Guatemala es un país prolijo en legislación. Tenemos una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, otra de dignificación y promoción integral, la de desarrollo social y la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, además de los instrumentos internacionales que buscan la protección y eliminación de la violencia. Sin embargo, en el Informe Insignia recientemente presentado por ONU Mujeres, titulado El progreso de las mujeres: En busca de la justicia, se reporta que Guatemala presenta la tasa de femicidios más elevada del planeta, al registrar 838 casos en el 2010 y 671 en lo que va del presente año. Desde el inicio del nuevo siglo se han contabilizado aproximadamente seis mil crímenes contra mujeres. La violencia que sufren es un río desbocado que arrasa con los valores democráticos, la cohesión familiar, rompe los tejidos sociales en las comunidades y merma el trabajo en la lucha por consolidar la paz, dijo Ana Güezmes, directora regional de ONU-Mujeres para Centroamérica, México y el Caribe, en esa ocasión.
 
También contamos con una institucionalidad de la mujer, que incluye, además de la Seprem y la Demi, a la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Conaprevi), una comisionada presidencial contra el femicidio, y tenemos políticas públicas dirigidas a este tema.
 
Entonces valdría la pena preguntarnos, ¿por qué se asesina de manera persistente, brutal e impune a las mujeres?, y a propósito, resulta irónico y hasta ofensivo que un abogado de Quetzaltenango haya presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de esa ley, por considerarla discriminatoria, utilizando una falaz e inapropiada fundamentación que hace para alcanzar su infame propósito. Esperemos que la CC desestime esta aberrante pretensión.
 
Las recomendaciones del Informe a los gobiernos deberían adoptarse para alcanzar el urgente objetivo de reducir esos femicidios; cito: “Apoyar a organizaciones de mujeres en el ámbito jurídico, impulsar las ventanillas únicas para reducir el abandono de casos en la cadena de justicia”, definida como los pasos que debe seguir una mujer para conseguir reparación, que se caracteriza por los altos niveles de abandono. También propone “que se emplee a mujeres en la primera línea de la aplicación de la Ley; invertir en el acceso de ellas a la justicia y capacitar a las y los titulares de las judicaturas”.
 
La violencia, como expresión de dominio y opresión, no discrimina, se manifiesta de diversas formas; no es normal ni provocada por ellas, es un delito y ocurre en cualquier lugar. No solo las pobres la sufren; veamos el drama Siekavizza.
 
El Informe también aboga por la representación femenina en ámbitos de toma de decisiones. Guatemala es uno de los países latinoamericanos con el porcentaje más bajo de mujeres en el Congreso; las mujeres nunca han superado el 10 por ciento en el pleno, en tanto que Costa Rica y Chile tienen la tasa más alta; sin embargo, aquí no se aceptan las medidas afirmativas. ¡Somos un caso paradigmático!
 
– Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA