El Gobierno de Uribe Vélez es incorruptible. Nadie puede persuadirlo a ser honesto.
 
En abril de 2008, el mundo conoció la siniestra historia de Elisabeth Fritzl, una joven austríaca que comenzó a ser violada de manera sistemática desde los 11 años de edad, por Josef Fritzl, su propio padre, quien además la encerró en el sótano de su casa, en donde la mantuvo secuestrada desde el 28 de agosto de 1984, luego que la desdichada joven cumpliera los 18 años. Tras 24 años de cautiverio y violaciones, fue rescatada por la Policía junto con sus siete hijos nacidos de la humillante y criminal relación. “El monstruo de Amstetten”, como ha sido llamado el cruel padre, fraguó un plan para hacerle creer a todos, incluidas las autoridades austriacas, que su hija Elisabeth había desaparecido y terminado en manos de alguna secta.
 
A principios de 2002, la democracia colombiana tenía escasos 11 años cuando las bandas paramilitares uribistas decidieron atacarla y violentarla de manera abierta y pública: no más vejaciones a escondidas. El 7 de agosto de 2002, la desventurada joven democracia colombiana fue secuestrada a la luz pública en plena Plaza de Bolívar; desde esa fecha se la mantiene en el encierro y la oscuridad.
 
Varios de los autonombrados y mal llamados “padres de la Patria” violaron a su propia hija, continuamente, y hoy están presos en la cárcel La Picota. “Los Monstruos del Congresete” le hicieron creer a muchos que estaban “refundando la Patria” con “Don Berna”, “Jorge 40” y Salvatore Mancuso, entre otros. De esa humillante y criminal relación nacieron leyes como la 975 de 2005 que “castiga” con cárcel de 5 a 8 años a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y los premia, además, con el beneficio de la alternatividad, consistente en suspender la ejecución de la “pena”; acto legislativo 2 de 2004 que aprobó la reelección inmediata de Uribe Vélez gracias a que ex congresistas como: Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, recibieron dádivas del Gobierno de Uribe Vélez y por tal razón la Corte Suprema de Justicia los condenó por el delito de cohecho; la 1354 de 2009 que convocó al referendo reeleccionista de Uribe Vélez y por la cual 86 congresistas uribistas son investigados por prevaricato por la Corte Suprema de Justicia.
 
Desde el secuestro de la joven democracia colombiana, el 7 de agosto de 2002, también los “héroes del Ejército” violaron a la “Madre Patria”, de manera despiadada y sistemática. Más de 2000 jóvenes desempleados fueron reclutados por una alianza criminal de paramilitares y miembros del Ejército Nacional de Colombia bajo el señuelo de llamativos empleos, llevados bajo engaños a zonas del país diferentes a las de su origen y asesinados a sangre fría para presentarlos luego como guerrilleros muertos en combate y cobrar las recompensas que otorga el Gobierno de Uribe Vélez. Los asesinatos en serie ocurrieron durante la época en que Juan Manuel Santos ocupó el Ministerio de la Defensa de la Guerra. Según el informe final de Philip Alston, relator especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, tras su visita en junio de 2009 y publicado recientemente: “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país … Dentro de las Fuerzas Armadas, el éxito fue medido por el número de guerrilleros muertos y promovido por un entorno en el que hubo poca o ninguna rendición de cuentas. Los soldados sabían que podían quedar impunes”. Igualmente, el profesor Alston destaca que la tasa de impunidad en relación con las ejecuciones extrajudiciales llega al 98.5%.
 
