En los barrios de Medellín no sólo se disputan territorios y rentas derivadas de las vacunas y las plazas de vicio; también están en juego actividades relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual de jovencitas. Así lo manifiestan organizaciones sociales de la comuna 1, nororiente de la ciudad, quienes han detectado una preocupante modalidad de trata de personas que esconde toda una red de comercio sexual dominada por peligrosas estructuras armadas.
 
Se trata de la venta de la virginidad de las adolescentes por parte de hombres ligados a las bandas criminales que se disputan el control del territorio. El fenómeno se viene presentando en medio de un ambiente marcado por fuertes enfrentamientos armados, cobro indiscriminado de vacunas y un deterioro de la calidad de vida de los habitantes de este populoso sector, aspectos que hacen que el flagelo sea prácticamente invisible para las autoridades y aún, para la misma comunidad.
 
No obstante, organizaciones como la Corporación Convivamos han podido constatar que el fenómeno es real y que se está presentando con más frecuencia de la que pudiera pensarse. Según profesionales de la Corporación consultados por la Agencia de Prensa IPC, integrantes de las bandas que delinquen en la zona se encargan de contactar a estudiantes de colegios públicos caracterizadas por su seriedad, discreción y, en algunos casos, cercanía con el actor armado.
 
Mediante ofrecimientos y retribuciones económicas, la joven termina por acceder a las pretensiones del armado: indagar en su institución educativa qué niñas no han iniciado su vida sexual. Gracias a que su perfil no genera sospechas entre la comunidad educativa, la joven comienza la indagación y poco a poco se va ganando la confianza de sus compañeras.
 
Llegado el momento viene el ofrecimiento económico. “Casi siempre se aprovechan de la condición económica de las jóvenes. Las convencen diciéndoles que es mejor hacerlo por plata”, relata uno de los profesionales de la Corporación. El precio pagado por la joven varía dependiendo de su edad y, en ese sentido, las más buscadas son las más jovencitas, conociéndose casos incluso de explotación sexual con menores de 12 años.
 
Los clientes generalmente resultan ser los jefes más buscados de las bandas criminales. “Hay casos donde a la joven le dan 120 mil pesos y la que hizo el contacto le dan 80 mil; es decir, la virginidad de esa joven salió en 200 mil pesos”, añade el profesional.
 
El fenómeno ha adquirido tales dimensiones que ya ha generado desplazamientos en la zona. Según lo pudo constatar la Agencia de Prensa IPC, a mediados del año anterior, tres jóvenes de la comuna 1, estudiantes de 11º grado de una reconocida institución educativa, debieron desplazarse forzosamente de sus barrios ante su negativa de continuar preguntando en su colegio por la “virginidad de sus compañeras”.
 
“Un hombre del barrio contactó a esta joven para que hiciera esas averiguaciones en su colegio. Ella lo hizo y de un momento a otro resultó con una moto. Al verla así, dos compañeras del colegio se le unieron. Pero llegó un momento en que ninguna de las tres quiso seguir con eso y debieron abandonar el barrio, con sus familias y todo, porque fueron amenazadas de muerte”, recuerda uno de los vecinos que conoció el caso.
 
Lo anterior deja al descubierto que detrás del fenómeno hay toda una red integrada por estructuras mafiosas articuladas a los combos barriales, que han hecho de la explotación sexual todo un lucrativo negocio.
 
Antecedentes
 
No es la primera vez que se escuchan historias de este tipo en la ciudad. En septiembre de 2008 y durante la realización de una sesión del Comité Municipal de Derecho Humanos, que tuvo lugar en el colegio Jesús María Valle de la comuna 6, varias organizaciones denunciaron un negocio similar al que preocupa hoy a los líderes de la comuna 1.
En aquella ocasión, la Agencia de Prensa IPC documentó cómo desconocidos ofrecían a aquellos que controlaban los barrios hasta 5 millones de pesos por una niña virgen, dinero que se le pagaba no sólo a las menores afectadas sino a algunas personas, entre ellas a jóvenes cercanas a las niñas, cuyo papel era inducirlas para que accedieran a irse con los desconocidos por varias horas.
En una noche llegan hasta diez camionetas lujosas por las niñas; incluso, hemos visto que también se llevan a algunos niños de hasta de 10 años”, le aseveró a la Agencia de Prensa IPC en aquella ocasión uno de los participantes de la sesión quién añadió además que, en algunos casos, madres y padres de familia aceptaban la situación pues admitían que con ese dinero sufragan sus necesidades básicas.
Y todo parece indicar que el fenómeno se repite bajo las mismas condiciones, esta vez, en el nororiente de la ciudad.
“En esta zona hay muchas carencias económicas, el sistema educativo es muy débil. Ante un ofrecimiento de estos, las jóvenes terminan por acceder. Se volvió algo común ver a las jóvenes irse en carros lujosos por varias horas o toda la noche. Se dice que para fiestas con los jefes de los duros del barrio”, señala un líder de la comuna 1, quien pidió reserva de su identidad.
Pero no menos preocupante resulta para los líderes de esta zona de la ciudad ver cómo las mujeres, en especial las más jóvenes, están siendo instrumentalizadas por los miembros de las bandas criminales para cometer actividades ilícitas.
Dada la poca capacidad de movilización que tienen los miembros de los combos por el territorio, en parte por la presión que vienen ejerciendo las autoridades y en parte por la fiereza de los enfrentamientos con los enemigos, ahora son las mujeres las que cobran las vacunas a los transportadores y comerciantes, las que transportan drogas, armamentos y munición e, incluso, las que realizan las labores de inteligencia en el barrio.
De hecho, líderes de la comuna, que por razones de seguridad pidieron reserva de su nombre, señalaron que un pequeño grupo de adolescentes son las que están controlando la venta y consumo de sustancias alucinógenas al interior de varias instituciones educativas en barrios como La Salle y San Pablo, sin que las autoridades educativas puedan hacer mayor cosa para impedirlo.
Hechos como estos revelan la complejidad del fenómeno criminal que enfrenta la ciudad. La pregunta que se hacen los líderes y las organizaciones de la comuna 1 es cómo desarticular estas estructuras cuando de por medio hay lucrativos negocios como el de la explotación sexual y formas cada vez más directas de vinculación de la comunidad.
Por lo pronto, las organizaciones le apuestan a un trabajo de prevención y sensibilización frente a fenómenos como estos, pues está visto que mientras las autoridades no brinden las garantías suficientes, denunciar constituye una sentencia de muerte.  
 
Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia – www.ipc.org.co/agenciadeprensa