Misión internacional
de observación sobre la situación de los derechos humanos en
Honduras







Informe Final








  1. Introducción







Tras
el golpe del golpe de estado del 28 de junio de 2009 que alteró
drásticamente el orden constitucional del país, en Honduras se
presenta una grave situación de derechos humanos y de restricciones
a las libertades democráticas, son evidentes las dificultades y
obstáculos para el acceso a la justicia y se limita drásticamente
la libertad de prensa. En el presente informe se realiza una
descripción de los resultados de la Misión internacional de
observación sobre la situación de los derechos humanos que
permaneció en Honduras desde el 17 hasta el 26 de julio.









    1. Información General












      1. Datos
        generales










La
población de Honduras es de aproximadamente 7,1 millones de
habitantes, (90% mestiza, 6% amerindia, 2% negro, y 1% de raza blanca
(europeos y árabes). La tasa de crecimiento es una de las mayores de
América Latina y se espera que el año 2010 la población alcance
los 8.202.681 habitantes
1.
El producto interno bruto (PIB) es de $24.69 miles de millones
2.
Honduras es el tercer país más pobre de América Latina, de acuerdo
con XXX, el % de los y las hondureñas viven en condiciones de
extrema pobreza.










      1. Sistema Político
        en Honduras









Honduras se define
constitucionalmente como un Estado de derecho soberano constituido
como una república libre, democrática e independiente
3.
Su forma de gobierno es republicana, democrática y representativa y
es ejercida por tres poderes.








  • Ejecutivo: Presidente
    de la Republica y 3 Designados presidenciales elegidos
    conjuntamente, directamente por el pueblo y por simple mayoría de
    votos. El periodo de mandato es de 4 años y la reelección no esta
    constitucionalmente permitida



  • Legislativo: Congreso
    Nacional de la República, de composición unicameral, con un número
    fijo de 128 diputados titulares y sus respectivos suplentes, electos
    por periodos de 4 años.



  • Judicial:
    Integrado por: 1) Corte Suprema de Justicia, compuesta por 15
    magistrados electos por el Congreso Nacional de la República, por
    un periodo de 7 años, pudiendo ser reelectos, 2) Cortes de
    Apelaciones y 3) Juzgados que establezca la Ley.








El gobierno se sustenta
en el principio de la democracia participativa. La administración
general del Estado le compete al Presidente de la República y a sus
colaboradores inmediatos que son los Secretarios de Estado. Existe la
figura del Gobernador Departamental, quien es nombrado directamente
por el Presidente de la República, por un periodo de 4 años.







El territorio nacional se
divide en dieciocho (18) Departamentos, denominando a la ciudad más
importante como la Cabecera Departamental. Éstos se dividen en
Municipios Autónomos, administrados por Corporaciones electas en
forma directa por el pueblo, llamadas Alcaldías (Conformadas por un
Alcalde, un Vice-Alcalde y los Regidores, electos por periodos de 4
años, pudiendo ser reelectos). En total existen 298 municipios,
divididos en Barrios, Colonias, Aldeas y Caseríos.







Los Partidos Políticos
son instituciones de Derecho Público, cuya existencia y
funcionamiento lo garantiza la Constitución de la República.
Actualmente existen cinco partidos legalmente inscritos, que son:
Partido de la Democracia Cristiana (DC), Partido Innovación y
Unidad, (PINU), Partido Liberal (PL), Partido Nacional (PN) y Partido
de la Unificación Democrática (UD).







Honduras cuenta con un
sistema sólido de partidos políticos que se caracteriza
principalmente por el bipartidismo y la longevidad del Partido
Liberal y el Partido Nacional. Ambos fueron fundados hace más de
cien años. Otros tres partidos entraron al escenario político a
partir de la década de los 60, estos son el Partido Demócrata
Cristiano, el Partido Innovación y Unidad, y Unificación
Democrática. Desde el retorno a la democracia en 1980

el Partido Liberal ha
ganado cinco de las siete elecciones presidenciales.







Antecedentes del golpe







Históricamente la
institucionalidad democrática hondureña ha sido considerada débil
e incapaz de procesar las crecientes demandas sociales y solucionar
los conflictos de corte estructural. En el año 2007 los institutos
de investigación

Fondo
por la Paz

y Foreign
Policy

ubicaron
a Honduras en
el
lugar número 98 de 121 países, definiéndolo como un Estado Fallido
por
su grado de vulnerabilidad a los conflictos violentos internos y el
deterioro de la sociedad. Para esa fecha Honduras presentaba fuertes
rezagos
en
los 12 indicadores para evaluar la vulnerabilidad y la propensión de
un Estado hacia el colapso o el conflicto.
4







Según datos del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), a las elecciones presidenciales del 27 de
noviembre de 2005 acudió a votar el 50,34% del total del padrón
electoral, lo que arroja el mayor porcentaje de abstencionismo desde
el retorno de la democracia. El bipartidismo, sin embargo, se
mantuvo, aun con la creciente pérdida de electores. De los dos
millones de hondureños que participaron de las elecciones, el
Partido Liberal, que postuló a Manuel Zelaya, capturó el 49,9%.







Por
su parte, el Partido Nacional obtuvo el 46,2% con su candidato, el ex
presidente del Parlamento Porfirio Lobo Sosa, quien realizó una
campaña con el eslogan «puño firme», en referencia a los
problemas de inseguridad. Los tres partidos minoritarios captaron
apenas el 3,7% de los votos.







La
elección marcó el triunfo más estrecho de un candidato a la
Presidencia (un 3,7% de diferencia) desde la recuperación
democrática
5.
A diferencia de lo ocurrido en la elección presidencial, en el
ámbito legislativo se registró una mayor distribución de los
votos: el Partido Liberal obtuvo el 48,4%, el Partido Nacional el
42,9%, y los tres partidos minoritarios, el 8,5% de las bancas.






Manuel
Zelaya Rosales comenzó su mandato el 27 de enero de 2006.







Integrantes de la
Misión, objetivo, metodología empleada



Una
Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por quince
profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos,
politólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos) procedentes
de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica,
Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay
se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las
violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y
después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de
presentar observaciones y recomendaciones al respecto
a
la OEA, la ONU, la Unión Europea, sus Estados miembros y otros
actores internacionales.







Las personas que
conformaron la misión lo hicieron en representación de las
siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhague para
Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD),
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de
la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El
Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África
(IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción
de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay),
Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social
Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios
Tricontinental.







Divididos en cuatro
grupos de trabajo, la misión recibió testimonios de situaciones que
ocurrieron en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa,
San Pedro Sula, El Progreso, Olancho y Colón. Con el objetivo
planteado la misión mantuvo entrevistas con diferentes
organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos sociales,
sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados del
Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la
República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General
Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación
internacional, representantes de la Organización de las Naciones
Unidas, representantes del cuerpo diplomático, el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia y otros magistrados y magistradas de
distintas salas, la Procuraduría General de la República, la
Defensa Pública, la Dirección General de Migración y familiares
del Presidente Manuel Zelaya.








  1. Los hechos
    verificados por la Misión










    1. Hechos que
      antecedieron el golpe de estado









Con
fecha 23 de Marzo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya aprobó el
Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, por el que se convocaba
(…)
una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que
la ciudadanía hondureña pueda expresar libremente su acuerdo o no
con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que dicte
y apruebe una nueva Constitución Política (…)”
.
Dicho Decreto Ejecutivo no llegó a ser publicado en el Diario
Oficial hondureño,
La
Gaceta”
6.
El objeto del Decreto, tal y como aparece en el párrafo anterior, ha
sido tomado literalmente del
Requerimiento
Fiscal para que se libre orden de captura”
contra
el Presidente Zelaya, de fecha 25 de junio de 2009, emitido por el
Fiscal de la Nación de Honduras.







Con
fecha 26 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo de Tegucigalpa, dictó Sentencia Interlocutoria
7
a solicitud del
Ministerio Público (Fiscalía de la Nación), por la que se ordenaba
suspender
todos
los efectos del acto administrativo tácito de carácter general
impugnado que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009 de 23 de
marzo de 2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo
establecido en el mismo”
.







La
indicada sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo de Tegucigalpa añade:
(…)
De igual manera (se acuerda) la suspensión del procedimiento de
consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo a través del
Presidente Constitucional de la Republica”
.







Con
fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el
Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009
8,
de
efectos y aplicación inmediata”
por
el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009.







Con
fecha 26 de Mayo de 2009 mediante Decreto Ejecutivo nº
PCM-020-2009
9,
y, con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras
10,
el Presidente Zelaya acordó encargar al Instituto Nacional de
Estadística de Honduras la realización de una
Encuesta
Nacional de Opinión”
a
celebrar el día 28 de junio de 2009, en la que se preguntaría a los
ciudadanos la siguiente cuestión:







¿Esta de acuerdo
en que en las elecciones generales del 2009 se instale una Cuarta
Urna en la cual el pueblo decida la Convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente?, SI- NO”







Con fecha 29 de mayo de
2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de
Tegucigalpa, a solicitud el Ministerio Publico emitió la siguiente
“aclaración” de la sentencia de fecha de 27 de mayo de 2009.







ACLARA: La
sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo de 2009 en el sentido de
que los efectos de la suspensión ordenada, del acto tácito de
carácter general que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009,
de fecha 23 de marzo de 2009, incluye a cualquier otro acto
administrativo de carácter general o particular, que se haya
emitido, o se emita, ya sea expreso o tácito, por su publicación o
falta de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que conlleve el
mismo fin del acto administrativo tácito de carácter general que ha
sido suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el
procedimiento de consulta o interrogatorio, que implique evadir el
cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se aclara”
11.







El articulo 5 de la
Constitución de Honduras, instituye como mecanismo de consulta a los
ciudadanos el referéndum –definido este como ratificación o
desaprobación por la ciudadanía de una ley ordinaria, norma
constitucional o reforma constitucional- y el plebiscito -definido
como pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o
administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han
tomado ninguna decisión previa- . Con fundamento en la Ley de
Participación Ciudadana de Honduras, el Presidente de la Republica
podría encargar al Instituto Nacional de Estadística la realización
de una Encuesta o Consulta sin carácter vinculante. Recuérdese que
por norma constitucional, el resultado de un Referéndum o de un
Plebiscito tendría fuerza imperativa y sería vinculante para los
poderes públicos.







Añade
el articulo 5 de la Constitución de Honduras, que
corresponde
únicamente al Tribunal Supremo Electoral convocar, organizar y
dirigir las consultas a los ciudadanos, señaladas en los párrafos
anteriores”
(referéndum
y plebiscitos vinculantes).







Sin
embargo, el Fiscal de la Nación, en su solicitud de captura del
Presidente de la República y de allanamiento de la vivienda de este
(Palacio Presidencial) de fecha 25 de junio de 2009
12,
formula las siguientes acusaciones penales contra el Presidente
Zelaya, por el hecho de haber convocado una
Encuesta
Nacional de opinión a celebrar el día 28 de junio de 2009”

mediante el Decreto
Ejecutivo nº PCM-020-2009:







1º.- Delito contra la
Forma de Gobierno



2º.- Delito de Traición
a la patria



3º.- Delito de abuso de
autoridad



4º.- Delito de
usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Publica y
el Estado de Honduras.







