Por la entrega de 90 millones de dólares en equipo militar y tecnológico, condicionados por el Capitolio a que se le den garantías de que no serán utilizados por miembros del Ejército para violar los derechos humanos en la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa brinda al Departamento de Estado de la Unión Americana todo la información que le solicita, en tanto que la niega a la sociedad mexicana y sus organizaciones.
 
Resulta demasiado barata, agraviante, la subordinación de la Presidencia y de la Secretaría de la Defensa Nacional a los requerimientos informativos de Washington que, de acuerdo con México. Reporte de la Iniciativa Mérida, dado a conocer por el hostigado semanario Proceso (23-VIII-09), el primer empleado del país se compromete en el largo plazo con el gobierno de Estados Unidos a garantizar la seguridad de los mexicanos y reducir los índices de violencia, y en el corto plazo a mejorar las acciones de la milicia en el papel temporal como fuerza pública.
 
Los 90 millones de billetes verdes forman parte de la Iniciativa Mérida –copia del impugnado Plan Colombia que llevó la intervención militar de USA a niveles que preocupan muy seriamente a los gobiernos de América del Sur, excepto el de Álvaro Uribe Vélez–, así como del paquete de mil 400 millones de dólares que Washington asignó a México y Centroamérica para financiar los tres años de vigencia del Acta Presupuestal Suplementaria de 2008, en su sección 1406.
 
Es contrastante, ofensiva, la conducta de Los Pinos y de Lomas de Sotelo frente al “requisito obligatorio” de informar al Congreso de EUA y el autoritarismo con que ignoran los reclamos de las organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, ante las violaciones a los derechos humanos por el Ejército. De 182 denuncias que recibió en 2006 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pasaron a 2 mil 50 hasta mayo de 2009, si no atenemos al documento que entregó Hillary Rodham Clinton a los legisladores de su país.     
 
 Previamente, el 30 de julio, Guillermo Galván Galván se comprometió con Robert Michael Gates a “mantener y mejorar la rendición de cuentas”, durante una visita oficial a Washington. De ésta se festinó la recepción brindada e ignoró que el pase de revista a la guardia de honor la hizo un subordinado del segundo.
 
Más aún: el abogado-economista y el general secretario se explayaron en compromisos con el gobierno de Estados Unidos e incluso de manera personal se comprometieron a esclarecer denuncias específicas y entregar los resultados a Clinton para que los turne a los legisladores.
 
En tanto que aquí, la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena dio cuenta que desde 2006 los tribunales de casa sentenciaron a 12 soldados y que investigan a otros 52 por homicidio, tortura, secuestro y extorsión, entre otros delitos, pero en la muy puntual Human Rights Watch, como en todo México, desconocen los nombres, rangos, hechos por los que se les condenó y fecha de las sentencias. Además, tres de los 12 casos nada tienen que ver con violaciones a derechos humanos. Y “un excelente penalista” como Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta lo ignoraba, al decir de José Miguel Vivanco, director para América de la organización global que, en contrapartida, presentó el informe Impunidad uniformada, en el que se detallan 17 crímenes cometidos por el Ejército contra más de 70 personas entre 2007 y 2008.
 
En respuesta, el comandante supremo exigió en forma airada a HRW que comprobara  “un solo caso”. Pero ante la Casa Blanca y el Capitolio es solícito.   
 
Utopía 720, 24-08-09
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