La caída de la producción agropecuaria durante los primeros meses de 2010 se convirtió en la gota que desbordó la copa de la inconformidad general con la política agropecuaria seguida durante los últimos años. El producto bruto se redujo 1,3% con respecto al año anterior y bajó 2,2% con respecto al trimestre anterior, a pesar de haber crecido el producto bruto del conjunto de la economía el 4,4% con respecto al año anterior y 1,5% con respecto al trimestre anterior.
 
Entre 2003 y 2007, en pleno auge cíclico nacional e internacional de la economía, el sector agropecuario colombiano perdió una oportunidad única para crecer rápidamente. Con tasas de crecimiento del producto interno entre el 4,6 y el 7,5% anual y del producto industrial entre el 5,5 y el 9,5% anual, el sector agropecuario solamente creció entre el 1,8 y el 3,9% anual. En el 2008 el comportamiento del sector agropecuario fue uno de los factores que disparó la crisis económica general. Fue un año de estanflación, en la medida que precisamente los precios de los alimentos se elevaron en 13,77%, mientras la producción industrial se redujo en 1,8%. En 2009 comenzó la destorcida de los precios internacionales, que resultó ruinosa para muchos productores y la recesión se extendió al sector agropecuario que durante el primer semestre registró una producción inferior al año anterior. En 2010 cuando el conjunto de la economía comienza a recuperarse, el sector agropecuario vuelve a caer.
 
Otro importante indicador también registra resultados negativos: la formación de capital fijo anual no volvió a alcanzar los niveles de 2002 (en 2009 fue 22% inferior) y se mantuvo estancada durante ocho años mientras se duplicaba para el conjunto de la economía. Este dato es especialmente grave pues expresa la incapacidad para lograr una inversión sostenida que pudiera alcanzar la cacareada “competitividad” del sector y su modernización.
 
El modelo seguido en Colombia durante los últimos años lejos de provocar un auge del agronegocio, se concentró en el fomento de plantaciones de caña y palma para producir agrocombustibles, mediante normas, subsidios, exenciones y la explotación de los trabajadores con las “cooperativas de trabajo asociado”.
 
En cambio, para los cultivos transitorios la situación se volvió catastrófica, hasta el punto que en el primer trimestre de este año su producción fue 8,3% inferior a la del mismo período del año anterior, profundizando una tendencia que completa dos décadas. El producto bruto de una consentida de épocas pasadas, la ganadería bovina, cayó 14,6% y la de leche 3,7% con respecto al año anterior. Comparada con el último trimestre de 2009 la producción porcina se redujo 4,5%, la avicultura se estancó, la producción de huevos disminuyó 3,7%. Cayó en 25 % la producción en el año cafetero.
 
La designación por el nuevo gobierno del doctor Juan Camilo Restrepo, un crítico constante y opositor de la política agropecuaria del gobierno saliente, significa el reconocimiento de la necesidad de un viraje urgente en la conducción del sector.
 
El curso reciente del sector agropecuario articulado al impulso a las dos plantaciones señaladas se caracterizó también por el aumento de las importaciones de bienes agropecuarios y la extrema concentración de la propiedad privada de la tierra. Las importaciones agropecuarias crecieron 30 % en los tres años de mayor crecimiento económico y las importaciones de alimentos subieron de 4,4 a 8,2 millones de toneladas, mientras que 5 millones de hectáreas de buena para la agricultura seguían desperdiciadas en las grandes propiedades. Un 0,06% de los propietarios, que tienen más de 2 mil hectáreas, concentra el 53,5% de la tierra registrada en propiedad individual.
 
El nuevo ministro de Agricultura ha anunciado que entre los cambios que proyecta está el apoyo a la economía campesina con redistribución de tierras, especialmente de aquellas en manos de narcotraficantes, y con subsidios del tipo “Agro Ingreso Seguro” que hasta ahora han estado acaparados por grandes propietarios. También se discute la imposición de impuestos a la gran propiedad para fomentar su utilización productiva, es decir para frenar la acumulación especulativa de tierras.
 
Son propuestas importantes, pero cuyos límites van a depender tanto de normas legales que realmente las hagan viables, como de la capacidad práctica institucional y social para aplicarlas. A su vez ambas cosas dependen fundamentalmente de que las organizaciones propias del campesinado, los indígenas y afros se fortalezcan, hasta el punto de sacar adelante tanto una nueva institucionalidad que apoye la agricultura familiar, como una redistribución de tierras exitosa en lo productivo, en lo social y en lo ambiental. Si no se produce una apertura a la organización popular rural, a la organización del millón de familias agricultores familiares, estos cambios se van a quedar en intenciones.
 
Hay que insistir también en que para un cambio en el sector es clave la generación de tecnología propia, lo cual implica también tecnología para la pequeña producción y especialmente para los ecosistemas propios. No puede Colombia seguir dependiendo de la tecnología de transnacionales que mediante las patentes aspiran a controlar la producción agropecuaria mundial. El país requiere de entidades que garanticen la generación y transferencia de tecnología de acuerdo con sus necesidades.
 
Por otra parte, la situación del agro no hace parte solamente de un modelo agropecuario sino del modelo neoliberal, que en el caso de Colombia ha deprimido al sector agropecuario y desbaratado la soberanía alimentaria. Dentro de ese modelo, por ejemplo, las “ventajas comparativas” dictaminadas ahora para Colombia se concentran en el sector minero, antes en el sector carbonífero por la ya pasada fase de alza de los precios de las fuentes de energía y ahora tras el oro con altísimos sobreprecios a raíz de la crisis económica mundial que convirtió las reservas en metálico en el último refugio seguro de la especulación mundial.
 
La minería y en particular la del oro, significa una doble competencia, generalmente ruinosa, para el sector agropecuario: por una parte, la competencia territorial de la gran minería, peor cuando es a cielo abierto, que arrebata no sólo las tierras sobre las cuales están las minas, sino cuencas y ecosistemas enteros y que además, como se ve en el caso de La Toma, en el Cauca, quiere desplazar a los pequeños mineros artesanales o borrarlos del mapa como en Marmato; por otra parte, el efecto macroeconómico, pues las nuevas divisas presionan una mayor revaluación del peso, que a su vez aumenta las importaciones de alimentos y otros productos agropecuarios y dificulta las exportaciones.
 
Los altos precios del oro, como los de los combustibles y los de cualquier producto de “bonanza”, son coyunturales. Estas economías coloniales de “bonanza”, no han conducido a ningún país a una situación económica sólida y estable y mucho menos han garantizado el bienestar de la mayoría de la población y su buen vivir. Los grandes capitales obtienen grandes utilidades y se marchan dejando el hueco.
 
Un viraje profundo conllevaría un cambio de prioridades que garantice la soberanía alimentaria, que respete la diversidad étnica y cultural, proteja el ambiente y los ecosistemas y una gestión macroeconómica anti-cíclica que proteja la economía nacional de la volatilidad de las “bonanzas”.
 
Por el contrario, imposición de los tratados de libre comercio con Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, coloca los derechos de los inversionistas transnacionales por sobre los derechos colectivos y por sobre la sostenibilidad de la economía nacional y abre los mercados a más importaciones, como las que amenazan a la avicultura y a varios productos agrícolas en el caso del TLC con Estados Unidos y a la leche nacional en el caso del tratado con la Unión Europea.
 
Héctor Mondragón es Coordinador del Grupo en Agricultura y Comercio de la Alianza Social Continental
Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 215, Corporación Viva la Ciudadanía, www.viva.org.co