Larga ha sido, en estas décadas, la lista de personas que han hecho de la contrarrevolución cubana un negocio que ofrece pingües dividendos. Los pillos y aprovechadores de oficio, recibiendo abultadas cifras de dólares de la CIA, el Departamento de Estado y por parte de un conglomerado de agencias subversivas y desestabilizadoras como la USAID y la NED, a costa de mantener la más vil guerra sucia contra Cuba, disfrutan y se apropian descaradamente del dinero del contribuyente norteamericano desde las cómodas oficinas de los grupos extremistas e intolerantes radicados en Miami y New Jersey. Por supuesto, sus clones dentro de la Isla, buscavidas como sus patrocinadores, reciben una parte del dinero sucio con la burda parodia de mantener viva una supuesta “disidencia” interna en Cuba.
 
Las administraciones norteamericanas de turno, en su febril y demencial odio hacia la Revolución Cubana, cargadas de impotencia, mantienen ilusamente viva la idea de alcanzar su vano sueño de rendirnos a toda costa. Para cumplir sus fines anticubanos han recurrido a una pléyade de asalariados de diversa catadura, dispuestos a ejecutar los más ignominiosos y criminales actos terroristas e, incluso, hasta campañas ideológicas basadas en la mentira y la difamación. Si algo acertado se le debe reconocer a Estados Unidos, es que han sabido escoger a sus peones con guantes de seda, conscientes de que, como reza un refrán chino: “Es fácil cambiar el curso de los ríos y las montañas, pero difícil cambiar la naturaleza de un hombre”.
 
La ciudad de Miami, convertida en foco de conspiraciones y campañas contrarrevolucionarias de todo tipo, indispuesta por el morbo enfermizo anticubano, sirve de espacio propicio para que se mantenga una sistemática guerra ideológica contra Cuba. Los medios de prensa y televisivos exacerban las bajas pasiones, reverdecen diariamente a la intolerancia y levantan falsas esperanzas para los incautos sumidos en la frustración y el desarraigo.
 
No es casual que cada día, lo mismo en las páginas falsarias del Nuevo Herald y del Diario de las Américas, así como en las sórdidas emisoras de radio de Pérez Roura y Ninoska Pérez Castellón, hasta en los programas televisivos de Óscar Haza y María Elvira Salazar, aparezcan pillos y buscavidas de toda laya ofertando mentiras y especulaciones contra Cuba. Con bombo y platillo desfilan por los programas radiales y televisivos diversos personajes que han fabricado las más inverosímiles historias sobre los líderes de la Revolución, a cambio de ganar algunos dólares. Chismes y falsedades se convierten, por obra y gracia de la labor desinformativa, en la comidilla de los corrillos frente al Bodegón Criollo, La Carreta, El Versalles, el Big Five Club, hasta en cada quiosco de la Pequeña Habana.
 
Todos estos medios de comunicación, buscando aumentar sus ratings, hacen oído a las falsedades montadas por los quinta columnistas dentro de Cuba, especializados en fabricar diatribas, torturas, persecuciones y asesinatos, a cambio de los pocos dólares que reciben desde la propia Miami y mediante la SINA en forma de ayuda a la subversión.
 
Hoy quiero referirme a un nuevo tipo de buscavidas aparecido desde hace algunos años en Estados Unidos y que, aprovechándose de la histeria anticubana y la parcialidad de la justicia de ese país, se han lanzado a la aventura de obtener dinero fácil estableciendo las más absurdas demandas legales contra Cuba, con el fin de aprovecharse de los fondos del estado cubano congelados en EE UU. Sin pudor alguno y con un desmesurado descaro, fingiendo falsas e insostenibles secuelas psicológicas, acuden a jueces conservadores y reaccionarios para lograr sus fines.
 
El congelamiento y robo de activos cubanos en EE.UU. ha sido vilmente legitimizado dentro del marco del criminal bloqueo contra Cuba, desde el 8 de julio de 1963, cuando el Departamento del Tesoro emitió las llamadas Regulaciones para el Control de los Activos Cubanos (Cuban Assets Control Regulations), contenidas en el Título 31, Parte 515, del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, que contienen los elementos principales que “legalizan” el bloqueo contra Cuba. Las CACR se fundamentan en la Ley de Comercio con el Enemigo, obligando a ciudadanos norteamericanos y sus empresas, incluidas sus subsidiarias, así como a residentes extranjeros radicados en el país, a no establecer vinculo comercial alguno con Cuba, so pena de recibir sanciones que van desde 10 años de cárcel, multas millonarias a empresas y otras menores a las personas particulares, incluyendo asimismo la confiscación de bienes.
 
