El Grupo el Comercio, en su Código de Ética señala: “…en un mundo de competencia y alto riesgo como el de la información, es esencial que los lectores y clientes confíen en que el GEC les dice la verdad, por una razón: la confianza es requisito vital para crecer en el negocio de la información. Si no dice la verdad –o incluso si el lector y/o cliente cree que no se le dice la verdad-, el patrimonio principal del GEC se afectará y su imagen se lesionará profundamente”, a lo que agrega que: “… el GEC se afectará si el lector y/o el cliente no pueden dar por sentado que: 1) La información del GEC es fidedigna y presentada con equilibrio y equidad. 2) Los análisis del GEC representan sus mejores juicios independientes y no da lugar sus preferencias o las de sus fuentes o anunciantes. 3) Las opiniones del GEC no representan más que sus propios criterios editoriales. 4) No hay agenda reservada en ningún producto del GEC”. Citas de las cuales vale resaltar que el GEC:
1.      Dice la verdad;
2.      Su información es fidedigna; y,
3.      Sus análisis representan juicios independientes.
Introito indispensable para juzgar si el editorial del diario el Comercio publicado bajo el título ¿Cuánto vale la palabra?, difundido en su edición del 9 de julio del 2010 cumple con los principios deontológicos antes señalados.
El diario el Comercio en el editorial mencionado afirma: “El acuerdo hablaba de la formación de un Consejo de Comunicación independiente sin representantes del poder político. Lo contrario a lo aprobado por la mayoría de miembros de Alianza País en la Comisión Ocasional burlando su propia palabra empeñada”. Aseveración que, de acuerdo al código de ética se supone revestida de verdad. Veamos si se cumple este supuesto.
El Acta de la Reunión de Representantes de Bancadas y Grupos Políticos, suscrito el 16 de diciembre del 2009, en el acuerdo cuarto  señala: “Se admite la necesidad de que exista un Consejo de Comunicación e Información autónomo e independiente del Gobierno y poderes fácticos (…)”. Texto del que se infiere que en ningún momento el acuerdo incluía como condición la no representación del poder político, como lo sostiene el diario El Comercio. Por lo que es dable concluir que la opinión vertida por el diario no es fidedigna. Pero tampoco es verdadera, puesto que a más de omitir que la independencia planteada incluía a los poderes fácticos y el carácter autónomo del Consejo, también torna sinónimos al gobierno con el poder político, lo que igualmente no procede.
A más de lo mencionado, es indispensable juzgar si el juicio contenido en el editorial en análisis, es un “juicio  independiente” o no. Para ello es necesario recordar que la autonomía de todo Consejo del tipo como el mencionado se concreta en dos ámbitos: normativo y financiero. En lo normativo la autonomía demanda que el Consejo elabore y apruebe tanto el reglamento de la Ley de Comunicación como todas las normas orgánicas, estructurales y procedimentales que sean necesarias. La autonomía, entonces, demanda la no participación de otras instancias en este proceso normativo, puesto que ello implicaría el fin de la autonomía. En lo financiero, la autonomía se expresa en la capacidad del Consejo para elaborar y aprobar su presupuesto, y, principalmente, para que éste no sea reformado por otras instancias, debiendo, una vez aprobado, procederse a incluirlo en el Presupuesto General del Estado, como lo ejemplifica el procedimiento establecido en la Constitución de la República en el caso de organismos autónomos como la Asamblea Nacional. Siendo ello así, lo que le correspondía al diario, si quería emitir un juicio objetivo era el comprobar si el texto del proyecto de Ley establece normas que aseguren la autonomía o no. Concluir sin cumplir con ese propósito, de hecho, no conduce a juicios independientes, por el contrario, responden a objetivos comunicacionales predeterminados.
En relación a la independencia de todo organismo, se debe insistir que ésta depende de la condición personal, individual de sus miembros y no del origen de su postulación. Efectivamente,  la independencia se deriva del grado de libertad que se imprime a una acción humana, de la capacidad de los miembros de un cuerpo colegiado para actuar de acuerdo a su libre albedrío, por lo que y en consecuencia, lo que debe juzgarse antes de afirmar si existirá independencia o no del Consejo, son los requisitos que deberían cumplir quienes formarían parte del Consejo. Siendo esto así, el juzgar y concluir sobre el grado de independencia del Consejo, exige estudiar previamente si los requisitos que se establecen en el proyecto de Ley de Comunicación son los adecuados, los pertinentes para asegurar la independencia en el accionar de los miembros del Consejo. Actuar sin analizar esos contenidos, conduce, inevitablemente, a emitir juicios de valor poco prejuiciados, lo que igualmente no se compadece de las normas de conducta que en forma autónoma aprobó el GEC al aprobar su código de ética.
Lo expresado nos permite concluir que, en este caso, el editorial del diario El Comercio no se ha ajustado a su propio código de conducta, acto que los aferentes debemos observar, en ejercicio del derecho que nos asiste para exigir el cumplimiento de las normas deontológicas adoptadas autónomamente por El Comercio.  Acotación que también posibilita preguntar ¿Quién burla su propia palabra empeñada?