Ahora que el Gobierno nacional ha decidido darle toda la trascendencia política a la Ley de Víctimas, radicada el pasado 25 de septiembre en el Congreso de la República por el propio presidente Juan Manuel Santos Calderón, es necesario que la sociedad en su conjunto acompañe dicha iniciativa como garantía de un trámite transparente, respetuoso y ajeno a las confrontaciones partidistas que desde ya se auguran.
 
Así lo expresaron representantes del movimiento de víctimas del conflicto armado consultados por la Agencia de Prensa IPC, quienes le solicitarán al Congreso de la República espacios para participar y aportar durante el trámite de la Ley con el fin de lograr mayores niveles de concertación que eviten que éste proyecto legislativo termine convertido en un “canto a la bandera”.
 
Y es que pese al ambiente político favorable que rodeará la discusión de esta iniciativa con relación al proyecto presentado por el Partido Liberal en la pasada legislatura y que tuvo un “entierro de tercera” en los debates de conciliación, los representes del Movimiento de Víctimas prefieren no lanzar “campanas al vuelo” todavía, pues saben que los debates de algunos puntos del articulado generarán fuertes tensiones que pondrán a prueba la voluntad política de los congresistas.
 
Sin duda uno de esos puntos es el relacionado con las víctimas de agentes del Estado. Aunque el presidente Santos ha mostrado una postura contraria a la de su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, en cuanto a incluirlas dentro del marco de reparación que plantea la Ley, aspecto que ha sido de buen recibo al interior del Movimiento, aún no es claro si ésta seguirá supedita a una sentencia judicial en firme ni tampoco si el acto de reparar es indicativo de aceptación de responsabilidades en la comisión de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.
 
“Si la reparación a víctimas de crímenes de Estado va estar supedita a una sentencia ejecutoriada, nunca van a ser reparadas, pues cerca del 90% de investigaciones judiciales sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado están archivadas, precluidas o en previas. Por esa vía, casos como las ejecuciones extrajudiciales ya plantean un gran problema para las víctimas”, indicó Adriana Arboleda, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Antioquia.
 
Si bien congresistas como Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, han advertido que el fin último de la Ley no es buscar responsables de los crímenes sino atender a los cerca de cinco millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, para Jesús Balbín, investigador del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización que acompaña procesos organizativos de víctimas en Antioquia, el proyecto sí deber ir más allá y plantea que se generen mecanismos que permitan superar los niveles de impunidad existentes hoy en el país.
 
“Ese tema sigue siendo crítico y es una exigencia a la que no va renunciar el movimiento nacional de derechos humanos, sobre todo si tenemos en cuenta que se está planteando un escenario de reparación integral y tanto justicia como verdad son aspectos esenciales de la reparación”, señaló Balbín.
 
Sobre el particular, Patricia Fernández, integrante de la Mesa Nacional de Víctimas de Organizaciones Sociales, expresó que tanto esta iniciativa como la reforma a la justicia que el Gobierno nacional radicará el año entrante, tienen vasos comunicantes muy fuertes que deberán ser contemplados en una óptica más global.
 
“En la pasada Audiencia Nacional de Víctimas quedó en evidencia el grave problema que tiene el país en materia de impunidad. Entonces, habrá aspectos que los legisladores tendrán que contemplar desde ya. Cuando se habla de restituir tierras, por ejemplo, el Ejecutivo plantea que ahora deberán ser los victimarios y no las víctimas quienes demuestren cómo obtuvieron esa propiedad y les señala a los jueces unos plazos perentorios para ello. Ahí se abren preguntas sobre cómo operará la justicia, que tendrán que ser tenidas en cuenta”, agregó Fernández.
 
Otro de los aspectos que también preocupa al Movimiento de Víctimas es que el proyecto se estanque en discusiones relacionadas al aspecto netamente económico. De hecho, voceros del Partido Conservador, en cabeza del congresista Heriberto Sanabria, ya dejaron entrever su desacuerdo con esta iniciativa por cuanto consideran que algunos puntos generarán altos costos, algunos de ellos impagables para las finanzas del Estado.
 
Al respecto, Gerardo Vega, ex coordinador de la Oficina regional de la Cnrr en Antioquia y director de la Fundación Forjando Futuros, que trabaja con víctimas del conflicto armado en este departamento, hizo un llamado para que el Gobierno nacional acelere los procesos de monetización de los bienes entregados al Fondo de Reparación por parte de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
 
“Por lo menos en lo que se ha visto hasta ahora parece que el debate económico se superó y eso es algo positivo. En últimas, le sale más caro al país no reparar a las víctimas que tramitar una ley que sí lo haga. Habrá que buscar recursos y habrá que estar muy pendientes en los bienes que devuelvan al Fondo, porque ahí pueden encontrarse dineros para las víctimas”, declaró Vega.
 
Pese a estas observaciones, los consultados coincidieron en señalar que se abre un nuevo capítulo en donde las víctimas del conflicto armado serán protagonistas de primer orden y eso, en sí mismo, ya constituye un gran avance. “El Movimiento de Víctimas se ha fortalecido en los últimos años y hoy tiene un nivel mayor de movilización e incidencia. Ahora, tiene una tarea muy importante y es aportarle a todo este debate tan trascendental”, manifestó Patricia Fernández.
 
La discusión apenas comienza y seguramente a la iniciativa le esperará un trámite tortuoso pero lo que se puede afirmar, por el momento, es que el país por fin se acordó de las víctimas del conflicto armado.
 
Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co/agenciadeprensa