Más allá de mantener militarizadas las carreteras, sostener la red de informantes y las recompensas y consolidar la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional, no se espera mayor continuidad en las acciones y filosofía de la seguridad democrática uribista por parte del presidente electo Juan Manuel Santos; quien, con su casta familiar, experiencia de tres ministerios -incluido el de defensa en la era Uribe- y el alto conocimiento académico y político adquirido durante largos años, sólo tenía una meta que lo obsesionaba en la vida: llegar a la Presidencia de la República. Por esto, sería absurdo que, ya en el poder, se vaya a dedicar a “cuidar los huevitos de Uribe”, frase que además detesta junto a toda la jerga burda y comportamientos sin “clase” del mandatario saliente. Futuro ex Presidente al que le debe el haber allanado el camino de su victoria, pero que no considera su compañero de viaje y mucho menos su guía espiritual o política.
 
Para empezar, todo parece indicar que el nuevo gobierno retornará a una política de seguridad que parta del reconocimiento de un conflicto armado y abandone el concepto uribista que reducía todo a una amenaza narco-terrorista, entrando, además, en sintonía con la nueva doctrina de seguridad internacional del presidente Obama que dejó a un lado el concepto de lucha antiterrorista. Por esto, se lee de su propuesta que: “En el 2014 se derrotarán los grupos armados ilegales y se terminará el conflicto armado”. Y más adelante fija mayor distancia con el proyecto de Uribe de venganza a muerte contra las FARC y manifiesta: “No cerraremos la puerta a una negociación con los grupos armados, pero sin impunidad por los delitos cometidos y sin concesiones políticas a los violentos”.
 
Tampoco es de esperar que Juan Manuel Santos continúe con la política de Uribe de estigmatización contra la oposición política y social y mucho menos que de continuidad a los ataques criminales contra las cortes, los medios de comunicación, las ONG y hasta la comunidad internacional, que cayeron víctimas de la paranoia gubernamental en la extensión de su guerra antiterrorista contra todo aquel que disintiera de su gobierno. Sin embargo, y mientras subsista la ofensiva para el debilitamiento o exterminio militar de las FARC, si se prevé que continuarán los abusos contra la población campesina, indígena y afro inmersa en los territorios en conflicto (capturas masivas, desplazamientos, fumigaciones, etc.), pero con mayor control y veeduría por las violaciones de los derechos humanos, ya que, Santos, se siente obligado a limpiar internacionalmente su imagen por el escándalo de los falsos positivos.
 
De su experiencia, como el Ministro de Defensa (2006-2009) más exitoso del Gobierno saliente, Santos sabe que el cartucho político de lucha contra las FARC está agotado y que la enorme cantidad de recursos que demanda la guerra (4,6% del PIB) son insostenibles en el tiempo y menos ahora que la prioridad norteamericana está en otro lado y la disminución de la ayuda es inevitable. Por esto, y de la mano de su Vicepresidente Angelino Garzón, amplio conocedor de las FARC y que como gobernador del Valle fue el gran promotor de una zona desmilitarizada de encuentro con ellas en Florida y Pradera, Santos de tener la oportunidad de pactar la paz, la hará; ya que, de conseguirla, marcará su propio sello para la historia de Colombia.
 
Este escenario, aunque probable en la era Santos, va a tener enormes dificultades. Primero, el mismo Álvaro Uribe y los sectores uribistas, se convertirían en opositores de la iniciativa y la mostrarán como una traición a la Seguridad Democrática; por esto, el discurso de Unidad Nacional con el que llegó Santos al poder no se puede quedar en simple retórica, sino que debe recoger, como lo ha prometido, las iniciativas y apoyos necesarios para lograr una concertación de grandes alcances para el país. Y es desde aquí que toma sentido el llamado de Santos a sectores tan lejanos como el Polo Democrático, que junto al pacto político firmado con un sector mayoritario del partido liberal desataron la ira del mandatario saliente.
 
