En los balances de los veinte años de promulgación –más no de vigencia- de la Constitución Nacional, ha faltado ahondar en los temas del ordenamiento dado para el sistema político, la competencia por el Gobierno y los temas electorales y el balance no es nada halagüeño, en la medida en que seguimos teniendo grandes déficit de diseño, regulaciones, cultura política, lo que nos da como resultado una precaria democracia.
 
Estando a poco más de tres meses para las elecciones regionales del 30 de octubre, hemos vivido una semana en que se evidencia con claridad la fragilidad de la democracia colombiana y como las realidades de violencia, corrupción y mecanismos de exclusión juegan a fondo y no permiten que la Constitución Nacional sea un referente de convivencia para el conjunto de Colombia, lo que nos lleva afirmar que en muchas regiones y territorios se viva bajo el imperio de la “Ley de los dos metales”, plata o plomo, lo que constituye verdaderas ordenes sociales y políticas de autoritarismos, agenciados tanto por el neoparamilitarismo de las guerrillas de las FARC y ELN, por supuesto actores de diferente naturaleza, pero que ejercen poderes sobre la base de violencias e intimidaciones, lo anterior nos lleva a la afirmación que seguimos viviendo en una situación de permanente inconstitucionalidad en por lo menos un tercio del país, donde ejercen otros poderes y hay otro ordenamiento de regulaciones, lejos de la Constitución Nacional promulgada en 1991.
 
El informe elaborado por la Corporación Nuevo Arco Iris a solicitud del ministro del Interior Germán Vargas Lleras, sobre injerencia de ilegales en las elecciones regionales, sobre una delimitación de 23 departamentos y 75 municipios tuvo un efecto público importante en la medida que dinamizó el debate de la preocupante situación que se está viviendo y la urgencia en que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el conjunto del Estado y los partidos políticos asuman una acción clara, decidida y contundente para frenar la participación de redes de ilegalidad y violencia en las próximas elecciones.
 
El Informe de Corporación Nuevo Arco Iris, realizado sobre trabajo directo, indagando por las candidaturas, sus historias, las lógicas de actuación, el desempeño de las autoridades actuales arroja un preocupante panorama – y estamos hablando de una muestra pequeña de 75 municipios sobre 1.100 – donde se constata que las redes políticas construidas por el paramilitarismo entre los años de 1.985 y el 2.005 no son temas superados, es decir hay unos poderes regionales construidos desde la violencia y la ilegalidad que existen, se acomodan y tienen un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad y no dudan en recurrir a la violencia si lo consideran necesario para intimidar, excluir o eliminar contradictores y su motivación principal es hacerse al poder local o regional, bien sea de manera total o trabajando alianzas con otros poderes locales para acrecentar su poder económico, social y político.
 
La constatación de participación de redes de ilegalidad y mafias en la competencia electoral de octubre, igualmente evidencia que su capacidad de control de los aparatos estatales locales y regionales y su conexión con el Estado nacional son impresionantes, hablamos de sofisticadas organizaciones que tienen nexos de muy distinto tipo con funcionarios, bien sea o porque son orgánicos de estas organizaciones o porque les son funcionales en sus agendas de poder y por supuesto esto se ha construido en tres décadas de actuación desde la ilegalidad, instalándose en una legalidad distorsionada y siendo muy hábiles para controlar y manipular el Estado para sus interés. Esta constatación reafirma la tesis de la importancia de depurar el Estado de la presencia de los ilegales, a nivel concreto de la burocracia, como cuerpo de funcionarios encargados de las tareas a implementar por el Estado donde quizás cobre vigencia propuestas como la implementación de una carrera nacional de servicio civil para la gestión pública que sea altamente exigente y reglamentada donde se impida y controle el desempeño de los funcionarios, sólo por mencionar una propuesta.
 
Como se mencionó, esta semana se vivió un debate público sobre la injerencia de ilegales en las elecciones regionales, lo cual es una señal importante, es un tema que se analiza en las altas instancias del Estado nacional y del cual se esperan actuaciones concretas, que si bien no van a terminar con este fenómeno de ilegalidades si deben ir constituyendo una política estructurada para la superación de la violencia, la corrupción y la acción de los ilegales sobre el poder político y la administración del Estado en todos sus niveles.
 
La acción del DAS en controlar antecedentes judiciales es importante, el informe del Ministerio de la Defensa es importante aunque un poco tardío porque es información que se debió presentar hace unas semanas como señal inequívoca de enfrentar esta situación que tiene un énfasis en la amenaza guerrillera, que por supuesto existe, pero es de naturaleza de saboteo de las elecciones y muy poco de control del poder local, las declaraciones del Procurador son importantes al manifestar su preocupación por la capacidad del Estado de controlar las fuentes y las formas cómo se gestiona la financiación de las campañas y por supuesto que el tema sea analizado directamente por el Presidente y los partidos de la Unidad Nacional, todo esto constituye una señal de atención sobre el tema que se debe traducir en una acción coherente para enfrentar el reto de no permitir el acceso de las redes ilegales a la disputa del poder local y regional.
 
Este es un tema enorme y que ha venido creciendo en el país, el proceso de la parapolítica, evidenciado en el año 2005, sancionó algunas de sus cabezas visibles con cargos públicos, pero no afectó de la misma manera a sus agentes locales y regionales, lo cual nos deja como resultado que ese poder de ilegalidades, mafia y violencia sigue existiendo y ejerciendo en por lo menos trescientos municipios del país de manera muy fuerte y se expresa en otra cantidad significativa, lo cual nos deja que ésta es una tarea pendiente si queremos dejar de ser una precaria democracia, cruzada por violencias y usurpada por ilegales.
 
Las elecciones de octubre son un reto para disminuir este poder mafioso y está por verse una política para enfrentarlos y una acción de envergadura, temas en los que el presidente Juan Manuel Santos ha dado señales de estar comprometido.
 
Luis Eduardo Celis     
Coordinador de la línea de incidencia política, Corporación Nuevo Arco Iris
 
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 263
Semana del 15 al 21 de Julio de 2011
Corporación Viva la Ciudadanía.

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