Mientras los medios de comunicación de los que mandan muestran a un Piñera cortando cabezas pequeñas y al ministro de Minería derramando lágrimas de cocodrilo, sospechosa y calculadamente, los propietarios de la mina se lavaron la cara en El Mercurio y La Tercera a 9 días de la catástrofe. Los familiares y dirigentes mineros piden castigo y responsables con nombre y apellido. Una vez más, Chile luce al mundo su condición de país desigual y empobrecido, sobre toda propaganda gubernamental.
 
 “Las noticias que los obreros daban del accidente calmó un tanto aquella excitación. El suceso no tenía las proporciones de las catástrofes de otras veces: sólo había tres muertos de quienes se ignoraban aún los nombres. Por lo demás, y casi no había necesidad de decirlo, la desgracia, un derrumbe, había ocurrido en la galería del Chiflón del Diablo, donde trabajaba ya hacía dos horas en extraer las víctimas, esperándose de un momento a otro la señal de izar en el departamento de las máquinas.
Aquel relato hizo nacer la esperanza en muchos corazones devorados por la inquietud. María de los Ángeles, apoyada en la barrera, sintió que la tenaza que mordía sus entrañas aflojaba sus férreos garfios. No era la suya esperanza sino certeza: de seguro él no estaba entre aquellos muertos. Y reconcentrada en sí misma con ese feroz egoísmo de las madres oía casi con indiferencia los histéricos sollozos de las mujeres y sus ayes de desolación y angustia.”
 
El texto anterior no es parte de la crónica de la tragedia ocurrida en la mina San José el 5 de agosto pasado, a 45 kilómetros de Copiapó, en la Región de Atacama. Es el fragmento del cuento “El Chiflón del Diablo” escrito por Baldomero Lillo hace 106 años.
 
Las circunstancias y los criminales
 
Los dueños de la Compañía Minera San Sebastián, de cuya órbita es la mina San José, son Marcelo Kemeny Füller (40 % de la propiedad) y Alejandro Bohn (60 %). El primero intentó vender infructuosamente el yacimiento de cobre y oro el año pasado. El fundador de la empresa fue su padre, Georges Kemeny Latay que, según miembros de la Sociedad Nacional de Minería, le dio “impulso” a la faena, cuya explotación tiene más de doscientos años. Ahora el directorio está formado por el gerente de la empresa, Pedro Simonevic; vicepresidente ejecutivo, Marcelo Kemeny; el gerente general, Alejandro Bohn; subpresidente Planta Tierra Amarilla, Marcelo Rodríguez; subpresidente Planta Copiapó, Víctor Lamas; y el jefe de abastecimiento, Jaime Cerón. Sin embargo, uno de los dueños, Marcelo Kemeny no dio señales de vida hasta el viernes 13 de agosto, 9 días después de los hechos.. Al respecto, Rafael Peña, hermano de uno de los 33 mineros enterrados desde las 14:00 hrs. el 5 de agosto, señaló que “Acá ni siquiera lo conocen, nunca aparece. Esto es para la risa, que el dueño no aparezca para nada”.
 
En una burda maniobra comunicacional –que debe estar muy bien pagada-, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny el viernes 13 aparecieron al mismo tiempo y diciendo prácticamente lo mismo, en las portadas de El Mercurio y La Tercera. Sueltos de cuerpo y con casacas rojas iguales a las que visten las autoridades piñeristas, por una parte, Bohn dijo lo que todo responsable de un accidente de estas proporciones debe decir correctamente: “…nuestra única prioridad han sido nuestros trabajadores y sus familias”, mientras, por otro lado, ante las sospechas de sus relaciones políticas para reabrir una mina inexplotable, Kemeny afirmó con inocencia que “Somos una hormiga, no tenemos capacidad para eso.” Sobre este dicho, la comunidad nacional, los familiares y los dirigentes mineros deben estar muy de acuerdo, pero en un sentido totalmente distinto. El lavado de imagen de los propietarios del yacimiento San José suena a pobre y desesperada estrategia mediática para procurar salvar ilesos de sus responsabilidades. Pero los trabajadores y la gente no son imbéciles.
 
 Según el Ingeniero en Minas, Agustín Holgado, quien se desempeñó por más de 10 años en la zona de Copiapó, “Para nadie de la zona resultó una sorpresa el accidente, mucho menos para los fiscalizadores. Son innumerables los incumplimientos de la Minera San Esteban con la seguridad de los trabajadores, así como también con la legalidad ambiental. Baste decir que la reglamentación de seguridad que fiscaliza el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), obliga a la minería subterránea a contar con al menos dos accesos alternativos a todas las labores, pero al parecer hay autoridades y empresas que están por encima de la ley.” El ingeniero indicó que en 2004 la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección interpuesto por el sindicato en contra de la empresa y Sernageomin producto de la muerte del trabajador Pedro González Rojas, luego de un desprendimiento de roca en la mina San José. En julio de 2010, el minero Gino Cortés sufrió un grave accidente donde perdió una de sus piernas, una vez que un planchón (roca desprendida en la galería de acceso) le cayó encima cuando se desplazaba para almorzar. ¿Qué fuerzas permiten la apertura de un yacimiento extraordinariamente peligroso?
 
