El gran negocio —futuro en México, porque todavía no se regula; con todo y sea ya un área de negocios en otros países del mundo desarrollado— de las telecomunicaciones está en el triple play. El servicio de televisión, voz y datos a través de un solo servidor.
 
En esa disputa andan las empresas mexicanas que de por sí participan ya en el sector de algún modo. Es el arrebato por las frecuencias entre aquellos grandes participantes, como las televisoras de este país y la telefónica Telmex, de la mano de las otras que ya tienen alguna concesión para, por ejemplo, prestar el servicio de telefonía móvil, como es el caso de Iusacell.
 
El reparto vía las concesiones para la prestación del servicio que hace el Estado a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para las empresas interesadas, no obstante está ocurriendo con sonadas irregularidades. El alegato es el favoritismo para una de tales empresas: Televisa-Nextel (T/N).
 
Ocurrió en la última y muy larga sesión de dicha Comisión, que transcurrió entre el viernes 13 y lunes 16, cuando decidió otorgar un bloque de 30 megahercios para prestar el servicio de telecomunicaciones móviles a dicha empresa T/N, por sólo 180 millones 300 mil pesos, en perjuicio del erario (“daño patrimonial al Estado mexicano”) y además con claros fines políticos. O de sometimiento por parte del gobierno a la televisora la víspera de los importantes procesos electorales venideros.
 
Es decir, que en tanto a las otras empresas, Telcel y Telefónica se les autorizó “adquirir espectro para ampliar sus servicios de telecomunicaciones” con pagos elevados de 3 mil 793 millones de pesos y mil 273 millones 884 mil pesos, respectivamente, a T/N se le adjudicó a precio de ganga. La votación a favor vino de tres de los cinco comisionados, entre quienes está polémico el comisionado presidente Mony de Swaan —así como Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar—, contra quienes representantes de otros interesados iniciarán sendas demandas judiciales.
 
Es el caso del representante abogado del Grupo Salinas, Salvador Rocha Díaz, para quien el acuerdo de Cofetel resultó ilegal porque violenta los mandatos de dos jueces, uno de Guerrero y otro de Matamoros, quienes habían emitido una medida cautelar para que dicha licitación se suspendiera. Al menos la correspondiente a la licitación 21, que corresponde a la frecuencia 1.7 gigahercios y no se entreguen los títulos de concesión. Lo que cae en el desacato del juez, por parte de Cofetel.
 
Además, la crítica de la Amedi (Asociación Mexicana de Derecho a la Información) señala que el precio de Televisa pagará será 28 veces menor al valor de mercado, en detrimento del erario público so riesgo de la legalidad, la competencia en las telecomunicaciones. Y donde el gobierno vía la Cofetel se pliega a los intereses de Televisa-Nextel, un consorcio que de por sí acumula ya el 56 por ciento de las frecuencias para la televisión comercial en todo el país y resulta el de mayor usufructo del espectro radioeléctrico de México, según datos de la prensa.
 
No obstante, la contraargumentación a esto proviene de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al señalar que no hay desacato de Cofetel porque no había un juicio de amparo de por medio, y porque las empresas ganadoras no sólo pagarán la contraprestación inicial sino igualmente el monto de los derechos que corresponden. Esto es, no sólo los 180 millones 300 mil pesos sino 18 mil 134 millones 339 mil cien pesos. Más de los 16 millones que erogará Telcel. Pero el problema es que el espectro de T/N es de cobertura nacional, no así los de las otras operadoras.
 
Y las diferencias son grandes. Porque de los fondos que percibirá el Estado por tamañas concesiones, en tanto Telcel pagará cerca del 71 por ciento y Telefónica un 24 porcentual, Televisa-Nextel únicamente el 3.4 por ciento. Casi no se nota la diferencia.
 
Entretanto, Mony de Swaan, argumenta que hizo bien las cosas. Y se sacó de la manga el que a partir de ahora se podrá revisar el título de concesión de Telmex, para también abrirle la posibilidad de que participe en dicho negocio de telecomunicaciones del triple play. Telmex deberá cumplir, claro está, con ciertas condicionantes. Entre ellas, argumenta De Swaan, los requerimientos de interconexión con otras empresas, para así poderle autorizar entrar al mercado de la televisión.
 
No está de más decir que, si bien Telmex ha sido el monopolio de la telefonía y no ha abierto su red a otros prestadores del servicio (la condicionante que saca ahora De Swaan no es nueva), también es verdad que las otras empresas quieren el negocio en charola de plata y sin invertir en la infraestructura que sí tiene la telefónica por todo el país. Un dato es que si bien no edificó Telmex porque se hizo con inversiones del Estado, así le fue vendido en su momento y las nuevas empresas del negocio aparecen más como oportunistas.
 
El otro señalamiento que estaría detrás de la concesión de Cofetel a favor de T/N, apunta a lo criticado por algunos actores políticos en el sentido que Felipe Calderón estaría tejiendo una red mediática y de complicidades rumbo a la elección presidencial del 2012, al fortalecer el monopolio de Televisa.
 
Como denuncia el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, el perredista Carlos Sotelo García, en el sentido que tanto el PRI como el PAN están haciendo alianzas con Televisa, cada uno por su lado. Pero además, que seguramente no pasará la propuesta de la Comisión sobre ley de medios, porque precisamente los tiempos electorales están cerca y no habrá consenso para aprobarse en algún periodo.
 
Así, en cuanto el gobierno se vuelve cómplice en detrimento del Estado, la sociedad se convierte en la víctima. Porque, como en este caso, no se coloca el beneficio social por encima del particular. Al contrario, es el usufructo particular en función del interés de los personeros del gobierno que prefieren sus interese particulares a los generales. Tamañas alianzas atentatorias de la sociedad. Un reparto de botín que será pagado por todos.

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