Pasada la borrachera de cinco días por los 200 años del Grito de Dolores, festejo gubernamental que sólo el día 15 costó a los contribuyentes nada más 667 millones de pesos “ya con IVA”, al decir de AlonsoJosé RicardoLujambio Irazábal ante senadores, el país volvió a la cruda realidad que lo estruja hasta agraviarlo cotidianamente.
 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo –la señora que confundió la noche del 15 con un desfile de modas para traslucir la cavidad umbilical y presumir en cadena nacional el afecto hacia su esposo–, no se dan abasto para visitar y tomarse la foto, posar para las cámaras de Televisa, Televisión Azteca y de Oncetv-Los Pinos con los damnificados veracruzanos, que de un día para otro cuantifica Fidel Herrera Beltrán al gusto de sus necesidades presupuestales, porque dinero y no otra cosa significa la “declaratoria de emergencia” a cargo de la Secretaría de Gobernación. Mientras Banamex, el banco trasnacional del que es socio el Estado estadunidense, contraviniendo la legislación mexicana, y el cantautor Vicente Fernández aportaron un millón 200 mil pesos cada uno para encabezar la campaña en busca de recursos entre la generosa población, frente a un Estado que abdica de sus obligaciones constitucionales.
 
Son 28 años de incumplimiento paulatino y creciente, insoportable, de la más elemental de las obligaciones de un Estado y que es proteger la vida y los bienes de sus habitantes.
 
Ciudad Juárez, Chihuahua, es emblemática de la quiebra estrepitosa del Estado mexicano en cumplimentar obligaciones primarias, básicas. Primero permitió que allí floreciera el modelo maquilador más rapaz y sin generar las guarderías, jardines de niños y escuelas primarias que permitieran a las madres laborar en condiciones de sobreexplotación sí, pero con sus hijos a buen resguardo y bajo atención educativa. Enseguida, gobernantes priístas y panistas se hicieron de la vista gorda ante los crecientes fenómenos delincuenciales, simbolizados en el alarmante feminicidio, que florecieron en la urbe significada por los hacinamientos populares, la carencia de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, transporte…
 
Fue Juárez el primer municipio sustraído de la soberanía estatal por el narcotráfico y el crimen organizado, mismo que el 20 de septiembre produjo la cifra récord de 63 ejecuciones en el país. La otrora Paso del Norte ocupa el primer sitio en cuanto a inseguridad respecto a cualquiera otra urbe de la aldea global. Sitio nada envidiable que se reforzó a partir de que Calderón Hinojosa emprendió los operativos militares de los últimos cuatro años bajo el marbete de guerra.
 
Suena grotesco que el vocero en materia de (in)seguridad de Calderón Hinojosa fustigue con torpeza a los editores de El Diario porque se atrevieron a preguntar a los jefes –operativos nada más, los otros no son molestados por autoridad alguna– “¿qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros?”. Lo anterior después de que perdieron la vida Luis Carlos Santiago Orozco, el pasado día 16, y Armando Ramírez Carreón hace dos años, además de las heridas que sufrió Carlos Manuel Sánchez Colunga en la primera fecha.
 
La tregua solicitada por los editores recibió como respuesta oficial la sentencia de que “no cabe en modo alguno, por parte de ningún autor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales que son justamente los que provocan la angustia de la población (…) los que envenenan a la población (…)”.
 
Por lo que se observa, Alejandro Poiré Romero no está enterado que cientos de miles o quizás millones de mexicanos pagan derecho de piso y extorsiones a los cárteles y que ésta es una forma de pactar.
 
Utopía 878
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