1.- Delito contra la
forma de Gobierno, tipificado en el artículo 328.3 del Código Penal
hondureño:







delinquen contra la
forma de Gobierno: (…) quienes ejecutaren actos directamente
encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales,
algunos de los fines siguientes: (…) 3.- despojar en todo o en
parte al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo o a la Corte Suprema
de Justicia, de las prerrogativas y facultades que les atribuye la
constitución”.







Obsérvese que la
Encuesta Nacional de Opinión convocada mediante Decreto Ejecutivo nº
PCM-020-2009, no emanaban los efectos jurídicos de un plebiscito o
referéndum, formas de consulta reguladas en el artículo 5 de la
Constitución.







La destitución mediante
golpe de estado del Presidente Zelaya sin duda ha supuesto la
perpetración de un delito contra la forma de Gobierno por parte de
quienes perpetraron dicha destitución.







2.-
Delito de Traición a la Patria
13:







El Código Penal, en su
artículo 310-A, sin definir el tipo penal, establece la pena
correspondiente al delito de “traición a la patria” tipificado
en el artículo 2 de la Constitución hondureña, estableciendo una
pena de 15 a 20 años de reclusión.







La acusación presentada
por el Fiscal de la Nación contra el Presidente Zelaya, por la
supuesta comisión del delito de “Traición a la Patria” se
fundamenta en lo establecido en el párrafo 7 del artículo 5 de la
Constitución:







No serán objeto de
referéndum o plebiscitos los proyectos orientados a reformar el
articulo 374 de la Constitución (…)”,

14







Sin
duda alguna, los contenidos de estos artículos constitucionales
configuran el verdadero núcleo del debate político que ha provocado
el golpe de Estado del pasado día 28 de junio de 2009. Se trata de
tres artículos constitucionales, que en síntesis, proscriben
cualquier reforma constitucional que afecte a la forma de gobierno,
al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición
para ser nuevamente Presidente de la República a quien haya
desempeñado anteriormente dicha magistratura, así como se refiere a
quienes no puedan ser Presidente de la República en el periodo
subsiguiente a haber desempeñado determinados cargos
institucionales. Son los artículos denominados
pétreos”
por el constitucionalismo
hondureño, no sujetos a reforma constitucional, hecho no previsto en
ningún otro texto constitucional del mundo –salvo quizás y
parcialmente la actual constitución italiana, que en su articulo 139
proscribe la revisión constitucional de la “forma republicana”
impidiendo así la implantación de un régimen monárquico-.







Como se aprecia, la
acusación formulada por el Fiscal de la Nación de Honduras
indebidamente equipara la convocatoria de una Encuesta Nacional de
Opinión por el Presidente Zelaya, a la intención de reformar los
artículos pétreos. Así, se imputa como delito al Presidente Zelaya
la realización de una supuesta reforma constitucional que a la fecha
de hoy nadie ha indicado o acreditado en que consistiría
exactamente, es decir, cuales serían los artículos reformados o a
reformar.







3.- Abuso de autoridad:
tipificado en el artículo 349.1 del Código Penal:







será castigado con
reclusión (…) el funcionario o empleado publico que: 1. Se niegue
a dar debido cumplimiento a ordenes, sentencias, providencias,
resoluciones, acuerdos o decretos por las autoridades judiciales o
administrativas dentro de los limites de sus respectivas competencias
y con las formalidades legales”







El
Fiscal de la Nación formula esta acusación de desobediencia
judicial al Presidente Zelaya a pesar de que, como más arriba se ha
indicado, con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya
emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009
de
efectos y aplicación inmediata”
por
el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009, todo ello en
cumplimiento de la Sentencia emanada por el Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo de Tegucigalpa.







La mera existencia del
Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 es prueba fehaciente del
acatamiento presidencial de la señalada sentencia del Juzgado de lo
Contencioso administrativo. Dicho conflicto de poderes -entre el
Ejecutivo y el Judicial- debió más bien haberse resuelto aplicando
los mecanismos previstos en la legislación administrativa hondureña
para la resolución de conflictos de competencias entre diversos
organismos del Estado.







4.- Usurpación de
funciones: conforme a lo establecido en el artículo 354 del Código
Penal hondureño:







el funcionario o
empleado público que usurpare funciones de otro cargos era
sancionado con reclusión (,…)”







El
Fiscal de la Nación, equiparando al Presidente Zelaya a un
funcionario o empleado publico y obviando su condición de Jefe de
Estado, formula acusación por un resultado que nunca se produjo: la
usurpación de funciones del Congreso Nacional por el Presidente de
la República en el supuesto de que este convocara y constituyera una
Asamblea Constituyente o bien reformara directamente la Constitución
hondureña
15.







Por
orden del Fiscal de la Nación de 25 de junio de 2009, con supuesta
fecha de 26 del mismo mes, se emitió
orden
de captura, toma de declaración y allanamiento de su vivienda”

contra el Presidente
Manuel Zelaya, sin iniciarse previamente procedimiento o discusión
política alguna sobre la cesación de las inmunidades propias del
Jefe de Estado en ejercicio.







Los
integrantes de la Misión pudieron verificar que ni siquiera los
abogados particulares del Presidente Zelaya, que el mismo día 28 de
junio interpusieron recurso de amparo contra la anterior orden,
tuvieron acceso a la orden Fiscal emitida sino hasta el 30 de junio
de 2009. La negativa a mostrar dicho orden fue justificada por la
Corte Suprema bajo alegada “secretividad” del procedimiento penal
seguido contra el Presidente Zelaya, quien para esa fecha ya había
sido expulsado del país
16.









    1. Hechos ocurridos el
      día 28 de junio de 2009









Con fecha 28 de junio de
2009 a las 5:15 a.m., efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir
violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron
en la casa del Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel
Zelaya Rosales y lo secuestraron. La captura del Presidente se
produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente.
Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde
fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente,
mediante un avión que despegó a las 6:10 a,m. del territorio
hondureño.







El asalto de la Casa
Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes
y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por
miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así
como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en
la Casa Presidencial, y cuyos testimonios fueron escuchados por
miembros de la Misión.







Posteriormente, el
Ejercito Hondureño ha venido presionando a los militares integrantes
de la Guardia Presidencial que fueron testigos del secuestro del
Presidente Zelaya. Según alguno de ellos ha manifestado a los
familiares del Presidente, si han sufrido presión con el fin de que
declararan que el allanamiento de la casa presidencial se produjo con
posterioridad a las 6 a.m. del día 28 de junio, que se mostró orden
judicial de detención y allanamiento y que no se produjo violencia
alguna durante el allanamiento.







La
citada orden de detención y allanamiento librada contra el
Presidente Zelaya expresamente indica que el allanamiento debería
realizarse
entre
las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime
pertinente”,
en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 99 de la Constitución
hondureña. Se observa que las fuerzas militares que perpetraron el
mismo no respetaron ni el contenido de la orden de realizar este
–Zelaya nunca fue presentado ante la justicia hondureña- ni el
citado precepto constitucional, toda vez que el allanamiento se
realizó cuarenta y cinco minutos antes de las 6 a.m. del 28 de
junio.







Tanto
la orden de allanamiento como la orden de captura deben ser mostradas
a sus destinatarios por las autoridades que las ejecutan, según
dispone el artículo 214 del Código Procesal Penal hondureño
respecto a la orden de allanamiento y el artículo 84 respecto a la
orden de captura. En el caso del secuestro del Presidente Zelaya, a
este no le fueron mostradas ni la orden de allanamiento ni la orden
de captura, ni le fueron expresadas los motivos de esta, según ha
declarado el propio Presidente así como los testigos presentes en el
momento de la irrupción de las Fuerzas Armadas hondureñas en la
Casa Presidencial
17.







Posteriormente
y en flagrante violación de la orden de captura y allanamiento
emitida por la Corte Suprema de Justicia, que indicaba:
(…)
para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial el señor
JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una vez habido, tómesele su
declaración de imputado(…)”,
el
ejército lo expulsó del país, y lo trasladáó a Costa Rica.







Otra
irregularidad es el nombramiento por la Corte Suprema de Justicia
como juez ejecutor al
ciudadano
Rene Antonio HEPBURN RUBIO (…) teniente coronel de las Fuerzas
Armadas”
para
la ejecución de la orden de captura y allanamiento dictada contra el
Presidente Zelaya. Este nombramiento conculca claramente lo
establecido en el artículo 274 de la Constitución, al otorgarse por
la Corte Suprema de Justicia a las Fuerzas Armadas competencias en
materia judicial y de seguridad publica que no le están asignadas
constitucionalmente.







En
la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a

improbar la
conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las
reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la
inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos
jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de
no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y
designando a Roberto Micheletti Baín como “Presidente
Constitucional de la República”
18







El anterior Decreto es
claramente inconstitucional, por los siguientes motivos:








  • el
    articulo 205, numeral 20, de la Constitución hondureña otorga al
    Congreso Nacional la atribución de
    aprobar
    o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo (…)”
    ,
    improbación que equivale a reproche político y que en absoluto
    lleva aparejada la potestad de separar del cargo al Presidente de la
    Republica.








Preguntado
el Fiscal de la Nación por los miembros de esta misión sobre la
norma o normas legales que habilitan al Congreso Nacional u a otra
autoridad para que
separara
al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del Cargo de Presidente
Constitucional”
,
éste se remitió al Capitulo III del Libro Quinto del Código
Procesal Penal hondureño, que regula el
procedimiento
para conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios
del estado”.
Este
capitulo, que consta de cuatro artículos (414 al 417) en absoluto
contempla el cese cautelar o definitivo de ningún alto funcionario
por el hecho de estar sometido a procedimiento penal.







De
esta forma, el mencionado articulo 1, apartado 2 del Decreto del
Congreso Nacional número 141-09, al
separar”
al Presidente Zelaya del
ejercicio del cargo de Presidente de la Republica, consolida el golpe
de estado que comenzó a ejecutarse en la mañana del día 28 de
junio de 2009. Contribuyen además las acciones de nombramiento







Llama la atención que
durante la mañana del 28 de julio, el Vicepresidente hondureño
legítimo, Don Arístides Mejia, no fue llamado a sustituir la
ausencia del Presidente Zelaya según lo establece el artículo 242
de la Constitución Política hondureña. Pero si se procedió al
nombramiento ilegítimo del Presidente del Congreso Roberto
Micheletti como Presidente Constitucional de Honduras y del señor
José Alfredo Saavedra Paz como Presidente del Congreso. Estas
acciones son inconstitucionales puesto que según el mencionado
artículo en el supuesto que el Presidente del Congreso se viere
obligado a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo por ausencia del
Presidente y Vicepresidente, dicho desempeño será simultáneo al de
la Presidencia del Congreso Nacional y siempre en calidad de
Presidente del Congreso. Roberto Michelleti, proclamado ilegalmente
presidente de Honduras, no ha cumplido con dicho artículo.









