Caricaturizar las propuestas que en materia de seguridad y justicia formulan los críticos de las políticas oficiales, es lugar común del discurso presidencial. Simultáneamente, se presentan no sólo como las mejores sino como las únicas existentes las del general de cinco estrellas, con sus instrumentos básicos: el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el duopolio de la televisión.
 
El deporte del sexenio en vías de agotamiento, es la descalificación de las propuestas alternativas a la estrategia guerrerista de Felipe Calderón, o regañar y hasta manotear cuando aparenta que dialoga con dirigentes de organismos civiles que junto con Los Pinos defienden las anticonstitucionales funciones que en seguridad pública realizan las fuerzas armadas, como las señoras Isabel Miranda, María Elena Morera y Alejandro Martí
 
Las 30 propuestas que formuló la Universidad Nacional Autónoma de México, tienen como columna vertebral la celebración de un pacto político y social que permita reorientar las instituciones de seguridad y justicia con el propósito de hacer frente “a la crisis de violencia que enfrenta el país”. Con ello, las autoridades universitarias sitúan el problema en términos estructurales, enfoque que contrasta como el día respecto de la noche con la sobrecarga de moralina y las simplificaciones con que el titular del Ejecutivo federal y Margarita Zavala abordan discursivamente el tema de las adicciones a los narcóticos, en una aldea en que las elites dominantes y sus trasnacionales no se atreven a desmantelar el rentabilísimo negocio, pero también mecanismo de dominación de una ciudadanía, particularmente juvenil, que en España, Portugal y Grecia da formidables muestras de ruptura con el capitalismo salvaje y en Chile exige mejores oportunidades de estudio.
 
Naturalmente que la treintena de propuestas en materia de seguridad y justicia no dependen de la ambiciosa y complejísima materialización de un nuevo pacto, sino de la creación de consensos “para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y lesionados, la preservación de la integridad de las personas y la defensa de los derechos humanos”.
 
Entre los planteamientos destacan, también, el diseño de un plan para el regreso de las fuerzas armadas “a las funciones que le son naturales” –es una lástima porque Jorge Alcocer Villanueva ya descubrió “el sustento constitucional” para que estén en las calles–, llevar a su máxima intensidad la persecución del lavado de dinero –que la subestima el gobierno mexicano en su estrategia y la tolera abiertamente el estadunidense en su territorio–, establecer un registro de víctimas y fortalecer mecanismos de reparación del daño para los familiares, además que el Estado cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana e impulsar una cumbre internacional que valore los problemas de los migrantes, narcotráfico, drogas –que florecen como nunca en Afganistán bajo la ocupación estadunidense–, lavado de dinero y la trata de personas.
 
La treintena de propuestas de la UNAM son producto de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, celebrada en junio pasado, en la que participaron 88 expertos mexicanos y extranjeros; también de la intervención del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que no sólo las hizo propias sino subraya que los poderes públicos las tienen que cumplir, siempre y cuando se conviertan en “exigencia ciudadana” que permita obligar a Calderón a rectificar decisiones tan autocráticas como lineales.
 
Utopía 1,006. 12-VIII-11
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