Unidos por su historia y sus culturas, por sus prolongadas luchas y sufrimientos, el norte y el sur de nuestra América, sin embargo, se distancian cada vez más en el terreno de lo político, lo económico y lo social.
 
Con solo días de diferencia, las declaraciones del ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, durante su visita a Honduras, y las del presidente de Brasil, Lula da Silva, en la IV Cumbre de UNASUR, ilustran a cabalidad las dos tendencias que perfilan el rumbo de nuestra América en el siglo XXI.
 
En Tegucigalpa, donde dictó una conferencia para estudiantes y empresarios, Uribe hizo la apología perversa del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, al afirmar que los acontecimientos de junio de 2009 y las posteriores elecciones fueron “un gran ejemplo de valor cívico y democrático al impedir que [a Honduras] le impusieran un modelo foráneo". Y agregó: “Yo no veo en América Latina simples populismos, aquí hay unos nuevos comunistas.” (América Economía, 23/11/2010).
 
Para los intereses del establishment estadounidense y de la derecha criolla, de los cuales Uribe es un entusiasta portavoz, la interpretación de nuestros procesos políticos no va más allá del estrecho marco explicativo del anticomunismo enfermizo, que tantas muertes y represiones provocó en América Latina durante el siglo XX.
 
Por el contrario, para el presidente brasileño, uno de los artífices del nuevo giro emancipador latinoamericano, el panorama regional es muy distinto. En su intervención ante el pleno de la Cumbre de UNASUR en Guyana, Lula no dudó en señalar que “ahora en Latinoamérica tenemos mayor soberanía y autodeterminación (…). Daba vergüenza que un secretario de tercera del FMI mirara a los presidentes de América Latina con desprecio y tuviera la audacia de decirle qué hacer. Hoy eso se acabó (…). Somos un punto de referencia para las regiones, Suramérica es un continente de paz donde resalta la democracia” (Telesur, 26/11/2010).
 
Las discrepancias entre ambas concepciones de la realidad latinoamericana, y sus consecuencias prácticas, simplemente resultan abismales.
 
En el norte de nuestra América, es decir, en México, Centroamérica y Colombia, los problemas directos e indirectos asociados con el narcotráfico y la violencia, la transnacionalización de las economías y la “gerencialización” de las clases políticas, han sellado la suerte de estos países bajo la doble égida del capital privado extranjero y el proyecto hegemónico imperial estadounidense.
 
En ese sentido, es ilustrador el editorial publicado por el diario La Nación de Costa Rica, el pasado 28 de noviembre (“Nuevas oportunidades en Washington”), en el que se alaban las diatribas anti-latinoamericanistas de los congresistas republicanos del estado de Florida, Ileana Ros-Lehtinen y Connie Mack, y su llamado a que la Casa Blanca “encare” a los gobiernos del ALBA. Que el grupo empresarial mediático más importante de Centroamérica haga suya esta posición y la exprese públicamente, revela el estado de ánimo reinante entre los sectores dominantes del área.
 
Algo muy distinto avanza al sur de la frontera simbólica que hemos denominado el Darién ideológico, más allá de Panamá y Colombia. Sin perder de vista sus limitaciones y contradicciones, es innegable que, durante la última década, el proceso revolucionario y reformista nacional-popular suramericano, articulado en torno al eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires, fortaleció la autonomía política, impulsó la construcción de alternativas de integración y complementariedad en diversos campos (economía y finanzas, infraestructura, seguridad, cultura, educación), consensos y horizontes de futuro compartido, como nunca antes había conocido el continente.
 
Gracias a los liderazgos de hombres y mujeres de la “generación del Bicentenario”, Suramérica fortaleció su posición en el sistema internacional, desligando su política exterior del sometimiento tradicional a los Estados Unidos, y al mismo tiempo, abrió nuevos espacios de encuentro en la lógica Sur-Sur (con el Caribe, África y las potencias emergentes del grupo BRIC: Rusia, India y China).
 
Este rumbo propio, mucho más independiente en la formulación de políticas públicas, y más consciente de las potencialidades de actuar como bloque regional, parece dar ya sus frutos en el campo socioeconómico.
 
Según el informe Panorama social en América Latina 2010, de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), desde el año 2002 y a partir de una mejor distribución de la riqueza, un total de 41 millones de personas lograron salir del umbral de la pobreza. “Los avances fueron especialmente fuertes en Argentina, Venezuela y el Perú, países que redujeron entre un 20 y un 30 por ciento la pobreza (…). En Brasil, Chile, Ecuador y Panamá el descenso bordeó el diez por ciento” (Agencia DPA y El Mundo de España, 30/11/2010). La excepción se presentó en Bolivia y Paraguay, donde problemas estructurales mucho más severos hacen que el legado del neoliberalismo y la exclusión todavía se difícil de superar.
 
En cambio, el diagnóstico para la región mesoamericana es francamente desalentador: en Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua “la pobreza bordea o supera ampliamente el 50 por ciento de la población”; en México, entre 2006 y 2008, pasó del 31,7% al 34,8%, y la indigencia dio un salto del 8.7% al 11.2% de la población (La Jornada, 01/12/2010). Y en Costa Rica, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2009, presentados esta semana, el porcentaje de población en condición de pobreza alcanzó el 21,3%, en un país de poco más de 4,5 millones de habitantes.
A esta precariedad en las condiciones de vida, deben sumarse la fragilidad institucional y política, las enormes deudas pendientes de los procesos de paz y democratización. El fraude en las elecciones del año 2006 en México y la crisis de la guerra contra el narcotráfico; los escándalos de la para-política en Colombia, disfrazada de “seguridad democrática”; la creciente militarización de Centroamérica que impulsa Estados Unidos; y la violación sistemática de los Derechos Humanos en Honduras, tras el golpe de Estado, revelan que los grupos dominantes mesoamericanos no renuncian a jugar la carta de las opciones represivas, espurias y antidemocráticas, para mantener la dominación.
 
Unidos por su historia y sus culturas, por sus prolongadas luchas y sufrimientos, el norte y el sur de nuestra América, sin embargo, se distancian cada vez más en el terreno de lo político, lo económico y lo social, contrariando las expectativas de bienestar humano y democratización real a la que aspiran legítimamente sus habitantes.
 
– Andrés Mora Ramírez /AUNA-Costa Rica