El desfalco de los fondos cubanos con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos, ha alcanzado la asombrosa cifra de más de 170 millones de USD, gracias a controvertidas e injustas decisiones judiciales asumidas por jueces pusilánimes y parcializados con la política agresiva contra Cuba.
 
Fondos cubanos congelados en EE UU y su oscuro destino
 
Las CACR presuponen el congelamiento de los activos cubanos en Estados Unidos desde el momento en que fueron implementadas, casi más de 48 años, y que pertenecen al Banco Nacional de Cuba, la Empresa Cubana de Telecomunicaciones (EMTELCUBA) y otros fondos diversos de menor cuantía. Los mismos oscilan en alrededor de 268,3 millones de dólares, la mayor parte de los cuales han sido prácticamente saqueados con la benevolencia de las administraciones norteamericanas.
 
El despojo irracional del dinero que legítimamente pertenece a Cuba y está ubicado en cuentas en el Chase Manhattan Bank, actualmente el JP Morgan Chase Bank, de la ciudad de Nueva York, ha sido un proceso de tácito robo que se ha extendido fundamentalmente desde 1996 y ha continuado hasta nuestros días.
 
Hoy por hoy, la cuenta con activos del Banco Nacional de Cuba ha sido saqueada totalmente, así como una de las dos que posee EMTELCUBA, quedando solo un saldo de 6 millones en la otra. Otros 58,1 millones congelados pertenecen a ciudadanos particulares, pero sufren también los efectos y prohibiciones de las CACR.
 
De este despojo sistemático se han beneficiado los familiares de dos norteamericanos fallecidos en Cuba, mientras se dedicaban a realizar actividades terroristas al servicio de la Agencia Central de Inteligencia. Los familiares del primero de ellos, Willard Ray, muerto mientras participaba en la invasión por Playa Girón piloteando un B-26, recibieron la jugosa suma de manos de un complaciente juez de La Florida como jugosa compensación. El otro caso es el relacionado con la reclamación hecha por la viuda de Howard F. Anderson, juzgado y fusilado posteriormente por sus actividades terroristas contra Cuba en abril de 1961. Ambos reclamantes se beneficiaron de un total de 72 126 884 dólares.
 
Muchos han sido los buscavidas y aprovechados que se han valido de la confabulación anticubana de los jueces norteamericanos, entre ellos el terrorista José Basulto, quien luego de cansarse de realizar provocaciones con las avionetas de Hermanos al Rescate, se benefició de una indemnización de casi 1,5 millones de dólares, aunque quiso obtener mucho más por sus criminales aventuras, alegando ni más ni menos el haber sufrido daños sicológicos. Me imagino que sus víctimas jamás tuvieron ese derecho por parte de un juzgado complaciente y cómplice.
 
Ha sido tal el desmán, que Cuba se vio obligada a denunciar el sistemático robo de sus activos en el JP Morgan Chase Bank, mediante una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, emitida el 10 de enero de 2007.
 
En algunos de los párrafos de la citada declaración, el MINREX cubano expresó:
 
“Durante el desarrollo de las demandas judiciales contra Cuba que ahora dan lugar a una nueva acción de robo de nuestros fondos congelados, el gobierno de los Estados Unidos actuó con total complicidad con los demandantes, al argumentar que la ley norteamericana permitía el uso de dichos fondos para satisfacer los fallos favorables a los demandantes, así como que el Departamento del Tesoro no pondría el más mínimo impedimento e inclusive los eximía de la necesidad de obtener una licencia para poder apropiarse del dinero.”
 
“Estas acciones contra Cuba se sustentan en la manipulación arbitraria y politizada de la designación de nuestro país como un supuesto Estado “patrocinador del terrorismo internacional” por parte del gobierno de los Estados Unidos, así como en una interpretación tergiversada de las propias leyes norteamericanas.”
 