    1. Hechos relacionados
      con la aprobación del Decreto 011-2009 (toque de queda)









El artículo 27 de la
Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante la Convención
o CADH) reconoce limitadas circunstancias bajo las cuales un Estado
miembro podría verse en la necesidad de suspender algunas de las
garantías esbozadas en el tratado. Sin embargo, su aplicabilidad
depende de las exigencias de la situación particular y de la
necesidad real de utilizar estas medidas como única alternativa para
proteger la seguridad del Estado. Se trata de circunstancias
sumamente excepcionales que requieren la concurrencia de ciertos
elementos indispensables para su validez. En primer lugar, debe
existir una entidad jurídicamente autorizada para emitir una
declaración de emergencia en nombre del Estado.







La
Convención exige además una valoración de las causas esbozadas por
el Estado como justificación para declarar la emergencia y suspender
los derechos garantizados. Para que una situación cumpla con el
requisito de causa legítima, la misma debe reunir al menos tres
características: Primero, la situación de emergencia debe ser
real
o inminente
(meras
especulaciones no ameritan la suspensión de garantías). Segundo, la
situación debe ser una de
gravedad
excepcional
,
de forma tal que las medidas ordinarias resulten ineficientes para
salvaguardar la seguridad misma del Estado. Por ultimo, la situación
de emergencia debe ser una que
afecte
la seguridad nacional del Estado
,
no la estabilidad de la administración de turno.
19







La
mera existencia de una situación de emergencia, cualquiera que sea,
no constituye causa suficiente para decretar la suspensión de
garantías. Tampoco se justifica la suspensión de garantías cuando
existen alternativas menos restrictivas para atender la emergencia.
El
principio
de necesidad y proporcionalidad
20,
exige que cada derecho suspendido tenga una justificación
directamente relacionada a la situación de emergencia y que no
exceda “la medida de lo estrictamente necesario para atender a la
emergencia.”
21
Del mismo modo, estas
medidas no pueden existir por un
tiempo
indefinido
.
La innecesaria prorroga de estas medidas es contraria a la Convención
Americana, dado que resultaría en una prohibición ilegal del
ejercicio de derechos protegidos. Además, el Estado esta obligado a
realizar acciones positivas para restaurar el pleno ejercicio de los
derechos suspendidos.
22







Además, la Corte ha
interpretado que







La
suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se
utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone
límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos
derechos esenciales de la persona
23.







La
restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista
por la Constitución hondureña (art.187) para los supuestos de
invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de
epidemia o de cualquier otra calamidad
24.







Con fecha 30 de junio de
2009, aunque fechada el 30 de junio de 2008, se emitió el Decreto
Ejecutivo número 011-2009, firmado por el Sr. Roberto Micheletti,
restringiendo los siguientes derechos constitucionales: la libertad
personal, “detención e incomunicación por más de 24 horas”
(sic), la libertad de asociación y reunión, el derecho a circular
libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Los
anteriores derechos se encuentran contemplados en los artículos 69,
71, 78, y 81 de la Constitución Política hondureña.







El Decreto estableció
que los derechos mencionados serían restringidos de 10:00 p.m. a
5:00 a.m. en todo el territorio y por el término de setenta y dos
horas a partir de la aprobación del mismo.







En
la indicada norma, no sólo no figura el mecanismo de prórroga de la
suspensión de los citados derechos, sino que el Decreto no ha sido
publicado hasta la fecha en el diario oficial de la República de
Honduras. Cabe señalar que el artículo 221 de la Constitución de
Honduras
25
dispone que la publicidad
de las normas es un requisito esencial de validez de éstas.







Respecto
a la promulgación y aplicación del Decreto antes citado, la Misión
pudo constatar que este continúa siendo aplicado pese a haberse
vencido el plazo de 72 horas originalmente previsto; además se
desconoce que exista algún otro decreto posterior que haya
prorrogado formalmente esta suspensión. En cuanto a los horarios de
vigencia, el gobierno de facto en forma arbitraria define cada día
cual es el horario aplicable y lo comunica a través de cadenas
nacionales de prensa en diversos medios de comunicación. Así,
e
xiste
incertidumbre sobre el horario que rige para cada día y el alcance
de la restricción de garantías. Esta inseguridad se traduce en
violaciones de derechos humanos concretas. Para ilustrar esta
afirmación es preciso recordar lo que ocurrió el día 5 de julio,
cuando miles de hondureños y hondureñas se manifestaban en las
inmediaciones del aeropuerto Toncontin. Este día, el gobierno de
facto anunció que el toque de queda iniciaría a las 6:00 p.m., no
obstante dicho anuncio lo realizó tan solo 30 minutos antes de esa
hora. Como consecuencia cientos de personas fueron arbitrariamente
detenidas.







Preguntados sobre el
horario del toque de queda, varios funcionarios entrevistados por la
Mision dieron horarios diferentes y expresaron diferencias sobre su
contenido. Cabe destacar que ninguno de los funcionarios públicos
consultados sobre el tema cuestiona la constitucionalidad del mismo y
más bien se manifestaron de acuerdo con su aplicación ya que segun
opinion manifestada había ayudado a “disminuir los índices de
criminalidad”.







Según
lo afirmado a la Misión por el Director de la Policía Nacional,
señor Escoto Salinas, hasta el día 21 de julio se registraron 1275
detenciones
vinculadas con infracciones al toque de queda
y
por otros motivos relacionados con las manifestaciones de protesta
contrarias al golpe. Aunque estas personas fueron liberadas varias
horas después, sus detenciones fueron evidentemente arbitrarias.







A partir del momento en
que el Presidente Manuel Zelaya hizo un llamado a los ciudadanos para
que lo acompañaran desde la frontera de Honduras con Nicaragua, el
gobierno de facto decretó toque de queda en las zonas fronterizas
con este país. Esta orden inició desde el viernes 24 al medio día
y permaneció vigente por más de 50 horas. Nuevamente decenas de
personas fueron detenidas y cientos de ellos obligados a permanecer
recluidos en sus casas por temor a ser objeto de detenciones
arbitrarias.







Toda
la evidencia recabada por la Misión apunta a que la suspensión de
garantías ha servido de instrumento al gobierno de facto para
controlar y reprimir la presencia pública de los grupos que se
oponen al golpe de Estado. En este sentido, “[l]a suspensión de
garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar
contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables
en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de
la persona.”
26







En conclusión, los
derechos que han sido suspendidos son indispensables en una sociedad
democrática. En el caso de Honduras, el gobierno de facto carece de
legitimidad para decretar suspensiones a las garantías protegidas
por la Convención. Las acciones asumidas por las personas que
ostentan las posiciones gubernamentales en la actualidad -incluyendo
la suspensión de garantías- carecen de autoridad jurídica y por
tanto, no tienen validez legal. Pero, además, la suspensión no se
justifica a la luz del Art. 27 de la Convención Americana, pues en
estos momentos no existe el tipo de circunstancias excepcionales que
lo ameritan.









    1. Graves violaciones a
      los derechos humanos en Honduras









La Misión internacional
sobre derechos humanos en Honduras ha identificado la existencia de
graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con
posterioridad al golpe de Estado. De igual forma, ha constatado la
desprotección de numerosas personas afectadas ante la respuesta
inadecuada de las instituciones que son constitucionalmente
responsables de velar por el respeto a los derechos fundamentales de
los y las hondureñas.







Entre las vulneraciones
de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran
violaciones del derecho a la vida, a la integridad y libertad
personal, a la libertad de expresión, así como restricciones
indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un
contexto de clara persecución política que afecta especialmente a
dirigentes políticos y sindicales, defensores y defensoras de
derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas,
ciudadanos y ciudadana extranjeras, y en general a toda persona que
manifieste públicamente su apoyo al Presidente Manuel Zelaya y/o su
oposición al golpe de Estado. En esta situación hemos documentado
más de cien personas.







A continuación se
realizará un recuento de algunas de las principales violaciones de
derechos humanos que afectan a los sectores mencionados.










      1. Defensores y
        defensoras de derechos humanos










Ante la incapacidad de
las autoridades estatales de responder adecuadamente a las múltiples
de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, los defensores
y defensoras han jugado un rol fundamental en la protección efectiva
de los derechos de las personas que viven en Honduras.







Muchas organizaciones
están desarrollando una destacada labor en este campo, entre estas
cabe reconocer las acciones del Comité de Familiares de Detenidos –
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Comité de Derechos Humanos de
Honduras (CODEH), Centro para la prevención, tratamiento y
rehabilitación de las víctimas de Tortura y sus familiares (CPTRT),
Centro para la Investigación y Promoción en Derechos Humanos de
Honduras (CIPRODEH), Centros de Derechos de la Mujer (CDM),
Asociación ARCO IRIS, Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), cuyos
miembros arriesgan sus vidas diariamente para procurar por las
personas detenidas, para pedir justicia por quienes han perdido sus
vidas, para proteger a quienes se encuentran bajo amenaza y en
general para denunciar los actos de las autoridades de facto que
provocan violaciones a los derechos humanos.







Como consecuencia de su
labor, los y las defensoras han sido objeto de diversos actos de
hostigamiento. En este sentido, organizaciones como el CPTRT, CEM-H,
Visitación Padilla, Arco Iris, reportan que sus oficinas se
encuentran constantemente vigiladas por el Ejército. De igual forma,
la mayoría de las organizaciones informan sobre suspensiones
arbitrarias a los servicios de electricidad en sus oficinas, así
como bloqueos a las señales de teléfono celular de algunos
miembros. Cabe destacar que a partir del 28 de junio, el Ejército
tomó control de la empresa nacional de energía eléctrica (ENEE) y
de la empresa hondureña de telecomunicaciones (HONDUTEL).







Adicionalmente, los y las
defensoras han tenido otros obstáculos para cumplir con su trabajo.
Así por ejemplo, en algunas ocasiones la policía les impide acceder
a las postas policiales para verificar las condiciones de los
detenidos producto de su participación en las manifestaciones. El
caso que mejor ilustra la obstaculización de que son objeto ocurrió
el fin de semana del 24, 25 y 26 de julio cuando se les impidió
trasladarse a la zona de Las Manos, frontera de Honduras con
Nicaragua, para brindar ayuda humanitaria a las personas que viajaron
a dicha zona para encontrarse con el Presidente Manuel Zelaya.







Otro
hecho relevante es la aplicación del Decreto 011-2009 que
específicamente suspende la libertad de asociación, de reunión y
de circulación, derechos que son fundamentales para una adecuada
defensa de los derechos humanos
27.







