No hay duda que la actual crisis con Venezuela por las denuncias del gobierno colombiano de inacción, connivencia o por lo menos desinterés por atacar a la guerrilla colombiana presente en el vecino país, igual que la anterior con Ecuador por el ataque de la Fuerza Pública colombiana a un campamento de las FARC en su territorio y en el que fue dado de baja Raúl Reyes, tienen un denominador común: el conflicto interno armado colombiano, cada vez más regionalizado, en el sentido en que ha traspasado las fronteras colombianas y afecta de manera creciente a los países vecinos de diversas maneras –secuestros a ciudadanos de dichos países, ataques a la Fuerza Pública, otras actividades criminales- y por supuesto a Colombia en la medida en que los grupos irregulares se refugian en terceros países aprovechando el carácter poroso de las fronteras y desde allí adelantan operaciones contra la sociedad o el Estado colombiano. A lo anterior se suma el problema, igualmente transnacional, del tráfico de drogas ilícitas, especialmente cocaína, que no sólo se originan en los países andinos, sino que alimentan el conflicto armado y múltiples actividades ilegales en la región, llevadas a cabo por el crimen transnacional.
 
Casi podemos afirmar, sin temor a equívocos, que mientras no se logre la terminación de este conflicto armado, la posibilidad de unas relaciones armónicas y colaborativas en la región andina, que potencien la integración y el desarrollo, son poco probables.
 
Por otra parte, es verdad que la Fuerza Pública colombiana le ha infligido golpes contundentes a las organizaciones guerrilleras en los últimos años, como todos los colombianos sabemos, sin embargo eso no significa que se esté a punto de una victoria militar; el que estén debilitadas las guerrillas no es sinónimo de derrota. De hecho, el propio Ministerio de Defensa ha reconocido que las guerrillas cuentan con 9.500 miembros, cifra sensiblemente menor a los 24.000 que se estimaban en 2002, pero que sigue siendo una cifra de irregulares muy significativa.
 
Si a lo anterior le sumamos lo señalado por el Director de la Escuela Cultura de Paz de Barcelona Vicenç Fisas, que “el conflicto colombiano es el conflicto sin negociar más antiguo del mundo… Pero por otra parte, y a nivel internacional, nueve de cada diez conflictos armados terminan en algún momento en una mesa de negociación”, es necesario que el próximo gobierno diseñe e implemente una estrategia de seguridad y defensa que deje una ventana abierta para una terminación negociada de este conflicto armado de manera rápida. La negociación no es sino la otra cara de la estrategia de seguridad y defensa y tiene igual objetivo: neutralizar o terminar con una amenaza a la seguridad de las personas o del Estado. Y en esto sí que podrían jugar un papel importante nuestros vecinos suramericanos.
 
Lo afirmado en días pasados por Hugo Chávez es la actitud adecuada y debería ser la posición de todos los gobiernos de la región: “Creo que la guerrilla colombiana debería considerar seriamente el llamado que algunos de nosotros hemos hecho; con todo respeto, el mundo de hoy no es el mismo de los años 60. Los países latinoamericanos y especialmente los que se autoproclaman de izquierda deberían contribuir con Colombia fundamentalmente presionando a las guerrillas para que entiendan que la única salida es aceptar una terminación negociada, en los términos que proponga el Estado colombiano de este largo período de enfrentamiento armado.
 
La época de las revoluciones ya pasó y en los tiempos actuales en la región no existen otros procedimientos aceptados y aceptables para acceder al gobierno que los procedimientos democráticos. Y ese debe ser el principal mensaje de la comunidad internacional para las guerrillas colombianas y la principal colaboración con nuestro país.
 
– Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional