El tamaño del desastre ocasionado por la crisis ambiental y el crudo invierno que el país ha soportado durante los últimos seis meses aún no pude ser valorado en su totalidad. Al momento de escribir estas líneas, enero 14 de 2011, se ha calculado que los damnificados y los efectos dejados por la ola invernal y por la desidia de los gobiernos departamentales, municipales y por las Corporaciones Autónomas Regionales en todo el país arroja las siguientes cifras: 2.431.000 damnificados en más de 720 municipios del país, cerca de 400 mil viviendas seriamente averiadas y más de 5.000 totalmente destruidas. Los departamentos más afectados siguen siendo Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Atlántico, los Santanderes y Antioquia. Los muertos son más de 320 a nivel nacional y siguen cerca de 60 personas desaparecidas. Más de un millón de hectáreas han sido afectadas por la ola invernal y por el desbordamiento de los ríos. Estas hectáreas representan el 6% del total de las tierras productivas del país. Según la Federación de Ganaderos 50 mil vacunos se ahogaron y un millón y medio más han tenido que ser trasladados a sitios diferentes ubicados a mayor altura. Son 758 las vías afectadas según el Gobierno Nacional.
 
Para hacer frente a esta tragedia el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, decretó la Emergencia Económica, Social y Ambiental que es uno de los estados de excepción que contempla la carta política y que le permite al Ejecutivo gobernar por decreto sin acudir al Congreso de la República. Estos estados de excepción tienen un doble control, por una parte el Congreso de la República ejerce un control político y la Corte Constitucional un control jurisdiccional. El primero comenzará justamente este lunes 17 de enero. El Congreso en uso de sus funciones legales y constitucionales examina los contenidos de los decretos expedidos y la propia declaración del estado de emergencia económica y social. La Corte Constitucional ejerce su control jurisprudencial ateniéndose a la Carta Política y valorando si se presentaron hechos sobrevivientes que justifiquen el uso de la figura de excepción. En esta ocasión y contrario a muchas otras en que la Corte no ha encontrado motivos reales como la emergencia decretada por Uribe a finales del año pasado para afrontar la crisis del sistema de salud y que fue declarada inconstitucional por parte de la Corte, en esta ocasión repito, creo que la Corte y el Congreso encontrarán ajustada a la Carta Constitucional la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental.
 
Las medidas tomadas por el Gobierno
 
Al amparo del estado de excepción el Gobierno ha tomado una serie de medidas que en resumidas cuentas se puede resumir en las siguientes: (1) La creación de un fondo para atender humanitariamente a los damnificados que incluyen recursos para alimentación, traslados, alojamientos transitorios y en general para atender de manera inmediata a los 2.4 millones de damnificados. Al frente de dicho fondo se ha nombrado una junta directiva con representantes principalmente de los gremios económicos a cuya cabeza designó al actual presidente del mayor banco del país, el Banco de Colombia, Jorge Londoño Saldarriaga y como director ejecutivo a quien ocupará durante tres años aproximadamente el mismo cargo en el Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC, Everardo Murillo Sánchez. Este fondo con muy contadas excepciones ha sido calificado como exitoso tanto a nivel nacional como a nivel internacional por organismos como el Banco Mundial y la Organizaciones de Naciones Unidas, ONU. (2) Para la reconstrucción también ha creado un fondo al frente del cual también ha nombrado a un grupo de empresarios y representantes gremiales y también ha puesto al frente a Jorge Londoño como su presidente.
 
Nótese que de manera acertada, a nuestro juicio, se separaron las fases de atención humanitaria de la fase de reconstrucción. En la primera los agentes principales para la distribución de las ayudas humanitarias son la Cruz Roja, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las gobernaciones departamentales y los gobiernos municipales. No puede ser de otra manera, dadas las grandes limitaciones institucionales de la Oficina para la atención de Desastres que depende del Ministerio del Interior. Si se quiere llegar de manera ágil y oportuna con alimentos y demás elementos de atención humanitaria el gobierno tiene que recurrir a instituciones que tengan un cubrimiento nacional ágil. También se ha apoyado el gobierno en las iglesias. Una enseñanza que dejo el tratamiento de la tragedia del eje cafetero fue precisamente el de diferenciar la fase de atención humanitaria de la fase de reconstrucción. En la primera se deben atender las necesidades inmediatas en materia de alimentación, vestuario, elementos de cocina, albergues temporales, pago arrendamientos a las familias damnificadas, lo cual debe proveerse de manera inmediata. El Gobierno a nuestro juicio ha respondido adecuadamente. Otra cosa es el deplorable comportamiento que se viene denunciando por parte de los damnificados del uso politiquero que algunos alcaldes y gobernadores han venido dando a esos recursos. Aquí la labor de las organizaciones sociales debe ser la implementación de veedurías ciudadanas que controlen el uso de los recursos destinados a esta fase de atención humanitaria de emergencia. El gobierno nacional debería facilitar esta labor de veeduría estableciendo un sistema transparente de información sobre los montos de dineros desembolsados a las distintas entidades comprometidas en la fase de atención humanitaria de emergencia. Una página Web donde se especifiquen montos, destinatarios y administradores de los recursos ayudaría mucho para que las veedurías ciudadanas puedan ayudar al correcto uso de los recursos públicos.
 