El
derecho a la libertad de expresión también ha sido violentado. El
programa “Voces contra el Olvido” producido por el COFADEH fue
retirado de Radio América después de 20 años de transmisión
continúa y pese que el contrato con dicha radioemisora seguía
vigente; a las periodistas responsables de los programas “Tiempos
de Hablar” producido por CDM, y “La Bullaranga”, producido por
CEM-H, también se les impidió transmitir el día 11 de julio. Las
interrupciones ocurrieron cuando
las
conductoras se referían al golpe de Estado en contra del Presidente
Zelaya.







Finalmente
la mayoría de los defensores expresan su preocupación por el
nombramiento del señor Billy Joya Amándola
28
como asesor de seguridad
del gobierno de facto. Joya Amándola formó parte del Batallón 3-16
en la época de los años ochenta y ha sido denunciado por la
comisión de graves violaciones a los derechos humanos en dicha
época. Históricamente algunas organizaciones han denunciado y
exigido el juzgamiento del señor Joya. Sin embargo, el sistema
judicial hondureño ha sido incapaz de hacer justicia. Dado que el
señor Joya asesora a las fuerzas de seguridad en el marco del
gobierno de facto, los defensores y defensoras temen por su seguridad
y sus vidas. De hecho, al menos una defensora, la señora Gladys
Lanza
29,
integrante de Visitación Padilla informó a la Misión, haber
recibido una amenaza reciente por parte de una persona relacionada
con el señor Joya.










      1. Medios de
        comunicación y periodistas










La Misión realizó
entrevistas con periodistas y además observó el comportamiento de
los medios de comunicación durante los días que permaneció en
Honduras. La conclusión al respecto, es que existe un cerco
mediático que limita la libertad de expresión de la población
hondureña. Esto es así no sólo porque no pueden expresarse
libremente, sino porque tampoco pueden acceder a información
objetiva. Desde que ocurrió el golpe de Estado, estos medios
asumieron una marcada posición a favor del mismo y por ello han
procurado justificarlo. Un ejemplo verificable de cómo las noticias
sobre el golpe son manipuladas para minimizar su gravedad, lo
constituye la foto publicada por el Diario La Prensa en relación con
la muerte del joven Isis Obed Murillo ocurrida el pasado 5 de julio.
La foto que se exhibe a continuación inicialmente mostraba el cuerpo
del joven sin una gota de sangre, al día siguiente este mismo diario
publicó la foto real (el joven ensangrentado) indicando que por
error se había publicado la otro foto no original.









La Misión pudo verificar
a través de diferentes entrevistas que existe una autocensura que
impide que la población pueda conocer los hechos tal cual ocurren y
poder formar un criterio libre e informado.







Ahora
bien, algunos pocos medios de comunicación y algunos periodistas se
resisten a esta tendencia. En el contexto de la consulta popular,
algunos medios informaron ampliamente al respecto e invitaron a la
población a participar. Estas acciones provocaron que el propio 28
de junio sus instalaciones fueran cerradas y militarizadas, tal es el
caso de
Canal
8, Canal 36, Maya TV y Radio Globo
30.







Con
posterioridad al golpe de Estado, la situación para los periodistas
que se manifiestan en contra se ha agravado. La Misión fue informada
del ametrallamiento, después del golpe, de la cabina de transmisión
de
Radio
Juticalpa
en
Olancho, y de las amenazas de muerte producidas contra periodistas
como el director del diario
El
Libertador
,
Sr.
JHONNY
JOSE LAGOS ENRIQUEZ
,
así como contra
LUIS
GALDAMES
,
conductor del programa radial
Tras
la Verdad”
.
El señor Lagos viene siendo objeto, además, de una persecución
judicial promovida por el Fiscal General de Honduras, Dr. Luis Rubí,
en base al articulo. 349 del Código Penal de Honduras que sólo
puede aplicarse a servidores públicos, condición que el señor
Lagos Henríquez no tiene.







En
la ciudad de Progreso, por otra parte, las fuerzas militares ocuparon
y silenciaron las trasmisiones de
Radio
PROGRESO
,
siendo hostigado su director el sacerdote jesuita
ISMAEL
MORENO
,
detenido temporalmente el periodista
ROMELL
ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA
y
recibido amenazas de muerte en el caso del periodista
ROMEL
ROMERO
,
canalizadas a través del teléfono celular de su esposa, la Sra.
MIRIAM
ESPINAL
.
Igualmente, el
Equipo
de Reflexión y Comunicación (ERIC)
,
estrecho colaborador de Radio Progreso, viene siendo objeto de
amenazas y hostigamiento por parte de fuerzas militares que se
encuentran permanentemente situadas frente a su sede en la Casa San
Ignacio, Boulevard Canán, en Progreso.







Situación
similar a las anteriores padece
OSMAN
DANILO COREA
,
periodista del
Canal
26 TV Atlántica
en
el Departamento de Colón, quien informó a la Misión que los
militares han indicado a los medios de comunicación del departamento
que no pueden trasmitir otras versiones o informaciones que no sean
las del Presidente de facto Micheletti. El señor Correa relató que
recibió una llamada del Capitán de apellido
Tercero,
Jefe de la Base Naval de Castilla, próxima a Trujillo, para
prohibirle trasmitir información sobre marchas distintas de los
“camisetas blancas” (partidarios del gobierno de facto),
amenazándolo con decomisarle los equipos en caso de desobedecer,
añadiendo “porque nosotros mandamos, las fuerzas armadas tenemos
el poder”. La Misión recibió, asimismo, la denuncia de
hostigamiento y persecución sufrida por el periodista de
televisora
“La Cumbre”
Sr.
JORGE
ORLANDO ANDERSON
del
pueblo de Bonito Oriental, por parte de militares de la ya referida
base naval de Castilla.







El
periodista
NAHUM
PALACIOS
de
Tocoa, refirió haber sido amenazado por el mismo Capitán Tercero de
la Base Naval de Castilla el 28 de junio, quien ordenó la detención
de 4 miembros de
Televisora
del Aguan, Canal 5
.
Por su parte, el periodista, Presidente del Sindicato de Maestros de
Tocoa y Director del programa de noticias
Centro
de Noticias de Colón
Sr.
WILFREDO
PAZ
ha
recibido constantes amenazas.







También
destaca la muerte de
GABRIEL
FINO NORIEGA
,
periodista de Radio Estelar, en el departamento de Atlántida,
asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando salía de su
centro de trabajo. Con la información disponible hasta el momento no
es posible atribuir esta muerte directamente a las autoridades
estatales, sin embargo la información recibida demuestra que el
señor Fino Noriega se expresaba a favor de la encuesta popular y en
contra del golpe de Estado, situación que nos permitiría enmarcar,
como una futura línea de investigación, su muerte al contexto
político actual.







Finalmente la Misión
tuvo conocimiento indirecto de al menos un atentado perpetrado contra
Radio América, radio que se ha expresado a favor del golpe de
Estado. Aunque se desconocen detalles sobre las circunstancias en que
ocurrió, consideramos que es importante dejar constancia de este
hecho.










      1. Mujeres










Con
el lema “Ni golpes de estado ni golpes contra las mujeres”,
cientos de mujeres se han organizado para expresar su condena al
rompimiento del orden constitucional. De esta manera han conformado
el Movimiento “Feministas en Resistencia” en el cual participan
organizaciones como
CDM,
CEM-H, COFEMUN, RED LÉSBICA CATTRACHAS
,
LAS
LOLAS,
entre
otras. En esta condición, las mujeres han organizado diversas
manifestaciones y plantones. Además han interpuesto diversos
recursos judiciales para lograr la restitución del orden
constitucional. La Misión se reunió con miembras de estas
organizaciones y recibió información sobre actos de hostigamiento y
agresiones en su contra. El hecho más representativo que demuestra
la veracidad de sus denuncias ocurrió el día 15 de julio durante
una manifestación pacífica que llevaron a cabo frente a las
instalaciones del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) por el
nombramiento ilegítimo de la señora María Martha Díaz Velásquez
como Ministra de la Institución. Este día las mujeres fueron
reprimidas por la policía. Aquí resultan golpeadas las mujeres
LILIBETH
REYES CARTAGENA, LÍDICE ISABEL ORTEGA REYES, KEYLA AMADOR e ISIS
GABRIELA ARRIAGA HERNÁNDEZ
.
Asimismo, la Directora Técnica del INAM, Licenciada
Kenia
Irías
,
quien apoyó este movimiento, recibió una llamada amenazando que sus
hijos sufrirían las consecuencias si ella no desistía su actitud en
contra de la decisión del gobierno.










      1. Dirigentes
        políticos










Como
hemos mencionado, se puede verificar mediante visita al terreno que
es notoria la persecución política contra toda persona que
manifieste su afinidad hacia el Presidente Zelaya y/o s crítica
hacia el gobierno de facto. Un de sector particularmente afectado por
dicha política es el de los dirigentes políticos, incluyendo
diputados y alcaldes. La Misión sostuvo reuniones con varios
diputados del Partido Liberal y del Partido Unificación Democrática,
así como con algunos alcaldes. La información suministrada denota
que están siendo objeto de seguimientos, amenazas, atentados,
allanamientos ilegales e inclusive dos ejecuciones ocasionadas por
sicarios que actúan presuntamente en connivencia con las autoridades
estatales. Estos son los casos de
RAMON
GARCIA
, líder del partido
político Unificación Democrática (UD)
31,
quien fue obligado a bajar de un vehículo de transporte público
cuando regresaba de una manifestación y acribillado a tiros en la
localidad de Santa Bárbara por personas desconocidos; y
ROGER
IVAN BADOS
, ex dirigente
sindical del sector textil y actual militante del Partido Unificación
Democrática (UD) y del Bloque Popular (BP)
32,
amenazado de muerte con posterioridad al golpe y asesinado a tiros
tras sacarlo por la fuerza de su propia casa el 11 de julio en San
Pedro Sula. La Diputada Silvia Ayala, miembro de la Comisión
Negociadora que representó al Presidente Zelaya en Costa Rica,
manifiesta que su casa está bajo constante vigilancia por parte de
fuerzas de seguridad estatales. Además recibió la visita de un
joven quien le indicó que debía tener cuidado porque ellos conocían
adonde estudiaban sus hijos, y que constantemente sus familiares
reciben llamadas que amenazan con la detención de la Diputada. El
candidato a diputado por la UD Eduardo Flores, del Departamento de
Colón también ha sido víctima de amenazas
33







Los diputados del partido
Unificación Democrática además han visto limitada su participación
en el Congreso, según refieren, a ellos ni siquiera se les otorga la
palabra durante las sesiones. Además afirman que por la posición
asumida, los simpatizantes del Partido UD están siendo perseguidos
en todo el país.