Pero los ultrajes a la joven democracia colombiana no se han quedado allí. Las bandas paramilitares que la secuestraron, la mantienen vendada y encadenada en el sótano de una casa ubicada en la carrera 8 Nº 7-26 de la ciudad de Bogotá. Está comprobado que por el sótano de esa casa, en varias oportunidades, en el año 2008, ingresaron unos pintorescos personajes: Antonio López, alias “Job”, lugarteniente de Diego Fernando Murillo alias “Don Berna”, ex comandante del Bloque Paramilitar “Héroes de Tolová” (“los héroes en Colombia sí existen”); Juan José Chaux, ex gobernador del Cauca y ex embajador en República Dominicana detenido por nexos con los paramilitares; el abogado Oscar Iván Palacio, allegado a Uribe Vélez y el abogado Diego Álvarez, defensor de alias “Don Berna”, con el fin de reunirse con otros “inocentes” personajes: Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, secretario Jurídico y de Prensa respectivamente, del Gobierno de Uribe Vélez. En una de esas reuniones, la del 23 de abril de 2008, en la noche, alias “Job” entregó presuntas “pruebas” en contra de la Corte Suprema de Justicia.
 
El 13 de mayo de 2008, veinte días después de esa reunión, “Don Berna” y otros 12 ex paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos. ¡Qué casualidad! Tres meses después de la misma reunión, el 28 de julio de 2008, Antonio López, alias “Job” fue asesinado en la ciudad de Medellín. ¡Qué inseguridad!
 
Sin embargo, las violaciones más aberrantes contra la joven democracia colombiana, han corrido por cuenta de moradores de la casa donde la mantienen secuestrada. Según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, se estima que desde allí, se orquestó un plan en cuya ejecución aparecen asociados a esa empresa criminal el DAS, la UIAF e inquilinos de la Carrera 8 Nº 7-26. El objeto de la “empresa” era desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como estrategia para restarle fuerza moral a las indagaciones contra congresistas vinculados con las bandas paramilitares como por ejemplo, el benemérito Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe Vélez. El plan contemplaba seguimientos ilegales, interceptaciones telefónicas, amenazas, atentados con explosivos de bajo poder, panfletos, falsos rumores por internet, infiltración y hasta inventarles vínculos con la guerrilla, los paramilitares o el narcotráfico.
 
Las averiguaciones que adelanta la Fiscalía han permitido vincular a Bernardo Moreno, secretario General de la Presidencia, quien recibía los informes de las interceptaciones y seguimientos ilegales que realizaban los funcionarios del DAS; María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS y acaba de ordenar la captura y reclusión de Mario Aranguren, ex director de la UIAF, Unidad de Investigación y Análisis Financiero. La investigación amenaza con llegar al sótano de la casa donde mantienen secuestrada a nuestra joven democracia.
 
Aranguren está en la cárcel, no por perseguir a narcotraficantes como dice tendenciosamente Uribe Vélez, si no porque hizo parte de la empresa criminal que se conformó para atacar a la rama judicial, por suministrar al DAS información sin orden judicial, por haber incurrido en el delito de prevaricato, conforme a los señalamientos de la Fiscalía.
 
Y precisamente, la reclusión de Aranguren exaltó al energúmeno jefe de los ocupantes de la casa de la carrera 8 Nº 7-26, con sus acostumbrados y destemplados paralogismos ha dicho: “Está en la cárcel un héroe de la Patria por luchar contra el narcotráfico”. La defensa que Uribe Vélez hace de Mario Aranguren nos recuerda las defensas que en el pasado hizo de Jorge Noguera Cotes, ex director del DAS preso por vínculos con las bandas paramilitares; Salvador Arana, ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile condenado a 40 años por el asesinato del alcalde del Roble, Eduardo Díaz y crímenes de lesa humanidad. Valdría la pena que Aranguren se apartara de la “ley del silencio” que impera en las cárceles y cuente toda la verdad; ahora que está en la Academia Aquimindia del DAS y no propiamente en una cárcel.
 
Rescatar a la joven democracia colombiana, no es tarea exclusiva de la Fiscalía y de la Justicia, que Uribe Vélez tanto desprecia y ultraja. Es un deber ético de la sociedad colombiana que el Josef Fritzl criollo cese sus vejaciones.
 
– José Hilario López Rincón es Abogado Corporación por la Dignidad Humana
 
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 209, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org