La captura de Arnulfo Sánchez González, alias “Pablo”, máximo comandante del grupo armado ilegal conocido como “Alta Guajira”, ocurrida el 13 de noviembre de 2010 en Bogotá, D.C., desató un torrente de sentimientos encontrados y contradictorios. De una parte las víctimas de los hechos violentos perpetrados a lo largo de todas las etapas por las que ha atravesado este grupo armado ilegal se llenaron de esperanza en la medida en que parecía que por fin se estaba tendiendo un puente para transitar por el sendero de la verdad verdadera de su tragedia sin nombre. 

Desafortunadamente tanto las expectativas de unos como las preocupaciones de los otros, progresivamente comenzaron a diluirse para frustración de las víctimas y para tranquilidad de los sectores que usufructuaron y se lucraron con el paramilitarismo. Pero eso no es todo; lo más grave es que ahora que se ha conocido que el Gobierno Nacional está adelantando, a pasos agigantados, los trámites requeridos para la extradición de alias “Pablo” hacia los Estados Unidos, se terminará sacrificado, no cabe duda, el derecho a la verdad que, confinado y silenciado en una lejana cárcel estadounidense, facilitará así la impunidad sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por el “Frente Contrainsurgencia Wayúu” del Bloque Norte de las AUC, como por “Alta Guajira” y otros grupos armados ilegales de la misma estirpe.

La extradición de la verdad

Está claro que la extradición de alias “Pablo” significaría tender un manto de impunidad y de olvido sobre la tragedia de varias comunidades del pueblo Wayúu, especialmente de la Alta y Media Guajira, que quedan así privadas de una privilegiada oportunidad para escuchar, valorar y controvertir lo que éste tiene que decir acerca de la manera como los paramilitares ingresaron a La Guajira; los mecanismos que utilizaron para expandirse y consolidarse.

Con una eventual extradición de alias “Pablo” hacia los Estados Unidos confirmaría que las políticas que en materia de lucha contra las drogas y extradición de colombianos exhibe la actual administración son una continuidad y se mantienen en la misma línea de las que se aplicaron de manera radical durante la era de Uribe Vélez y que, entre otros aspectos, delinearon una jerarquización perversa respecto de la gravedad e implicaciones de los delitos y crímenes cometidos por los paramilitares y sus herederos, por cuanto el común denominador que las ha orientado lleva a que los intereses del Gobierno de Estados Unidos, o sea aquellos asociados a su miope lucha contra las drogas, se anteponga sin más a los legítimos intereses que les asiste no sólo a las víctimas sino a la sociedad colombiana en general por conocer a fondo la verdad, acceder a la justicia y ser reparadas. Esta lógica lleva, entonces, a que el descubrimiento de unas rutas y la captura de unos enlaces para el narcotráfico, por ejemplo, sean valoradas como de mayor trascendencia que el esclarecimiento a fondo de las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos y por los crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos armados ilegales. Si bien los límites entre paramilitarismo y narcotráfico nunca fueron claros, bajo esta perspectiva, los crímenes y delitos cometidos por  alias “Pablo” resultan siendo más importantes que los cometidos por el paramilitar. 

 Alias “Pablo” casi desde el mismo momento de su captura, en la perspectiva de ser cobijado bajo la Ley de Justicia y Paz, expresó su interés en colaborar con la justicia. Al respecto en la diligencia de indagatoria rendida en Bogotá, D.C., el 18 de noviembre de 2010 en la Fiscalía 54 Delegada ante los Jueces del Circuito Especializados de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, afirmó que “la intención mía es colaborar con la justicia para que se esclarezca toda la verdad dentro del marco de Justicia y Paz, de lo contrario yo no podría esclarecer sino sólo los hechos que me imputan en los procesos”, argumento que fue reiterado más adelante en la misma indagatoria cuando agregó que “quisiera dejar presente que mi interés en colaborar con la justicia para el esclarecimiento de toda la verdad de los hechos que yo pueda ser responsable, pero esto me gustaría hacerlo en el marco de la Ley de Justicia y Paz y aclaramos sitios de desaparecidos, cuerpos y todo lo que me pregunten”.

 Fragmentos de una versión

Si bien en la diligencia de indagatoria rendida en Bogotá, D.C., el 21 de diciembre de 2010 en la Fiscalía 68 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de la Unidad Nacional de DDHH y DIH, alias “Pablo” manifestó que “yo no quiero seguir con la declaración porque la declaración mía no sirve en este caso porque me he dado cuenta que […] lo que yo diga en este proceso no va a servir para nada […] por eso analizo que mi declaración no va a servir en absoluto y yo soy el que sé la verdad de todos los hechos y como funcionaba esto, como se desarrollaba esto y quien me daba las órdenes y por qué se ejecutaban estas acciones”, a renglón seguido quiso aclarar que “estoy dispuesto a colaborar a este despacho o al que me lo solicite en el momento que vea garantías y que me puedan creer aunque sea una sola palabra” y como para no dejar dudas de ello casi al final de la indagatoria volvió a afirmar que “que estoy dispuesto a colaborar en el momento en que mi verdad o mi confesión sea tenida en cuenta”.