Por
otra parte, el día 3 de julio, 13 diputados de la Bancada del
Partido Liberal, al cual pertenece el Presidente de facto de
Honduras, Roberto Micheletti, se pronunciaron contra el golpe de
Estado en Honduras
34.
De acuerdo con la información proporcionada a esta representación,
entre ellos se encuentran las siguientes personas:









    1. Elvia Argentina Valle
      Villalta, Diputada por el Departamento de Copán



    2. María Margarita Zelaya
      Rivas, Diputada por el Departamento de Cortés



    3. Norma Haydée Calderon
      Arias, Diputada por el Departamento de Cortés



    4. Gladis del Cid Nieto,
      Diputada por el Departamento de Cortés



    5. Erick Mauricio
      Rodríguez Gavarrette, Diputado por el Departamento de Lempira



    6. Elías Arnaldo Guevara
      Ardón, Diputado por el Departamento de Lempira



    7. José Rodrigo Tróchez
      Enamorado, Diputado por el Departamento de Santa Bárbara



    8. Eleazar Juárez,
      Diputado por el Departamento de Valle



    9. Victor Rogelio Cubas
      Martínez, Diputado por el Departamento de Francisco Morazán



    10. Edna Carolina
      Echeverría Haylock, Diputada por el Departamento de Gracias a Dios



    11. Javier Hall Polio,
      Diputado por el Departamento de Yoro









Los diputados informaron
a la Misión que desde ese momento, han sido objeto de distintos
actos de hostigamiento. Así, por ejemplo, el día 4 de julio, el
esposo de la diputada Edna Carolina Echeverría Haylock, de nombre
Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, fue informado por miembros del
Ministerio Público, que habían recibido instrucciones de sus
superiores para "buscarle" o "inventarle"
delitos, con el fin de proceder al requerimiento fiscal respectivo.







Por su parte, el día 10
de julio de 2009, la residencia de la diputada María Margarita
Zelaya Rivas fue objeto de un allanamiento al parecer perpetrado por
agentes militares. Ese día, antes de las 6 de la tarde, cuatro
hombres vestidos de militar llegaron a su casa situada en la colonia
Quintas el Dorado de la Ciudad de San Pedro Sula y le comunicaron que
realizarían un "cateo" en su vivienda. A pesar de que
dijeron que llevaban una orden no se la mostraron a la diputada.
Tampoco estaban acompañados de un civil que pudiera fungir como
“juez ejecutor” de la supuesta orden. Los hombres recorrieron su
domicilio, no dijeron lo que buscaban con precisión y luego se
marcharon señalando que solo cumplían ordenes superiores.







El día 24 de julio el
hijo del diputado José Rodrigo Tróchez Enamorado, el joven Juan
Carlos Trochez, fue víctima de un atentado mientras conducía el
vehículo que normalmente utiliza su padre. Cuando ocurrió el
atentado, el diputado Trochez se encontraba de gira en la Ciudad de
Washington D.C., participando en reuniones relacionadas con su
oposición al golpe de estado.







La Misión tuvo la
oportunidad de visitar el Departamento de Colón y entrevistarse con
tres Alcaldes que denuncias estar siendo víctimas de amenazas: Los
señores Adan Funez (Alcalde de Tocoa), Adelmo Rivera (Alcalde de
Sonaguera), y Clemente Cardona (Alcalde de Bonito Oriental). Ellos
participaron activamente en la encuesta popular impulsada por el
Presidente Zelaya. El señor Funez informó que el día 30 de junio
su vivienda había sido allanada por elementos del 15 Batallón de
Infantería del ejército de Honduras. Posteriormente ha recibido
amenazas contra su vida y contra su libertad, inclusive directivos
del Partido Liberal le han amenazado con eliminar su candidatura para
la reelección como Alcalde en el próximo período electoral.







Otro allanamiento similar
sufrió el Alcalde de Sonaguera, señor Rivera, a quien le intentaron
capturar en sus oficinas el día 2 de julio. De hecho el ejército
permaneció todo este día en las instalaciones municipales.







El Alcalde Clemente
Cardona también fue víctima de persecución. El Ejército ocupó
las instalaciones municipales el día 2 de julio. En adición, él ha
recibido llamadas del Diputado por el Partido Liberal, Carlos Hernán
Banegas amenazándole que a la Municipalidad de Bonito Oriental que
representa no se le harán las transferencias presupuestarias
correspondientes al 5% del presupuesto estatal en virtud de su
posición de apoyo al Presidente Zelaya







En su visita a Colón, la
Misión recibió el testimonio de Filimon Flores, candidato a
Diputado por el Partido Liberal en el Departamento de Colón quien
narró sobre tres amenazas escritas que ha recibido en su casa con
las frases “sos el siguiente en la lista” y “cuidá a tu
familia”.










      1. Sindicalistas y
        movimientos sociales










Los
sindicatos y otros movimientos sociales lideran el Frente de
Resistencia Nacional contra el golpe de estado.
Como
consecuencia, también han sido objeto de todo tipo de represalias.







La
Misión sostuvo reuniones con líderes del Frente, como Carlos H.
Reyes (BLOQUE POPULAR), Juan Barahona (BLOQUE POPULAR), Rafael
Alegría (VIA CAMPESINA), Bertha Cáceres (COPINH), Alfredo López
(OFRANEH)
35,
así como con otros líderes sindicales quienes refirieron algunas de
las amenazas que se encuentran sufriendo. En primer lugar, la mayoría
de ellos han sido detenidos y agredidos durante su participación en
las marchas pacíficas. El hecho más reciente ocurrió el pasado
jueves 30 de julio cuando el señor Carlos H. Reyes sufrió una
quebradura debido a los golpes recibidos, y el señor Juan Barahona
estuvo detenido por varias horas.







Además,
la señora Elsy Banegas, Presidenta del S
indicato
de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario y dirigente de la
coordinadora de Organizaciones Popular del Aguan (COPA) y el señor
Manuel Flores, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Empresa
Nacional de Energía Eléctrica, señalaron que
recibieron
información por parte de sujetos que no quisieron revelar su
identidad, de que el 5 de julio el francotirador del Ejército de
Honduras identificado como Gutierrez, les señaló “que el estaba
en el Aeropuerto que lo habían mandado a matar gente, que él tenia
en la mirilla a Esly Banegas, Manuel Montoya y Eduardo Flores”
36.
El señor
Mario
López,
líder
del Sindicato del Instituto Nacional Agrario – SINTRAINA, y Erasto
Calle, dirigente sindical, también habrían sido objeto de amenazas
de muerte, éste último reporta una vigilancia constante en su casa
de habitación.







Similar situación
enfrenta Wilfredo Paz, miembro de la Federación de Organizaciones
Magisteriales de Honduras en el departamento de Colón. El Señor
Wilfredo ha recibido amenazas a muerte por mensajes en el celular y
hojas manuscritas que le dejan en la puerta de su vivienda. Elementos
de Ejército, así como dos carros blancos sin placas, han vigilado
su vivienda en horas de la noche (durante el toque de queda) en
actitud amenazante e intimidatoria.






Por
su parte, los señores Hector Starling Cruz y Juan Cruz Navarro,
dirigentes del Sindicato de Maestros de Tocoa, Colón, también
denunciaron ante al Misión que son objeto de amenazas por parte de
personas que participan en las marchas de las “camisetas blancas”
37.







En
igual forma reportaron a la Misión otros actos de hostigamiento,
como por ejemplo la vigilancia permanente de locales sindicales como
el
Sindicato de
Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (
STYBIS)38,
la infiltración de miembros de la policía en reuniones de los
sindicatos, la intervención telefónica de llamadas, la cancelación
de páginas web y bloqueo de direcciones de correo electrónico entre
otros.







Es
preciso mencionar que el señor Roger Ivan Bados, ejecutado el 11 de
julio, miembro del Partido UD también pertenecía a la
Confederación
Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).










      1. Personas
        extranjeras










Respecto a la situación
de personas extranjeras en Honduras debemos hacer una especial
mención al riesgo que corren debido a la instauración de una
política de detenciones arbitrarias especialmente dirigida contra
ciudadanos nicaragüenses. En las últimas semanas aumentaron
significativamente éstas. Sólo durante la semana que la Misión
permaneció en Honduras se registraron allanamientos sin orden
judicial y detenciones arbitrarias de, por los menos, veinte personas
nicaragüenses.







Durante
los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las
violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes de
nacionalidad nicaragüense:
JARLEN
MANUEL TORRES TORRES, NOE EMILIO AVELLAN RUIZ, TULIO RAFAEL BENDAÑA
MEJÍA, ALEJANDRO JOSÉ GARCÍA OBREGÓN, PABLO YASE BENOARIA, JORGE
DANILO FLORES, FRANCISCO ISRAEL CONNOR, CARLOS DAVID BENDAÑA MEJÍA,
JOSE GONZÁLEZ, DARWIN ANTONIO REYES LAZO, MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
FERNÁNDEZ, HENRY GEOVANY MARTÍNEZ LÓPEZ Y DAVID JIRÓN
.
Ellos fueron detenidos arbitrariamente alegando infracciones
administrativas al derecho de extranjería, siendo sujetos a malos
tratos, no se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó
condiciones de detención adecuadas, en algunos casos se les mantuvo
detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la
comisión de delitos comunes, no tuvieron acceso a un juez ni a un
defensor. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la
Policía Nacional Civil.







Las autoridades
justifican estas detenciones en la existencia de “amenazas
externas” al régimen de facto. Hasta el momento, las detenciones
no han provisto de evidencia alguna respecto de la participación de
los más de 100 afectados en acciones que comprometan la seguridad
nacional. Por el contrario, muchos de los detenidos son comerciantes,
trabajadores o migrantes, algunos de ellos con sólidos vínculos
familiares y arraigo acreditado en Honduras.







Numerosos medios de
comunicación locales contribuyen con esta práctica y política
xenofóbica otorgando una cobertura sensacionalista de las
detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar
la presencia de ciudadanos extranjeros en actitudes sospechosas.










      1. Otros sectores










Como
se puede concluir a partir de la información que ha sido descrita,
desde que ocurrió el golpe de Estado en Honduras se han violentado
los derechos humanos de cientos de personas. La mayoría de estas
pertenece a algunos de los sectores que han sido mencionados, pero
también hay otras personas víctimas de violaciones a sus derechos
por el solo hecho de manifestarse contra el golpe. A continuación
haremos referencia
a
quienes han sido reprimidos por participar en las marchas y en otros
actos de diversa naturaleza
.







Los
casos que mejor evidencian la represión son las siguientes
ejecuciones extrajudiciales
39:
ISIS
OBED MURILLO MENCIAS
,
de 19 años, muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante la
marcha celebrada el 5 de julio por los partidarios del presidente
depuesto al aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa; y
PEDRO
MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR,
un
joven manifestante a favor del Presidente Manuel Zelaya que se
dirigía, en conjunto con otros manifestantes, hacia la frontera de
Honduras con Nicaragua para reunirse con el Presidente. Él fue
capturado el día 24 de julio aproximadamente a la 1:00 p.m. durante
un bloqueo de carretera en la salida de la ciudad de El Paraíso
hacia la aduana de Las Manos, frontera con Nicaragua. Posteriormente
fue encontrado muerto y con señales de tortura el 25 de julio en las
inmediaciones donde se realizan las protestas
40.