Una segunda fase es la de la reconstrucción que demandará grandes inversiones del Estado para la construcción y reparación de viviendas, vías, obras de contención y dragado de los ríos, construcción y reconstrucción de vías; en general, la reconstrucción de grandes obras públicas. Esta fase requiere de otra lógica, así lo demostró la reconstrucción del eje cafetero y nos parece que el gobierno de manera acertada ha planteado institucionalidades diferentes para ambas fases.
 
El financiamiento de las dos crisis humanitarias
 
También ha acertado el Gobierno de manera general en las primeras medidas económicas que ha puesto en marcha haciendo uso de la emergencia económica y social. La destinación del impuesto a las transacciones bancarias de los años 2012 y 2013 con destino a la atención que demandará la reconstrucción había sido propuesta por diferentes entidades y dentro de ellas la Comisión de Seguimiento a la Política Pública frente al Desplazamiento Forzado, así mismo el impuesto a los patrimonios superiores a los mil millones de pesos con tasas diferenciales estableciendo un mayor gravamen a los patrimonios mayores también es acertado a nuestro juicio. La venta de un 10% de la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, no nos parece acertado pues como lo han dicho coloquialmente algunos de los más destacados economistas del país es como vender la nevera para comprar mercado. Con esta privatización el Estado está poniendo en riesgo el futuro económico de las finanzas económicas al vender uno de los activos más rentables con que cuenta. La crítica se ha hecho, pero el Gobierno ha respondido que se trata de invertir en activos como vías y obras de infraestructura. Se trataría de vender un activo para invertir en otros activos. No obstante seguimos considerando que vender una de las pocas joyas de la corona con que actualmente cuanta el Estado colombiano no es lo más aconsejable para la economía colombiana ni para las finanzas públicas.
 
El otro tema que se plantea es el que tiene que ver con el financiamiento de la ley de víctimas. Algunas de las fuentes a las que ha echado mano el Gobierno estaban propuestas para alimentar el fondo para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia que supera ampliamente los 4.5 millones de colombianos. Ahora el gobierno de Santos tendrá que buscar nuevos recursos para cubrir los 45 billones en que el gobierno ha calculado la reparación a las víctimas del conflicto armado durante los próximos diez años. El cálculo de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento forzado estimó que ese costo será de 66.5 billones si se tiene en cuanta el lucro cesante y los bienes inmuebles. Este es el tamaño del reto que afrontará el país en materia de financiamiento de los dos mayores componentes de la crisis humanitaria: los damnificados por el invierno que son cerca de 2.5 millones de personas y la crisis humanitaria ocasionada por el conflicto armado que son un poco más de 4.5 millones de personas. Seguramente una reforma tributaria será necesaria para afrontar la inversión que debe realizar el Estado para cubrir esta doble crisis humanitaria.
 
Los riesgos de la atención humanitaria y de la reconstrucción
 
Finalmente como lo hemos señalado echamos de menos que no haya un debate serio sobre la crisis ambiental derivada del modelo de desarrollo económico que se ha puesto en marcha en Colombia caracterizado por la deforestación, la minería a cielo abierto, la potrerización y la ganadería extensiva, la reducción de las reservas ambientales y el poco estímulo a la economía campesina y a los territorios ocupados por nuestra comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes. Colombia requiere un replanteamiento a fondo de sus políticas ambientales. Si esto no se realiza seguiremos siendo presa fácil del cambio climático y de la crisis ambiental.
 
Un segundo factor de riesgo es el manejo de los recursos para la reconstrucción. Hay que señalar de manera clara e inequívoca que buena parte de la responsabilidad en el tamaño de la tragedia se debe al desgreño administrativo, a la corrupción y el saqueo del erario público en buena parte de las regiones que han sido impactadas con mayor rigor por la crisis ambiental y por el invierno que nos azotó durante los pasados seis meses. En la Costa Atlántica, gobiernos clientelistas y corruptos no realizaron el dragado de los ríos, el mantenimiento de los distritos de riego, el mantenimiento del Canal del Dique, en fin, las obras que deberían haberse hecho tanto como el mantenimiento de las obras ya existentes. Si estos mismos gobiernos van a manejar los recursos, la reconstrucción será un desastre. El Gobierno del presidente Santos lo sabe. Esperemos que tome las medidas correctas para que se repita el éxito de la reconstrucción del Eje Cafetero y no los desastres como se atendió a la reconstrucción de Popayán o de Armero.
 
El reto que tiene el Gobierno del presidente Santos es el de aprovechar la coyuntura trágica para el financiamiento y la realización de obras que el país viene esperando por décadas y que administraciones corruptas, clientelistas e ineficientes han impedido desarrollar sobre todo en nuestra Región Caribe.
 
Bogotá, 14 de enero de 2011.
 
– Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 238, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org