La noticia de que el gobierno colombiano está acordando con los Estados Unidos (a partir de que éste ha tenido que abandonar la base de Manta en Ecuador) la instalación en territorio neogranadino de varias bases militares, ha conmovido profundamente a todo el status geopolítico de nuestro continente.
 
El gobierno venezolano ha tenido una fuerte reacción ante un anuncio que no está nada claro (no se sabe bien cuántas serán esas bases, no está muy definido dónde estarán ubicadas, aunque dos de ellas podrían estar en una zona neurálgica como la Guajira y otra en la zona amazónica colombiana), a partir de los vericuetos que tendrá que recorrer el gobierno de Uribe –aún dentro de su propio país- para llevar adelante esta iniciativa sin grandes costos políticos.  
 
Lo cierto es que Venezuela ha anunciado la nueva gran tensión en las relaciones diplomáticas producida por este hecho y la posible suspensión de los acuerdos bilaterales y el flujo comercial entre ambos países. La oposición en Venezuela ha acusado inmediatamente al gobierno de “tener una reacción muy destemplada” y de los grandes prejuicios que para el país traería esa reacción.
 
Sin embargo es muy fácil apreciar desde el punto de vista geopolítico como las anunciadas bases constituyen para Venezuela un peligro militar evidente, dentro de un actual contexto de múltiple agresión solapada por parte de la gran potencia del Norte. Esto más allá de los significados esencialmente políticos que representa la presencia concreta de nuevas bases militares (por más que el gobierno colombiano intente ocultarlas con eufemismos de nuevo cuño) en Sudamérica. La prueba palpable del gran peso político de esta decisión, la da el actual periplo del presidente Alvaro Uribe a varios países sudamericanos para “explicar” la posición de Colombia y sus razones para estos nuevos acuerdos con el gobierno de EE.UU., debido a las rápidas reacciones negativas de la mayor parte de los gobiernos del continente. Entre ellos los de Chile, Brasil y Argentina que inmediatamente dejaron ver su preocupación por esta noticia.
 
El caso para el gobierno bolivariano parte de las estrategias hacia Latinoamérica en general y hacia Venezuela en particular, que se están delineando por parte del gobierno de Barak Obama. En el primer mandato de George W. Bush, alguien que lamentablemente no registramos, realizó una investigación sobre las intervenciones más destacadas de los Estados Unidos en Latinoamérica. Considerando las invasiones directas, las intervenciones diplomáticas descubiertas y las desestabilizaciones evidentes de gobiernos en países de nuestro continente durante el siglo XX, esta investigación mostraba contra todo lo que hubiera sido razonable pensar, cómo el número de intervenciones durante ese período había sido mayor durante los gobiernos demócratas que durante los gobiernos republicanos. Aparentemente los hechos van mostrando como el nuevo gobierno Obama parece ir acercándose a estos patrones históricos. La intervención imperial de demócratas y republicanos sólo parece diferenciarse en el “estilo”. Los gobiernos republicanos tienden más a la intervención directa por la fuerza, mientras los demócratas utilizan medios múltiples de desestabilización, pero ambos promueven y llevan adelante la doctrina intervencionista que decidiera para los Estados Unidos el presidente William Mc Kinley en el siglo XIX.
 
En lo que respecta a la intervención militar, sobre todo durante el segundo gobierno de George W. Bush, manejamos la hipótesis (que no es original nuestra, sino que la oímos por primera vez en Caracas a través de Thierry Meyssan, director de la Red Voltaire y reconocido analista internacional) de que una posible agresión militar hacia Venezuela no sería realizada directamente por los EE.UU. sino que los planes militares estadounidenses pasaban por una agresión militar indirecta, a través de Colombia y Perú. Que promoverían, apoyarían y estimularían las tensiones entre ambos países y Venezuela con el objetivo de provocar un conflicto armado “local”.
 
En el nuevo contexto generado por las nuevas políticas que está desarrollando la administración Obama, aparentemente se ha vuelto ahora prioritario para los Estados Unidos tener tropas propias y capacidad de intervención dotada de la más alta tecnología en territorio sudamericano, y sobre todo bien cercanas a Venezuela, considerada como el mayor foco de agitación en la región (a partir de declaraciones de funcionarios del actual gobierno norteamericano). Aparte de la obvia cabeza de puente que estas nuevas bases constituirían, con capacidad de respuesta militar rápida sobre territorio de Latinoamérica, en el caso específico de Venezuela parecen ser parte de una estrategia de ataque múltiple.
 