La
Misión recibio informaciones relativas a la
utilización
política de la capacidad legítima del Estado de investigar y
sancionar
a
personas vinculadas a la comisión de delitos. El caso que puede
ilustrar esta tendencia es el del padre de Isis Obed Murillo,
Don
José David Murillo Sánchez
,
quien fuera capturado luego de que rindiera testimonio ante la
Fiscalía de Derechos Humanos por el asesinato de su hijo. Su captura
y posterior detención fue justificada con base en un antiguo proceso
judicial que se encontraba paralizado, el mismo fue reactivado luego
de que Murillo acudiera a la justicia a denunciar la muerte de su
hijo. De la lectura del expediente y la entrevista con jueces,
testigos, abogados y el propio señor Murillo, se deducen serias
violaciones al debido proceso, la defensa, la libertad, etc. Otras
denuncias recibidas comprenden asimismo procesos relativos a
funcionarios del gobierno depuesto, como el señor
Enrique
Flores y la señora Rixi Moncada
.







La
Misión también recibió información sobre cientos de detenciones
por su participación en marchas de repudio al golpe de Estado. La
práctica en estos casos es la detención por varias horas. De las
detenciones realizadas la Misión conoció que sobre el
procesamiento
judicial
de
seis personas, ellos son el abogado
Marcelino
Martínez, Carlos Josué Bueso, Joel Armando Martínez, Gerson Adolfo
Fajardo, Junior Antúnez y Martha Ileana Hernández
.
A ellos se les sometió al proceso judicial por el delito de
rebelión. Durante su detención que duró aproximadamente 12 horas,
algunos fueron agredidos, y no fueron informados sobre los cargos
imputados. El pasado 28 de julio, al celebrarse la audiencia
preliminar el Juzgado de El Progreso les otorgó el sobreseimiento
definitivo, pese a que la Fiscal del caso había pedido más tiempo
para recabar pruebas en su contra.







En
el contexto de las marchas y protestas, cientos de
personas
han sido agredidas
,
algunos testimonios presentados a la Misión son los casos de
Angélica
Benítez, Ramón Núñez, y Orlin Alfredo Padilla Corea
.
Otras personas han sido amenazadas por su participación, como por
eje ejemplo la señora
Alba
Deras
quien
después de participar en una manifestación en la Ciudad de El
Progreso, sus familiares recibieron llamadas indicando que su hermana
sería detenida, por ello durante algunos días tuvo que salir de su
casa.







La
Misión ha constatado, asimismo, amenazas y coacciones a
trabajadores
y trabajadoras
en
sus puestos de trabajo relacionadas con su asistencia a marchas en
contra del golpe; así como actuaciones coactivas para garantizar su
asistencia obligatoria a marchas convocadas por el régimen de facto
y la empresa privada. Esta situación la han vivido trabajadoras de
las empresas maquileras y algunos funcionarios públicos.







Por
otra parte, entre las denuncias verificadas destaca por su gravedad,
la situación de la
Comunidad
de Guadalupe Carney
41,
donde residen más de 600 familias aglutinadas en 45 empresas
asociativas campesinas. Estas personas viven en una situación de
amenaza y acoso por parte de miembros del Ejército y la Fuerza Naval
hondureña, así como por fuerzas paramilitares presuntamente al
servicio de empresarios, políticos y narcotraficantes de la zona que
además son defensores del gobierno golpista hondureño. Distintas
fuentes afirman que estas fuerzas están operando conjuntamente con
el Ejército e inclusive visten uniforme militar
42.







Revisten especial
gravedad las amenazas vertidas en forma escrita por la Cámara de
Comercio e Industria de Trujillo contra la comunidad de Guadalupe
Carney. Esta entidad pidió expresamente la intervención armada de
las fuerzas militares hondureñas contra dicha comunidad señalándola
como un bastión de la resistencia contra el golpe de estado y
amenaza con llevar a cabo una intervención armada por propia mano,
si el ejército no interviniera conforme a su requerimiento.







Finalmente
otro sector que expresa temor es la
población
LGBT
.
La Misión se reunió con varias organizaciones que trabajan con
personas LGBT, como Red Lésbica Cattrachas, Asociación Arco Iris,
Kukulcan, Jóvenes en Movimiento, Foro Nacional del Sida, y Casa
Renacer. Históricamente en Honduras esta población se encuentra en
una condición permanente de vulnerabilidad
43,
sin embargo a raíz del golpe de Estado y como consecuencia del
empoderamiento de las fuerzas represivas de seguridad, las
organizaciones temen por la seguridad, la integridad y las vidas de
quienes conforman la comunidad LGBT. Un caso que justifica este temor
es la detención, agresión y amenaza sufrida por el joven Walter
Trochez quien pertenece a la comunidad LGBT. El fue detenido el día
20 de julio por participar en un plantón frente al Congreso de la
República. Durante su detención fue brutalmente golpeado y se le
denigró por su orientación sexual. Las organizaciones además
informaron a la Misión que hay varios testigos de casos judiciales
en investigación que están siendo protegidos por miembros de la
policía, pero que ante el clima actual se desconfía de la
institución responsable de su seguridad. Después del golpe de
Estado tres personas de la comunidad LGBT han muerto en forma
violenta:
Vicky
Hernández Castillo (Sonny Emelson Hernández)
,
miembro de la comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula por un impacto
de bala en el ojo y con señales de estrangulamiento. Su muerte
ocurrió durante el toque de queda el día 29 o 30 de junio; una
persona trans de nombre Valeria, apareció con dos disparos en su
cabeza también entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de julio,
y el señor Fabio Zamora, ejecutado por presuntos sicarios el día 4
de julio. Si bien a la fecha no existen suficientes elementos para
calificarlas como ejecuciones extrajudiciales, si se mencionan en el
presente informe ya que demuestra la situación de riesgo en que se
encuentra esta población.










      1. La respuesta de las
        autoridades estatales ante las violaciones a los derechos humanos










La Misión sostuvo
reuniones con los siguientes funcionarios públicos: Presidente y
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la
República, Fiscal General Adjunto de la República, Directora
Nacional de Fiscales, Fiscal Especial contra la Corrupción, Fiscal
Especial de Derechos Humanos, Director General de Migración y
Extranjería, Director de la Policía Nacional, Directora Nacional de
la Defensa Pública, Comisión Interinstitucional de apoyo a
Cancillería en materia de derechos humanos, así como con fiscales y
jueces en los Departamentos de Colón y Olancho.







Con ellos, la Misión
solicitó información sobre temas de acuerdo con la competencia de
cada institución y particularmente en relación con las violaciones
a los derechos humanos que han sido denunciadas en diversas
instancias y cuya información fue presentada por organizaciones y
víctimas ante la Misión.







A partir de las reuniones
sostenidas, la Misión arriba a las siguientes conclusiones:








  • Las autoridades
    judiciales y el Ministerio Público justifican que el procedimiento
    seguido contra el Presidente Manuel Zelaya es constitucional y que
    se respetaron sus derechos. Ninguno supo explicar la base legal para
    expulsarlo del país.



  • No se han resuelto en
    forma adecuada la mayoría de recursos de habeas corpus y recursos
    de amparo. Las denuncias de varias organizaciones para que se
    investigue el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio están en
    trámite sin ningún resultado concreto hasta la fecha.



  • Hasta el día 26 de
    julio, fecha en que finalizó la visita de la Misión, no había
    ninguna persona imputada por violaciones graves a los derechos
    humanos, a saber: las ejecuciones del joven Isis Obed Murillo, el
    cierre del Canal 36, el cierre de Radio Progreso, entre otros.



  • Ningún funcionario
    consultado parece haber visto una copia oficial del Decreto No.
    011-2009 que suspende garantías fundamentales, no obstante no
    consideran que sea inconstitucional y la mayoría afirma estar de
    acuerdo con su aplicación, justificado en que ha disminuido los
    “índices de criminalidad” en el país.



  • A excepción de la
    Fiscalía Especial de Derechos Humanos, ninguna otra institución
    estatal, por ejemplo la Defensa Pública, ha llevado a cabo alguna
    acción para proteger los derechos de los detenidos como
    consecuencia de su participación en las marchas o bien de
    violaciones al toque de queda.



  • No existe una
    implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión
    Interamericana y todavía al 21 de julio, no se había contactado a
    la mayoría de los beneficiarios. Las autoridades justifican que no
    es posible hacerlo por la desconfianza existente hacia la policía y
    hacia el Ministerio Público.



  • Las detenciones de
    personas extranjeras, en particular nicaragüenses, son justificadas
    porque existen indicios de grupos subversivos de este país que
    amenazan la seguridad del Estado. Sin embargo, ningún funcionario
    mencionó una prueba concreta al respecto.








Merece especial atención
la actitud asumida por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos,
señor Ramón Custodio. De acuerdo con información fehaciente en
poder de la Misión, el Comisionado defendió la labor del Ejército
y se pronunció públicamente a favor del golpe de Estado. En
adición, ha atacado la labor de las organizaciones de derechos
humanos, descalificando su trabajo. Estas acciones han ocasionado un
grave daño a la institución, generando una desconfianza de muchas
personas afectadas en sus derechos.







En síntesis, la Misión
considera que las instituciones estatales no han dado una respuesta
adecuada y efectiva a las denuncias presentadas por violaciones a los
derechos humanos. En este sentido, la población afectada se
encuentra en una situación de desprotección.







Conclusiones






Honduras
es un país con altos índices de violencia y con antecedentes graves
sobre violaciones a los derechos humanos de la población. Sin
embargo, la Misión internacional desea aclarar que los hechos que
han sido relatados en este informe son violaciones graves y
sistemáticas a los derechos humanos cuya ocurrencia se encuentra
vinculada al golpe de estado. Algunas de las violaciones tienen como
origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los
compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la
militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales,
los abusos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y la falta de
respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.



Una de las conclusiones
fundamentales de la visita consiste en determinar que tanto el
Decreto No. 11-2009, que establece restricciones a una amplia gama de
derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad
y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones
internacionales del Estado en la materia.







Los vicios identificados
en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con
fundamento en el mismo, como por ejemplo, las más de dos mil
detenciones arbitrarias por toque de queda, y las restricciones a la
libertad de movilización en las carreteras.







Otro los hallazgos
fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos
afectados por las graves violaciones perpetradas en su contra. Esta
situación surge ante la respuesta inadecuada de las instituciones
que son responsables de velar por la garantía de los derechos
fundamentales de los y las hondureñas. Ello es evidenciado en la
manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir
sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros
amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con
ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de
Derechos Humanos para actuar según su mandato.







Más aún, es posible
sostener, que algunas instituciones de control de derechos han
asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto,
haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales.







El golpe ha colocado en
una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos a
varios colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad con
antelación al 28 de junio, como ocurre con la comunidad LGTB.







