde nuestro punto de vista está igualmente lejos de acercarse a la realidad.
[9] En la Primera Conferencia Panamericana, llevada a cabo en los Estados Unidos a fines de 1889, las propuestas de Estados Unidos estuvieron orientadas hacia lo económico, mientras que el reclamo de los países latinoamericanos se centraba en los aspectos políticos de las relaciones interamericanas, específicamente lo relativo a la soberanía. A partir de aquella reunión, el principio de la no intervención se configuró como aspecto fundamental, debido, en parte, al expansionismo europeo aún en auge, pero también guardaba una estrecha relación con el incipiente intervencionismo norteamericano en el continente (Romano, 2009: 62).
[10]Al respecto, para descripción detallada sobre violación a los Derechos Humanos a manos del Ejército Mexicano, véase: Meyer, Brewer y Cepada, 2010; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas http://www.frayba.org.mx/denuncias.php; Comité Cerezo, http://espora.org/comitecerezo/spip.php?article993. Para un análisis sobre el rol del ejército en la seguridad interna y su incidencia en la violación de DDHH ver: Delgado y Romano, 2011.
[11]Al respecto léase: Delgado y Saxe-Fernández, 2004; Toussaint y Millet, 2010.
[12] Cinco jóvenes líderes latinoamericanos se dieron cita el pasado 5 de junio en las instalaciones de Foreign Policy en español (Madrid) en el marco del proyecto de investigación “Liderazgo, Renovación Política y Prácticas Democráticas en América Latina”, que se desarrolla en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires gracias al financiamiento de  Foundation Open Society Institute de Washington.  El argentino Lucas Sebastián Duran (Unión Cívica Radical), la colombiana Jessica Pamela Obando (Partido Liberal Colombiano), la ecuatoriana Adriana Egas (Unión Demócrata Cristiana), el uruguayo Damian Payotti (Frente Amplio) y el venezolano Juan Pablo López (Movimiento “Voluntad Popular”)