En su “Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles” (publicado en 1830), el guayaquileño Vicente Rocafuerte escribió: “Todos los gobiernos cultos han empezado a revisar sus leyes penales y a reformar sus cárceles: se han penetrado de la verdad del hecho, que la suavidad de la pena es el mejor medio de disminuir los delitos; que la ley busca en el castigo la enmienda del reo y no sus padecimientos, porque nunca obra ni debe obrar por espíritu de venganza”. Continúa Rocafuerte: “El castigo tiene por principal objeto la enmienda del preso, a quien se le debe proporcionar los medios de conseguirla; ¿y cuáles son estos medios? la conservación de su salud, la salubridad del aire que respira, la limpieza de su habitación, el trabajo productivo, la instrucción religiosa, el silencio, la reflexión, el orden en todo cuanto haga, lo que regulariza sus acciones y le predispone a una completa mudanza de costumbres”. Y sigue: “A fin de conciliar la moral con la política se han desterrado de las cárceles modernas las bartolinas, los fétidos calabozos, las cadenas y todo instrumento de crueldad que repugna con nuestra civilización. El mal trato, lejos de corregir al delincuente, lo irrita, lo desespera, llenando su alma de rabia, amargura y venganza”.
 
Rocafuerte concreta sus recomendaciones para las cárceles: 1. Salud: luz, aseo, higiene, salubridad, atención personal para los presos; 2. Clasificación y separación de presos de acuerdo al tipo de delitos; 3. Inspección: buen mantenimiento para los encarcelados; 4. Trabajo: mediante talleres y máquinas; 5. Instrucción: porque el delito está asociado generalmente a la falta de instrucción; 6. Disciplina: destierro de todo abuso y ejercida bajo estricta justicia.
 
Esas ideas de hace 180 años parecen tomar sentido también para la actualidad. Allí hay principios teóricos que suelen ser compartidos por amplios sectores de abogados y juristas. Pero es dramática la crisis histórica de la función judicial en el Ecuador. Y hablo de “crisis histórica”, porque esta función del Estado es la que más ha retardado en ajustarse a las necesidades de la época. Su sistema es, en mucho, caduco. El tradicionalismo y hasta el conservadurismo están muy extendidos entre los propios abogados y jueces. Hay mucho por superar en cuanto a corrupciones, burocratismos e indolencias. Predomina la muy baja opinión de la ciudadanía sobre “la justicia”.
 
En tales circunstancias, sin duda adquieren receptividad las tesis socialcristianas y maderas-de-guerrero sobre el “endurecimiento” de las penas, crece la práctica de la “justicia privada”, se acude al “sicariato” y se defiende el “castigo indígena” como supuesta alternativa “ancestral”. Pero la historia trae experiencias: cierto es que se requiere de un nuevo sistema judicial; pero sólo se institucionalizará mejor si va acompañado del suficiente cambio social que liquide las condiciones de la pobreza, la precariedad laboral y la inequidad social. Y esto es a lo que se resisten los sectores de la derecha política que claman simplemente por autoridad y garantía del “orden” con la fuerza pública y las leyes más duras.
 
– Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica. http://puce.the.pazymino.com
Publicado en El Telégrafo, Ecuador, lunes 14 de junio de 2010