“Resulta totalmente inaceptable que se acuse al Estado cubano de la comisión de supuestos actos de terrorismo contra ciudadanos norteamericanos. Por el contrario, han sido precisamente actos de terrorismo y ataques armados contra Cuba, perpetrados desde ese país, los que han ocasionado miles de muertes, graves lesiones físicas y psíquicas a nacionales cubanos, así como cuantiosos daños y perjuicios económicos a nuestro país.”
 
“Estas y otras demandas similares, presentadas en tribunales norteamericanos, carecen de validez y legitimidad para Cuba, pues se basan en argumentos totalmente falsos y manipulados, constituyendo aberraciones legales que sólo pueden tener cabida y sustento en la política irracional y hostil del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.”
 
El ingenioso show de una buscavidas resentida
 
El pasado 17 de marzo de 2010, varias empresas fletadoras de vuelos a Cuba pidieron a un tribunal federal de Miami la derogación de una orden judicial, la que les obligaría a pagar 27 millones de dólares en compensación a Ana Margarita Martínez, quien ganó una demanda judicial contra el gobierno cubano en el 2001 y demandó a dichas empresas en el 2007, tras argumentar daños sicológicos por haberse casado con Juan Pablo Roque, agente cubano infiltrado dentro de grupos terroristas en esa ciudad. Según la caradura de Ana Margarita, Marazul, ABC, C&T, Xael, Wilson International Service, Cuba Travel Services, Airline Brokers y Gulfstream Air Charter deben pagarle a ella el monto de las tarifas por operaciones que le pertenecen a Cuba como resultado de cerca de 200 vuelos fletados a Cuba que operan mensualmente desde Miami, Nueva York y Los Angeles.
 
Por supuesto, las artimañas legales que traman Ana Margarita y sus abogados ponen en riesgo los vuelos de los cubanoamericanos a la Isla y que las compañías fletadoras vayan a la quiebra.
 
El 1 de marzo 2010, la empedernida buscavidas declaró: “Las mociones no tienen nada que ver con la política, las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, ni el derecho de viajar a Cuba. Tampoco son un acto político ni un intento de perjudicar los negocios estadounidenses, ni de interferir los viajes por vía aérea a Cuba. Al contrario, parecen ser la única forma de cobrarle una deuda legal al gobierno cubano interceptando, antes de que salgan de territorio estadounidense, fondos que de otra forma serían transferidos a entidades en Cuba que son propiedad y están bajo el control del gobierno castrista.”
 
Empecinada en obtener el dinero prometido por un juez parcializado y resentida por solo haber logrado apropiarse de solo $194,000 de los fondos cubanos congelados en EE UU, Ana Margarita hace todo tipo de peripecias e investigaciones para encontrar dinero fácil. En el año 2002, Ana Margarita logró apropiarse de una avioneta cubana que fue secuestrada y llevada hasta Cayo Hueso y fue valorada en $45,000.
 
El propio presidente en ese entonces, George W. Bush, dispuso en abril de 2005 el robo de 198 000 dólares de una de las dos cuentas de EMTELCUBA, saqueadas en varias ocasiones, como ocurrió también en otras dos oportunidades. La primera vez, en octubre de 1996, el presidente Clinton ordenó al Departamento del Tesoro entregar la cantidad de más de un millón de dólares a los familiares de los pilotos provocadores de “Hermanos al Rescate, derribados el 24 de febrero de ese año, cuando realizaban actividades ilegales y violatorias del espacio aéreo cubano. La segunda vez, en el año 2001, los mismos aprovechadores se beneficiaron con cerca de 96 millones de dólares de los fondos cubanos pertenecientes a la Empresa Cubana de Comunicaciones y depositados en el Chase Manhattan Bank. En total, fueron compensados por la decisión emitida por juez federal de La Florida James King, en 1997, con un total de $137.7 millones, de los que aún les falta cobrar un abultado remanente. 
 
Otra variante bendecida por los órganos judiciales y ejecutivos norteamericanos ha sido la incautación de aeronaves cubanas secuestradas por terroristas, entre ellas un AN-2, secuestrado el 11 de noviembre de 2002; un DC-3, secuestrado el 19 de marzo de 2003 y, por último, un AN-24 secuestrado el 31 de marzo de 2003.
 
