La oposición y los grandes medios alegaron fraude tras la positiva consulta popular encomendada por Correa. Dos de los puntos limitarían los intereses de los monopolios.
 
En Ecuador se realiza un recuento manual de los votos emitidos en ocasión de la Consulta Popular que se llevó a cabo el sábado 7 de mayo. Se votaron diez preguntas, cinco referentes a enmienda constitucional y cinco de consultas solicitadas por el presidente Rafael Correa. Las mismas fueron respondidas por “si” o por “no” por más de once millones de ecuatorianos, muchos de ellos radicados en el exterior. En todos los casos se esperaba una respuesta positiva.
 
La oposición, que se llamó a sí misma el NO, en clara referencia a la negación de los puntos planteados por Correa, sostuvo tras finalizar el escrutinio que hubo fraude. Tras las acusaciones se resolvió hacer un conteo manual de las millones de papeletas desde el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por el momento, y como se indicó desde el comienzo, el SI obtiene resultados favorables.
 
Entre las preguntas que más controversias generaron en el Referendo, se encontraban las que tenían como objetivo principal la reforma del sistema de justicia para combatir la inseguridad; la que se refería a limitar las inversiones de los medios de comunicación y la banca a sus respectivos ámbitos; y la de controles para evitar el enriquecimiento ilícito. También se hacía referencia en una de las preguntas a una posible modificación del Sistema Judicial.
 
En lo que atañe a los medios de comunicación, se produjo una situación similar a la de Argentina cuando se presentó el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los grandes monopolios de la información argumentaron para deslegitimarla que se trataba de una ley dictatorial, que incluía censura, persecución y un ataque a la libertad de prensa.
 
Sin embargo, en el caso ecuatoriano el punto era más que claro: “Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está Ud. de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad a los comunicadores o medios?”.
 
Otra de las preguntas proponía, con la finalidad de evitar conflictos de intereses, prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional. Lo que se pretende es profundizar las normativas en los espacios que no habían quedado claros en la reforma constitucional de 2008.
 
Ahora bien, durante el conteo de votos, los medios de comunicación hegemónicos sostuvieron que iba ganando el NO. Se les “olvidó” indicar que aún no se había contabilizado la mayoría de votos de las provincias donde la consulta arrojaba mayor respaldo a la propuesta del gobierno de Correa, como Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. ¿Se trató de un incidente? ¿Un incidente que puso a más de un ciudadano en situación de desconcierto?
 
Los grandes medios de comunicación ecuatorianos, apoyados por ex funcionarios de gobierno, por la derecha del país e incluso por el sector más conservador de la Iglesia Católica, se refieren a la libertad de expresión como una bandera inquebrantable. Sin embargo parecen perder de vista el significado de tal concepto. ¿La libertad de expresión es la que permite distorsionar la información del modo señalado?
 
Los discursos en la sociedad tienen un poder incluso más determinante que el dinero. Su circulación hace que los sujetos se posicionen ante el mundo de una manera u otra, sirven para justificar los actos más atroces. Es innegable el poder de los medios de comunicación concentrados porque son los que generan discursos en gran medida, y los que permiten su circulación… o no.
 
La creación de un ente regulador significaría entonces la imposibilidad de continuar con discursos que atenten contra la verdad, más allá de que eso vaya en contra de los grandes intereses. Y en un contexto Latinoamericano en pugna por una comunicación popular y para todos, con una pluralidad de voces hasta ahora acalladas, los monopolios ven amenazados sus intereses.
 
Los pueblos son consientes de las manipulaciones de las empresas mediáticas, como lo ejemplifica la toma del canal 8 en Venezuela por parte de los ciudadanos tras el golpe de Estado en el 2002; la amplia discusión y respaldo para la sanción de la ley de medios en Argentina; y ahora, el apoyo popular a la propuesta del presidente Rafael Correa en Ecuador. “Tenemos total tolerancia a la crítica, lo que no vamos a tener es tolerancia a la mentira”, dijo el presidente respecto a la acción medios.
 
La decisión final entre el SI y el NO ya está ejecutada, el CNE debe finalizar el conteo manual de votos para ver finalmente qué cuestiones serán modificadas y cuáles no. Ante la decisión del pueblo habrá que ver cómo reaccionan los medios.
 
Agencia Periodística de América del Sur (APAS)