Son las dos de la mañana y ya la cola de usuarios del Sisben parece interminable en las inmediaciones del Hospital Universitario Hernando Moncaleano. Las historias que se transmiten de boca en boca son como para partir el alma, de alguna manera uno de los retratos de la iniquidad que existe actualmente en el país se refleja en ese lugar. La última noticia se refiere al hijo de 3 años de una joven pareja que en cuatro oportunidades llevó a su bebe para que lo atendieran en un centro hospitalario porque andaba prendido en fiebre y con notorios piquetes rojizos en su cuerpo; le diagnosticaron dengue clásico sin ningún examen y siempre lo devolvieron con acetaminofén. Resultó ser dengue hemorrágico y cuando lo confirmaron era demasiado tarde, el niño murió. La explicación a sotto voce del cuerpo médico es que tienen limitado el envío a exámenes de laboratorio y la remisión a especialistas so pena de cancelar sus contratos de trabajo.
 
En medio del patético cuadro se encuentra Ana Silvia, una madre trabajadora que todos los días sin falta se instala frente a la máquina de coser con la que elabora hermosas prendas de vestir; la “morena” como cariñosamente la llama su marido sufre de un serio problema de tiroides que ha trastornado toda su vida, ahora debe mensualmente pararse de madrugada en la fila con la ilusión de ganarse una de las boletas que le autorice la cita con el médico y la droga que requiere permanentemente para controlar su desequilibrio hormonal. Es increíble, todos los meses debe certificar una patología que se sabe no la abandonará el resto de su vida. Como por milagro le ordenaron unos exámenes y ahora lleva tres meses tratando de obtener la cita con el endocrinólogo para que se los lea, ¿qué esperanzas de mejorar puede tener un paciente con este tipo de servicio?
 
Parece de locos pero aún algunos atribuyen sus sufrimientos a un castigo divino, el que será compensado con una mejor vida en el más allá; con resignación aceptan, entre otros, los abusos del sistema de salud, lejos están de comprender que la razón de su tragedia yace en la tierra y que tiene que ver con la aprobación de la ley 100 de 1993 que regula en el país todo lo concerniente a la prestación de los servicios de salud y protección social. Lo primero que hizo la ley fue discriminar a unos colombianos al considerarlos de segunda categoría, merecedores de una atención parcial, los inscritos en el régimen subsidiado o Sisben, sobra decir que allí está más del 80% de la población lo que refleja la enorme pobreza de los colombianos que no pueden pagarse un servicio de salud. También están los del POS que pagan el régimen contributivo, dicho conjunto de normas estableció como propósito del sistema la rentabilidad de los prestadores del servicio, llámese EPS o IPS y relegó a un segundo plano la preservación de la buena salud de los colombianos. Esto explica porque la calidad del servicio riñe con las utilidades del negocio, pues hacer las cosas bien cuesta y representa mayores costos que afectan el balance de los inversionistas. Si la ley 100 no se elimina lo único que continuará sano serán las utilidades de las EPS.
 
Así que por muchas plegarias que elevemos al señor, el servicio de salud no va a mejorar por una sencilla razón, no depende de él sino de quienes deciden la política pública en salud en Colombia y estos tiene casados sus intereses con los grupos financieros dueños del negocio que son diferentes a los de los atribulados “beneficiarios” del sistema.
 
Confiemos en que algún día los colombianos hagamos efectivo el adagio de “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”.
 
Diario del Huila, Neiva, diciembre 7 de 2009