A pesar de haber transcurrido dos décadas después de la finalización de los conflictos armados en Centroamérica, los procesos de democratización no han logrado resolver los principales problemas como la desigualdad y la pobreza, que han sido históricamente factores estructurales que causaron dichos conflictos. En parte esto se debe a que los gobiernos de turno han priorizado la implementación de las políticas de ajuste estructural, reformas económicas de corte neoliberal, el relanzamiento del proceso de integración regional abierto y una serie de medidas que, lejos de subsanar los desajustes y déficit acumulados en materia socioeconómica, han contribuido a incrementarlos, afectando aún más a los sectores más vulnerables y excluidos.
 
La agenda de los derechos humanos, derivados de los Acuerdos de Paz y recomendaciones de las Comisiones de Verdad, prácticamente quedó relegada. Los incipientes avances en el proceso de refundación de los Estados democráticos y la reivindicación del Estado de derecho están comenzando a sufrir serios reveses que ponen en peligro la frágil estabilidad de las democracias y la gobernanza en la región. Por un lado no se han garantizado las medidas y mecanismos que eviten la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos, como la aplicación de la justicia efectiva frente al problema de la impunidad jurídica. Paralelamente los gobiernos han impulsado un acelerado proceso de remilitarización y securitización de la agenda nacional y regional, justificado ideológicamente como una medida para enfrentar el problema de la violencia y la inseguridad, sin antes haberse agotado estrategias y propuestas de un perfil más integral que enfrentaran su origen y revertieran las causas múltiples de este complejo problema.
 
Este conjunto de situaciones, sumado a otras dinámicas más recientes como el aumento de la competencia por el acceso y control de recursos naturales y territorios, configuran la emergencia de nuevos escenarios de conflictividad, que cuando no son gestionados de forma oportuna en un contexto de sólida institucionalidad, desencadenan en violencia o multiplican los niveles ya existentes. Desde esta perspectiva, es fundamental asumir que los vínculos entre la democracia, desarrollo humano y construcción de paz pueden ser fuertes, aunque sin embargo no son procesos que se engranan o integran automáticamente. Por tanto, es imprescindible superar el prolongado divorcio entre estos desafíos humanos y dar respuesta al impostergable reto de construir sociedades más justas, en las que se privilegien las culturas de paz en el marco de naciones con una gran heterogeneidad pluriétnica, multicultural e ideológica. Este proceso debe edificarse con el concurso de toda la sociedad, a través de diferentes sectores y con la acción decidida del Estado.
 
De esta manera, iniciamos una ruta de reflexión y análisis en torno a los desafíos que se vislumbran en el contexto regional en términos de construcción paz y derechos humanos a través del presente artículo.
 
 
– Mario Sánchez es director del Centro de Análisis Sociocultural (CASC) de la UCA Nicaragua y colaborador de ALBA SUD.