Reacciones como las del gobernador de Oaxaca y del dirigente de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui ayudan a entender mejor, desde la lejanía capitalina, los papeles desempeñados por los protagonistas en el conflicto de San Juan Copala y que el martes 27 produjo el asesinato de Tyri Antero Jaakkola, integrante de la organización Uusi Tuuli Ry, de Finlandia, y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, presidenta del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, además de cinco desparecidos, entre ellos los reporteros de la revista semanal Contralínea Erika Ramírez y David Cilia.
 
Para el oaxaqueño se trató de “un enfrentamiento” con un  grupo de activistas que “no sabemos quiénes son realmente; sabemos que son extranjeros, no sé si sean turistas, si vengan de paseo o si vengan a hacer un trabajo de activismo”. Ulises Ruiz Ortiz dice no saber, pero juzga sin el menor recato: “Qué tipo de calidad migratoria tienen estos extranjeros que están participando de forma muy rara en un evento (sic) donde se registró un enfrentamiento (…) no sabemos a qué iban extranjeros a una comunidad donde hay problemas”.
 
No sabe el señor que se desempeñó hasta 2006 como el mapache mayor de Roberto Madrazo Pintado, pero asegura lo que múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos en México y el extranjero niegan, que instaló “una mesa permanente de negociación para alcanzar acuerdos de paz con los grupos que funcionan en esa zona”. Las acusaciones en su contra por indiferencia, omisión, connivencia o abierto apoyo a la Ubisort están a la orden del día.
 
Mala resultó la estrategia xenofóbica de Ruiz Ortiz porque provocó mayor preocupación de representantes diplomáticos de Alemania, Bélgica, Finlandia e Italia que se apersonaron en el Palacio de Gobierno en busca de información sobre sus connacionales. Como cacique que es, ignora que los derechos humanos son universales, indivisibles e imprescriptibles, y que los activistas no se anteponen fronteras, y menos cuando sólo trataban de llevar alimentos y medicinas a la comunidad del municipio autónomo de la mixteca oaxaqueña, cercado por el mismo grupo paramilitar desde el 29 de noviembre de 2009, fecha en la que asaltaron las instalaciones municipales y balearon el albergue infantil, provocando la muerte de Elías Fernández de Jesús y tres menores más fueron heridos.
 
A partir de entonces, los paramilitares establecieron un retén a la altura de la comunidad La Sabana, como bien registra Francisco López Barcenas en San Juan Copala: crónica de una represión anunciada, justamente donde agredieron a la caravana de 25 personas, entre activistas y periodistas.
 
Y qué dicen los presuntos asesinos. Lo siguiente: “Los MULTI Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) buscaron la manera de ser mártires para llamar la atención de la sociedad; ellos matan y nos culpan a nosotros”.
 
Los testimonios indican que la caravana fue atacada el pasado martes, alrededor de las 14:50 horas, por hombres encapuchados provistos de armas largas en las inmediaciones del paraje Los Pinos, a 10 kilómetros de la Sabana, pueblo cercano a San Juan Copala.  
 
¿Y las autoridades? Muy bien, gracias. Se niegan a intervenir: “No puedo entrar y enfrentarlos porque habría muchos muertos”, juró Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de Seguridad Pública de Oaxaca.
 
La patética incompetencia –o si usted prefiere connivencia– del agónico gobierno estatal y sus eficientes cuerpos policiacos cuando se trata de inhibir a las organizaciones sociales del campo y la ciudad, orilló a los familiares y compañeros de los desaparecidos por los paramilitares a decidirse a entrar a San Juan Copala hoy, con los enormes riesgos que implican para sus vidas e integridad física.