Fruto directo de los descoordinados operativos que realizó la Policía Federal la semana pasada, en contra de La familia –tanto que ignoró no sólo al gobernador, lo que es habitual, sino al Ejército y la Armada hasta que 100 agentes se quedaron sin parque y rodeados por 400 sicarios y ambas fuerzas armadas tuvieron que entrar al rescate en uno de los muchos puntos en que hubo enfrentamientos–, es la cuarta solicitud de tregua del cártel al gobierno federal, en esta ocasión por medio de un comunicado urgente y la advertencia de que Los zetas preparan ejecuciones de alto impacto, en Morelia, Michoacán.
 
De la magnitud de los operativos ilustra que a la hora de emprender la persecución contra Nazario Moreno González, también conocido como El más loco, y los 400 sicarios que formaban parte de su escolta personal, oficialmente abatido pero sin que se rescate aún su cuerpo, intervinieron cuatro helicópteros del Ejército y dos de la Marina que se sumaron a los siete que mantuvieron en combate los pilotos de Genaro García Luna.
 
Nadie sabe a ciencia cierta, salvo los jefes de la guerra que hace cuatro años inició Felipe Calderón, y precisamente con el Operativo Michoacán, si la PF se lanzó a la batalla por su cuenta y si la balacera con el capo fue un hecho fortuito, producto de su trabajo de inteligencia o de las agencias de Washington que tanto desconfían de las locales. Lo cierto es que “los azules no confían ni en su madre”, reveló una fuente consultada por Arturo Cano, con todo y sus 34 mil integrantes, cuando en diciembre de 2006 eran sólo 6 mil 500.
 
Para demostrar que en este sexenio no existe ningún cártel favorito, como lo afirma y hasta lo asegura la voz ciudadana, Calderón Hinojosa dio a conocer gráficas el 1 de diciembre, con motivo de su discurso oficial –no el guerrero acto partidista y gubernamental efectuado en el Auditorio Nacional–, sobre las detenciones practicadas.
 
Los datos de Presidencia indican las siguientes detenciones de burreros, sicarios y capos: 28% pertenecen "al cártel del Golfo y Los zetas" (sic que advierte lo elemental: son antagónicos), 24% al del Pacífico, 15% al de Beltrán Leyva, 15% al de Juárez, 12% al de Tijuana y  4% a La familia.
 
Con los porcentajes brindados por el comandante supremo de las fuerzas armadas, por fortuna vestido de civil, es evidente que La familia es el cartel al que menos detenciones se le produjeron, pese a los violentos operativos recientes que motivaron que “de Uruapan salieron helicópteros cargados de soldados y policías muertos o heridos”.
 
Liquidada oficialmente la cabeza principal del cártel hegemónico en la tierra chica de Calderón, los que quedaron al mando, desde la serranía michoacana le recuerdan en la víspera de concluir la primera quincena del penúltimo año de su gobierno, lo siguiente:
 
“(…) le preguntamos, ¿acaso él y su familia podrán vivir en paz en este país cuando termine su mandato. La guerra tiene costos visibles e invisibles. El gobierno federal está consciente de ello?”
 
La dosis de amenaza para sentarse a negociar es evidente. Práctica cotidiana que el discurso presidencial niega, pero que se ejerce con los testigos dizque protegidos, incluso para echarlos a andar contra adversarios políticos y periodísticos, como Ricardo Ravelo y Proceso.
 
La respuesta a la pregunta de La familia se halla en el proyecto de los Calderón Hinojosa para hacerse, por medio de Cocoa dentro de un año, de una fortaleza, arrebatándosela más por las malas que por las buenas, incluso partidizando la guerra, a la familia Cárdenas y al PRD.
 
105 mil bajas –entre muertos, heridos y detenidos– del narcotráfico no son suficientes para el grupo gobernante.
 
Utopía 912
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