La sentencia de más de 300 folios, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 9 de junio de 2010, mediante la cual condenó al coronel del Ejército colombiano Alfonso Plazas Vega, por encontrarlo responsable como autor mediato, de la desaparición forzada de 11 personas[1] en la retoma del Palacio de Justicia ha dado lugar a muchas y variadas reacciones. Los hechos se refieren a la acción de las fuerzas militares, comandadas por el mencionado Coronel, luego que el grupo guerrillero M-19 había entrado y tomado como rehenes a los magistrados de las Altas Cortes y a las personas que laboraban o se encontraban en el Palacio de Justicia de Bogotá, en hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
 
Sin embargo, 24 años y 9 meses después de ocurridos estos hechos, constitutivos de la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves infracciones al derecho internacional humanitario, los familiares de las personas desaparecidas no conocen todavía en donde se encuentran los desaparecidos. La sentencia constituye apenas un paso en la larga y difícil lucha que ellos, las organizaciones de derechos humanos nacionales[2] e internacionales que las han acompañado; las y los abogados que intervinieron en el largo proceso y que lograron este importante pronunciamiento.
 
La sentencia ha dado lugar a numerosas reacciones, que han puesto en evidencia la actitud irrespetuosa del Gobierno y de los sectores políticos y sociales que lo apoyan, con el principio definitorio del Estado de Derecho, que es la separación de poderes y la independencia que debe tener la Rama Judicial.
 
El presidente Uribe, en una apresurada reacción expresó: “una alianza criminal entre el narcotráfico y una guerrilla asesinó a la Corte Suprema de Justicia” y cuestionó que “ninguno de los actores criminales está en la cárcel”. Para Uribe, la sentencia contra Plazas Vega es la condena “a un integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia que simplemente buscó cumplir con su deber. Duele, da tristeza”.
Posteriormente, en una intervención por todas las cadenas de televisión, realizada el 10 de junio de 2010, en horario de máxima audiencia, rodeado de los jefes de la fuerzas militares y de policía y del ministro civil de defensa, luego de reiterar su tristeza por la condena y en atención a que la sentencia ordena investigar las posibles responsabilidades del Presidente de la época y de los mandos militares y policiales de entonces, manifestó: respaldamos al ex presidente Belisario Betancur, que siempre ha procedido con el patriotismo y la transparencia que rechazan cualquier asomo de delito. Respaldamos al Alto Mando Militar y Policial de la época, acusados injustamente de haber conocido con anticipación el plan criminal contra el Palacio de Justicia, y de haberlo permitido para justificar el ingreso al interior de la edificación y asesinar personas.
 
En la misma alocución anunció: el Gobierno invita a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los Derechos Humanos.
 
Es el preludio de una ofensiva para ampliar el fuero militar a favor de los militares y policías que, so pretexto de cumplir con su misión constitucional, atropellan los derechos de las personas y abusan de la prerrogativa que les otorga el pueblo, constituyente primario, de portar armas y de poder ejercer la fuerza para asegurar los fines del Estado y la defensa de su integridad territorial.
 
La sentencia
 
Muchas cosas se han dicho sobre el fallo de la Jueza que condenó a Plazas Vega por la desaparición forzada de 11 personas, pero pareciera que son pocos los que han acometido la tarea de leer juiciosamente el texto.
 
Por una parte, la decisión judicial, ante el pedido de la defensa del Coronel, en el sentido de que el caso debería ser conocido por la jurisdicción penal militar, responde con ponderación y basada en la amplia jurisprudencia de organismos y tribunales internacionales, que coinciden en delimitar esta jurisdicción a las conductas propias de las fuerza militares, esto es, aquellas que cometidas por civiles no tienen relevancia penal ni disciplinaria y que, por consiguiente, no pueden ser objeto de penas y sanciones que afecten la libertad personal u otros derechos fundamentales. Se trata, por ejemplo, del abandono de lugar donde se presta vigilancia, que para un particular, desde el punto de vista laboral solo le puede acarrear su despido del trabajo –independientemente de si su conducta negligente o dolosa pude asociarse a la comisión de un delito-, mientras que para un militar se puede configurar un delito o una falta disciplinaria grave, consistente en el abandono del puesto de centinela.
 
