En la situación de catástrofe que vive el país, su población ha sido testigo de acusaciones y recriminaciones cruzadas que involucran a la Presidenta, ministros de estado, ONEMI, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. No interesan –por ahora– sus responsabilidades políticas específicas; sin embargo, nada de eso excluye señalar las carencias del Estado que la catástrofe pone al desnudo.
Chile es un país sísmico en cuyo territorio se detectan más de 300 temblores al año de diferente intensidad. Frente a esta realidad se supone que al margen de los canales ordinarios de comunicación el Estado posee una red alternativa disponible las 24 horas del día y operativa en tiempos compatibles con la eficacia que se espera de su intervención. Después de esta experiencia sabemos que eso no existe. No obstante, en un balance realizado por el director de la ONEMI de la época, se estableció que en el período 1994-2006, donde se enfrentaron tres años de sequía y severas inundaciones debido al fenómeno de “El Niño”, más un terremoto de gran intensidad, se tuvo que lamentar sólo un saldo de 24 muertos, pues estaban allí la organización local y los protocolos de prevención de riesgos. Está claro que la organización del pasado ya no existe, o bien, está allí pero no es operativa.
Los retrasos en distribuir víveres en Talca (4 días) y reservas de agua que se encontraban en la ciudad; junto con las vacilaciones de La Moneda para decretar el estado de excepción (1 día 12 horas después del sismo) revelan que la parálisis de las autoridades políticas centrales, así como del organismo responsable de la prevención de riesgos y asistencia para desastres en terreno fue determinante en el estallido social que se originó en Concepción y que arriesgó extenderse a otras ciudades siniestradas.
A este balance crítico del accionar de las autoridades políticas hay que sumar a las FFAA que de ninguna manera pueden alegar en su descargo que esperaban el estado de excepción para actuar. Aún sin estado de excepción y sin toque de queda, esto es en un período de un día 12 horas que tardó la autoridad política en decretarlo, se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo, ayudar en la remoción de escombros; proporcionar información mediante la red de comunicación interna del ejército, la marina y la fuerza aérea, que se supone existe en caso de guerra; destinar helicópteros para sobrevolar las zonas costeras aisladas y lanzar desde el aire las raciones de víveres existentes en las bodegas de la ONEMI local; proporcionar custodia junto a carabineros en los locales de acopio de la institución, entre otras medidas.
 Política y Fuerza armada
En una situación excepcional resulta difícil pensar que la Fuerza armada se encontraba impávida en sus cuarteles esperando órdenes. Sin embargo, al margen de intervenciones en el terreno, la cuestión de fondo es política. El ministro de obras públicas lo devela claramente cuando declara que “para una coalición que ha gobernado el país por 20 años y que luchó contra la dictadura militar, la idea de tener a los militares en la calle no fue fácil”. Reacción justificable entre aquellos que vivieron las consecuencias de la dictadura, pero de ninguna manera aplicable a aquellos que tomaron la dirección política hace 20 años atrás y que asumieron la misión de restaurar el Estado.
Si a 20 años de ese cometido reconocen sentir aún el peso de sus temores, quiere decir que se dieron a una tarea para la cual su diagnóstico estaba errado desde la partida, pues en Chile, siempre las Fuerzas Armadas han intervenido en política. 16 años 6 meses de ejercicio del poder de la dictadura pinochetista no pasan en vano. Creer que el plebiscito de 1988 pondría fin a su cercanía al poder y a su particular modo de participación, es llegar al poder montado en un mito.
Las intervenciones del Ejército en 1891, 1925, 1929, muestran la realidad, pero es también la situación a comienzos de la República, cuando el sistema político portaliano en el siglo pasado se consolida con los regímenes militares de Prieto y Bulnes (1831-1841; 1841-1851, respectivamente). Cuando la Unidad Popular destruye las bases de la negociación social populista que la oligarquía había logrado imponer en 30 años de gestión previa, parte importante de los sectores medios de la población llamaron al ejército para restablecer la situación en 1973.
¿Cómo entonces entender estos bloqueos sicológicos en hombres y mujeres que se han dado a la tarea de refundar la República bajo bases democráticas? ¿Quiere decir que han entendido que sus relaciones con el mundo militar se reducen a organizar desfiles de aparato, ceremoniales cívico-militares, ejercicios militares ante posibles enemigos externos, cócteles entre autoridades y que en realidad nunca existió interlocución entre autoridades civiles y militares? Pues esa interlocución significaba definir el rol político de las FFAA en la reconstrucción republicana posterior al plebiscito de 1988. Ausencia de interlocución que explica las vacilaciones de la primera hora y revela trágicamente que no se trataba solamente de poner en marcha los casos de excepción de la Constitución (Arts. 39 a 41 de la CPE) sino de encontrar un terreno de comunicación en tareas civiles y militares, hoy situadas en planos aislados de aparente sumisión y respeto, pero que en definitiva niegan la posibilidad de definir en un plano democrático tareas conjuntas del ejército con la civilidad; o sea, pasar de una situación en la cual las FFAA se constituyeron en el brazo armado de la clase política, a otra en la cual forman parte de las instituciones republicanas para el desarrollo democrático de éstas. En definitiva se trata de reencontrarse en el siglo XXI con la concepción original, independentista del siglo XIX cuando el Ejército marcó un rol fundamental en la fundación de la República.
6 de marzo de 2010
Héctor Vega es Director de Fortín Mapocho.com. Profesor del doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Universidad ARCIS.
En TSUNAMI (2/4) el desastre pone en evidencia la dimensión política del modelo de gestión de un Estado que seoloca al margen y deja las iniciativas mayores de su gestión en manos de privados, del libre mercado, de transnacionales que han saqueado las riquezas naturales de Chile, de sus alianzas comerciales internacionales, en fin, de privatizaciones y concesiones a costos que ha debido absorber el Estado, es decir la ciudadanía. El desastre enfrenta el Estado a la verdad de un modelo que no tiene respuestas cuando la sociedad se ve enfrentada a situaciones de crisis. Hoy los logros del gobierno se miden bajo el prisma de un fracaso político que pone en duda el modelo y el papel de sus gobernantes.
 

 

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