El paso del tiempo nos permite una mirada más objetiva del trágico golpe de estado que sufrió nuestro país el 28 de junio de 2009. Ahora nadie, sin presentarse como un cínico, se atreve a decir que lo ocurrido fue una sucesión constitucional. Igualmente, nadie que se precie de poseer sensatez normal, desconoce que la oligarquía y sus organismos ultrajó la débil institucionalidad del país, teniendo como objetivo último, la defensa de un estatus quo caracterizado por el autoritarismo político, la inequidad social y una estructura económica que privilegia hasta el hartazgo a una minoría insensible y excluye a las grandes mayorías sumidas en la más brutal pobreza. Obviamos las estadísticas para no saturar este breve artículo, pero lo que está a la vista no necesita anteojos.
 
Lo que sí es menester cuestionar es hasta dónde una consulta que, bajo ninguna óptima jurídica podía ser vinculante, amenazaba realmente el orden imperante, a lo sumo, el pueblo se ilusionó con construir espacios de participación, que en determinado momento pudiesen conducir a la conformación de una democracia participativa y tal vez, el populacho desgarbado dejase de ser el gran excluido en la toma de decisiones y adquiriera la condición de ciudadano. Pero troglodita que es la oligarquía criolla vislumbró en el horizonte el fantasma del comunismo.
 
Otra evidencia de falta de lucidez de la agotada clase política nacional fue creer que el Presidente pudiese perpetuarse en el gobierno y que las elecciones programadas para noviembre no se realizarían si, la misma cuarta urna se instalaría en el proceso que los adalides del atraso temían que se efectuase. Por eso recurrieron al nefasto expediente de expatriar a un hondureño, condenándolo sin juicio previo, hecho ejecutado por el ejercito que no tiene como función cumplir ninguna orden judicial destinada a la detención de ciudadanos, con el agravante de operar a una hora prohibida por nuestras leyes. Pero la ceguera de los grupos de poder fue tal que la constitución que dicen defender no les importó ni un comino.
 
La miopía, estulticia, arrogancia y falta de valores democráticos condujo, eso sí, al círculo de poder y sus adláteres, testaferros y gargantas asalariadas a conspirar contra su propio nicho de privilegios, porque ahora , después de un año del golpe de estado, no obstante los asesinatos, la persecución, la represión, el cierre de medios de comunicación, los estados de sitio, los toques de queda, las compañas de desinformación y los millones de dólares malgastados en contener la justa reacción del pueblo, ha surgido un muevo, poderoso, plural, bien organizado y pujante sujeto político que, no nos cabe duda, cambiará la historia de la patria, hoy por hoy, ultrajada. Sin contar con este nuevo actor de la vida nacional no puede haber gobernabilidad, cohesión social, visión de país, plan de nación o cualquier concepto posmoderno que aluda al pacto social que un país requiere para transitar por la ruta de la democracia.
 
Es por lo anterior que la Asamblea Nacional Constituyente se hace necesaria para construir la patria de todos(as), instancia que deberá aprobar una nueva Constitución en la que cuenten las mujeres, los indígenas, los negros, los obreros, los campesinos, los intelectuales, la clase media, asimismo, en la cual se prescriban normas a efecto de que los recursos naturales se gestionen con responsabilidad humana no como mercancías.
 
Lograr la patria de todos y todas es una tarea nacional, la comunidad internacional debe respetar nuestra hoja ruta, inédita por cierto, la cual transitaremos guiados por el ejemplo de Lempira, Morazán, Cabañas, Gabriela García, Visitación Padilla, Manuel Calix Herrera, Ramón Amaya Amador y todos(as) nuestros(as) héroes y mártires.