En otras palabras, si un militar comete el delito de acceso carnal violento (violación), o inasistencia alimentaria, o cualesquiera contra la propiedad, para solo citar algunos, no tiene porque ser investigado y juzgado por sus colegas, sino por el juez natural, definido en la Constitución para todas las personas que incurran en tales conductas, porque tanto para los miliares como para los civiles es una acción reprochable penalmente y que no tiene nada que ver con la función y los objetivos de las fuerzas militares y, mucho menos, con los de las fuerzas policiales.
 
La sentencia cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por ejemplo, el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, de 2009), así como los de la Masacre de la Rochela y el de Escué Zapata, ambos sobre hechos ocurridos en Colombia[3] y en los cuales la Corte Interamericana se pronuncia sobre las limitaciones de la jurisdicción penal militar para conocer casos de violaciones a los derechos humanos y recoge y reitera la doctrina de la posición de la Corte Constitucional colombiana, acerca de que en casos de inusitada gravedad, como los delitos de lesa humanidad, se rompe la relación con el servicio y deja de ser una conducta cobijada por el fuero penal militar[4].
 
No deja de ser insólito, que la defensa de Plazas Vega haya pedido la intervención de la jurisdicción penal militar, vedada para conocer violaciones a los derechos humanos por su demostrada parcialidad y, a la vez, haya tachado de parcial los dictámenes del Instituto de Medica Legal y Ciencias Forenses, alegando que su adscripción a la Fiscalía General de la Nación, entidad que a través de una Fiscal había solicitado la detención preventiva del mencionado Plazas Vega, lo hacía perder imparcialidad.
 
La sentencia analiza la naturaleza de la desaparición forzada, no solo desde la perspectiva del derecho internacional, sino también desde su alcance estrictamente penal, para resaltar su carácter de delito permanente y, por tanto, para establecer el momento a partir del cual puede comenzar a contarse el término de proscripción extintiva de la acción penal.
 
Igualmente, se hace un cuidadoso estudio de las posiciones de la defensa y se les rebate con sólidos argumentos basados no solo en la jurisprudencia nacional. Sino de los tribunales internacionales y de doctrinantes de reconocido prestigio en este ámbito.
 
Opta la sentencia por imputar la responsabilidad de Plazas Vega por “autoría mediata por actuar a través de estructuras organizadas de poder” y, basada en esa misma teoría, usada por la Corte Suprema del Perú para condenar a Fujimori, ordena las investigaciones contra el ex presidente Betancur y los mandos militares y policiales que en la época en que ocurrieron los hechos estuvieron involucrados.
 
En fin, que se pueden o no compartir las consideraciones del fallo y habrá que esperar los pronunciamientos de la segunda instancia y, eventualmente, de la sala Penal de la Corte si el asunto llega por interponerse el recurso extraordinario de casación, pero lo que no se puede afirmar es que se trata de un fallo ligero, sin fundamentos y desproporcionado.
 
Mucho menos, se puede usar la decisión judicial para atacar y tratar de minar la autonomía de los jueces, a quienes se ha intimidado, por que se les ha acusado de ser complacientes con los terroristas. El totalitarismo, que niega la democracia, no respeta la independencia de los jueces y fácilmente deriva en terrorismo de Estado. A eso nos exponemos si el Gobierno y sus corifeos insisten en agredir y no en discutir las razones de la condena contra Plazas Vega.
 
– Carlos Rodríguez Mejía es Consultor independiente en derechos humanos, Profesor universitario.
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 210, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org
 


[1]Las 11 personas desaparecidas son: Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Carlos Augusto Rodríguez Vera
[2] En especial, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165 y Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163.
[4] Sentencia C-358/97, Magistrado ponente, Eduardo Cifuentes.