Desapariciones y desplazamientos forzados, masacres y torturas en años recientes han llevado a los tribunales a grandes empresas. Multinacionales como Royal Dutch Petroleum,  Nike, Chevron, Shell y Rio Tinto han sido acusadas de permitir y fomentar el trabajo en condiciones de esclavitud, de colaborar con las fuerzas armadas y con grupos paramilitares de países empobrecidos en graves violaciones de derechos humanos para “garantizar” la extracción de materias primas.

Muchos de los casos no han podido llegar hasta sus últimas consecuencias por trabas judiciales, por presiones políticas para evitar conflictos diplomáticos y por los millonarios acuerdos judiciales que han ofrecido algunas de estas empresas a los familiares de las víctimas. Sin embargo, leyes como la Ley de Reclamación contra Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claim Act) y la interpretación progresista de algunos jueces norteamericanos han abierto la posibilidad de exigir responsabilidades, en Estados Unidos, a multinacionales que cometen abusos y a los gobiernos que lo permiten.

A estas nuevas interpretaciones del derecho internacional se suman iniciativas como las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas en la esfera de los derechos humanos que aprobó Naciones Unidas y que los gobiernos de los países ricos tendrán que incorporar en sus ordenamientos jurídicos. Pero también tendrán que hacerlo los gobiernos de los países del Sur que comparten responsabilidad en los casos de violaciones graves de derechos humanos: derecho a la vida, derecho a un juicio justo, derecho a un hogar, derecho a la libertad de conciencia y a la libre expresión, derecho a un trabajo digno en condiciones de seguridad… derechos reconocidos en los pactos de derechos humanos con mayor reconocimiento internacional.

Estas normas facilitan el cumplimiento del deber de reparar y de restituir por medio de compensaciones económicas. Sin embargo, el derecho también tiene la misión de garantizar que no se repitan los abusos. Esta garantía sólo se puede alcanzar si se abordan las causas de las violaciones de derechos humanos, que van más allá de lo meramente jurídico.

Eric Toussaint, presidente del Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo, sostiene que las políticas de los grandes acreedores han potenciado estos crímenes contra la humanidad por medio de sus políticas hacia los países empobrecidos del Sur.

“La deuda pública externa de los países en desarrollo se convirtió en un instrumento de dominación. Estos acreedores – Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), banca privada y mercados financieros del norte – a través de la gestión de la deuda externa pública de estos países, tratan de influir en el diseño de las políticas aplicadas por los gobiernos del sur”, dice en una entrevista con Público.

Se refiere a la aplicación de recetas económicas que exige el BM bajo las órdenes de Estados Unidos y otras grandes potencias. Los países del Sur se ven obligados a abrir sus economías a las inversiones y las exportaciones de tecnología del Norte rico y a privatizar sus empresas públicas de sectores estratégicos en sus economías. O a correr el riesgo de quedarse al margen del comercio internacional. Países  como Ecuador y Bolivia buscan alternativas frente al BM y al FMI. Rafael Correa, presidente de Ecuador, suspendió el pago del 30% de la deuda pública externa por considerarla fraudulenta, recuerda Toussaint.

Desde el Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo, el politólogo belga intenta llevar a juicio internacional al Banco Mundial por los efectos de sus políticas no sólo en materia de derechos civiles y políticos, sino de derechos sociales y culturales. Para él, “sería algo inédito en su historia, en nombre de 10.000 victimas, mineros de la República Democrática del Congo. Pero hay muchísimos casos denunciables. Se trata de esquivar las presiones de este organismo y obtener una condena que le obligue a pagar reparaciones y siente jurisprudencia”.

Los países empobrecidos no son deudores, sino acreedores del Norte rico, como sostiene la economista haitiana Camille Chalmers. Por eso no sólo propone la condonación de la deuda externa de su país, sino que exige reparación y restitución por “las consecuencias devastadores de la deuda” en la vida de los haitianos. Ha llegado el momento de preguntar quién le debe a quién.

– Carlos Miguélez Monroy es Periodista y Coordinador del CCS

Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España – http://ccs.org.es/