No hay tierra a la vista. Todo lo contrario, el barco zozobra en la tormenta. En el corto plazo no existe solución para el dilema que padece México, en todo lo que genera la inseguridad. La violencia seguirá detonando en el país. Porque no hay más opciones que las hasta ahora puestas en práctica para combatir el crimen organizado. El gobierno mexicano está empecinado en seguir con lo que viene haciendo desde diciembre de 2006, pese al terrorífico saldo de más de 50 mil mexicanos muertos.
 
Con oídos sordos y haciéndose de la “vista gorda”, el principal responsable como jefe supremo del ejército, da por hecho que las Fuerzas Armadas seguirán haciendo un trabajo que no les corresponde. Pese a que el dilema que representa la inseguridad es para los cuerpos policiacos; los policías federales, la policía investigadora (PGR, ministerios y jueces). Esa policía que —se enorgullece Genaro García Luna, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), un funcionario que, sin resultados, tampoco se quita los señalamientos como protector de uno de los grandes capos de las drogas en México—, a la fecha es incapaz de ofrecer resultados, no obstante los enormes emolumentos que goza para el cumplimento de unos fines que no ofrece.
 
Porque los cuerpos policiacosno cambian. Nadie hace nada por modificar sus prácticas. Peor aún, cuando las policías están o infiltrados por criminales, o son copartícipes de las propias bandas de narcotraficantes. Son síntomas de una corrupción que tiene imbuido todo el sistema. El sistema económico, el político y el social [la corrupción es de herencia española, data desde los siglos de la invasión y la posterior instauración del sistema colonial, pero con innovaciones que han madurado incluso al interior de la misma sociedad hacia las última décadas]. No hay exámenes de confiabilidad para policías; el propio García Luna no lo hace como titular de su corporación. La situación de dichos cuerpos policiacos es peor en los estados y mucho mayor a nivel municipal.
 
La violencia se ha generalizado en el país. Cierto que por un lado es la pugna entre los carteles por el dominio de los territorios para el negocio de las drogas —sintomático, en aquellas rutas principales como el Golfo y el Pacífico, la frontera con Estados Unidos, así como del corredor donde fluyen los inmigrantes desde el sur centroamericano hasta la frontera norte—, pero por el otro que la dichosa guerra ha acelerado la violencia porque la disputa se vuelve más aguda.
 
Hay estados del país donde reina la violencia. El crimen organizado ha controlado gran parte territorial en varios estados, como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, etcétera. Los gobernadores de los estados más bien muestran fragilidad que control de la inseguridad. Varias ciudades también padecen un clima de violencia, desbordada.
 
Sin atender la corrupción y la impunidad, flagelos que demandan una estrategia desde el Estado pero de largo plazo, es como sembrar en empedrado. En el largo plazo también se atiende todo lo relacionado con la economía y con la sociedad. Pero el actual gobierno no tiene proyecto económico, mejor que el heredado por el sistema priista en sus últimas secuelas de neoliberalismo de 25 años [a la fecha casi 30], para resolver el atraso en todos los terrenos, que no sea el utilitario, pragmático y de corto plazo. La política social también del actual gobierno, sin creación de empleos ni salarios justos, no sienta las bases para que la sociedad enfrente los dilemas de la desintegración social —Ciudad Juárez es un lacerante ejemplo—. Peor aún si el Estado abandona su compromiso con la población [hay atrasos en todos los terrenos].
 
En el último debate cara a cara con Calderón, que se dio merced a la presentación de la más completa propuesta elaborada por 88 especialistas en todos los temas, Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, el rector de la UNAM, José Narro, insistió en que se requiere un acuerdo político nacional de corte político social, pero ya: “antes de que termine septiembre”.
 
Para, en todo caso, entrar a discutir un “giro” en la estrategia de seguridad. “Sabemos —dijo Narro— que no es un asunto de voluntarismo, pero también estamos convencidos que conviene diseñar un plan para el regreso de nuestras fuerzas armadas a sus funciones naturales”. De ahí la integración de un grupo de trabajo en los temas donde pudiera haber consensos, admitidos no obstante en algunos puntos por Calderón.
 
Pero de entrada, a estas alturas del sexenio ya no hay condiciones para cambiar las formas; mejor dicho, la fallida estrategia. Porque, por una parte, Calderón no ve la “carnita”, para el “giro inmediato” en la estrategia de seguridad; dice que el documento de la UNAM tiene “algunas cosas que suenen genéricas, más de propósito”. Típico de un visionario de corta mirada, no obstante hay al menos 10 coincidencias en las que se puede avanzar —dijo Calderón— como: un diagnóstico estatal sobre la violencia, que la universidad encabece un foro sobre el debate de la prevención, encuesta sobre los actos de corrupción, etcétera.
 
Por el otro, los tiempos políticos son fatales. El país más bien está entrando de lleno a las definiciones electoreras del 2012. Y Calderón dedicará tiempo a este asunto por encima de otros. En otras palabras, tanto a él como al PAN, les interesa más la definición política que revisar siquiera el asunto de la inseguridad. El tiempo político se acabó para el presidente actual. Es más, el sexenio ya se le acabó a Calderón. Sin logros, sin metas, nada más la inercia de lo que ha emprendido hasta la fecha.
 
La participación por la vía de la inclusión de la sociedad organizada resulta ahora primordial. Y eso no lo hará el gobierno desde alguna de sus dependencias. Antes bien lo podría hacer, convocar a la participación —por qué no— abierta de la sociedad, la propia institución universitaria. No se olvide que tanto la UNAM como los profesores mismos tienen una elevada aceptación social por encima de otras incluida la presidencia y ni se diga los partidos.
 
En otras palabras, que movimientos como el que representa el poeta Javier Sicilia, se amplíen al máximo. Llegó el momento, para eso no importan los tiempos políticos [con todo y sean los partidos quienes imponen el itinerario de la sucesión presidencial y por tanto electoral calendarizada], de convocar a la participación social. A todas las asociaciones civiles. La sociedad debe hacerse oír ya. Porque basta de miopía.