Hemos constatado serias
limitaciones a la libertad de expresión y hostigamientos destinados
a restringir la circulación de información que critique al régimen
de facto. A su vez, consideramos que una parte de los medios de
masivos comunicación del país ha tenido una actitud irrespetuosa
hacia la pluralidad de ideas. En ocasiones, estos medios han hecho
eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la
violencia contra los partidarios del gobierno depuesto. Constatamos
en este sentido una polarización de la sociedad, incitada desde los
medios de comunicación favorables a los golpistas, con algunos
elementos de propaganda anticomunista propia de la Guerra Fría y,
con énfasis en ligar las movilizaciones sociales al terrorismo
internacional o al crimen organizado, al igual que a varios de los
miembros del gobierno depuesto.







La misión concluye que
lo que está en juego es mucho más que una simple lucha política
para restablecer un orden legal y permitir a un presidente legitimo
regresar al poder. Se trata de una conflictividad social no resuelta,
ante una élite económica, aliada con el ejército, con un control
de los poderes públicos del Estado por parte de dicha minoría que
actúan en desmedro de la mayoría de la población, negándoles el
disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales, o
cirminalizándoles cuando los reclaman. Este estado de cosas era ya
así antes del golpe de estado, ahora se profundiza. Es por eso que
la represión se manifiesta en particular contra los líderes
campesinos, ambientalistas, indígenas, afrodescendientes, mujeres
que se movilizan por sus derechos y, contra los dirigentes
sindicales.







El movimiento popular se
ha unido contra el golpe de Estado, no solamente para reclamar el
regreso del Presidente electo, sino para reclamar un nuevo orden
institucional y social que implicaría mayores espacios de
participación ciudadana.







La misión constata
además que el disfuncionamiento institucional, comienza por la
ausencia de controles autónomos de los órganos de poder, la
excesiva politización del poder judicial, la falta de un fuero
mínimo de protección a la máxima autoridad del Estado, la
definición de tipos penales ambiguos como la «traición a la
patria » o la ausencia de sanción penal para la deportación
de personas hondureñas que está prohibida constitucionalmente;
obliga a cambios profundos en la estructura del Estado, para asegurar
que primen el interés general, el bienestar colectivo, el pleno
respeto de los derechos humanos y, la paz social.







La misión frente al
proceso electoral que habría de conducir a la elección de un nuevo
presidente en el mes de noviembre, considera que el derecho a la
participación política, está viciado por el golpe de Estado y, por
tanto si dicho proceso continúa y se realiza bajo el gobierno de
facto, el resultado de dichas elecciones sería igualmente ilegítimo,
por lo tanto no debería ser reconocido por la comunidad
internacional, como lo ha establecido la OEA.







La intransigencia de los
golpistas frente al plan Arias, les hace responsables de cualquier
desenlace violento y, cuando se anuncia la posibilidad de un « baño
de sangre » si el Presidente constitucional de Honduras intenta
regresar a su país, que por lo demás es su legítimo derecho ya que
fue deportado ilegalmente, dicha responsabilidad recae en el gobierno
de facto.







La misión ha advertido
igualmente durante sus entrevistas con diferentes autoridades del
Estado, que se podría estar constituyendo el crimen de persecución
política, de competencia de la Corte Penal Internacional, por la
represión desatada de manera sistemática contra todos los
simpatizantes del gobierno del Presidente depuesto José Manuel
Zelaya.







Quisiéramos destacar el
papel destacado que han jugado y siguen jugando en esta coyuntura
numerosos defensores-as de derechos humanos, quienes a pesar de la
adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su
vida, han levantado su voz para denunciar los abusos, proteger a las
víctimas y defender la institucionalidad democrática. Valoramos
especialmente el papel de las mujeres y sus organizaciones para
defender la democracia y los derechos humanos en Honduras







Finalmente, la Misión
muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de estado
mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y
representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación
activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste
convocadas por el régimen de facto.







Recomendaciones







I. A la comunidad
internacional de Estados







1- Implementar todas las
medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de
los derechos humanos de la población hondureña;







2- Mantener una posición
firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del
Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;







3- Mantener la suspensión
de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como
de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las
instituciones del Estado involucradas en el golpe de Estado;







4- Desconocer los
resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y
como fue expresado por el Secretario General de la Organización de
Estados Americanos, asi como desconocer cualquier decisión adoptada
por dicho gobierno.







· Sobre las relaciones
bilaterales con Honduras







5- Las embajadas
presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas
apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y
defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil,
entre otras, mediante







Visitas a las oficinas de
personas y organizaciones en riesgo







Invitaciones e
intercambios constantes con las mismas







Apoyo logístico que sea
pertinente para su seguridad







Implementación de un
sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para personas en
riesgo.







Abrir conjuntamente con
ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil
hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH.
En particular, es necesario de aumentar los recursos humanos y
financieros para que atiendan las necesidades en el interior del
país.







6- La cooperación
internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y
de programas a instituciones del Estado que han estado involucrados
en el golpe de estado, manteniendo la ayuda humanitaria, la
cooperación con los municipios y con las organizaciones de la
sociedad civil hondureña.







7- Los Estados deben
tomar medidas contra los principales responsables del golpe, sean
civiles, militares o religiosos, tales como la restricción de
otorgar visas o, prohibirle la entrada a terceros países y, el
congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.







· Relaciones entre Unión
Europea y Honduras







8- Con respecto a las
relaciones entre Honduras y la Unión Europea, deben aplicarse las
medidas siguientes:







· La cláusula
democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de
Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que
faculta la suspensión de la cooperación en caso de grave
quebrantamiento del orden constitucional.







· Abstención de
relaciones diplomáticas con el nivel de viceministros del gobierno
ilegítimo, como también con todos los representantes diplomáticos
hondureños en la Unión Europea que apoyan al gobierno de facto.
Definir su expulsión inmediata de territorio europeo.







· Suspensión, más allá
del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar
las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe
de estado.







· Mantener la decisión
de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE
y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en
Honduras.







· Suspensión de
Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión
Europea, en aplicación de las 27 convenciones de ddhh, medio
ambiente y gobernabilidad democrática que deben ratificar y cumplir
aquellos Estados que quieren acceder con sus productos libres de
aranceles al territorio europeo.







Contribuir a la
implementación de las líneas directrices de la Unión Europea para
la protección de defensores de derechos humanos.







II. A los órganos y
organismos internacionales







9- La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la
situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo
recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este
sentido urgen las siguientes acciones:







Seguir otorgando medidas
cautelares para proteger a las personas en situación en riesgo







Realizar a la brevedad la
visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones
que estime convenientes.







10- El Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en
contra del golpe de Estado en Honduras, respaldar las medidas tomadas
por la OEA y, adicionalmente debe tomar las medidas indispensables
que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional como
podría ser ordenar sanciones económicas y, establecer un plazo
perentorio para que los golpistas reintegren en el gobierno al
presidente democráticamente electo para que termine su periodo
presidencial.







11- El sistema de
protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos
apropiados para abordar la situación de derechos humanos en
Honduras, en particular considerar la pertinencia de:







Adoptar una resolución a
nivel del Consejo de Derechos Humanos;







Establecer una oficina
permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras;







Realizar visitas de
verificación de las relatorías especiales competentes en materia de
libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e
independencia de los jueces y abogados, así como del Grupo de
Trabajo de Detenciones Arbitrarias y del relator sobre ejecuciones
extrajudiciales.







12- La Corte Penal
Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al
Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias
conducentes a una posible investigación penal conforme a la
disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla
la competencia por el crimen de persecución política y, de
desarrollar cualquier acción preventiva frente a las autoridades
hondureñas.







13-Ante la gravedad de la
situación de derechos humanos, hemos tomado la decisión entre las
organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la
misión, de crear un Observatorio Internacional sobre la Situación
de los DDHH en Honduras.







A las autoridades y
sociedad civil hondureña:







14-A la Procuraduría de
Derechos Humanos actuar con mayor prestancia en la defensa de los
derechos humanos de la población hondureña y, demandar cooperación
de emergencia de la comunidad internacional para poder desarrollar
con mayor eficacia su labor.







15-A Ramón Custodio,
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se le recomienda
renunciar, para que en su lugar se nombre una persona que no haya
estado comprometida con el golpe de Estado y, que goce de
reconocimiento en la defensa de los derechos humanos.







16- A las autoridades que
deben resolver los recursos de amparo, según el art. 183 de la
Constitución Política recordar de inmediato al gobierno de facto,
que la población no debe estar sometida al toque de queda, ni se
debe afectar el derecho de informar de manera independiente, ya que
el recorte de las libertades públicas ordenadas por las autoridades
de facto carecen de legitimidad constitucional y, la población no
está obligada a cumplir ni a sufrir órdenes arbitrarias.







17- A las autoridades que
deben investigar penal y disciplinariamente, las violaciones a los
derechos humanos cometidas o auspiciadas por el gobierno de facto,
que cumplan con su deber constitucional y legal, so pena que ellas
mismas tengan que responder por denegación de justicia.







18- A las fuerzas
sociales hondureñas que se oponen al golpe de Estado y, al
Presidente José Manuel Zelaya, que han reivindicado el art. 3 de la
Constitución para que nadie obedezca al gobierno usurpador y para
acudir a la insurrección en defensa del orden constitucional, para
que dichos llamados continúen siendo de resistencia civil y de
movilización pacífica.







19- A las fuerzas
políticas y a la sociedad civil en general, para que se convoque un
diálogo nacional que contribuya a un nuevo orden institucional,
económico y social que asegure la paz pública, el Estado Social de
Derecho, el pleno e integral respeto de los derechos humanos y el
bienestar general.



________







Los integrantes de la
Misión de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos
en Honduras, han sido las siguientes personas:







7 de agosto de 2009







· Luis Guillermo Pérez
(CIFCA)



· Marcia Aguiluz (CEJIL)



· Viviana Krsticevic
(CEJIL)



· Martin Wolpold-Bosien
(FIAN Internacional)



· Jorge Rojas (CODHES)



· Benjamín Cuellar
(IDHUCA)



· Miguel Jugo
(Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú)



· Javier Mujica (FIDH)



· Efraín Olivera
(PIDHDD, SERPAJ)



· Enrique Santiago
(IEPALA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS ESPAÑA)



· Ellen Verryt
(Solidaridad Mundial)



· Hans Peter
Dejgaard(IBIS – Dinamarca)



· Katrin Erlingsen
(Asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación económica y
Desarrollo del Parlamento alemán)



· Leo Gabriel (Instituto
de Investigaciones Interculturales y de cooperación – Austria)



· Katia Nouten (CIFCA)



· Dolores Jarquín
(Alianza Social Continental)


·
Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental)


Notas:



2http://www.indexmundi.com/es/honduras/producto_interno_bruto_(pib).html




3Artículo
1, Constitución Política de Honduras.





4Ciprodeh:
Reporte de violaciones a Derechos Humanos después del golpe de
estado político-militar del 28 de junio de 2009





5Honduras:
Gobernabilidad democrática y sistema político. Julieta Castellanos
en: Nueva Sociedad. Edición especial. Marzo 2006.





