El móvil fue político. El caso es que entre los desenlaces de trascendencia al cierre del 2010, en un escenario nacional muy dinámico, ocurrió la liberación de Diego Fernández de Cevallos luego de un secuestro que duró por lo menos 220 días, entre el 14 de mayo y el 20 de diciembre. No obstante, según revelaciones de La Jornada lo habrían soltado desde el día 11 del mismo mes, previo pago de un rescate tasado en 30 millones de dólares que fueron entregados el 10.
 
Pero el proceso como tal, desde su retención hasta su liberación, resultó un vericueto delincuencial complejo y con muchas aristas. Desde el momento en que Diego fue plagiado, pasando por los “misteriosos desaparecedores”, hasta el día de su liberación, todo plagado de ambigüedades y contradicciones o versiones disímiles. Incluso el silenciamiento mediático, a petición de su familia. ¿Abandono de la justicia o de la PGR? Indagatorias sin resultados conocidos, al menos públicos, al final del 2010 fue el saldo.
 
Ni qué decir de los motivos del plagio; puros claroscuros. Que si fue una vendetta por asuntos personales contra El Jefe Diego —político catalogado por sus detractores como “rico por su tiple carácter de funcionario del Estado, empresario y abogado”—, que si una medida para ver la reacción del gobierno. Que si un artilugio para sacudir al sistema político y tratar de incidir en la próxima sucesión presidencial del 2012. Nada claro. El caso es que la vulnerabilidad de los políticos mete más temor a la sociedad. Ni hablar del clima de inseguridad que merodea en el territorio nacional.
Un suceso, en fin, a considerar entre la duda y la sospecha. Con tantas líneas de investigación abiertas, donde cabe de todo, hasta secuelas; interrogantes, más que respuestas. Por eso la demanda generalizada de esclarecer el plagio de Cevallos. Todo un reto.
 
El peligro está en que la justicia ponga oídos sordos. A ver qué rumbo adopta la PGR; si claridad o más impunidad. Y pese a la sentencia del propio Diego: “…las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropello, sin flagelaciones”. Y agregó: “Como hombre de fe, ya perdoné”. Victimizó el secuestro a su favor, lo que en primera instancia benefició al PAN por lo menos coyunturalmente.
 
Urgen soluciones por el bien de todos. Gobierno y clase política. No obstante a los políticos parece no importarles. Porque comenzando por los panistas, parece importar más la complacencia; que Diego esté libre, “sano y salvo”. Como si lo sucedido fuera cosa del pasado. Pero hacer como que no pasara nada es peligroso. Todos vulnerables no es poca cosa.
 
Sobre los autores del plagio, puras hipótesis. Que si se trató de “un grupo muy poderoso, con una gran organización y grandes recursos”, como aseguró en su momento Fauzi Hamdan. Al final se habló de una guerrilla con “nexos internacionales”. Se presume que fue el grupo guerrillero Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), una escisión del EPR, dado el símil con otros secuestros. También se dice que tras la “Red por la transformación global” pueden estar el ERPI y hasta el EZLN. Aseveraciones negadas.
 
El asunto es que el caso Diego debe ser tratado, como se demandó desde el principio, como asunto de Estado. Porque minimizarlo es aplicar la política del avestruz frente a una inseguridad creciente donde cualquiera puede ser víctima de este y otros delitos.
 
Pasar de que si los “misteriosos desaparecedores” son radicales o no; si encajan en el concepto de la guerrilla de los años 70; si están camuflando sus intereses en una mascarada revolucionaria; si el discurso está bien armado y delata a personajes con preparación y cultura, etcétera. De ahí hasta la verdad.
 
Peor sería si, como también se presume, que atrás de dicho grupo “poderoso” con “nexos internacionales” se escondiera un grupo de interés tratando de irrumpir en la actividad política sucesoria de la Presidencia hacia el 2012. Eso sí que es crucial para el país.
 
Por eso el secuestro de El Jefe Diego debe considerarse una tarea para el Estado mexicano. No solo del gobierno de Felipe Calderón, o exclusivamente del PAN. Sino de todos los poderes establecidos; una tarea de Estado.
 
Y que quede claro. No para ayudar al PAN. Tampoco por apuntalar a cualquier presunto candidato panista en el 2012. Porque el partido en el poder cosechará lo que ha sembrado durante los dos sexenios. Nada de eso. Es porque desentrañar si hay grupos de poder escondidos en tamañas acciones, y con claras intenciones políticas de ensuciar la sucesión presidencial, eso sobrepasa cualquier mezquindad partidista.
 
Porque una institucionalidad —desde el punto de vista de la propia Constitución— desbordada, resulta atentatorio de la estabilidad y de la viabilidad como país, la seguridad nacional incluida. Por eso el caso Diego sobrepasa incluso aspiraciones personales; si resulta o no candidato para el 2012, como lo afirmaron algunos panistas, es lo de menos. O si se convierte en “gran elector” para nombrar al bueno de su partido, y que si su regreso “será brutal” (Rodríguez Prats) al interior del PAN; se olvida que los tiempos de Diego como candidato ya pasaron.
 
Lo realmente importante es esclarecer si atrás el grupo de plagiarios hay poderes fácticos con fines criminales, y tratando de actuar desde afuera del propio sistema político con fines perversos. Esa es una hipótesis más, pero sería algo verdaderamente grave de ser cierta. De ahí la preocupación y la advertencia juntas.
 
Más tras la sospecha ¿fundada? de que hay políticos mexicanos como cómplices; “personajes de la política supuestamente relacionados con ellos”, según el testimonio de Eduardo García Valseca, plagiado en 2007, y su esposa Jayne Rager, en declaraciones recogidas por Proceso del 26 de diciembre de 2010.
 
¿Políticos obteniendo algún beneficio si no económico, tratando de incidir en la sucesión presidencial? Eso sí que sería temible. Porque el Estado estaría entrando a una etapa de ilegalidad total; cayendo en un escenario que iría más allá, incluso, de los asesinatos políticos como mecanismo sucesor de elites en el poder político. El país se estaría encaminando hacia un Estado mafioso. Interrogantes para la justicia. Lo único cierto, hasta ahora, es que el móvil fue claramente político.