Las autoridades en el lugar equivocado y la vocación mediática de Piñera
 
 Por su parte, el ministro de Minería, Lawrence Golborne (ex gerente de sistemas de Esso Chile, filial de la petrolera norteamericana ExxonMobil; y ex gerente corporativo de Cencosud) aseguró la semana pasada que el miércoles 11 de agosto habría un primer contacto con los mineros atrapados en el refugio del yacimiento. Naturalmente ello no ocurrió. Y se explica, en parte, por su total inexperiencia en la industria del sector. Lo que, a su vez, se agrega al conjunto de irresponsabilidades gubernamentales en la materia. Sebastián Piñera, teatralmente se apersonó en la mina a casi tres días del ingreso de los trabajadores al yacimiento, y luego de hacerse de los antecedentes pidió “rezar por los mineros”. Días después Piñera cortó por lo más frágil, mediático y económico políticamente: destituyó al director de Sernageomin, Alejandro Vio, al subdirector de Minería y al director regional de Atacama de esa entidad, Rodolfo Díaz. Olvidó decir que Senageomin cuenta con sólo 17 fiscalizadores para alrededor de medio millar de minas del país. Por eso su anuncio de triplicar el presupuesto de la unidad fiscal suena bien, pero es ridículo para los requerimientos.
 
El ex director regional de Sernageomin –anterior al recientemente retirado de sus funciones-, Antón Hraste dijo que el gerente de la mina San José, Alejandro Bohn; el director expulsado de Sernageomin, Alejandro Vio, y el jefe del Departamento Nacional de Seguridad de ese servicio, Santiago Pinilla, “deben responder por qué se reabrió la mina. Ellos tomaron la decisión.”
 
Hraste abandonó su cargo el 30 de junio de 2007, y el 30 de mayo de 2008, el subdirector de Sernageomin, Patricio Leiva, autorizó “la reapertura de la mina San José”, luego de una largo historial de accidentes, muertos e irregularidades a granel.
 
 Los trabajadores y la verdad dura
 
 Moisés Labraña, vicepresidente de la Confederación Minera de Chile y uno de los líderes históricos del sector, expresó que “La mina jamás debió reabrirse porque tiene fallas estructurales. Un derrumbe en una mina no puede producirse porque existen mecanismos para evitarlo: hay clavos de anclaje, enmallado, chorroteo de cemento, lo que asegura los avances en la mina. En la San José no había nada de eso. Se hicieron avances en forma irracional”, y agregó respecto del mítico refugio del que tanto se habló los primeros días que “no hay lugar para que los mineros puedan guarecerse de un derrumbe: lo que debería existir es un refugio contra incendios, no contra derrumbes.”
 
Labraña informó que los mineros venían exigiendo desde 1999 que se cerrara el yacimiento. El 2005 la Dirección del Trabajo decidió clausurarla porque no existía salida de emergencia, ni chimenea (para renovar el aire). Esto llegó a los tribunales de Copiapó y se lavaron las manos. Luego, y no se sabe por qué, la mina se reabrió el 2009. “¿Existen influencias políticas, gente importante involucrada? Eso tendrá que ser parte de la investigación. Puede que nos encontremos con más de una sorpresa” indicó el dirigente. El 30 de junio, en el marco de una reunión de trabajo de la comisión de minería donde estuvo el ministro Lawrence Golborne, Javier Castillo, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Mina San José, le espetó al ministro que “No se puede trabajar a cualquier costo. En la mina San José la situación es catastrófica. En cualquier momento se va a producir un derrumbe, por lo tanto el gobierno debe tomar medidas.” Pero el ministro no tomó ni nota. Y el 5 de julio, a un mes del desastre, se le fue a dejar una carta para pedirle que la empresa, sino era cerrada, por lo menos fuera obligada a abrir la salida de emergencia y destapar la chimenea, porque el fondo de ella se había llenado de material estéril, lo que la volvía inoperante. El ministro no recibió a los dirigentes sindicales. “¿Qué esperanzas hay ahora? Pocas. Es muy difícil que estén con vida. Ya el primer día se optó como única vía de rescate, la chimenea. Y no ha habido ningún tipo de comunicación con los mineros enterrados. Aquí los empresarios tendrán que pagar por su responsabilidad criminal en el hecho, incluso si sobreviviera algún minero. También hay una responsabilidad de Estado, responsabilidades políticas. Sernageomín depende del ministro”, sentenció Labraña e ilustró que “Aquí transitamos por la vereda del siglo pasado. Tantos los convenios, como las recomendaciones del convenio 176 y de las recomendaciones 183 de la OIT, no han sido suscritas por el gobierno. De hecho, Chile no ha suscrito ninguna norma de seguridad, porque se tocan muchos intereses.”
 