La agresión a Venezuela no es imaginaria
 
El contexto de esa agresión tiene varias facetas
 
1)      La ahora posible presencia de tropas norteamericanas, que como ya dijimos con alta tecnología, gran capacidad de desplazamientos logísticos y respuesta rápida en territorio colombiano (y sobre todo en posibles zonas fronterizas) constituye concretamente una posible amenaza militar.
2)      El incremento que está teniendo durante el gobierno Obama la financiación a instituciones como la NED o el USAID (que fuera denunciado con cifras concretas por Eva Golinger) y que constituye un aporte creciente a la desestabilización política en el país
3)      Las campañas mediáticas de ataque directo al gobierno y a la sociedad venezolana, que van desde funcionarios del gobierno Obama declarando a Venezuela país “tomado por el narcotráfico” (cuando están demostrados sus éxitos en decomisos y arresto de narcotraficantes, que crecieron notablemente luego de no haber permitido más la ingerencia de la DEA en territorio venezolano) hasta las constantes campañas de grandes periódicos (como El País de Madrid, o el Washington Post) que acusan de los más variados males a nuestro país. Estas campañas incluyen intentos risibles, como las declaraciones del ejército colombiano de haber decomisado á la guerrilla unos lanzacohetes (3) de origen sueco, que habrían sido vendidos a la guerrilla por el ejército venezolano. Fue muy sencillo mostrar que en primer lugar no hay nada que pruebe que esos lanzacohetes pudieran haber pertenecido a las fuerzas armadas venezolanas (la fábrica de armas sueca los ha vendido a muchos destinos), pero si así fuere, aparentemente armas de ese tipo fueron adquiridas por las fuerzas armadas venezolanas y hubieran podido ser vendidas a la guerrilla, en el año 1988, mucho antes del actual gobierno bolivariano. Sin embargo, las campañas mediáticas funcionan de tal manera, que el propio País de Madrid a partir de esa noticia anunciaba que el gobierno bolivariano provee a la guerrilla colombiana de armamentos (como si las proveyera de todos sus armamentos), y un líder opositor, Teodoro Petkoff (que en el pasado perteneciera a la izquierda y que hoy funciona como ficha de la derecha venezolana) igualara la importancia de esta supuesta noticia, a la presencia de las bases norteamericanas en Colombia, diciendo que Uribe podía defender su decisión, mostrando como la guerrilla es abastecida por armas venezolanas.
4)      La creciente presencia de efectivos paramilitares de origen colombiano en territorio venezolano, en la zona fronteriza. Sobre todo en los estados Zulia y Táchira, con gobernaciones en manos de la oposición, complacientes y alentadoras de esta presencia armada.
 
Todos estos factores constituyen un contexto hostil de múltiples caras, estimulado y dirigido por los halcones que han permanecido en el gobierno Obama (incluido el Secretario de Defensa, los responsables del mando en el Pentágono y los directores de las agencias de seguridad).
 
Por esto no es posible considerar como desmedida la reacción del gobierno venezolano frente al anuncio de la instalación de las bases militares.
 
El posible congelamiento del flujo comercial entre los dos países constituye una herramienta política nada despreciable. Este flujo comercial está en el orden de los 8.000 millones de dólares anuales, con una ventaja en la balanza comercial a favor de Colombia de 6.000 millones de dólares. Venezuela es el segundo “socio comercial” de Colombia luego de los Estados Unidos. No le creará a Alvaro Uribe una situación política interna muy cómoda la pérdida del mercado venezolano, sobre todo en estos momentos que está montado en la búsqueda de su tercera reelección. Para Venezuela, si bien puede traer en principio algunos inconvenientes de abastecimiento interno el dejar de importar productos colombianos, existen varios mercados (entre ellos el Norte de Brasil) que están deseosos de convertirse en proveedores sustitutos.
 
Así, a partir del golpe en Honduras y la situación del gobierno gorila que sigue manteniéndose en el poder y ahora con la instalación de estas nuevas bases militares, parecen estar reeditándose épocas pasadas de intervención directa en nuestra región. Son estos nuevos desafíos para comprobar si los esfuerzos de integración y la existencia de gobiernos promotores de cambios sociales, tendrán la capacidad para enfrentar los coletazos hegemónicos de una potencia imperial que a pesar de sus grandes problemas internos, no está dispuesta a perder el control que ha mantenido sobre nuestros países durante un siglo y medio. Venezuela es hoy territorio de esa lucha.
 
– Miguel Guaglianone, escritor uruguayo-venezolano, es investigador independiente, jefe de redacción de Barómetro Internacional. http://www.barometro-internacional.org/