6Conforme
al articulo 221 de la Constitución Hondureña, las leyes no son
obligatorias hasta su publicación en el diario oficial y una vez
transcurrida la “vacatio legis” establecida.




7Demanda
nº 151-09,




8La
Gaceta nº 31.945 de 25 de junio de 2009




9La
Gaceta nº 31.945, de 25 de junio de 2009




10Decreto
nº 3-2006, del 27 de enero de 2006, publicado el 1 de febrero de
2006





11Esta
última sentencia fue dictada con posterioridad a la aprobación del
Decreto Ejecutivo 020-2009 del Poder Ejecutivo de fecha 26 de mayo
de 2009, por lo que bien podía haber contemplado como antecedentes
de hecho el contenido del mencionado Decreto. Tampoco consta acto de
impugnación expresa de parte alguna contra el mencionado Decreto
020-2009, por lo que para el supuesto de que la mencionada
“aclaración de sentencia” se entendiera aplicable para restar o
anular efectos al Decreto Ejecutivo 020-2009 de 26 de mayo,
existiría un supuesto de “incongruencia judicial extra petita”,
proscrito por los principios generales del derecho procesal.




12Según
expediente judicial de la Corte Suprema de Justicia de Honduras
referido a los sucesos de los días 28 de junio de 2009 y sucesivos




13Véase
artículos 2 y 4 de la Constitución Hondureña.




14Véase
artículos 373, 374 y 375 de la Constitución Hondureña.





15El
articulo 13 del Código Penal hondureño respecto a los hechos que
pueden ser considerados delitos



El delito
será de ser (sic) realizado por acción o por omisión (…)”,
no
pudiendo existir por tanto delito alguno sin que exista previamente
la perpetración del acto delictivo.





16La
mencionada orden de la Corte Suprema de Justicia establece
(…)
líbrese orden de captura por conducto del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas de Honduras para que se sirva poner a la orden
de la autoridad judicial el señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una
vez habido, tómesele su declaración de imputado. En vista de que
los delitos que se denuncian son sancionados con penas muy elevadas
y existiendo un peligro de fuga, decrétese el Allanamiento de la
vivienda del ciudadano antes mencionado en la Colonia Tres Caminos,
cuarta avenida, segunda casa, manos izquierda, sin numero
(se
refiere al Palacio Presidencial)
el que
deberá practicarse entre las seis de la mañana y las seis de la
tarde del día que se estime pertinente, y para tal efecto nómbrese
Juez Ejecutor al ciudadano Rene Antonio HEPBURN RUBIO (…) teniente
coronel de las Fuerzas Armadas Hondureñas (…)”.









17Testimonios
recibidos de la joven Xiomara Zelaya Castro (hija del Presidente y
quien se encontraba en la Casa Presidencial el día 28 de junio),
Xiomara Castro de Zelaya, Primera Dama de la República y Zoe Zelaya
Castro.





18Decreto
del Congreso Nacional Nro. 141-09. La Gaceta nº 31.950, de 1 de
julio de 2009




19Claudio
Grossman,
A Framework for the
Examination of States of Emergency Under the American Convention on
Human Rights
, 1 Am. U.J. Int’l L. &
Pol’y 35 (1986).




20El
Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías
, Opinión
Consultiva OC – 8/87, 30 de enero de 1987, párr. 22.




21El
Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías, Opinión
Consultiva OC – 8/87, 30 de enero de 1987, parr. 38.




22El
Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías, Opinión
Consultiva OC – 8/87, 30 de enero de 1987, parr. 39; Ver ademas:
Claudio Grossman, Supra.





23Corte
IDH. El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2,
25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. serie A No. 8,
párr. 20.





24Artículo
187.-
El ejercicio de los derechos establecidos
en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103, podrán
suspenderse en vaso de invasión del territorio nacional,
perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra
calamidad general, por el Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, por medio de un Decreto que contendrá:
1. Los motivos que lo justifiquen;
2.
La garantía o garantías que se restrinjan; 3. El territorio que
afectará la restricción; y, 4. El tiempo que durará ésta. Además
se convocará en el mismo Decreto al Congreso Nacional para que
dentro del plazo de treinta días, conozca de dicho decreto y lo
ratifique, modifique o impruebe. En caso que estuviere reunido,
conocerá inmediatamente del Decreto. La restricción de garantías
no podrá exceder de un plazo de cuarenta y cinco días por cada vez
que se decrete. Si antes de que venza el plazo señalado para la
restricción, hubieren desaparecido las causas que motivaron el
Decreto, se hará cesar en sus efectos, y en este caso todo
ciudadano tiene el derecho para instar su revisión. Vencido el
plazo de cuarenta y cinco días, automáticamente quedan
restablecidas las garantías, salvo que se hubiere dictado nuevo
Decreto de restricción. La restricción de garantías decretada, en
modo alguno afectará el funcionamiento de los organismos del
Estado, cuyos miembros gozarán siempre de las inmunidades y
prerrogativas que les conceda la ley.




25Artículo
221: La Ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después
de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en
el diario oficial La Gaceta. Podrá, sin embargo, restringirse o
ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este artículo y
ordenarse, en casos especiales, otra forma de promulgación.




26El
Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías, Opinión
Consultiva OC – 8/87, 30 de enero de 1987, parr. 20





27Al
respecto recordamos que esta Ilustre Comisión en su informe sobre
la situación de los derechos de los defensores y las defensoras de
derechos humanos en las Américas reconoció que los derechos de
asociación y reunión: […] son fundamentales
para la defensa de los derechos humanos […]. Por tanto, las
restricciones al ejercicio de estos derechos son graves obstáculos
a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus
derechos, dar a conocer sus peticiones y promover la búsqueda de
cambios o soluciones a los problemas que les afectan.
CIDH.
Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de
Derechos Humanos en las Américas, 7 de marzo de 2006, párr. 51.





28Capitán
en retiro de la policía, ex-integrante de Inteligencia 3-16 y
fundador del Escuadrón élite de represión Lince de los Cobras y
primer Comandante de este Escuadrón. De 1984 a 1991 permaneció en
el escuadrón de la muerte 3-16 donde desempeñó diversos cargos
bajo el seudónimo de Lic. "Arrazola" entre ellos:




  • Enlace entre
    consejeros norteamericanos y el Batallón 3-16;



  • Jefe del
    Destacamento Técnico Especial;



  • Coordinador entre
    Tegucigalpa y San Pedro Sula del 3-16;



  • Enlace de los
    asesores argentinos y el 3-16.




Se le señala
responsabilidad directa en al menos 16 casos y operativos especiales
que dejaron más de una decena de personas muertas y torturadas
entre ellos: Los operativos de la Campaña, La Matamoros, la San
Francisco, La Florencia Sur, la Aurora, Guamilito y Loarque entre
otros. Este escuadronero era experto en infiltración y guerra
sicológica. En julio de 1995 fue acusado junto a otros oficiales de
alta graduación de los delitos de detención ilegal asesinato en su
grado de tentativa y abuso de autoridad por el caso: Seis
estudiantes, en febrero de 1999 se le acusó por la desaparición de
Hans Albert Madisson, meses más tarde en ese mismo año fue acusado
por la detención ilegal, tortura y abuso de autoridad por el caso
de los esposos Reyes Bacca. En el caso seis estudiantes, el Juez
Manuel Cardona le reformó el auto de prisión por considerar que
Joya no fue mas allá de la detención ilegal. El Capitán retirado
que permaneció cuatro años prófugo y se presentó al Juzgado
Primero de Letras de lo Criminal en diciembre de 1998; recobró su
libertad al pagar una fianza de 2,400.00 lempiras. Joya permaneció
dos meses detenido en el Primer Batallón de Infantería, por que el
Juez que conoció la causa inicial le aplicó el Auto Acordado de la
Corte Suprema de Justicia de julio de 1996. Fuente:
http://www.cofadeh.org/html/violadores%20ddhh/billy_joya.htm





29La
señora Gladys Lanza es beneficiaria de medidas cautelares por estos
hechos.





30Durante
la elaboración del presente informe final, concretamente el día 4
de agosto la Misión tuvo conocimiento sobre la solicitud que hizo
el Ejército de Honduras a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) para que se cancele la frecuencia a
esta radio. Esta es una amenaza más a la libertad de expresión.





31El
Partido Unificación Democrática apoyó fuertemente la encuesta
popular impulsada por el Presidente Manuel Zelaya y además ha sido
visiblemente crítico del golpe de estado.





32El
Bloque Popular es una organización de base popular que reúne
diversos movimientos sociales y sindicales. Actualmente lidera el
Frente de Resistencia contra el Golpe en Honduras.




33El
señor Eduardo Flores es beneficiario de medidas cautelares por
parte de la CIDH.




34Radio
La Primerísimo. “13 diputados de Michelletti contra el golpe y no
lo reconocen”, 4 de julio de 2009.




35Ellos
son beneficiarios de medidas cautelares por el riesgo que corren
como líderes de la resistencia.




36Estas
tres personas son beneficiarios de medidas cautelares por parte de
la CIDH.





37Se
denomina así al movimiento organizado para apoyar al señor Roberto
Micheletti y que marchan con la consigna Paz y Democracia.





38El
día 26 de julio explotó un artefacto contra este local. No se
incluye en el presente informe por haber ocurrido en días
posteriores a la finalización de la misión, sin embargo se hace
mención por su trascendencia. Fuente:
http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=673340





39A
los efectos del presente informe se consideran ejecuciones
extrajudiciales aquellas privaciones del derecho a la vida por parte
de agentes estatales.





40Durante
los días que la Misión estuvo en Honduras (del 17 al 26 de julio)
se recibieron denuncias sobre las ejecuciones extrajudiciales de los
señores Isis Obed Murillo Mencias y Pedro Magdiel Muñoz Salvador,
sin embargo cabe sumar a dichas estadísticas la ejecución del
Maestro Roger Abraham Vallejo ocurrida el día 1 de agosto como
consecuencia de un disparo ocasionado por fuerzas de seguridad
estatales durante una manifestación pacífica el 30 de julio. No se
agrega al documento principal porque su muerte ocurrió con
posterioridad a la visita que realizó la Misión.





41La
comunidad Guadalupe Carney se formó en el año 2000 cuando las
familias se instalaron en las antiguas instalaciones del Centro
Regional de Entrenamiento Militar (CREM). En este lugar los Estados
Unidos realizaban el entrenamiento de los ejércitos afines
centroamericanos durante la década de los años ochenta.





42Esto
fue denunciado por personas del Departamento de Colón quienes
indicaron que las fuerzas de seguridad privada operan en conjunto
con miembros del XV Batallón del Ejercito Hondureño.





43HONDURAS:
Human rights violations against lesbian, gay, bisexual and
transgender people, Amnesty International, disponible en:
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR37/014/2003/en/9fvjcV1etD8J


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