Bajo el titulo Desaparecer el fuero de guerra, se anunció en la portada de la revista Forum (número 65, abril de 1998) la columna Reflexiones desde la prisión militar, mientras en la víspera el autor José Francisco Gallardo fue sometido a una farsa llamada consejo de guerra, realizado del 20 de febrero al 11 de marzo, del que resultó sentenciado a 14 años y ocho meses de prisión, de un total de casi 29 años.
 
A partir de entonces y hasta el 12 de julio pasado, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la trascendente decisión de acotar el fuero de guerra –por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los militares que violen las garantías fundamentales de los civiles sean juzgados en tribunales semejantes–, se brega en las organizaciones de la sociedad civil y política, en el debate de las ideas, por abolir un fuero que, como su nombre lo indica, sólo debe existir en tiempos de guerra.
 
Como argumentó el general Gallardo en su planteamiento periodístico, con todo y tener encima la espada de la injusticia castrense: “… a través de este fuero militar el alto mando en una errónea interpretación se arroga funciones supraconstitucionales que rompen el orden institucional y fomentan la impunidad, es decir, la práctica del delito bajo la sombra del poder, acto que desde la vida independiente del país ha permanecido incólume; de esta forma, lejos de que el Ejército auspicie el desarrollo y la convivencia social y pacífica de los actores políticos del país, se convierte en un ancla para la democratización de México”. Páginas 8-10 y con la siguiente liga o vínculo: http://www.forumenlinea.com/historicos/1998/065.pdf
 
La cita permite poner en relieve la magnitud de la tarea democratizadora del Estado aún pendiente, pero de ninguna manera es para regatear el alcance de la decisión unánime de los 10 ministros presentes, con todo y que la motivación proviene de la Corte Interamericana por el caso Rosendo Radilla Pacheco, el dirigente campesino guerrerense detenido por integrantes del Ejército el 25 de agosto de 1974, y que 37 años después gana una batalla que quizá ni siquiera soñó, pero que también la hicieron posible Tita Radilla y los familiares de las 437 víctimas, documentadas, de desaparición forzada.
 
La SCJN otorgó facultades a los tribunales para que analicen e interpreten en casos concretos las leyes que aplican para que las sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales. Concluyen, así, 70 años de monopolio de la Suprema Corte al respecto.
 
La torpe respuesta conjunta de las secretarías de Gobernación, Defensa y Marina de que el gobierno federal “reitera su respeto a los criterios orientadores (sic)  formulados por el máximo tribunal”,  los exhibe pillados con las manos en la puerta. Por si no fuera suficiente lo anterior, presumen que “el único delito” para el que se retiró el fuero castrense “tiene que ver con los derechos humanos”.
 
En tanto que altos mandos castrenses cabildean y hasta presionan a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso para que acelere la aprobación de una ley en la materia, que legitime la anticonstitucional intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, por decisión autocrática de su comandante supremo que ensangrentó a buena parte del país.
 
El ministro Arturo Zaldívar fue muy claridoso para que generales y almirantes comprendan la tarea que realizó la SCJN y el papel que le tocó desempeñar: “… no porque nosotros lo decidamos, sino porque hay una decisión de la Corte Interamericana que hemos decidido que nos obliga y nos vincula”. No se enojen, pues.