Con asociación y respaldo de la Organización
Internacional del Trabajo y de EuropeAid, la oficina de cooperación
de la Unión Europea, se ha organizado la 
Red Latinoamericana de
Formadores de Pueblos Indígenas
.
La formación que así se presume de partida que los pueblos
indígenas necesitan se presenta como de un carácter aparentemente
empresarial: para “
el desarrollo
de la cultura emprendedora de los pueblos indígenas
”.
Quizás no sea de extrañar entonces que en el 
Encuentro
de Capacitación sobre el C169 y Lanzamiento de la Red
Latinoamericana de Formadores de Pueblos Indígenas
 celebrado
en Lima a mediados del último noviembre hayan podido aparecer, entre
los invitados e invitadas, especialistas de políticas
anti-indígenas. Es el caso al menos de Chile.







No hay más remedio que referirse a una persona
con nombre y apellidos. Carlos Tenorio Fuentes es un abogado chileno
que ejerce en Temuco, en zona por tanto mapuche. Se viene
significando por su intervención en pleitos de comunidades indígenas
y frente a ellas, con lo que indudablemente ha adquirido
conocimientos sobre el derecho chileno en materia indígena. Uno de
los casos más notorios en los que ha participado como abogado es el
de la Machi Francisca Linconao. Lo hace, como acostumbra, por la
parte contraria a la indígena, en esta ocasión la Sociedad Palermo
Limitada, parte que finalmente pierde el caso por haber arrasado con
bosque nativo destruyendo hábitat indígena. La asistencia en juicio
por Carlos Tenorio contra comunidades indígenas parece ir más allá
de lo que exige la probidad profesional.







En su alegación formal en el caso Linconao,
Carlos Tenorio no muestra consideración alguna por el Convenio 169
ya ratificado y pendiente por entonces de entrar en vigor pleno,
augurándole un difícil futuro en un país donde, según su visión,
la primacía constitucional del derecho de propiedad privada
difícilmente podrá desafiarse. Es éste el derecho, en sus
palabras, “
que puede ejercerse
legítimamente sólo con las limitaciones de contenido
individualista, servidumbres, por ejemplo; o de contenido social como
una expropiación; lo que no ocurre en el caso de autos
”,
no dejando así prácticamente cabida para el derecho de propiedad
indígena que no sea igualmente privada, individual o corporativa en
análogo sentido, no en el comunitario. Se extiende Carlos Tenorio
incluso a considerar que, por sí mismo, mal podrá el Convenio
aplicarse en Chile porque lo de “
tierras
y territorios
” u otros “derechos
colectivos
” de “pueblos”
implica tal novedad que habría de procederse a difíciles reformas
de fondo antes de que pudiera tener algún alcance tangible en la
práctica.







Carlos Tenorio ofreció en su momento una
entrevista sobre el caso Linconao. La falta de consideración resulta
ahora más grave pues se manifiesta directamente contra la parte
indígena. No ve base jurídica para el caso. Muy al contrario,
piensa que, si se admite a trámite, es por evitar lo que considera
la forma usual de comportarse la parte mapuche: mediante la
violencia. Bajo esta amenaza entiende que se presenta y desenvuelve
el juicio en cuestión. Aunque no hubiera violencia real ninguna en
el caso, llega Tenorio el extremo de expresar su temor de que se
produzca virtual con efectos igualmente lesivos para la parte que
defiende. En sus palabras literales, “
muchas
veces estas vías de hecho no son necesariamente los ataques
incendiarios, sino que pueden ser publicaciones en Internet y ahí el
conflicto se vuelve en contra de la persona,
 se
le empieza a denostar públicamente, y el ataque se vuelve contra la
familia, los hijos, nietos, etc. y esto se degenera hasta un nivel de
conflictividad que es inabordable, porque no contamos con el apoyo
del Estado, salvo las policías y el Ministerio Público con las
herramientas que cuentan
”. El
juicio temerario, por prejuicio racista, es el de Tenorio por
supuesto.







Para el abogado Carlos Tenorio, cuando se
expresa en nombre propio, este mismo comentario mío por internet
constituye seguramente un acto de violencia contra él mismo,
contra sus clientes y contra la justicia de Chile. Para tan
extremista letrado, el Congreso y el Gobierno chilenos, ese congreso
y ese gobierno que están poniendo todos los medios a su alcance para
neutralizar el Convenio 169, no está defendiendo suficientemente las
propiedades que fueran arrebatadas a indígenas hace pocas
generaciones, lo que malamente intenta ocultarse. Tal y como se
dibuja el panorama por este abogado de la propiedad privada
procedente de un genocidio, haber ratificado ese instrumento de la
OIT, esto mismo, ya parece un acto de entreguismo. Por lo menos
Tenorio reconoce que las fuerzas policiales y el ministerio
fiscal se alinean contra las reivindicaciones mapuche. No es
casualidad que Carlos Tenorio aparezca siempre asistiendo
profesionalmente a los intereses y las pretensiones anti-indígenas.
Puede andar con la conciencia tranquila. No tiene que
forzarla. Cuenta con ingresos saneados por defender aquello
en lo que cree.