-¿Y en qué consisten esas normativas no firmadas?
 
 -“El convenio plantea tres principios: la participación de los trabajadores en materia de resguardo de la mina; el derecho a conocer e informarse plenamente del lugar y las condiciones en las cuales se labora; y el derecho a paralizar, que asume el sindicato, el comité paritario o el trabajador mismo cuando advierte una situación de peligro, sin perder la remuneración. Aquí está el temor de los dueños. Los trabajadores se accidentan y no son considerados como tales. Son enviados a una clínica particular y se busca la manera de esconder el accidente. Al respecto, existe una concomitancia entre la Mutual de Seguridad y las empresas.”
 
-¿Por qué?
 
“La seguridad es un negocio. Las mutuales gastan apenas un 6 % en prevención de accidentes y un 21 % en gastos administrativos. El Estado no tiene una sola política de seguridad. La política la improvisa “el guaripola” de turno. Si al ministro le interesa la inversión, como es el caso actual, Sernageomin actúa según ese criterio. Debe terminar la irracionalidad. Aquí los empresarios deben pagar con cárcel. Y el Estado debe responder. 60 días se demoraron en ratificar a las autoridades de Sernageomin. Después se pone un ministro que no tiene idea de minería, y que sólo quiere promover la inversión. Ahora bien, hasta hace poco había una mina clausurada en Las Pataguas, en la V Región, y volvió a estar en funciones, ¿Quién lo ordenó? En la II, III y V regiones debe haber un resguardo superior a la vida de los trabajadores.”
 
Néstor Jonquera es presidente de la Confemin. Expresó que los mineros bajo la mina derrumbada son socios del sindicato Mina de los Trabajadores de la Compañía San Esteban y afimó que “Según los supuestos, hubo un acuerdo político con los propietarios para reabrir la mina. Aquí hay corrupción, paleteada o favor político. Con qué sector político, es un misterio.”
 
Jonquera manifestó que “El gobierno ha apoyado a la empresa a no dar la cara como corresponde. Y cuando, en otra situación, están involucrados los trabajadores, el Estado nos ataca.”
 
-¿Quiénes son los responsables de la tragedia?
 
“El primer responsable es el empresariado, los dueños de la mina. Y luego el Estado, Sernageomin, la Inspección del Trabajo, el Ministerio de Salud, y la Asociación Chilena de Seguridad, empresa que lucra administrando la ley 16.794 que tiene que ver con enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. La ley dice que tiene que prevenir; para eso se le paga una prima todos los meses. Y los responsables son parte de este gobierno y del anterior. Todos tendrán que pagar.”
 
El máximo representante de la Confederación certificó que “Los mineros quieren seguridad. Para el empresario, el trabajador es un simple perno, una pieza cambiable rápidamente por otra. No importa que se muera o que se enferme, porque hay otro que hará la pega. Esto ocurre entre las 400 a 700 minas que existen.”
 
-¿Qué exigen y qué harán?
 
 “Si los trabajadores entraron vivos a esa mina, tienen que salir vivos. El viernes 13 nos reunimos todos los dirigentes sindicales relacionados con la minería de todo el país. Aquí construiremos una política común, primero, asegurando el bienestar de las familias de los trabajadores de la mina San José y exigiendo su cierre total. Queremos ofrecer un mensaje a las otras industrias de la producción y al conjunto de los trabajadores de Chile respecto de la importancia de la unidad. Aquí los únicos que actúan unidos son los empresarios con el apoyo del Estado. En cambio, los trabajadores estamos dispersos. A nuestros compañeros enterrados bajo toneladas de roca y tierra no se les preguntó su color político. Por eso deben unirnos nuestros intereses comunes. Los dirigentes sindicales, el martes 9 de agosto, bajo el sol vertical del desierto, hicimos un juramento de que debemos juntarnos. Ya no hay tiempo que perder.”
 
 -¿Y cómo evalúa la actuación de las autoridades?
 
“Piñera y el ministro de Minería han dicho que esa mina no está en condiciones de trabajar hoy día, pero si el empleador le hace alguna modificación en torno a la seguridad, puede seguir explotándose. Esa mina tiene más de doscientos años. Es muy rica en oro, y por eso es tan codiciada. Pero sus condiciones geológicas están formadas durante miles de años. Tendría que invertirse muchísima tecnología si se quisiera abrir. Pero aquí quedó demostrado que en Chile no existe tecnología de punta.”
 
