Hay que decirlo con todas sus letras. Felipe Calderón Hinojosa ejerce el poder presidencial en México como un presidente ilegítimo. Y ese es un consenso generalizado. Porque no ganó limpiamente en las elecciones del 2006. Obtuvo números a su favor con trampas cibernéticas. Se vio en el comportamiento inusual del acumulado de votos expresado en las gráficas del IFE y en las pantallas de la televisión el día del conteo; se comprobó después en todos los análisis matemáticos de la academia y la negativa de abrir los paquetes electorales para un nuevo conteo de los votos.
 
Entonces el ganador fue Andrés Manuel López Obrador. Y por lo tanto él tiene razón cuando afirma que “la mafia del poder le robó la Presidencia”. Porque así fue. Pese a todo lo que se disienta de él. Porque con el fraude que se cometió, así Calderón se hizo Presidente de la República. Como el candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Y su ambición de prolongar otro sexenio, seguido del que sí ganó Vicente Fox Quesada, con votos y gobernó con toda legitimidad. Pese a tamañas torpezas cometidas y a sus promesas y políticas falaces. O a todo lo que se le pueda criticar, como obedecer en todo a los designios y presiones de Estados Unidos.
 
No así con Calderón. Tan oscura fue la declaratoria de ganador, como tramposa la toma de protesta en la sede del Congreso de la Unión el 1° de diciembre de 2006. La misma no hubiera ocurrido sin la complicidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Coludido con el PAN, el PRI avaló el arribo por la puerta de atrás a Calderón para que protestara para un cargo que no ganó con votos. Por lo tanto, llegó al cargo bajo la más completa ilegitimidad. Igual que Carlos Salinas de Gortari en 1988 quien llegó con un fraude monumental cuando el vencedor fue Cuauhtémoc Cárdenas, también vía la “caída del sistema”, anunciado entonces por el secretario de Gobernación en turno, Manuel Bartlett Díaz. También con el apoyo del PAN. Por eso en el 2006 el PAN se la cobró al PRI: “una por otra”, y el PRI asintió.
 
La desesperación de Calderón por las presiones políticas y mediáticas —en la medida que se le dio cabida en algunos medio a El Peje, no así en las pantallas del duopolio televisivo claramente entreguista—, por las movilizaciones que demandaban el “voto por voto”, le urgió a un golpe de timón al mismo estilo Salinas que preparó el encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina. Calderón se sacó de la manga operar la “guerra contra el narcotráfico”. Y sacó a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles. Con acciones primero en su estado natal, con el Operativo Conjunto Michoacán, luego el Operativo Conjunto Chihuahua, Calderón decidió solo lo que luego —más pronto que tarde— devino claramente militarizar las calles. Eso con intenciones de infundir temor en la población, además de ganar legitimidad a costa de acciones. Fatuas, más que eficientes, pero al fin ejerciendo una facultad presidencial como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
 
Pero sin mayores precauciones; es decir, sin un aval del Congreso. Sobre todo porque las FA no podrían, y no pueden todavía, ejercer funciones de la policía federal. Y porque el legislador no le quiere entrar al tema de regular ese dilema; porque el Ejército se opone al enjuiciamiento por violaciones de derechos humanos contra civiles. Por cierto que, en todo este enredo presidencial, la Secretaría de Seguridad Pública ha brillado por su ausencia. Y la policía federal, o bien no atina a ofrecer resultados por inoperante, o no los da porque está claramente coludida. El caso es que Genaro García Luna, titular de la SSP, dirige pero sin resultados. No puede o no quiere. Sin embargo ha sido sostenido en el cargo por Calderón, contra todo cuestionamiento pese a su incapacidad. No así al procurador Arturo Chávez Chávez.
 
El caso es que, a estas alturasde gobierno, queda más que claro que la ilegitimidad de Felipe Calderón no justifica la violencia. En México como en cualquier parte del mundo. Menos cuando la dichosa “guerra” contra el crimen organizado ha costado casi 40 mil vidas en lo que lleva el actual sexenio. Miles de ellos inocentes, simplemente catalogados como “daños colaterales” por el gobierno, las vidas no pueden seguir acumulándose para la estadística.
 
Peor cuando, desde que Calderón comenzó su dichosa “guerra”, se ha planteado que sin resultados lo mejor debería ser el replanteamiento de su estrategia. Montado en su macho, empecinado en atacar a los violentos con la violencia —los carteles que se disputan los negocios millonarios del tráfico de las drogas en México y hacia los Estados Unidos—, no ha ensayado siquiera con otras medidas. No se ha tocado el corazón de las finanzas. Más cuando los recursos que manejan las bandas del crimen organizado se cuentan por millones de dólares. Nada se hace en contra del lavado de dinero; dizque el Congreso no se pone de acuerdo. No se investiga sospechoso alguno. La medida recientemente anunciada por la PGR de que la ciudadanía denuncie el narcolavado bajo recompensa es una tomadura de pelo.
 
Lo peor de todo es que la impunidad sigue campante. Eso sostiene a los implicados en sus mismos espacios de gobierno: autoridades de todos los niveles cooperan o forman parte de las bandas del crimen entregados al dinero fácil. Muy raspada queda la justicia mexicana en estos temas. Aparte que todo el sistema judicial está corroído por el mal funcionamiento de origen. La reforma al sistema se quedó en los juicios orales que siguen entrampados. El juicio oral que liberó a Sergio Barraza, el asesino de la joven Rubí Frayre, en Chihuahua, fue ejemplo de la ineficacia. Eso puso en jaque a toda la reforma.
 
Los cientos de denuncias por esclarecer los crímenes de los caídos en dicha “guerra” antinarco, duermen el sueño de los justos. Una muestra de la inoperancia del gobierno federal. Ese es el saldo de una guerra con fines legitimadores. Tal y como demandaron el miércoles los manifestantes en 24 entidades del país —atendiendo a la convocatoria del poeta y escritor Javier Sicilia, padre del recién asesinado Juan Francisco, junto a seis jóvenes más—: “Una guerra que no es nuestra”. De ahí otras demandas ciudadanas de actualidad como el: “No + sangre”; o “Renuncien si no pueden”; “Que se vayan todos”, o el “Ya basta”.
 
La sociedad tiene miedo. Porque todo México es escenario de violencia. Todo México es territorio en disputa. Aún así crece la indignación ciudadana. Por eso el “¡Ya basta!”. Ahora más que nunca vale el clamor: “Estamos hasta la madre”, de Sicilia. Y porque Calderón inició esta guerra, merced a su intentona de legitimidad, llegó el tiempo de exigir al Congreso: ¡Replantear la estrategia antinarco!; ¡“No más impunidad”!; ¡”Juicio político a Felipe Calderón”!