Hay una crisis de seguridad en Colombia desde hace 25 años, cuando se configuraron las dos grandes amenazas a la seguridad del estado y de la Sociedad: las guerrillas de FARC y ELN y el paramilitarismo, por supuesto, de muy distinta naturaleza las dos; las guerrillas como un poder alterno en búsqueda de imponerse al estado y el paramilitarismo, como una confluencia de procesos mafiosos constituidos desde el narcotráfico, que se articularon al poder terrateniente, los círculos políticos de mayor raigambre de derechas y sectores de militares alineados en la guerra contra el comunismo, esta cuádruple articulación, configuro un enorme poder, que subsiste hasta el día de hoy y se expresan en la sociedad y en la política colombiana.
 
El presidente Uribe ofertó la derrota de las guerrillas y abrió una operación de legalización del paramilitarismo, en ambas tuvo logros parciales, pero para nada definitivos, y es lo que el país hoy vive y se pretende mostrar como un “declive de la política de seguridad” y utilizar este argumento para golpear políticamente la administración del presidente Santos.
 
Toda la evidencia empírica sobre la dinámica del conflicto armado y la acción Neo-paramilitar, muestran que desde el año 2008, las guerrillas de FARC y ELN –de manera distinta- habían logrado un importante nivel de adaptación a la política de seguridad democrática, del Presidente Álvaro Uribe y se había configurado una nueva –integrada por muchos procesos anteriores- dinámica del no superado paramilitarismo.
 
Los estudios adelantados por CERAC, CINEP, INDEPAZ y Corporación Nuevo Arco Iris, desde sociedad civil, los reportes de Wola o la MAPP-OEA, muestran con diferentes énfasis y perspectivas metodológicas y conceptuales, que el tema de grupos organizados de muy disímiles orientaciones ideológicas, persisten en su actuación y siguen afectando de manera dramática por lo menos un tercio del país con el agravante de que el tema de las redes mafiosas, han ganado espacio en las grandes ciudades.
 
La seguridad sigue siendo un tema central y no resuelto, ligado a una crónica situación de violación de derechos humanos y de DIH, a un control autoritario y criminal de territorios y poblaciones, a una sobrerrepresentación del poder mafioso ligado a la parapolítica, tema tampoco superado y a una sociedad que debe invertir demasiados de sus recursos en los temas de seguridad.
 
En síntesis, hay vigente un desafío de superar la vieja violencia guerrillera, que ahora es menor que la actuación y presencia Neoparamilitar, por supuesto en modalidades y lógicas de actuación diferentes, y de conjunto garantizar una vigencia del estado de derecho consagrado en la constitución nacional en todo el territorio nacional.
 
La seguridad es un tema crítico, fundamentalmente por los resultados de los ocho años de la administración del presidente Álvaro Uribe y no por los ocho meses del presidente Juan Manuel Santos.
 
– Luis Eduardo Celis es Asesor Corporación Nuevo Arco Iris
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 252, Semana del 29 de abril al 5 de mayo de 2011, Corporación Viva la Ciudadanía.