 
Diario Uno tomó contacto con un minero de la zona, quien por razones de estabilidad laboral solicitó mantener su nombre en el anonimato. El trabajador, con amargura y rabia, aseguró que “lo más probable es que los compañeros murieron el mismo jueves 5 de agosto, en el primer derrumbe. El sábado, cuando los rescatistas llegaron al famoso refugio, ese ya no existía. Y las primeras faenas de rescate se hicieron con gente que no conocía la mina. Uno siempre guarda una esperanza, pero a esta altura ¿Cómo podrían estar vivos? Hasta el jueves 12, por lo menos, estaban excavando al “achunte” no más. Yo creo que la pega de encontrar a los “niños” va a tomar un mes, por lo bajo. Esto es muy duro. Pero todos saben la verdad y la callan.”
 
 
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ANEXO ACTUALIZADO
 
Más documentación que fundamenta responsabilidades de dueños de mina San José
 
A menos de un mes de la tragedia de la Mina San José, el 9 de julio se realizó una fiscalización de la Inspección del Trabajo de Copiapó por el funcionario Herman Mery Véliz a ese yacimiento. Según la Resolución de Multas Nº 6279 / 10 / 42 a la que tuvo acceso D1, el fiscalizador documentó un conjunto de graves irregularidades en la mina.
 
Primero, el hecho de que el empleador –Alejandro Bohn- no haya suprimido en los lugares de trabajo los siguientes factores de peligro: “Nivel 60 N/E: no realizar la fortificación del techo, habiéndose constado que no existía fortificación, razón por la cual ocurrió el desplome del planchón. No evaluar una situación de riesgo, dada la falsa sensación de estabilidad por un buen resultado obteniendo después de haberse realizado una operación de acuñadora mecanizada del sector y aplicación de pernos lechados existentes. Tal hecho constituye incumplimiento de las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud, y en general, la integridad física de los trabajadores”.
 
Segundo, “No contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicado sector sin cobertura de malla en nivel 60 NSE donde ocurrió la caída de la roca. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general, la integridad física de los trabajadores”.
 
Y tercero, “No cumplir el Comité Paritario de higiene y seguridad las funciones de su competencia, consistentes en investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales, en relación a lo ocurrido el día 03 / 07 / 2010 a las 00:15 hrs. por accidente ocurrido en interior de Mina San José de empresa Minera San Esteban Primera, que afectó al trabajador Sr. Gino Cortés Calderón. Tal hecho en un incumplimiento a las obligaciones legales sobre funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la mina, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa”.
 
También la Asociación Chilena de Seguridad
 
 Por otra parte, la Asociación Chilena de Seguridad aseguró que en junio de este año, emitió el informe 227, en el que advertía a los propietarios de la Minera San Esteban sobre el riesgo de derrumbe en la Mina San José, y le pidió a la empresa que asegurara los procedimientos de fortificación, poniendo a los equipos de trabajo en lugares seguros de riesgo. “Lo que pedíamos era que la empresa afirmara la mina”, señaló Alejandro Pino, gerente de la mutual.
 
La investigación se habría efectuado luego de la caída de un planchón que provocó la herida contusa en la zona lumbar del trabajador Jorge Galleguillos el 1 de junio, un mes antes de otra caída de roca -3 de julio- que terminó con la pierna de Gino Cortés.
 
Los antecedentes de María Ester Feres
 
Por su parte, la ex directora del Trabajo, María Ester Feres, indicó en un programa radial que en 2001 no se pudo cerrar el yacimiento San José por presiones del sector minero.
 
Feres dijo que "en la mina se hicieron trabajos menores, pero la percepción de los funcionarios de la Dirección del Trabajo era que esa mina era una bomba, no había por dónde, no tenía salidas de escape".
 
Las presiones empresariales y políticas argumentaron hace 9 años que el yacimiento "generaba empleo, porque no había fuentes (de trabajo) de alternativa. Entonces, otra vez poniéndonos contra la espada y la pared: o queremos crecer y eso tiene costos en vida humana o priorizamos derechos fundamentales y eso nos replantea el crecimiento"
 
Respecto de la seguridad, Feres fue vehemente al afirmar que "Yo tengo estadísticas que pueden demostrar que en el año 2009 murieron más personas en Chile, en el lugar de trabajo, por accidentes predecibles más que los que murieron en el maremoto y terremoto".
 
Por otra parte, pese a que el jueves 19 de agosto la sonda empleada en la mina llegó a los 726 metros de profundidad, no se encontró el refugio del cual se habla desde el principio de la tragedia. Y las protestas de las familias de los trabajadores han motivado la vocación represiva del mal gobierno piñerista mediante el traslado de un fuerte contingente de carabineros y fuerzas especiales a la zona del desastre. Fuertes rumores señalan en Copiapó que podrían ser más de 33 los mineros enterrados debido a una cantidad no calculada de trabajadores que laboraban ilegalmente en el yacimiento.