La discusión está en agenda nacional y hay justas razones para el cambio constitucional
 
Estamos felices de celebrar un aniversario más de nuestra Constitución Política, que no sólo es un tesoro que encierra una enorme cantidad de utopías, sino que contiene garantías y normas a que tenemos que sujetarnos en esta difícil convivencia humana que mantenemos en estadios de barbarie.
 
Se ha discutido en diferentes momentos sobre la posibilidad de que nuestra Carta Magna sea modificada. De triste recuerdo es la intensidad de las acciones y controversias que se generaron cuando se planteó la necesidad de introducirle las reformas necesarias para viabilizar los Acuerdos de Paz. Las resistencia vinieron de distintos espacios y con diversidad de intereses. Fue perversa la astucia de quienes ampliaron exponencialmente las propuestas, con el decepcionante resultado previsto del aborto del intento.
 
Recientemente, otro ensayo hizo su aparición, proponiendo una “contra reforma”, disfrazada de reforma, que reivindicaba los derechos individuales como que estuviéramos en los tiempos del surgimiento del Estado moderno, frente al autoritarismo del régimen feudal y el absolutismo realengo. Afortunadamente, este intento trasnochado cantado como melodía neoliberal tampoco tuvo resultados positivos.
 
Hoy de nuevo la discusión está en agenda nacional y hay justas razones para el cambio. Castresana, titular de la CICIG, puso el dedo en la llega, pero dichosamente los expertos y conocedores no han argumentado en contra ni han colocado impedimentos al intento. Hasta quienes tienen las posturas más conservadoras ven bien la intención. Los de siempre ya las descalificaron y están echando rayos y centellas.
 
Tres han sido los asuntos estratégicos en materia de seguridad y del sector justicia mencionados por el Comisionado contra la impunidad: la temporalidad de la detención, regulada actualmente en 6 horas, la que debe ampliarse a 72, como rige en la mayoría de países; la posibilidad de realizar allanamientos las 24 horas del día y no sólo a partir de las 6 de la mañana; y la ampliación del período de desempeño de los y las Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo menos a 9 años, con renovaciones parciales, para no cercenar iniciativas y procesos de continuidad.
 
También ha señalado la necesidad de que quienes integran la Corte de Apelaciones sean funcionarios de carrera y la eliminación de las Comisiones de Postulación, que han desnaturalizado su función y se han convertido en electores. Otras propuestas mencionadas por constitucionalistas reconocidos han sido aumentar el número de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
 
El Centro para la Defensa de la Constitución, a través de su Presidenta y Vicepresidente, ha expresado anuencia hacia la iniciativa, proponiendo, entre otras cosas, reducir el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia a nueve, que la presidencia no sea rotativa, así como el reconocimiento del Derecho indígena. Otros miembros de esta entidad sugieren mayores controles en la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas y de la Fiscalía General de la República.
 
Hay coincidencia en estos conocedores en que esto debe ser un proceso en el cual debe haber un debate con participación plural, lo que es sumamente alentador, pues estando rodeados de la criminalidad, con el sistema de justicia debilitado y desprestigiado, estas posturas son una esperanza de cambio.
 
          Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA. http://cerigua.info/portal/