El encuentro de mediados de noviembre en Lima,
el Encuentro de Capacitación sobre el C169 y Lanzamiento de la Red
Latinoamericana de Formadores de Pueblos Indígenas, cursa
invitaciones a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. De Chile sólo se
convoca a una persona: Carlos Tenorio Fuentes, presentado no sólo
como “
Abogado”,
sino también, bajo el mismo concepto de “
Cargo”,
con la indicación de “
Programa
C169 de la OIT
”. Parece un
indicio. Pudiera resultar que este abogado de posición extremista
contra los derechos indígenas y defensor denodado de intereses
anti-indígenas, cuente con la confianza de la Organización
Internacional del Trabajo para la promoción y socialización del
Convenio 169, pues tal 
Programa existe.
La credencial puede venirle a Carlos Tenorio de la Oficina de la OIT
en Chile, oficina poco activa en la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas y prácticamente inactiva ante las
políticas gubernamentales que los conculcan de continuo en el caso
mapuche. Hay sectores en la OIT que pueden fácilmente sintonizar
con la labor profesional del abogado Carlos Tenorio. Su Centro
Internacional de Formación con sede en Turín, Italia, fomenta
iniciativas como ésta de la de ”
desarrollo
de la cultura emprendedora
” de la
Red Latinoamericana de Formadores de Pueblos Indígenas.







Todo ello es realmente inquietante. No
todos los invitados e invitadas al lanzamiento de la Red de
Formadores presentan el mismo perfil desde luego, aunque tampoco se
significan por ser personas comocidas en foros de derechos
indígenas. Y ya es de por sí preocupante que pudiera
producirse la concreta invitación al abogado Tenorio. A esto puede
conectarse el aparente sesgo de la iniciativa. Se plantea en forma
unilateral y no interlocutoria para 
formación de
indígenas. Se concreta esta formación en dichos términos
de 
cultura
emprendedora
 definitivamente
sospechosos cuando se les está dando entrada a abogados de empresas
actuantes en territorios indígenas contra los derechos indígenas.
Las posiciones de Carlos Tenorio en el Encuentro de Lima, con sus
reservas sobre el Convenio 169, no chocaron porque el
ambiente era efectivamente de formento empresarial. Los instrumentos
de la OIT, ése y otros, se tienen presentes. La Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se
invoca en la presentación de la Red, pero no se ve que opere luego.
De hecho, los planteamientos de la Red la están radicalmente
excluyendo. Sencillamente, aunque intenten disimularlo, no responden
a un enfoque de derechos.







Ya está dicho que la Red cuenta no sólo con
el patrocinio formal, sino también con el respaldo material de la
Organización Internacional del Trabajo y de EuropeAid, la agencia de
cooperación europea, de su programa EuroSocial en concreto. Que en
la era post-Declaración aparezca esta Red con tales apoyos en
América Latina es algo que pudiera guardar una lógica, pero no
entonces una lógica favorable a los pueblos indígenas, sino
contraria a los mismos por responder a intereses de
empresas tanto americanas como europeas facilitándoles las cosas en
las nuevas circunstancias de reconocimiento internacional y
constitucional de los derechos de los pueblos indígenas mediante la
creación de un estrato intermediario de emprendedores y
emprendedoras locales en conexión con sectores indígenas.







¿Puede ser que lo que esté con todo
persiguiéndose por parte tanto de algunas agencias internacionales
como de iniciativas locales no sea otra cosa que la defraudación
de los derechos de los pueblos indígenas bajo la apariencia de que
se les atiende y promociona? Ojalá que todo lo que he inferido sea
producto tan sólo de suspicacias mías o de errores ajenos y que así
resulte fácilmente rectificable. Mas si creo esta expectativa, me
temo que defraudaría. La cooperacion europea y las agencias
internacionales no improvisan en estos asuntos. Y el peso de los
intereses empresariales y políticos trasnacionales y locales está a
la vista.







Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas
para las Cuestiones Indígenas







Anexos:



Red
de formadores



Invitaciones
al lanzamiento



Entrevista
con el abogado