 Inmediatamente después de su captura, en las primeras diligencias de indagatoria rendidas en Bogotá, D.C., ante la Unidad Nacional de DDHH y DIH de la Fiscalía General de la Nación, más allá de algunas evidentes contradicciones e inexactitudes, alias “Pablo”, apartándose en algunos aspectos de la versión más conocida, contó detalles sobre la masacre de Bahía Portete, los cuales, adecuadamente valorados, arrojan luces y complementan la mirada que hasta ahora se había construido sobre este execrable crimen.

Sin embargo, es en las fragmentarias referencias que en sus primeras indagatorias hace alias “Pablo” sobre José María Barros Ipuana, “Chema Bala”, y su pretendido papel en los hechos de abril de 2004 donde se advierte un giro radical en lo concerniente a las responsabilidades que hasta la fecha la justicia colombiana le ha endilgado como determinador de la masacre de Bahía Portete a este reconocido hombre Wayúu, hasta el punto que con sus declaraciones le da mayor solidez a la versión de que “Chema Bala” fue un chivo expiatorio que terminó siendo condenado por un crimen en el que no tuvo ninguna participación.

 En la diligencia de indagatoria rendida en Bogotá, D.C., el 18 de noviembre de 2010 en la Fiscalía 54 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de la Unidad Nacional de DDHH y DIH, alias “Pablo” indagado acerca de la participación de “Chema Bala” en la estructura paramilitar, fue tajante en manifestar que “nunca perteneció al Frente Contrainsurgencia Wayúu y si ellos [las víctimas] lo están diciendo es un gran mentira”. Así mismo en otra diligencia de indagatoria rendida en Bogotá, D.C., el 29 de noviembre de 2010 en la Fiscalía 68 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de la Unidad Nacional de DDHH y DIH, aseveró que “nosotros no teníamos que reunirnos con “Chema”, él no era integrante del grupo”.

 

En lo que concierne a la participación de “Chema Bala” en la masacre de Bahía Portete, en la diligencia de indagatoria rendida en Bogotá, D.C., el 29 de noviembre de 2010 en la Fiscalía 68 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de la Unidad Nacional de DDHH y DIH, alias “Pablo” fue taxativo al confirmar que “no tuvo participación, él era indígena pero nunca perteneció a nuestro grupo ni nada”, y frente al interrogante de si “Chema Bala” la había ordenado expresó que [Él] a mi no tenía que darme órdenes porque él no trabajaba con nosotros, no pertenecía al grupo”. Preguntado más adelante sobre la participación de las hermanas de “Chema Bala” en esta misma masacre, respondió “ninguna mujer participó en estos hechos. Nunca tuvimos mujeres en el grupo […] era una política del Estado Mayor del comandante “Jorge 40” y “Ramiro” que era el comandante del Frente Contrainsurgencia Wayúu […] Tuve conocimiento que no tuvieron participación porque nosotros no teníamos mujeres y menos indias; ellas no hacen parte de ningún grupo, son parte de las mentiras que [se] han dicho”.

 ¿Una condena injusta?

 Las afirmaciones realizadas por alias “Pablo” en el sentido de que “Chema Bala” no sólo no era integrante del Frente Contrainsurgencia Wayúu sino que no tuvo ninguna participación en la masacre de Bahía Portete, confirma lo que sobre el particular había dicho años atrás Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, en su versión entregada a la Fiscalía 3 de la Unidad Nacional para la Justicia y La Paz cuando expresó que “yo acepto mi responsabilidad indirecta, porque yo fui el que organicé y di jurisdicción de acción a lo que se conoció como el Frente Contrainsurgencia Wayúu. En la misma indagatoria, respondiendo a una pregunta de la Fiscal de si “Chema Bala” hacía parte del Bloque Norte de las AUC, alias “Jorge 40” afirma categóricamente: “no señora […] no conozco su nombre, ni él tuvo nada que ver con operaciones militares con nosotros […] No, no, no, no tenía porque participar [en la masacre de Bahía Portete] porque yo lo que conocía de él era otra actividad totalmente diferente, él no tenía que ver nada con grupo armado, que él tuviera como toda casta Wayúu un grupo armado independiente, pues tocaría preguntarle a él” (Citada en Informe No. 377497-DNCTI-GDH del 21 de diciembre de 2007 del CTI).

 Pese a que Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, y Arnulfo Sánchez González, alias “Pablo”, han asumido cada uno por su lado sus responsabilidad en la masacre de Bahía Portete y pese a que ambos, en momentos y lugares distintos, de donde se infiere que no tuvieron tiempo para ponerse de acuerdo sobre la versión que entregaron, han dejado sentado con claridad que José María Barros Ipuana no hacía parte de ninguna estructura paramilitar y que por consiguiente no tuvo ninguna participación en la tragedia de abril de 2004, queda en el ambiente que “Chema Bala” no sólo ha sido condenado por un crimen que, como todo parece indicar, no cometió sino que su palabra sobre este asunto fue totalmente proscrita y acallada.

Damaris Barros Uriana, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

 

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