Los politizados dirigentes de las cámaras de la producción, líderes empresariales y sus economistas, olvidan la historia propia.
 
Desde 1982, progresivamente se construyó en Ecuador un modelo económico que subordinó el Estado a los intereses privados. León Febres Cordero (1984-1988) fue el gobierno empresarial por excelencia. Su continuador fue Sixto Durán Ballén (1992-1996). Y apuntalaron el mismo modelo todos los gobiernos sucedidos entre 1996 y 2006.
 
Esos sectores combatieron el reformismo de J. Roldós (1979-1981), atacaron por “comunista” al gobierno de O. Hurtado (1981-1984) y cuestionaron al de R. Borja (1988-1992). Durante casi tres décadas, las cámaras fueron actores políticos, opuestos a las medidas sociales. Defendieron el aperturismo económico, el mercado libre, el retiro del Estado y las privatizaciones. Falta espacio para enumerar las políticas cada vez más favorables a sus intereses.
 
El desempleo y el subempleo crecieron en las décadas de los ochenta y noventa. Superaron todo índice existente antes en el Ecuador, pues en promedio el desempleo llegó al 10% y el subempleo al 60%. Se disparó la emigración. Todo ello es la herencia actual. Y, sobre todo, los empresarios encaminaron la “flexibilidad” laboral. Exigían suprimir el reparto de utilidades, congelar salarios, aumentar la jornada, restringir las indemnizaciones por despido, limitar los derechos de huelga, sindicalización y contrato colectivo, privatizar al IESS, vincular salarios a la eficiencia y productividad, introducir el concepto de trabajador plurifuncional. Bajo su interés se dictó en el gobierno de G. Noboa (2000-2003) la pomposa “Ley para la transformación económica del Ecuador” (Trole 1) que introdujo el contrato por horas. Se llegó a pagar U$ 0.97 la hora y podía contratarse hasta el 40% de los trabajadores de la empresa bajo esa modalidad, que L. Gutiérrez (2003-2005) subió al 75% y además introdujo la “tercerización”, en condiciones desastrosas para los trabajadores. Felizmente fue declarada inconstitucional en materia laboral la otra pomposa “Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana” (2000) aprobada por Noboa, que incluía varias de las propuestas empresariales anotadas.
 
De manera que resulta candorosa la preocupación del empresariado de derecha sobre la situación del desempleo, del subempleo y del trabajo en Ecuador. Pero a continuación se quejan del Mandato 8 que suprimió el trabajo por horas y la tercerización, cuestionan la subida del sueldo básico, argumentan a favor de “modernizar” la legislación laboral, escondiendo la palabra “flexibilización” que es la que antes utilizaban, hablan del impulso que merece la economía “productiva”. Siguen con la tradicional mentalidad de que el trabajo es un “costo”, cuya “baratura” es una “ventaja comparativa”. No parecen estar dispuestos a mejorar la situación laboral y social del país, en tanto ello implique la afectación a los “buenos negocios”. Así entienden la necesidad de dar tranquilidad, seguridad, estabilidad, confianza y credibilidad al capital tanto nacional como extranjero. ¿Cuándo cambiarán?
 
Publicado en El Telégrafo, Ecuador, lunes 25 de enero de 2010
 
– Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.  http://puce.the.pazymino.com