Segundo, las mismas FARC no van a ver con buenos ojos un pacto político con un miembro de la “oligarquía” que dicen combatir; además, su reencauche internacional construido sobre los abusos de poder de Álvaro Uribe, las violaciones a los derechos humanos y el aislamiento latinoamericano al que postró a Colombia en sus dos gobiernos consecutivos, les ha dado oxigeno político para seguir en armas con la venia de sectores de izquierda de países vecinos. Ante esto, es de la mayor importancia el trabajo que desde la cancillería se realice para restablecer prioritariamente las relaciones con Venezuela y Ecuador, y posteriormente avanzar en la consolidación de un bloque latinoamericano por la paz en Colombia que incluya a Brasil, Argentina y Perú, entre otros. Santos, si se mueve táctica e inteligentemente, puede construir hoy un escenario propicio para sentar a las FARC a negociar dada su debilidad militar y su probable cercamiento diplomático y social.
 
Tercero, la justicia internacional y las exigencias de verdad, justicia y reparación; pueden llegar a ser un obstáculo importante a la hora de plantear un proceso de paz, ya que, en el marco del conflicto colombiano son innumerables los crímenes de lesa humanidad cometidos por las guerrillas, los grupos paramilitares (hoy llamados bandas emergentes) y la fuerza pública. Procesos de paz, como en el pasado, bajo marcos de indultos y amnistías, hoy son literalmente imposibles a la luz del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por esto, y bajo un modelo de justicia transicional se deberán construir marcos legales para cada caso específico en la búsqueda de un gran acuerdo de paz donde se incluyan a todos los actores del conflicto (guerrillas, paramilitares y fuerza pública), que de no tenerse en cuenta sus especificidades jurídicas y expectativas políticas y sociales, serán a su vez piedras en el zapato de un posible acuerdo de reconciliación nacional. Acuerdo que deberá reclamar toda la verdad, exigir la reparación integral de las víctimas y tranzar penas alternativas moderadas en aras de poner fin al desangre de la nación.
 
Si el nuevo Gobierno quiere lograr la paz -sea por la vía militar, por el diálogo o por una equilibrada dosis de las dos- el gran acuerdo nacional que se propone liderar el presidente Santos no debe dejar por fuera de sus iniciativas a las víctimas del conflicto, que fue una de las mayores falencias de la política de seguridad democrática. Los más de cuatro millones de desplazados, las familias de los desaparecidos, las víctimas de masacres, minas anti-persona, y múltiples violaciones deberán ser tenidas en cuenta para protegerlas, atenderlas, restituirles sus derechos, repararlas y garantizarles que jamás se les volverá a violar su dignidad e integridad humana. También es inaplazable en la búsqueda de la paz, cerrar las enormes brechas de pobreza y miseria que sufre el país, y en esto, el electo presidente Santos se ha comprometido en un ambicioso plan para generar 3 millones de empleos formales y, junto a programas sociales, sacar a 7 millones de colombianos de la pobreza y a 4 millones de la indigencia.
 
Por otro lado, va a ser una prioridad inaplazable para el gobierno de Santos, hacerle frente a la inseguridad de los centros urbanos y el crecimiento desaforado de bandas juveniles, pandillas y organizaciones delictivas de todo tipo. Combatir de forma radicalmente diferente el problema del narcotráfico, ya que, después de una inversión por parte de EEUU de más de cinco mil millones de dólares desde 2001 y de afectar con las fumigaciones el medio ambiente, la salud y la vida de miles de campesinos colombianos, el último reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC (por su sigla en inglés), dice que Colombia es el mayor productor de coca del mundo, con una producción de 149.391 toneladas y 68.000 hectáreas sembradas; y por último, restablecer las relaciones armónicas con la rama judicial, a la cual deberá, además de retornarle el respeto y la autonomía, apoyarla en su fortalecimiento para combatir los altos índices de impunidad que hoy aquejan al país y que son reproductores sociales de la violencia cotidiana.
 
Como podemos ver, en medio de enormes promesas y grandes retos comenzará el nuevo Gobierno el próximo 7 de agosto, pero tan sólo con que se abandonen las prácticas criminales de chuzar a la oposición, perseguir y amenazar a los jueces, violar los derechos humanos de los colombianos por la búsqueda irresponsable de resultados, conspirar desde Palacio con representantes de la mafia y colocar los organismos de seguridad al servicio de los intereses del gobernante y no del país, ya habremos avanzado bastante hacia una Colombia más segura y un Gobierno respetuoso de las instituciones y afecto a la democracia.
 
Gabriel Bustamante Peña es Asesor Jurídico-Político Corporación Viva la Ciudadanía
Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 212, Corporación Viva la Ciudadanía, Semana del 25 de Junio al 01 de Julio de 2010 Bogotá D. C.. – HUwww.viva.org.coU