El 20 de mayo fue entregado el reporte anual por el Secretario General al Consejo de Seguridad en el tema de niñez y conflictos armados. En éste reporte se reconoce que hay información incompleta, pero a la vez se considera un gran avance en la recopilación de datos con respecto a investigaciones cuantitativas anteriores. En este sentido importa destacar la advertencia que señala sobre la dificultad persistente en la determinación exacta de las repercusiones de los conflictos armados sobre la infancia, recalcando que en el mundo cerca de 1.000 millones de niños y niñas menores de 18 años viven en países afectados por conflictos armados, y que en el 2006, 18.1 millones de niños y niñas vivían en condiciones de desplazamiento[1].
 
Indica que en el conflicto armado los niños y niñas son blanco de violaciones a sus derechos, causándoles la muerte y lesiones físicas y mentales, presentándose en ese marco de conflicto que los menores víctimas no puedan crecer con las necesidades emocionales y materiales satisfechas, viviendo rupturas de su vida social, el quebrantamiento de las instituciones, la tensión al interior de sus comunidades, el derrumbe de la autoridad política y legal, la eliminación de los servicios básicos y de la protección social. En definitiva una serie de situaciones que afectan para el resto de sus vidas.
 
Estos menores son víctimas de ataques indiscriminados, muchos mueren, mientras otros son víctimas de delitos de violencia sexual, de enfermedades, de hambre y desnutrición, o de la explotación como combatientes.
 
Cualquiera que sea su victimización, estos niños, niñas y adolescentes víctimas de conflictos armados tienen más posibilidades de ser pobres, de encontrarse en estado de desnutrición, de estar con mala salud y de no acudir a las escuelas, frente a los niños y niñas que no padecen este flagelo. Y en la mayoría de los casos les implica el tener que trabajar para menguar las dificultades que afrontan sus familias, induciéndolos a vivir en la calles, a dejar de estudiar, realizar trabajos sexuales y otras actividades que atentan contra su protección y cuidado.
 
El Secretario General de las Naciones Unidas en el 2005 a través de un informe periódico sobre los niños y los conflictos armados, señaló seis graves violaciones contra la infancia:
 
– Matar o mutilar a los niños y niñas: constituye acciones cuya consecuencia sea la muerte o graves lesiones físicas como cicatrices, mutilaciones, entre otras.
 
– Reclutar a niños, niñas y jóvenes como soldados por fuerzas armadas y grupos armados: se entiende por reclutamiento “la conscripción o alistamiento obligatorio, forzado o voluntario de niños en cualquier tipo de fuerzas armadas o grupos armados organizados”[2] Estos menores en muchos casos son amenazados si tratan de huir, en otros casos se enfrentan a obstáculos para llevar a cabo una transición de la vida militar a la civil.
 
– Atacar hospitales y escuelas: acabar total o parcialmente estas instalaciones u ocuparlas, dañando las propiedades y afectando a los trabajadores sanitarios. Según los informes uno de los países más afectados por ataques contra la educación es Colombia.
 
-Violencia sexual: es utilizada como táctica de guerra, siendo grave la impunidad de los perpetradores de estos delitos, afectando principalmente a las niñas y a las mujeres jóvenes que al quedar sus familias en lamentables condiciones de pobreza acceden a la explotación sexual.
 
-Secuestrar a los niños y niñas: el secuestro temporal o permanente puede tener como fin el reclutamiento, la explotación sexual, el trabajo forzado, la toma de rehenes, adoctrinamiento y la entrega de información. En este delito Colombia es un país del que se cita casos conforme al informe más reciente del Secretario General de las Naciones Unidas.
 
– Denegar el acceso humanitario: es una grave preocupación en materia de protección, consiste en el bloqueo del tránsito y distribución libre y oportuna de asistencia humanitaria a la población afectada. En el informe del 2007 el Secretario General sobre los niños y los conflictos armados indicó que en países como Colombia presentan restricciones al acceso humanitario. Siendo preocupante al aumento de amenazas y actos violentos contra los trabajadores humanitarios[3]
 
Otras violaciones durante y después de los conflictos que se señalan son:
 
– La tortura y otras formas de malos tratos.
 
– Desaparición forzada de los niños y niñas después de su secuestro o detención, específicamente en Colombia La Watchlist on Children and Armed Conflict señaló que desde finales de 1990 hasta los primeros años de esta década los grupos paramilitares cometieron este delito contra niños y niñas.
 
– Detención administrativa, el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos en el 2007 mostró su preocupación en el caso colombiano ante la detención de niños por medio de un proceso administrativo no garante de un juicio justo.
 
– Desplazamiento forzado, que aumenta los riesgos de los menores a otras violaciones, sometidos a situaciones de pobreza y precariedad, dificultando el acceso a derechos como la educación y la salud.
 
– Explotación y abuso sexuales, los niños son vulnerables a la violencia por motivo de género, además que las condiciones de pobreza y supervivencia para las niñas las lleva a verse sometidas a explotación sexual y prostitución forzada, entre otros.
 
– Trabajo peligroso, ocurre cuando los actores armados ilegales buscan fuentes de ingresos usando a los niños para que realicen actividades peligrosas que los pone en situación de riesgo, siendo las peores formas de trabajo infantil la trata, la esclavitud, la servidumbre por deudas, reclutamiento forzoso, la prostitución, la pornografía, producción y tráfico de drogas[4].
 
En el caso colombiano y específicamente frente al Desplazamiento forzado, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2008 (que se refiere a la Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T – 025 de 2004) reconoce a los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, como sujetos de protección constitucional imperativa y obligatoria, conforme a la Constitución Política de 1991, artículo 44 que dispone los derechos fundamentales de los niños, el artículo 45 superior que consagra el derecho a la protección y a la formación integral de los adolescentes, más lo pertinente a las obligaciones internacionales sobre protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
 
En este Auto se indica que más del 50% de la población desplazada por el conflicto armado son menores de edad. Una alta cifra que se explica por la misma dinámica del conflicto armado colombiano, en el que las víctimas sobrevivientes son mayoritariamente mujeres y niños. Pero también se explica por los riesgos especiales en los que se encuentran los niños y niñas, convirtiéndolos fácilmente en víctimas de crímenes contra su vida e integridad física, reclutamiento forzado, de minas antipersonal, de comercios ilícitos, violencia sexual sobre todo en las niñas y adolescentes, entre otros.
 
También indica la Corte que los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento son afectados diferencialmente del conjunto de la población desplazada, de riesgos graves como maltrato, violencia, explotación, la trata, la mendicidad, comercio ilícito, pandillas; problemas de desnutrición y hambre; problemas de salud; problemas en la educación; problemas en la recreación; problemas en la participación y organización; problemas en el ejercicio de sus derechos como víctimas. En todo esto es precaria la respuesta del Estado, presentándose una mayor afectación en la etapa de emergencia del desplazamiento forzado; en la primera infancia; en la adolescencia; en las niñas y adolescentes; en los niños, niñas, adolescentes de grupos étnicos; y en los menores con discapacidad.
 
Con base en lo anterior, es necesario como lo indican las Naciones Unidas y la Corte Constitucional, abordar el conflicto armado desde un enfoque diferencial. Pero también es preciso reconocer que hay mucho por hacer contra la impunidad histórica, jurídica y social que rodea al conflicto armado colombiano en el que se violan todos los derechos de la infancia.
 
– Bárbara González Medina es Asesora jurídico política Corporación Viva la Ciudadanía
 
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 208, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org


[1] UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, P. 19.
[2] UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, P. 21
[3] UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, Ps. 18 – 24
[4] UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, Ps. 24 – 26.