Usted ya puede dormir tranquilo, paciente lector, después de escuchar a Patricia Espinosa y Francisco Blake asegurar que México no firmó ningún acuerdo de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos que avale la participación de personal de las agencias Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y del Pentágono en labores de espionaje, ni en operativos de combate al crimen organizado.

 

Con la declaración hecha a puerta cerrada ante los integrantes de la comisión bicameral de Seguridad Nacional –presidida por René Arce, el otrora guerrillero y perredista, aliado ahora al Revolucionario Institucional en la puja por la Jefatura de Gobierno capitalino, el gobierno de Felipe Calderón acabó dando más crédito a las revelaciones de The New York Times y su reportero Ginger Thompson, publicadas en la edición dominical del 8 y desmentidas enseguida por Alejandro Poiré –en su papel de vocero no de historietista– en términos que sin pudor repitieron la titular de Relaciones Exteriores y el de Gobernación.

 

Lo más novedoso, de acuerdo a legisladores asistentes, es que los comparecientes acompañados de Poiré y Guillermo Valdés –el de las encuestas al gusto del candidato Felipe Calderón, quien en premio lo nombró director del Cisen–, revelaron un hilarante secreto: el gobierno federal realiza labores de contrainteligencia para monitorear las actividades de los agentes estadunidenses –número que se negaron a revelar–, desplegados por todo el territorio mexicano y no en una sola base militar –como reveló el NYT–, desarmados y con estatus diplomático. Felipe González, el hidrocálido, lo explicó sin sonrojarse: “Se juntan (en una zona militar) para pasar toda la información y cuando terminan regresan a la embajada”.

 

Las explicaciones resultaron más inquietantes que la información del periódico neoyorquino. Y los rostros sonrientes de los funcionarios al concluir la sesión no se supo si obedeció a que convencieron a los legisladores o al mal chiste de que México tiene agentes en territorio estadunidense como parte de la colaboración para el combate al crimen organizado. No se refieren, por supuesto, a los miles que EUA capacita técnica e ideológicamente.

 

El hecho es que el gabinete de seguridad nacional va a la zaga de las informaciones de Wikileaks, La Jornada y la prensa estadunidense “que actúa en muchas ocasiones para presionar al gobierno de Obama”, juraron los funcionarios. Reaccionan, como ahora, tardíamente y mal sobre informaciones documentadas y hechos consumados.

 

La afirmación de Blake y de Espinosa en torno a “que no hay ninguna actitud injerencista de Washington” en México, niega lo que es del dominio universal, la naturaleza intervencionista de una potencia que impone su impugnado hegemonismo en base a la fuerza y las relaciones asimétricas.

 

También asiste la razón a los empleados del general de cinco estrellas porque su gobierno –subordinado como actúa frente a la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono– optó temprano por realizar el trabajo sucio –saturado de muerte y dolor, orfandad, desempleo y emigración– para que las drogas no entren a EUA aunque el consumo se mantiene inalterado, igual que su hipócrita puritanismo prohibicionista –copiado con torpeza por el gobierno mexicano, pero superado en varios estados de la Unión Americana–, e intocados su próspera industria armamentista y el negocio del lavado de dinero por bancos como Wachovia que blanqueó 378,300 millones de dólares entre el 1 de mayo 2004 y el 31 de mayo de 2007 (The Guardian, 11-V-11), y sólo fue multado con uno por ciento del total.

 

Utopía 1,009. 18-VIII-11

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