No es fácil trabajar la teoría que justifique el cambio de Constitución en sociedades cerradas y conservadoras como la nuestra, las sociedades han cambiado sus marcos constitucionales como consecuencia de la presión interna generada por conflictos civiles que se han desarrollado en el marco de contradicciones dialécticas derivadas de las relaciones del capital y el trabajo.
 
 En Honduras, luego de gobiernos militares de facto, la presión hacia una Asamblea Nacional Constituyente, tiene de fondo el conflicto político militar que vivía la región centroamericana, internamente la presión era ejercida por una sociedad civil integrada por pocos académicos, políticos de derecha e izquierda y un débil movimiento político militar de izquierda que no logró posesionar su teoría revolucionaria en las masas. Así el 20 de abril de 1980 se instala la Asamblea Nacional Constituyente resultado de un pacto entre las fuerzas oligárquicas y militares bajo el aval del gobierno Norteamericano, esta Asamblea hace ley la Constitución de 1982, podemos calificar que La Constitución actual es un avance significativo de la sociedad hondureña, como toda obra realizada por seres humanos manifiesta rasgos que disminuyeron los alcances de La Constitución de 1965, sobre todo en lo referente al régimen económico, en otros aspectos muestra una copia exacta de lo que dispone la de 1965.
 
 Con la aprobación de La Constitución de 1982 se desarrolla un proceso de violaciones sistemáticas a las declaraciones y garantías que profesa, violaciones que responden a estructuras sistémicas inamovibles, una nueva Constitución que no modifica la estructura sistémica culpable del salvaje sometimiento de quienes son más débiles a la fuerza de la elite oligárquica – militar que no perdió tiempo en darle tratamiento de instrumento de papel, paralelo al instrumento de papel creó las condiciones para aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional, que tenia, entre sus propósitos, posesionar el miedo en la sociedad y sobre todo en aquellos (as) que se atrevieron a desafiar el método salvaje de someter la voluntad de los pueblos; igual nace un movimiento con pocos académicos e intelectuales y organismos de derechos humanos, como el Comité para Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), que denuncian la violación sistemática a ese pacto que la oligarquía y sus aliados habían ratificado; para alcanzar este bárbaro y descomunal cometido se valieron de la ignorancia del pueblo que desconocía la Constitución y era sometido al crimen salvaje ejecutado por militares en alianzas con civiles que no les importó La Constitución ni les importa, ni les seguirá importando en tanto tengan un gobierno que les administre su oprobioso e histórico mecanismo de opresión.
 
 Hoy estamos hablando de la Constitución, hablan quienes en el pasado la irrespetaron y se volvieron cómplices y actores de prácticas salvajes de violación a los derechos humanos, hablan quienes la defendieron y exigieron que se respetara, que se aplicara; por violar la Constitución de la República el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica.
 
 Es evidente que con el tiempo las normas que regulan un Estado, la disciplina jurídica que pactan, entraran en contradicciones y conflictos sea por cultura, por aspectos económicos, sociales y políticos-ideológicos, filosóficos. Los constituyentes se olvidaron que este país es multicultural, que este país esta integrado mayoritariamente por jóvenes que desean verse en el texto constitucional, se olvidaron que los funcionarios no son mecías que deben estar sometidos al soberano que es el pueblo, para que el pueblo alcance este cometido deberán contemplarse mecanismos de consulta de fácil ejecución y entendimiento, que el pueblo tenga la posibilidad de revocar el mandato de aquellos que se alejan de sus promesas, de aquellos que cometen penosos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y hasta genocidios.
 
 Las elecciones periódicas cada cuatro años no son una consulta, es una trampa en donde los poderes fácticos tienen la posibilidad de engañar al pueblo y nombrar nuevos administradores de sus intereses por cuatro años, los referendos revocatorios periódicos para que el abusador enmiende su conducta requieren de una nueva Constitución en donde el pueblo tenga la posibilidad de cambiar la forma de gobierno de acuerdo a la evolución de la sociedad y el mundo, que los procesos de elección popular respondan a mecanismos sectoriales en donde el pueblo seleccione las personas que conoce y no la práctica bochornosa que por hoy existe de imponer la voluntad de la elite al soberano.
 
 Necesitamos un nuevo pacto que logre satisfacer y ampliar los conceptos mas elementales de derechos humanos donde se impone la justicia y equilibrio ante todo de los grupos más desposeídos, estos derechos deben ser estudiados y puestos en marcha como nuevos paradigmas del pueblo hondureño; es necesario la creación de nuevos poderes que permitan ocuparse de las necesidades más elementales del pueblo.
 

 La violencia que hoy vive el pueblo de Honduras y que afecta a los mas oprimidos urge de una nueva cultura ciudadana que construya nuevas formas de organización comunitaria en lo económico, social, cultural, político, civil y hasta ambiental, una ciudadanía con capacidad de intervenir en lo público y consecuente con la necesidad de defender el interés general y el bien común.