Otras insólitas demandas e indemnizaciones
 
El 30 de mayo de 2009, el juez Peter Adrien “regaló” descaradamente a Gustavo Villoldo, terrorista y confeso agente de la CIA, una indemnización de más de 1.000 millones de dólares, arguyendo que Fidel Castro y Ernesto Guevara habían conducido a su padre al suicidio en 1959. No tuvo en cuenta, por supuesto, a las decenas de víctimas de Villoldo en sus aventuras terroristas contra Cuba al conceder la tan abultada e ilógica indemnización.
 
Otro burdo favorecimiento judicial, digno de burdos argumentos, fue la recompensa de cerca de 253 millones de dólares, con la que un juez norteamericano favoreció a los familiares del traidor Rafael del Pino.
 
Igualmente, el 22 de agosto de 2009, Sherry Sullivan demandó al gobierno cubano por el supuesto asesinato de su padre, Geoffrey Sullivan, ante la Corte Superior del Condado de Waldo, Maine, por un monto de 21 millones de dólares. El fallecido, miembro de la US Army y vinculado a los planes de la CIA, fue supuestamente derribado en Cuba y ejecutado según los dudosos argumentos de la demandante.
 
Otra absurda demanda fue interpuesta contra el gobierno cubano por parte de los familiares de otro norteamericano nombrado Robert Fuller, en julio de 2009, llegando a solicitar ante el juez Thomas S. Wilson Jr., luego de ganar una demanda civil contra Cuba por un monto de 100 millones de USD, que una docena de marcas de productos cubanos fueran subastadas para obtener el dinero de la indemnización. Su infame propuesta ante dicho juez de circuito en Miami-Dade, abarcó al Ron Havana Club y la marca Cohiba, entre otras. Según ellos, el agente de la CIA fue asesinado por los cubanos, en una novelesca descripción de los hechos.
 
De médicos a vividores oportunistas
 
El pasado 23 de febrero del 2010 se llegó al colmo del desparpajo en los intentos por robar los fondos cubanos congelados en Estados Unidos, cuando un grupo de siete médicos y un enfermero, quienes abandonaron la actividad solidaria de los cubanos en Venezuela, concebida como Misión Barrio Adentro, interpusieron ante una corte federal de Miami una demanda que, en este caso, no solo va dirigida contra Cuba, sino también contra Venezuela y Petróleos de Venezuela (PDVSA).
 
Renunciando a su condición de internacionalistas y al respeto que se tenía por ellos en su Patria, los médicos Julio César Lubián, Ileana Mastrapa, Miguel Mafjud, María del Carmen Milanés, Frank Vargas, Julio César Dieguez, y el enfermero Osmani Rebeaux, así como otro que escudó su traición y apetencias en el anonimato, los ocho desertores enfangaron aún más su naturaleza humana al demandar a su propia nación y a un país hermano por un monto de 450 millones de USD.
 
Como siempre sucede, el buscavidas hace renuncia tácita a la moral y a la ética, recurriendo a cualquier subterfugio para ganar dinero fácil. En este caso, el sórdido argumento empleado por los traidores fue que sufrieron esclavitud durante su permanencia en Venezuela.
 
La burda demanda se basa en que estos desertores argumentaron que sus superiores les obligaban a trabajar de manera excesiva en los barrios venezolanos, en un régimen forzado de trabajo. La falta de entrega y la blandenguería demostrada por ellos, les hace palidecer ante la dedicación de la mayoría de médicos cubanos en misiones en el exterior, sobre todo los que ahora laboran en Haití en difíciles condiciones, entregados al heroico oficio de salvar vidas.
 
Consideraciones finales
 
Cuba ha padecido todo tipo de agresiones en estas cinco décadas. Desde el más despiadado terrorismo, la difamación ideológica y el más cruel bloqueo económico conocido por nación alguna en la historia de la humanidad. Sin embargo, ha resistido.
 
El despojo tradicional de sus fondos monetarios desde las bóvedas del JP Morgan Chase Bank, incrementado ahora por demandas absurdas y bendecidas por el gobierno norteamericano y una justicia miope y parcializada, ha cobrado aún mayor trascendencia con las nuevas demandas de Villoldo, Ana Margarita y un pequeño grupo de tridorzuelos oportunistas. No importa, por supuesto, que se roben burdamente nuestros activos, pues lo que más vale de nosotros, nuestras convicciones y nuestra libertad, nunca podrán ser robadas por vulgares vividores.
 
– Percy Francisco Alvarado Godoy es escritor guatemalteco. 

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